La Fiscalía ve con buenos ojos que Puigdemont y sus exconsejeros sean candidatos a las elecciones europeas

Fiscalía considera que la decisión de la JEC vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo.

Este viernes la Fiscalía de Madrid se ha posicionado a favor de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid dé el visto bueno al recurso que se presentó por la candidatura Lliures per Europa (Junts) contra la decisión que tomó la Junta Electoral Central de excluir a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, Toni Comín y Clara Ponsatí, ambos exconsejeros, de las listas para las elecciones europeas del 26 de mayo.

Según el escrito que se ha dirigido al juzgado, el Ministerio Público afirma que la resolución de la JEC «no es ajustada a Derecho, en cuanto vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo».

A través de nueve folios, el fiscal razona su decisión en el voto particular discrepante de la resolución del organismo supervisor, donde se consideraba que la JEC tenía que haber interpretado de una forma más favorable el ordenamiento jurídico basándose en el derecho a la participación política.

La resolución de la JEC

El pasado 29 de abril, la JEC resolvía que los tres políticos catalanes no podían ser electores ni elegibles debido a que no figuraban de manera correcta en el censo electoral. Aunque todos ellos aparecen como residentes en España, es «notorio» que no están en esos municipios y que «desde hace dos años están fuera del territorio nacional para evadirse de la acción de la justicia».

Sin embargo, la Fiscalía se hace eco del artículo 7.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) donde se permiten medios de prueba alternativos al censo de electores, como por ejemplo que los candidatos «reúnan todas las condiciones exigidas».

Para el fiscal, el artículo se complementa con el 31.1 y precisa que «el censo electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para ser elector y no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio».

Solo con sentencia firme

El escrito sigue diciendo que «la condición de elector se identifica plenamente con la efectiva titularidad del derecho fundamental al sufragio activo». Señala además que solo hay una excepción legal, la que viene recogida en el artículo 3 de la LOREG, mención de «condenados por sentencia judicial firme», que no sería el caso para estos políticos.

Por su parte, el Ministerio Público señala que, si bien el censo electoral establece la mesa donde los votantes pueden votar, «hay ninguna norma jurídica vigente que impida que puedan efectivamente (intentar) votar» y que «al intentar hacerlo y antes de conseguirlo son detenidos como consecuencia de su situación judicial de rebeldía».

El fiscal justifica también su decisión en que muchos de los líderes independentistas juzgados en el Tribunal Supremo «en el mismo procedimiento en que se hallan rebeldes Puigdemont, Ponsatí y Comín han podido ejercer su derecho a presentarse a las elecciones, sin objeción de la propia JEC».

También aprovecha el fiscal para afear que Junts y los procesados huidos hayan presentado escritos en el Tribunal Supremo alegando que la legislación es «confusa».

Para la Fiscalía no hay un «margen para la inseguridad jurídica» acerca de quién ostenta la competencia judicial para esos recursos. El representante del Ministerio Público habla de un «claro abuso de derecho por parte de los recurrentes para poner en juego una especie de azar competencial con el fin de generar resoluciones contradictorias».

Fuente: EuropaPress.