Acuamed investigada por la Audiencia Nacional por una supuesta comisión de dos millones al jefe de la empresa en la etapa de Narbona

Dos directivos de OHL lo confiesan en una grabación intervenida por la UCO: «Pedían el 1%, pero al final fue más (…) se entregará en Madrid». El cobro habría sido por la desaladora de Carboneras Adrián Baltanás y su número dos.

La investigación que se lleva a cabo por el caso Lezo en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional parece que no acaba nunca. Y es que se ha incluido una pieza separada sobre presuntos sobornos que entregaría la constructora OHL a funcionarios y políticos, y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría cifrado en 38,6 millones de euros, provenientes de los años 2003 y 2014.

Según las investigaciones, hay una comisión de más de dos millones de euros que fue entregada por la constructora a Adrián Baltanás, director general de Acuamed, y a Fernando Troyano, subdirector de Tratamiento de Aguas, a cambio de hacerse con la gestión de la planta desaladora de Carboneras, en Almería, la mayor cuando se construyó.

El pago de esa comisión sería en el año 2007, cuando Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, hoy presidenta del PSOE, de quien dependía Acuamed. Dicha información ha sido sacada por los agentes de la Guardia Civil de una memoria portátil con tablas donde se contabilizaban sobornos, así como un dvd con grabaciones de audio.

Dicho pendrive fue intervenido el pasado 13 de diciembre de 2017 en el domicilio de Felicísimo Ramos Ramos, exdirectivo de OHL, mientras que los audios los tenía Paulino Hernández Ros, exdirector de Obra civil de la constructora, quien grabó las reuniones y las llamadas con superiores, subordinados y colaboradores como «seguro de vida».

Un total de veintitrés grabaciones

De las veintitrés grabaciones de que se disponen, una de ellas señala directamente a Acuamed, en la que conversan Paulino Hernández y otro directivo, Mariano Javier Peláez Toré.

En ella, Hernández calcula cuánto tendrían que pagar y, tras hacer las cuentas, el resultado es una comisión de «1,8 millones de euros y el 25% de 466.128 euros».

Por su parte, Peláez habla de que ese dinero es, «teóricamente, para Fernando Troyano y Adrián Baltanás». Y Hernández le explica que esa gente «pedían el uno por ciento (de la obra) y al final el porcentaje fue mucho mayor».

El ejecutivo de OHL también comenta que el dinero no lo entregarán ellos, sino que lo darán «en Madrid directamente al cliente», que sería la empresa pública que adjudica las obras. Concretamente, sería Félix Ramos, del área de Control de Gestión, que dependía de Presidencia y de la Dirección General, según consta en documentos intervenidos a Javier López Madrid, consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, expresidente de la multinacional. La elección de ese método es porque «no se fían de los intermediarios». Los propios agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluyen que tienen miedo de que ese dinero no llegue a donde debe llegar.

El informe entregado al juez

El informe sobre los hechos, donde se estima por parte de la Policía Judicial una comisión de entre 1,8 millones y más de dos millones de euros, ha sido entregado al juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. En el mismo, se sostiene que los beneficiarios de ese dinero fueron Adrián Baltanás y Fernando Troyano.

García-Castellón es también instructor del caso Acuamed. Sin embargo, la presunta comisión de OHL se investigará dentro del sumario del caso Lezo, en una pieza separada y destinada a los sobornos de la constructora al tratarse de hechos distintos a los que se persiguen en el sumario de Aquamed.

Recordemos que este caso estalló en enero de 2016 acerca de los sobrecostes en contratos adjudicados por la empresa de 2007 a 2014.

Los detenidos por ello fueron el director general de Acuamed entre 2012 y 2016, Arcadio Mateo (nombrado cuando Miguel Arias Cañete era ministro de Agricultura y Medio Ambiente). En esas adjudicaciones fraudulentas se provocaban sobrecostes millonarios falsificando documentos como certificaciones o facturas. Igualmente, también hubo irregularidades en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con Cristina Narbona, en los años 2007 y 2008, la empresa pública adjudicó un total de 56 contratos de publicidad, 18 millones de euros que promocionarían el Programa Agua. Se trataba de una publicidad para las desaladoras que iba en contra de la propuesta popular de los trasvases.

Muchos de esos contratos publicitarios fueron para empresas que estaban vinculadas al PSOE en su publicidad de campaña, como agencia Crespo y Gomar. De hecho, el juzgado de Instrucción 21 de Valencia está investigando dos de esos contratos por si fueran los que financiaran ilegalmente la campaña del PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista en las elecciones municipales y autonómicas del 2007 en la Comunidad Valenciana.

El caso Aquamed implica a más empresas, aunque OHL no está entre ellas. Sin embargo, aunque el enlace con la empresa acaba de salir en otro sumario, también podría tenerse en cuenta.

Fuente: ABC.