Fiscalía a favor de procesar a altos cargos del Govern por organización criminal

En el «plan delictivo soberanista» el ministerio público ha decidido incluir a 28 acusados, entre ellos los responsables de TV-3 y Catalunya Ràdio.

La Fiscalía de Barcelona ha sorprendido a todos cuando ha anunciado que 28 de los 30 procesados -entre los que se encuentran altos cargos de la Generalitat- no solo sean juzgados por organizar el referéndum del 1-O sino también por organización criminal. El nuevo planteamiento del ministerio público en la causa abierta actualmente en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona choca con la decisión del Tribunal Supremo donde no se plantea acusar por ese delito a los líderes independentistas.

De hecho, en abril, Alejandra Gil, juez de Barcelona, cerró la instrucción sobre los preparativos del referéndum después de una investigación de más de dos años. En su cierre se exculpó a 15 personas y se siguió adelante con otras 30 acusados de delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación. Todos ellos eran subordinados de los consellers de Carles Puigdemont —los números dos y tres de distintos departamentos—, cargos de organismos públicos de la Generalitat —como los máximos responsables de TV3 y Catalunya Ràdio—, funcionarios y empresarios.

A través de un escrito, el fiscal ha recurrido pidiendo que se incluya como delito imputable el de organización criminal, castigado con penas que pueden legar hasta los ocho años de cárcel ya que, «con carácter estable y de forma concertada y coordinada han llevado a cabo tareas o funciones con el objetivo de cometer delitos». Los tres fiscales que han firmado el escrito han sido Isabel Nevot, Fernando Maldonado y Teresa Duerto -los dos últimos de anticorrupción- y se apoyan en el auto judicial donde se concluía que, al menos desde 2012, la Generalitat tuvo el «firme propósito de hacer una consulta refrendaria» y de «constituir un nuevo Estado independiente». En este caso, la juez indicó que había «un plan común» para actuar y que cada uno de los altos cargos y empresarios, «dentro de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación, contribuyó de manera decisiva en la consecución del fin conjunto”.

Por ello, los criterios de la jurisprudencia se cumplirían, según el razonamiento de los fiscales, y critican que se hayan «obviado»: jerarquía (el presidente de la Generalitat y los altos cargos), reparto de papeles (siguieron las «directrices» de cada departamento), objetivo delictivo («celebrar un referéndum hacia la independencia» con el uso de fondos públicos) y vocación de estabilidad (el plan se exteriorizó «con intensidad creciente desde 2012»).

Según la fiscalía, 28 de los 30 procesados «de forma concertada y permanente para conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña del Reino de España mediante su aportación individual y jerarquizada». Ahora habrá que esperar a la decisión final para conocer si finalmente van a ser acusados de ese delito o,por el contrario, seguirán el proceso sin esa nueva imputación.

La Fiscalía contra la directora de protección de datos

Por otro lado, la Fiscalía ha presentado un recurso de reforma contra el auto de la juez por considerarlo «insuficiente» y tener «errores y omisiones» que hay que subsanar.

En el auto, la juez exculpaba a 15 personas y procesaba a otras 30, algo que la Fiscalía no ve de igual modo. Así, solicita que se abra causa contra Maria Àngels Barbarà, directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos (APDCAT) por desobediencia.

Para la Fiscalía, hay indicios de delito al «omitir deliberadamente su obligación de adoptar medidas cuando tuvo conocimiento de que la Generalitat podría estar haciendo un uso indebido de datos personales». De hecho, se sabe que hubo denuncias por parte de los ciudadanos.

Además, se pide acusar a otros altos cargos por más delitos, y, por el contrario, piden que se archive el caso para tres personas: Meritxell Masó (secretaria general de Gobernación), Montserrat Vidal (jefa del área de procesos electorales) y Josep Maria Gispert (consejero de Indugraff).

Fuente: ElPaís.