El Supremo devuelve al Congreso la suspensión de los presos por entenderlo como «inviable»

El Parlamento debe aplicar la decisión de suspender a los procesados por el delito de rebelión según la ley. Marchena le ha recordado a Batet, profesora de Constitucional, que no es función del TS hacer informes.

El Tribunal Supremo ya ha respondido a Meritxell Batet. El tribunal del procés califica como «inviable» la elaboración del informe que pide la presidenta del Congreso y se remite a un auto del pasado 14 de mayo, en el que «le corresponde al Congreso ejecutar la suspensión de los presos secesionistas diputados».

El Alto Tribunal ha respondido dos horas antes de la reunión de la Mesa del Congreso, que ayer intentó ganar tiempo. Los presos elegidos diputados han de ser suspendidos al estar procesados por una resolución firme y en prisión preventiva. Y la decisión ha de aplicarla al Congreso de los Diputados según el artículo 21.2 del reglamento de la Cámara Baja.

Manuel Marchena, presidente del tribunal del procés, ha dejado en evidencia a Batet manifestando la «configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido». El Supremo no puede emitir el informe por la configuración del Alto Tribunal en los artículos de la Constitución.

El Supremo se ratifica en lo que expresó cuando rechazó dejar en libertad a Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva por haber sido elegidos diputados y senadores. Sí que permitieron salir a los líderes para el acto de constitución de las Cortes. «El propio artículo 21 del Reglamento del Congreso prevé la situación de que un diputado se halle en situación de prisión preventiva y que ello implique la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios».

El Tribunal Supremo allanó en ese momento no siendo necesario el suplicatorio y que el permiso era necesario en la fase anterior del juicio oral, ya sea para suspender o parar un juicio ya comenzado donde la persona se convierte en diputado con la vista ya iniciada.

Además, el presidente del tribunal deja claro que el proceso penal «va a seguir su curso» y se adentra ya en la fase final, cuando tienen que comparecer los peritos.

Así, ahora la decisión la vuelve a tener el Congreso.

Fuente: ABC.