Desde que el Estado asumió el coste en abril las cuidadoras de dependientes que cotizan se duplican

Las organizaciones del sector reiteran que las Administraciones deben informar de este derecho. Por su parte, colectivos feministas piden que los servicios se potencien para no penalizar a las mujeres.

En tan solo 37 días el número de cuidadoras no profesionales que han sido dadas de alta en la Seguridad se han visto duplicadas por el decreto ley por el que el Estado asume el pago de las cuotas a la Seguridad Social, que entró en vigor el pasado 1 de abril y que, hasta el día de hoy, había recaído en los propios familiares que tenían una persona con dependencia en casa.

Así, al finalizar marzo, había 7.394 personas dadas de alta. A día de hoy, la cifra es de 16.695 personas según fuentes de la Tesorería de la Seguridad Social.

Antes del tijeretazo de Mariano Rajoy, hará siete años, había más de 170.000 cuidadores no profesionales dados de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, en junio de 2012, antes del real decreto donde se implantaron los recortes, el número ascendía a 179.000. En noviembre de ese año, fecha en la que el Gobierno puso como límite para que, quienes quisieran seguir cotizando lo hicieran pero asumiendo ellos mismos el pago, los registros se desplomaron hasta 25.350 personas, perdiendo así 147.000 cotizantes en un mes.

Una de ellas fue la presidente de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia, Aurelia Jerez, de Azuqueca de Henares, Guadalajara, que tuvo que dejar de trabajar para cuidar a su hijo, de once años, con síndrome de Pitt-Hopkins, una alteración en el cromosoma 18 a nivel neurológico, y que tenía reconocido el mayor grado de dependencia. En 2012 su cotización dejaba de ser gratuita y su prestación pasaba de 520 euros mensuales a 387 euros. Además, había incompatibilidades para solicitar otros servicios como la ayuda a domicilio.

En esa época tuvo que elegir entre dejar parte de la prestación que recibía para su cotización o dejarla para las necesidades de su hijo que, solo en logopedia y fisioterapia, ya se gastaba unos 300 euros mensuales. “La mayoría de las cuidadoras, porque en más de un 90% somos mujeres, optamos por darnos de baja y temíamos por nuestra jubilación”.

A sus 53 años, ha perdido siete de cotización. “A mí más o menos me salen las cuentas porque cuando dejé el empleo ya tenía más de 20 años cotizados. Pero al que le haya pillado con menos años trabajados le ha hecho polvo”.

Ahora, desde el pasado 3 de abril solicitó darse de alta. “Ha ido rápido. El 15 recibí la notificación de la Tesorería informando de que estaba tramitada. El convenio en papel me llegó la semana pasada y ya he entregado todo”.

Prestaciones estructurales

A pesar de que las prestaciones por cuidados en el entorno familiar fueron una medida excepcional, lo cierto es que se han convertido en estructurales. Siete años atrás suponían la mitad de todas las prestaciones o servicios concedidos. Ahora, tres de cada 10 y en cuatro comunidades se supera el 50% (Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra).

Colectivos feministas piden que se potencien los servicios ya que la elevada concesión de prestaciones está penalizando a las mujeres que tienen que renunciar a su vida profesional para atender a los familiares.

Más de 409.000 dependientes reciben esta prestación pero solo 16.695 cuidadores cotizan. El Ejecutivo espera que las altas sigan aumentando. Así lo comenta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales: “Hay que insistir en que las comunidades autónomas y los servicios sociales de los Ayuntamientos den una explicación formal a los ciudadanos, que se enteren de que tienen ese derecho. No todos están al tanto de las noticias”. “En abril no se hizo porque el Gobierno estaba en precampaña. Ahora lo están las comunidades”.

El trámite es muy sencillo: solo tienen que rellenar el formulario y presentar el Programa Individual de Atención, donde se le reconoce la prestación, así como los DNI’s del dependiente y del cuidador. Ahora, el Estado asume el pago de las cuotas de los 7.000 ya dados de alta y, quienes no lo estén, disponen de dos meses para pedirlo y que puedan computar sus efecto desde el 1 de abril. Después del 30 de junio, las solicitudes solo tendrán efecto a partir de esa fecha.

La recuperación del pago de las cotizaciones es cuestión de justicia”, precisa Ramírez, aunque esto supone un desembolso de 315 millones de euros contemplados en los fallidos Presupuestos para 2019 que Pedro Sánchez no logró aprobar en el Parlamento y que provocaron las elecciones del 28 de abril. “Hay que exigir que el Congreso acabe con los demás recortes. Ya hay consenso. Todos los partidos menos el PP y el PNV lo acordaron al firmar el pacto de Estado por la dependencia”.

Alta con carácter retroactivo

Cinco han sido las ocasiones en que la justicia se ha pronunciado sobre el hecho de que los cuidadores no profesionales puedan darse de alta con carácter retroactivo. Pero ninguna de esas sentencias ha sido recurrida al Tribunal Supremo. Dos de ellas denegaron la retroactividad; mientras que las otras tres reconocieron el derecho.

La última de las sentencias, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, se reconocía a un hombre que había estado cuidando a su suegro, el derecho a cotizar desde 2010, a pesar de que la solicitud de dependencia había sido resuelta en 2014. En esa sentencia se dejó constancia que la justicia entendía que, de no hacerlo, se estaría «premiando la inactividad de la Administración que hizo que se alargara el procedimiento».

La abogada del demandantes, y miembro del despacho Acción para la Justicia Social, Sandra Casas, opina que esa sentencia gana peso al recuperar la gratuidad de las cotizaciones. “Los cuidadores podrán darse de alta desde el día de la suscripción del convenio, siempre que la Administración no haya excedido el plazo para resolver. Si es así, podrá reclamarse la retroactividad”.

Hasta el momento, la Seguridad Social no la ha reconocido de oficio. Entendemos que tampoco lo va a hacer ahora. Por eso los cuidadores deben estar alerta para no perder sus derechos. Pueden reclamar hasta un mes después de suscribir el convenio. Muchos habrán perdido años de cotización. Que en este tiempo consten solo cinco sentencias significa que reclaman pocos. Ellos han abierto el camino para los nuevos cuidadores”.

Fuente: ElPaís.