Introducción

La “Ley Televisa” y la lucha por el poder

Javier Esteinou Madrid y Alma Rosa Alva de la Selva *

El contexto de “apertura política” que creó en México el proyecto económico político modernizador de la globalización, especialmente de 1980 a la fecha, modificó sustancialmente diversas áreas estratégicas de la actividad nacional para resolver las contradicciones entre el marco jurídico vigente y el proceso de desarrollo interno; esto produjo condiciones favorables para la expansión económica nacional y mundial. De esta manera, se transformaron las relaciones entre el Estado y la Iglesia, la regulación del ejido, la inversión extranjera, la transparencia del gobierno, la innovación educativa, la reforma política, la legislación electoral, el marco ecológico, los procesos fiscales, las reglas electorales, la organización del gobierno y otras, excepto la estructura de la comunicación electrónica colectiva del país. En la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV), vigente desde 1960, no se realizaron cambios sustanciales debido a que el viejo aparato de gobernabilidad del Estado mexicano y la racionalidad dominante del mercado interno sostuvieron que no debía reglamentarse más el ámbito de la comunicación masiva, pues estaba suficientemente regulado; introducir más normatividades en la materia crearía obstáculos que impedirían el flujo de la modernidad informativa mundial.

Durante más de 35 años, diversos sectores (el académico, organizaciones sociales, comunicadores, trabajadores de los medios, legisladores y ciudadanos), a partir de diversas consultas públicas –foros, seminarios, mesas de diálogo y alternativas legislativas–, propusieron múltiples vías para realizar una nueva reforma a la LFRTV y a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT). Las propuestas no fueron consideradas por el Estado mexicano para cambiar democráticamente dicha realidad. Hasta finales del siglo XX los reclamos básicos de la sociedad civil en el terreno comunicativo no fueron contemplados por el proyecto del mercado y del poder; el viejo modelo de comunicación electrónico siguió gobernando el espacio público de la sociedad mexicana de principios del tercer milenio.

Lo único que aceptó parcialmente el Estado en este periodo histórico fue la introducción de algunas transformaciones leves o secundarias, como la reglamentación para ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones, el parche en algunas realidades jurídicas menores de la radiodifusión, la protección parcial a los comunicadores, la precisión jurídica para incorporar nuevas tecnologías, la difusión de temáticas novedosas, la inclusión de un débil “Derecho de réplica”, y otras que no modificaron democráticamente la médula de la estructura monopólica y autoritaria del sistema de comunicación nacional.

La herencia comunicativa autoritaria que dejó la actuación de la clase gobernante durante el último tercio del siglo XX en México, canceló el reconocimiento de las necesidades básicas de desarrollo informativo de las comunidades nacionales. Al iniciar el siglo XXI la sociedad mexicana, a partir de las elecciones del 2 de julio de 2000, optó por la transformación del viejo sistema político mexicano. Con ello se aceleró la transición democrática para modificar el régimen político anquilosado que duró más de 70 años en el país y se intentó crear un nuevo modelo de apertura y participación social dentro de la esfera pública.

Luego de más de siete décadas de haber surgido la radio, después de 58 años de inaugurada la televisión y de 48 años de expedida la LFRTV en México, el Estado y los concesionarios de la radiodifusión aceptaron revisar dicha normatividad, considerando que ya era anacrónica y obsoleta, presionados por el contexto de cambio global y la voluntad de transformación de la sociedad mexicana. A principios del siglo XXI se inició un proceso abierto y plural para realizar la reforma jurídica a la radio y televisión, con el objetivo de crear un marco que resolviera las lagunas legislativas que durante años se habían acumulado.

Como parte del proceso de transformación jurídica de la radiodifusión, la Secretaría de Gobernación inauguró, el 5 de marzo de 2001, la “Mesa de diálogo para la revisión integral de la legislación de medios electrónicos”, cuyo objetivo fue crear las bases para generar una reforma equilibrada de la radiodifusión nacional que permitiera participar a todos los sectores sociales. Luego de más de 18 meses de trabajo del Estado, la sociedad civil y los concesionarios –pese al avance de importantes consensos alcanzados–, el presidente Vicente Fox anunció el 10 de octubre de 2002 la expedición de un nuevo Acuerdo presidencial sobre el manejo del 12.5% de los tiempos de Estado y un Nuevo reglamento para la Ley Federal de Radio y Televisión. La propuesta presidencial marginó la iniciativa plural de reforma integral de los medios electrónicos y reformó, unilateralmente, el marco jurídico de la radiodifusión; esto beneficiaba la expansión de los intereses de los monopolios de la comunicación.

Posterior al enorme engaño del Ejecutivo federal, la sociedad civil y la academia organizadas presentaron, el 4 de diciembre de 2002, una “Propuesta ciudadana de reforma a la LFRTV y la LFT”, a las Comisiones de Reforma del Estado, del Senado y de la Cámara de Diputados. El planteamiento fue asumido por el Senado y se presentó oficialmente el 12 de diciembre como la “Iniciativa ciudadana de Ley Federal de Radio y Televisión” ante el Senado de la República. Después de exponerse la iniciativa para su análisis y evaluación por las Comisiones Unidas de Comunicaciones, Gobernación y Estudios Legislativos, estos órganos introdujeron, el 30 de marzo de 2005, diversos proyectos de iniciativas altamente conservadoras concentradas en el proyecto denominado “Dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto de reforma de Ley Federal de Radio y Televisión” y que se oponía a las directrices centrales de la propuesta ciudadana.

A partir de este planteamiento antisocial se modificaron sustancialmente los contenidos y el espíritu democrático, participativo, transparente, plural, modernizador y equilibrado, que contenía el proyecto ciudadano original. Esto fortaleció enfáticamente los intereses del duopolio informativo de Televisa y Televisión Azteca, y se olvidaron las necesidades comunicativas básicas de la comunidad nacional.

Dentro de este contexto histórico, sorpresivamente el primero de diciembre de 2005, se aprobó en la Cámara de Diputados, de manera acelerada, un proyecto de reforma a la LFRTV y a la LFT, denominado popularmente “Ley Televisa”. Fue presentado y dictaminado en ocho días, aprobado por unanimidad en siete minutos, sin mociones a favor o en contra, sin abstenciones y sin destacar la trascendencia de la misma.

La Cámara de Diputados envió a la Cámara Alta la propuesta denominada “Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”.

Sin tomar en cuenta el anterior proyecto de “Iniciativa ciudadana de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión”, que se encontraba desde hacía 3 años en el Senado de la República, aún en proceso de análisis y discusión, el 30 de marzo de 2006 un sector mayoritario de legisladores a favor de la “Ley Televisa” aprobaron irracionalmente el proyecto de reforma, sin alguna modificación mayor, sin discusión y a pesar de las intervenciones en contra que presentaron legisladores de oposición, quienes la cuestionaron ampliamente.

Múltiples grupos sociales demandaron al Ejecutivo federal que, con base en su facultad, vetara la “Ley Televisa” que contenía múltiples irregularidades, grandes errores y violaciones constitucionales de la propuesta. Inauditamente, Vicente Fox publicó, el 11 de abril de 2006, en el Diario Oficial de la Federación la nueva LFRTV y la LFT para darle reconocimiento oficial y colocarla con plena vigencia jurídica.

El Ejecutivo federal desconoció la normatividad que señala que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República debía formular observaciones a las propuestas que le son enviadas por el Congreso de la Unión para su autorización; omitió dicho procedimiento institucional y publicó la ley para que entrara en vigencia antes de que concluyera el periodo reglamentario que le correspondía cumplir para efectuarla.

En estos procesos políticos, los poderes Legislativo y Ejecutivo fueron sustituidos por la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) para elaborar los marcos normativos y reformar al Estado en materia comunicativa, favoreciendo a los tradicionales monopolios informativos y marginando a la sociedad que esperó, de buena fe, la oportunidad para cambiar el sistema de comunicación nacional.

De este modo emergió en México un marco jurídico comunicativo desigual, regido por la lógica de la acumulación salvaje, que protegió a los monopolios privados de la comunicación masiva, quienes expresaron que la radiodifusión y las telecomunicaciones debían regirse exclusivamente por los mecanismos autoregulatorios que introduce la “mano invisible del mercado”, que fija la relación de oferta y demanda entre productores y consumidores comunicativos, y no por los principios rectores del Estado-nación de construcción de la República, cimientos de la democracia en México.

Según los monopolios de la comunicación, en el ámbito nacional debía prevalecer el prototipo de información regido por la lógica darwinista del mercado salvaje o del mercado desbocado sin contrapesos que lo equilibraran, pues éstos estorban al libre mercado autorregulado.

Desde esta óptica la sociedad fue percibida sólo como un consumidor, con diversas facetas económicas, según los estratos de poder adquisitivo. Por consiguiente, el modelo legal no reconoció la existencia de ciudadanos, sino únicamente de simples consumidores o clientes potenciales con los cuales se hace negocio para incrementar el porcentaje de ganancia. La mayor limitación jurídica de la reforma conservadora de 2006 para las comunicaciones nacionales fue la ausencia de la sociedad. El ciudadano, sujeto y actor fundamental de la democracia, razón esencial de la comunicación, no existió ni como sujeto básico ni como usuario. No apareció en la concepción misma del modelo mercantilista de la radiodifusión, el cual lo redujo a ser un simple consumidor de contenidos, donde la información se convirtió en otra más de las mercancías publicitadas en las pantallas, y no como un bien público al cual tienen derecho de acceso y práctica todos los habitantes. El sujeto civil estuvo ubicado fuera de toda imaginación legislativa y marginado del catálogo básico de derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de la radio y la televisión.

La radiodifusión se asumió como una cuestión de asuntos técnicos puramente, dominada por la racionalidad del negocio, por consiguiente debía quedar colocada al mismo nivel de condiciones que tienen el otorgamiento de las concesiones de carácter comercial. Por tanto, las concesiones debían pasar por el mismo procedimiento de licitación que experimentan otras ramas económicas: se otorgan al mejor postor, el que más dinero ofreciera más derechos tenía para adquirirlas.

No se reguló la concentración de la propiedad, sólo se permitió la formación de super monopolios de la información colectiva. Así, se posibilitaron las condiciones jurídicas para generar un proceso de acumulación creciente de concesiones radiofónicas por un mismo grupo, históricamente privilegiado. Se permitió, además, que los medios de información electrónicos se comportaran irrefrenablemente como simples empresas económicas dominantes que marginaron el ejercicio del interés público, y que con estas características influyeran sustantivamente en la conformación del espacio público mediático, creando una nueva área electrónica colectiva de interacción social extremadamente mercantil, privada, monopólica y no ciudadanizada, plural y abierta como tanto proclamó el Estado. Esto impidió garantizar el interés social del proceso de la convergencia tecnológica y de la radiodifusión en general.

Dentro de este contexto normativo el Estado debía comportarse como un gerente que serviría para proteger y administrar los intereses de los monopolios informativos y no como una instancia de representación y salvaguarda de las necesidades colectivas de comunicación. La rectoría del Estado-nación debía reducirse sustancialmente en el área informativa para permitir, unilateralmente, que la lógica de los monopolios definiera el proceso de comunicación colectiva, y se anulara la planificación comunicativa basada en la participación y la sobrevivencia de los grandes grupos sociales.

Como quedó operando jurídicamente la “Ley Televisa”, en el proceso de la convergencia digital prácticamente se regala el ancho de banda o las frecuencias liberadas a los grandes concesionarios de radio y televisión, especialmente al duopolio televisivo, sin que éste quedara obligado a cubrir ningún pago al Estado como contraprestación por la ejecución de los nuevos servicios agregados de telecomunicaciones.

Desde la concepción neoliberal, el progreso comunicativo se entendió como la defensa de los enormes beneficios monopólicos que privilegian únicamente a unos cuantos inversionistas propietarios de las empresas más poderosas del sector, a costa del abandono de las necesidades de las mayorías nacionales e incluso de la extinción de las instituciones de comunicación más frágiles, como son los medios de información de servicio público del Estado y los medios comunitarios.

En este modelo de mercado salvaje la comunicación social sólo alcanzó el rango de simple instrumento tecnológico eficiente y ágil para hacer negocios, y no fue asumida como una actividad comunitaria con valor de servicio público que promoviera el desarrollo social. El proceso comunicativo no se entendió como la producción, la difusión, la asimilación de información y las retroalimentaciones del auditorio, sino solamente como una fase parcial que abarcó la producción, la difusión y la asimilación de la información, sin incluir la respuesta de los receptores. Por lo tanto, el proceso simulado de “comunicación social” fue equivalente a un mero proceso de producción-difusión-recepción, donde el auditorio sólo se consideró como receptor y no como emisor de información (producción-difusión-recepción-respuesta). Aunque se declaró que con la “Ley Televisa” nos convertiríamos en la “sociedad de la comunicación”, en la realidad concreta la sociedad mexicana experimentó la presencia de un proceso masivo elitista de información para la acumulación económica y no de comunicación colectiva para el crecimiento social.

Paradójicamente, después de años de espera y de lucha de la sociedad civil por reformar el marco normativo de la radiodifusión nacional, lo que se obtuvo con la aprobación de la “Ley Televisa” en el 2006, fue el mayor retroceso político, social, cultural, democrático, educativo e informativo de toda la historia de la comunicación nacional. El proyecto normativo sólo benefició al sector oligopólico de la información y de las telecomunicaciones tradicionalmente protegido por el Estado, e impidió la transformación democrática del viejo modelo de comunicación, marginando las necesidades comunicativas fundamentales de la sociedad demandadas durante muchas décadas en México.

La aprobación de la “Ley Televisa” fue la expresión más acabada del proyecto neoliberal aplicado por los monopolios de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. El aprovechamiento unilateral de un instrumento jurídico con el que los grandes grupos de poder lucharon por el control económico, político, cultural e ideológico de la nación. En el fondo, esta ley fue una estrategia normativa para apoderarse de la soberanía comunicativa de la nación. La disputa entre el proyecto comunicativo de la sociedad civil y el de los grandes monopolios de la información nacional, por la dirección y explotación comunicativa de la nación, se dio con el intento por parte de las compañías de privatizar el espectro radioeléctrico, la apropiación de las frecuencias liberadas, el no pago de contraprestaciones por realizar servicios agregados de telecomunicaciones, renovación automática de concesiones, marginación de los medios públicos, la subordinación del Estado a la difusión monopólica, etcétera. El espectro radioeléctrico debía privatizarse para permitir que se pudieran realizar los negocios y acumular capital a escala ampliada.

Desde el punto de vista del mercado había que apoderarse del espectro para crear condiciones que generen mayor ganancia y no para transformar la conciencia de los individuos ni para hacer avanzar a la sociedad hacia etapas civilizatorias superiores. Oponerse a ello sería no ser “moderno”, “vanguardista”, “avanzado”, “innovador”, “actualizado” y “progresista”. Desde esta lógica, privatizar el espectro radioeléctrico equivale a que los litorales, las carreteras, el espacio aéreo, las avenidas, las calles, sirvan únicamente para hacer negocios, no para circular, para resolver las necesidades elementales de salud, alimentación, trabajo, educación, descanso, emergencias, que enfrenta la población cotidianamente.

Mediante la “Ley Televisa” el espectro radioeléctrico se entregó a los monopolios privados de la comunicación y, en el fondo, el Estado renunció abiertamente a ejercer la soberanía republicana sobre una parte sustancial del patrimonio de la nación. El espectro radioeléctrico es un espacio estratégico de cualquier Estado-nación, a través de éste la sociedad se comunica e interactúa, por esta vía circulan señales y conocimientos que permiten que la economía, la política, la cultura, la educación, la información, la gobernabilidad, la socialización, operen para que funcione la nación. Es el área mediante la cual se comunica e interactúa la sociedad, por lo tanto, es un bien público, propiedad de la nación, tan importante como el dominio sobre el petróleo, el agua, la electricidad, las minas o el subsuelo.

Con la aprobación de la “Ley Televisa” en el Congreso de la Unión se introdujo una contrarreforma comunicativa que evitó el paso a la transición democrática comunicativa y se maquilló el viejo modelo de comunicación decadente que existió por casi ocho décadas en el país, pero ahora disfrazado de “moderno”, “competente”, “digitalizado” y “convergente”. Mediante este proceso se conformó una nueva jerarquía de poderes públicos, donde el poder económico, político e ideológico del sistema mediático se colocó por encima de los poderes constitucionales del Estado mexicano.

La sociedad mexicana inició este periodo de su historia nacional con una Presidencia y un Congreso de la República rendidos a la voluntad de las fuerzas de los poderes fácticos informativos, especialmente del duopolio televisivo, conformado por Televisa y Televisión Azteca, y no con un Ejecutivo y un Legislativo éticos, fuertes e independientes que le dieran dirección autónoma a la comunidad para contrarrestar las ambiciones de apropiación comunicativa del poder mediático y le permitieran resolver las fuertes contradicciones que debe solucionar para coexistir de manera pacífica.

En síntesis, se puede afirmar que hasta el 2006 la historia de la reforma a la radiodifusión nacional estuvo plagada de desilusiones, desengaños y frustraciones pues en 48 años no se efectuó alguna transformación jurídica sustantiva al marco comunicativo, con espíritu plural, social y democrático. Al contrario, toda reforma que se dio, se gestó con intereses empresariales, mercantiles y políticos de los monopolios informativos. Así, el tercer milenio en México nació con el viejo espíritu opaco, discrecional, monopólico, cerrado, concentrador, vertical, viciado, frívolo y autoritario del arcaico modelo de comunicación mercantil que dominó las últimas décadas del siglo XX, y que continúa sin la existencia de un modelo de comunicación autosustentable para la sobrevivencia social.

Pese a la aprobación de la “Ley Televisa”, el poder Judicial cobró conciencia del gravísimo error cometido por el Ejecutivo y el Legislativo y detuvo el avance de una normatividad anticonstitucional. Mediante la rigurosa aplicación de la filosofía de la Constitución mexicana, el 7 de junio de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló los aspectos centrales de la “Ley Televisa” y colocó el mandato de la Constitución Mexicana en el terreno de la comunicación social, por encima de los intereses de los poderes fácticos informativos que la habían rebasado con exceso, cinismo, impunidad y prepotencia.

Con la valiente resolución jurídica de la SCJN la sociedad mexicana presenció un evento de enorme trascendencia histórica que contribuyó significativamente a recolocar al Estado-nación como instancia rectora del proceso de comunicación del país frente a las fuerzas monopólicas de la posmodernidad tecnológica y política comerciales. A partir de fundamentos constitucionales la Corte se enfrentó con firmeza y soberanía a los poderes fácticos informativos que erosionaron drásticamente la esencia, la soberanía, la centralidad y la misión del Estado como dirigente de la sociedad; reivindicó el sentido fundamental de la rectoría del Estado en el proceso de construcción del proyecto de comunicación colectivo desde los postulados republicanos de la Constitución Mexicana.

La intervención de la SCJN para anular el proyecto jurídico privatizador de la “Ley Televisa” sólo evitó que avanzara más el modelo de radiodifusión desigual que existía, pero en nada cambió la estructura vertical, anticompetitiva, discrecional, autoritaria, unilateral, hermética, anticiudadana, contraria al servicio público, desinformadora, que reina en los medios de difusión electrónicos en el país. Así, sólo frenó que se reprodujera el proyecto de los monopolios de la información con mayor fuerza unilateral sobre el Estado y la comunidad nacional, pero no transformó el sistema de comunicación oligopólico.

Después de la acción sustantiva de la Corte, la enorme estructura monopólica y autoritaria de los medios de información electrónicos permaneció intacta, no se afectó el sistema desequilibrado de comunicación ya existente, sólo se impidió que se expandiera más el modelo concentrador de la difusión nacional. La intervención de la SCJN detuvo provisionalmente el avance del poder mediático monopólico informativo que tiende a transformarse en un mega poder oligopólico comunicativo. Después de la estratégica participación del Poder Judicial sigue con plena vigencia la estructura y dinámica de la Cuarta República Mediática en México, que impone su modelo unilateral de comunicación electrónica privada y comercial sobre el resto de los poderes republicanos y de las necesidades comunicativas de la población, edificando una sociedad dispar e inarmónica en sus instituciones.

Esta realidad no es un problema del pasado, es un hecho central de la historia presente; el espíritu de “Ley Televisa” está vivo, el mismo proyecto de expansión comunicativa privada comercial oligopólica sin límites, existe vigoroso y latente. Espera nuevas condiciones sociopolíticas para alcanzar las metas que le fueron canceladas por la intervención constitucional del Poder Judicial de la federación.

Puede constatarse que en la actualidad los monopolios de la comunicación colectiva siguen luchando silenciosamente por lograr, mediante cualquier vía, operar la comunicación electrónica como un negocio mercantilista sin freno y no como un servicio público de interés social; manejar exclusivamente la difusión colectiva hasta llegar a grados salvajes; concentrar la estructura de la difusión masiva y de las redes de telefonía y televisión a escala oligopólica; privatizar crecientemente el espectro radioeléctrico y desconocer su naturaleza de patrimonio de la nación; evitar la competencia abierta con diversos actores en el sector de las telecomunicaciones; negar las condiciones de igualdad para la acción de los actores comunicativos; aprovechar unilateralmente los beneficios de la convergencia tecnológica y de la Sociedad de la Información; obstaculizar el surgimiento de nuevas cadenas audiovisuales y telefónicas que abran otras alternativas empresariales; presionar, vulnerar, subordinar o hasta sustituir al Estado-nación y a los poderes constitucionales de la República a los intereses expansivos de los poderes fácticos mediáticos; debilitar la soberanía del Estado sobre el gobierno del espectro radioeléctrico; impedir la aprobación de nuevos marcos jurídicos democráticos que transformen el sistema de comunicación social; anular o suprimir funcionarios públicos que le son incómodos para avanzar en el fortalecimiento de sus fines oligopólicos; realizar campañas mediáticas para desprestigiar a los sectores que les son críticos; rechazar o disminuir el reconocimiento de los derechos comunicativos básicos de las comunidades locales; oponerse a difundir los anuncios publicitarios de la propaganda electoral de los partidos políticos; negar o erosionar el modelo de medios de comunicación de servicio público; evitar abrir las pantallas a la participación creciente de las comunidades; borrar de sus pantallas la presencia de personajes que intentan modificar el desigual marco jurídico de la radiodifusión nacional; manipular la información hasta llegar al morbo, la difamación y los videoescándalos para dirigir la opinión pública; saturar la programación con publicidad excesiva evadiendo el sano equilibrio entre difusión y comercialización; difundir la cultura parasitaria altamente rentable y no la cultura sustentable para la sobrevivencia social. En pocas palabras, reproducir el viejo orden desigual de la comunicación colectiva a escala ampliada.

Debido a lo anterior, un grupo plural de 34 ciudadanos formado por funcionarios públicos, investigadores, políticos, periodistas, académicos y comunicadores, preparamos el texto La “Ley Televisa” y la lucha por el poder en México, con el objeto de analizar de forma integral y desde diversos ángulos (historia, economía, política, derecho, sociología, cultura y comunicación) las repercusiones de la “Ley Televisa” sobre el proceso de reproducción de la estructura contemporánea del poder nacional. En conjunto, elaboramos una amplia masa crítica de reflexiones para ver la historia de la comunicación electrónica del México moderno con ojos analíticos e interpretar de forma distinta el presente comunicativo, desde la perspectiva de la disputa por la nación y no sólo desde el ángulo descontextualizado de las tecnologías de información aisladas; adelantarnos a las consecuencias que pueden derivar en los próximos años si no se introducen contrapesos ante el fenómeno monopolizador de la comunicación en México. De esta forma, en el presente texto se aportan diversas directrices y alternativas intelectuales estratégicas para transformar la realidad comunicativa de manera más justa y equilibrada, que permita asentar bases intelectuales para la construcción de otro modelo de comunicación, más plural y armónico en el país.

Este esfuerzo intelectual colectivo contiene diversas reflexiones sobre los principales aspectos que constituyeron esta abusiva realidad sobre el proyecto de comunicación social, con el fin de hacer una reconstrucción documentada de esta etapa de la historia del poder comunicativo en México, incorporarla críticamente a la memoria nacional y evitar que se entierre con el alzheimer cultural que produce la abundante programación cotidiana que arrojan las industrias culturales sobre nuestras conciencias. De lo contrario, olvidar acríticamente este capítulo, permitiría que la situación desigual se repita en próximas décadas con mayor fuerza, pues el olvido y la ausencia de examen riguroso son los mejores aliados para la reproducción del viejo orden del poder de la comunicación autoritaria. Recordarlo, analizarlo y colocar los antídotos racionales, jurídicos y políticos adecuados evitará que tal fenómeno resurja en el futuro y contribuirá al aporte de elementos para que se edifique un nuevo sistema de comunicación democrática.

El Congreso de la Unión tiene la enorme responsabilidad histórica de ejercer su autonomía y su función regulatoria, demostrar de manera contundente que es posible construir otra historia democrática de la comunicación nacional. Por ello, para mantener una trayectoria de avance, es indispensable acelerar las transformaciones democráticas, especialmente en el campo de la comunicación. La acumulación de fuertes contradicciones sociales, pone en peligro a la frágil estabilidad de nuestro sistema de gobernabilidad nacional.

En el ámbito de la comunicación no es sano que persista el funcionamiento autoritario, discriminatorio y anticiudadano del viejo modelo de difusión colectivo privado comercial. Es medular realizar una reforma plural de la relación comunicativa que existe entre el Estado, los concesionarios y la sociedad mexicana, que permita que esta última despegue a nuevos horizontes de armonía, sobreviviencia y humanización.

Los poderes públicos deben aprovechar la fase de reforma del Estado para crear un avanzado marco jurídico sobre la radiodifusión que permita formar un “nuevo orden de comunicación nacional”, que posibilite que el Estado mexicano rescate su función rectora en el terreno comunicativo y que libere a la clase política de la manipulación que ejercen los poderes fácticos mediáticos que han subordinado a los poderes públicos y a la sociedad a sus intereses. El Estado debe actuar como una entidad a favor del proyecto de crecimiento comunicativo ciudadano y no simplemente como administrador de los requisitos del proyecto de acumulación oligopólico.

Si el Estado-nación no invierte políticamente en el reconocimiento y ejercicio real de las garantías comunicativas fundamentales de la población, el gobierno tendrá que destinar mayor gasto público para financiar la represión social, pues será la única forma de detener la energía colectiva contenida que no permitió expresarse en los medios de difusión masivos, y que necesita salir al espacio público para ser reconocida y exponer sus problemáticas. Es indispensable tener contrapesos jurídicos, políticos y sociales que limiten el poder supraconstitucional desmedido alcanzado por los medios de difusión colectivos, especialmente electrónicos, como poderes fácticos, que permita surgir al nuevo modelo de comunicación social incluyente.

La participación de las comunidades nacionales en el nuevo espacio público mediático evitará los desbordamientos sociales que van en aumento y logrará aportar bases firmes para la transición pacífica a la democracia nacional. Ante la grave descomposición social, la comunidad mexicana espera la firme respuesta del poder Legislativo en materia de comunicación colectiva.

El proceso de cambio comunicativo no debe retrasarse más, pues la sociedad ha esperado mucho tiempo para alcanzar estos derechos; de no efectuarse ahora, en el ambiente de la frágil democracia incipiente y la raquítica pluralidad construida en la transición política, el viejo autoritarismo disfrazado de “renovador” resurgirá en el horizonte político, con sus vicios tradicionales de represión, verticalidad, discrecionalidad, hermetismo, desinformación, mercantilismo y descontextualización cultural, impidiendo la evolución de la sociedad a la democracia por la vía pacífica.

Al iniciar el siglo XXI es insostenible que se repita la historia tradicional en materia de transformación de la comunicación colectiva, de “no encontrarle la cuadratura al círculo”, y abandonar la deuda histórica comunicativa que el Estado mexicano tiene con la sociedad desde hace casi medio siglo. Si no se considera en la elaboración de una nueva legislación la inclusión de los derechos comunicativos que la sociedad mexicana ha demandado durante décadas, encontraremos que en plena fase de “modernización”, “apertura” y “transición política nacional”, se habrán modificado las estructuras económicas, políticas, jurídicas y tecnológicas de nuestra sociedad; pero no se habrán transformado las estructuras mentales profundas que, en última instancia, son las bases centrales que sostienen y le dan vida a nuestra nación. En estas circunstancias, la sociedad mexicana estará avanzando con los “ojos vendados” por un precipicio mental muy peligroso y dentro de algunos años veremos y sufriremos las consecuencias devastadoras que habrá dejado sobre nuestras conciencias y comportamientos colectivos la presencia del funcionamiento desregulado de la lógica de mercado en el terreno cultural, comunicativo y espiritual de nuestro país.

La sociedad mexicana y los poderes públicos de la República, especialmente el Legislativo, están frente a la disyuntiva histórica de caminar en los próximos años hacia un proyecto de comunicación colectiva regido por la cabeza despótica de los oligopolios mediáticos comerciales que se han formado en nuestro país y han frenado su crecimiento democrático, o avanzar hacia un proyecto de comunicación de servicio público dirigido por un moderno Estado-nación comunicativo para la sobrevivencia colectiva, reformado por la creación de un nuevo consenso jurídico nacional tripartita de equilibrio sano entre medios, Estado y sociedad que permita una coexistencia con las garantías universales de la pluralidad, la igualdad, la justicia para todos los ciudadanos.

Noviembre de 2009

* Javier Esteinou Madrid es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco. * Alma Rosa Alva de la Selva es profesora de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos son coordinadores del libro La "Ley Televisa" y la lucha por el poder en México, editado por la UAM, del que este texto es la introducción, titulada "El espíritu de la 'Ley Televisa' no ha muerto".