El problema de la verdad informativa:
una perspectiva filosófica iusinformativa

Manuel de Santiago Freda *

Resumen: El artículo hace una revisión filosófica en torno a la verdad informativa, a partir de la consideración de que la dificultad de establecer con claridad un concepto de ésta repercute negativamente en la satisfacción del derecho humano a la información. Luego de argumentar a favor de la pertinencia del trabajo, analiza el problema filosófico de la verdad, establece una relación entre verdad e información, cuya traducción ética y jurídica es explicada. Los efectos de las concepciones difusas de la verdad informativa ocupan la reflexión final del artículo, que presenta una serie de conclusiones por cada uno de los temas estudiados. Palabras clave: Filosofía, Verdad, Derecho a la Información, Deontología, Veracidad, Objetividad. Índice: 0. Introducción. 1. La verdad como problema filosófico. 2. La verdad en el derecho a la información. 3. Axiología de la verdad informativa. 4. Juridicidad de la verdad informativa. 5. Efectos de la verdad informativa. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía. 8. Documentación.

0. Introducción

La pretensión de abordar la verdad informativa encuentra su motivo en la necesidad de construir una reflexión sistemática sobre los problemas del derecho a la información, problemas que representan límites internos y externos de su ejercicio. Los primeros se refieren a las cuestiones inherentes a su naturaleza, mientras que los segundos están condicionados por factores externos, principalmente por las transformaciones económicas, tecnológicas, políticas y sociales.

El tema de la verdad aparece, pues, como un asunto insoslayable sobre el que es necesario detenerse. La verdad está estrechamente ligada al proceso informativo entero y a la realización del derecho humano a la información. En casi la totalidad de los códigos deontológicos periodísticos y en las obligaciones jurídicas que conlleva el ejercicio de dicha prerrogativa está presente. Se trata de la característica más valorada de la información y, en consecuencia, constituye un límite interno en su relación con la potestad del ser humano de recibirla, investigarla o difundirla.

Tomamos como punto de partida la afirmación de que la falta de claridad del concepto de verdad informativa es, en sí misma, un obstáculo para la realización plena del derecho a la información. Acometemos un análisis descriptivo y prescriptivo de carácter filosófico iusinformativo, dado que, en primer término, es la filosofía la disciplina que ha planteado la problemática de la verdad, y, en segundo, porque resulta una herramienta fundamental para pensar sobre el Derecho y la Comunicación.

Sánchez-Bravo, en su propuesta de una teoría informativa, destaca la importancia de la reflexión filosófica en la Comunicación. «Si pretendemos llegar a establecer una ciencia de la información o de la comunicación tenemos que recurrir a la filosofía, porque tenemos que recurrir, entre otras cosas, a la psicología y a la sociología, como a la retórica y a la ética, base de la política. Saberes un tanto olvidados, algunos de ellos, ciertamente nacidos del tronco común de la filosofía»¹.

El artículo profundiza en la dificultad de establecer un concepto de verdad informativa en los planos ontológico, jurídico y axiológico. Resulta un asunto ineludible por cuanto se precisa para la aplicación de criterios que guíen el quehacer informativo, al igual que para dar solución a conflictos prácticos derivados de la laxitud del concepto.

El primer apartado da cuenta de la presencia histórica de la verdad en la reflexión filosófica; el segundo aborda algunos aspectos teoréticos de relevancia en torno a la verdad informativa tales como la relación entre verdad e información como derechos fundamentales; los siguientes dos apartados analizan la verdad informativa como valor, la verdad a efectos jurídicos y pretenden clarificar los alcances de los límites establecidos desde la ética y el derecho: la objetividad y la veracidad. En el segundo caso a través de la revisión de la jurisprudencia constitucional. La pinza se cierra en el quinto apartado, en el que se establecen los efectos de los conceptos de verdad informativa en la relación persona-sociedad, sociedad-Estado dentro del ejercicio de su derecho a la información, que comprende dos dimensiones: su presencia en las decisiones vitales y su intervención en los procesos democratizadores. Finalmente ofrecemos un conjunto de conclusiones sobre cada uno de los temas abordados.

1. La verdad como problema filosófico

La discusión filosófica sobre la verdad fue planteada originalmente por la metafísica. No obstante, tanto los clásicos, como los modernos, e incluso los posmodernos, se han detenido en su estudio y han ofrecido diversas soluciones, que pasan por la perspectiva misma de la idea de verdad, por el planteamiento de métodos para llegar a ésta, o bien, por decretar su imposibilidad y ofrecer entonces las alternativas posibles. Tratar la cuestión de la verdad desde una perspectiva filosófica implica hacerse cargo de esas explicaciones.

Se puede afirmar, con poco riesgo, que el problema filosófico de la verdad corresponde a la transfiguración de la verdad como aspiración de la filosofía. Si se acepta que un problema filosófico recurrente desde los inicios de esta disciplina es el de la posibilidad de aprehensión de las cosas —aunque la pregunta se plantee en claves lógicas u ontológicas—, resulta fácil constatar la permanencia de la cuestión en el entramado filosófico a lo largo de la historia. Sin embargo esta presencia no es considerada en la actualidad como tema central de la filosofía sino como uno más de sus temas.

Ese desplazamiento, que ha implicado un cambio de estatus, se puede ilustrar a través de las transformaciones que han sufrido las concepciones de lo que la filosofía es y de lo que debe ser. Baste con señalar que hoy en día la filosofía se parece más a una reflexión coyuntural que a un saber en sí mismo.

Los filósofos contemporáneos, al negar las soluciones perennes, han contribuido a relegar el problema de la verdad a un segundo plano. Si aceptamos como correcta la idea a priori de que cualquier solución que se ofrezca al respecto no será, en ningún caso, definitiva, resulta consecuente que el acento se ponga en la pertinencia de abocarse o no a su estudio, pues todo esfuerzo parece inútil². Y si llevásemos el argumento a sus últimas consecuencias, tanto la ciencia en general como la filosofía en particular quedarían en entredicho.

En el prólogo de la edición española del libro de Simmel Los problemas de la filosofía, Antonio Molina Flores expone que una de las razones del agotamiento de la tradición metafísica occidental es que su temática imponía serias restricciones sobre la reflexión filosófica. Es decir, que apenas unos cuantos problemas —considerados fundamentales— ocupaban por entero su contenido, lo que no tenía traducción en un saber práctico. Molina acusa la falta de actualidad del texto de su prologado, de quien dice:

Acometer la escritura de un capítulo que se titule «La esencia de la filosofía» es tarea de otros tiempos, y a esos tiempos —pasados— remite este texto de Simmel. Tiempos en los que aún era posible preguntarse por la posibilidad de un saber unitario, de un conocimiento esencial sobre la totalidad de lo existente. [...] Es una apuesta inocente por la continuidad de una reflexión ontológica que no ha obtenido en la modernidad tardía ni el beneficio de los lectores ni el aprecio de los demás autores de esto que, sin reducirlo a texto o literatura, sigue llamándose filosofía³.

El hecho de que la problemática se desatienda o no concite mayor interés en la actualidad no la hace desaparecer. Y aunque la tarea de los filósofos en el mundo contemporáneo no se circunscriba exclusivamente al descubrimiento de las esencias, el problema de la verdad implica a la filosofía entera. Así lo explica Williams:

La idea de que para socavar una narración histórica se necesita otra narración histórica es correcta y debe tenerse siempre presente, pero no es posible eliminar por sí mismas las tensiones y poner punto final al problema. Tales argumentos sólo pueden sumarse al problema y, como ha ocurrido a menudo en los últimos años, acelerar el vórtice deconstruccionista. Desde luego, todas las discusiones de este género tienen su momento, y puede que ahora, hasta cierto punto, estén remitiendo las críticas de este estilo que se concentraron durante un tiempo en cuestiones como la interpretación literaria y la posibilidad de una historia objetiva. Pero esto no significa que los verdaderos problemas hayan desaparecido⁴.

En consecuencia, toda corriente filosófica que tenga aspiraciones, debería plantearse el problema de la verdad. Kalinowski señala que proponer un “problema filosófico” tiene implicaciones que deben ser consideradas por quien lo hace. «Ahora bien, quien dice “problema filosófico” afirma consecuentemente, por un lado, “problema cuya solución depende del conjunto de ideas filosóficas admitidas por quien lo plantea” (puesto que en filosofía todo se mantiene intervinculado) y, por otro, “problema cuyos datos —de tener la suerte de no ser considerado como un falso problema— habrán de ser, sin duda, discutidos por alguien” (sin hablar de su solución que nunca reunirá la unanimidad)»⁵. En palabras de José Ortega y Gasset «todo problema es un imperativo de mayor claridad y una apelación que del crepúsculo hacemos al mediodía»⁶.

Consideramos que el problema de la verdad es vigente en la filosofía contemporánea, y, en tal caso, nuestro ejercicio —de hacer lo propio con la información— no solo es pertinente sino, incluso, necesario.

a) Verdad y filosofía

Antes de que la filosofía pretendiera afirmarse como la ciencia de ciencias, la cuestión de la verdad estaba ya indefectiblemente ligada a ella, pues tal pretensión sólo podía hacerse en función de un objetivo: llegar a las causas últimas del ser. En otras palabras, llegar a la verdad. A partir de ese momento, la verdad ha estado presente en la filosofía en ese carácter teleológico, y, posteriormente, como problema fundamental.

Su abordaje ha correspondido a dos perspectivas claramente identificadas: la ontológica y la axiológica, es decir, la del ser y la del deber ser. Estas dos orientaciones, que a nuestro juicio son complementarias, se han presentado en el devenir histórico contrapuestas. Es menester hacer hincapié en el sentido finalista de verdad que acusamos anteriormente⁷.

El propósito esencialista de la filosofía clásica o metafísica colocó a la verdad en el centro de su reflexión, al pensar que el filósofo estaba llamado a rescatar la esencia del ser de su encubrimiento. Platón, por ejemplo, consideraba que en la naturaleza del auténtico filósofo (por su etimología, amante del saber) debía existir una tendencia a perseguir la verdad por sobre cualquier otra cosa, y que, precisamente, esa tendencia lo diferenciaba del ignorante (o amante de la falsedad). En el libro VI de La República, Platón diserta acaloradamente sobre esto y sus palabras contienen la declaratoria de la filosofía como ciencia de la verdad:

Pero ¿no nos defenderemos cumplidamente alegando que el verdadero amante del conocimiento está naturalmente dotado para luchar en persecución del ser, y que no se detiene en cada una de las muchas cosas que pasan por existir, sino que sigue adelante, sin flaquear ni renunciar a su amor hasta que alcanza la naturaleza misma de cada una de las cosas que existen, y la alcanza con aquella parte de su alma a que corresponde, en virtud de su afinidad, el llegarse a semejantes especies, por medio de la cual se acerca y une a lo que realmente existe, y engendra inteligencia y verdad, librándose entonces, pero no antes, de los dolores de su parto, y obtiene conocimiento y verdadera vida y alimento verdadero?⁸.

La verdad platónica es ser y conocimiento del ser. Ser en cuanto que la verdad está contenida en las ideas, y por otro lado, conocimiento del ser, en tanto se mire con rectitud hacia esas ideas. En otras palabras, forma y fondo. Si las ideas son la manifestación de la verdad en el mundo de la percepción, su definición se encuentra en ese ser que solo puede verse si quien lo intenta se despoja de las gafas con las que habitualmente mira lo que le rodea. El problema ontológico de la verdad tiene que ver con la búsqueda de cómo el filósofo puede llegar a tocar el corazón de las ideas.

Para Aristóteles, las ideas no son representaciones independientes de las cosas, sino que ambas conforman la sustancia. El principio inteligible, al que se refiere Aristóteles, se deriva de la forma de las cosas, que determina su ser y su unidad. La forma vista es conocida, y únicamente es definida si se enuncia. La verdad así planteada está condicionada a una enunciación que afirme o niegue. En ese sentido, la no verdad es falsedad, porque ambas parten del conocimiento de la cosa. Así, la verdad está contrapuesta al engaño y no a la ignorancia, porque las cosas únicamente pueden ser aprehendidas.

Aunque el estagirita desarrolló su propia teoría de la verdad, coincidió con Platón en afirmar que la tarea de la filosofía es descubrir lo verdadero. En el libro II de la Metafísica dice: «La filosofía es la ciencia de la verdad. [...] En efecto, ése es el fin de la ciencia teórica, así como el de la práctica es la acción, y si la última encara también el estudio de la verdad, sólo se interesa en ella en la medida que es relativa a un hic et nunc»⁹.

En la filosofía moderna también está presente el afán de verdad. Descartes, por ejemplo, considera que a la verdad no se llega por casualidad sino que debe existir una clara voluntad para ello, y mientras más fuerte sea esa voluntad más cerca se estará de lo verdadero¹⁰. Para Descartes, lo opuesto a la verdad no es la mentira sino el error, que deriva de una carencia en el conocimiento. El filósofo francés puso el acento en el esfuerzo intelectual como método de aproximación a la verdad. Esta idea, esbozada en las Meditaciones metafísicas, fue desarrollada por otros filósofos modernos, pero alcanzó un grado superior con el idealismo kantiano, que la puso por delante de los problemas filosóficos.

De acuerdo con Kant, la búsqueda de la verdad es un esfuerzo válido de la filosofía que no se debe abandonar. No obstante previene de que se debe entender que todo lo que se obtenga está condicionado por la forma en que los seres humanos conocemos. Kant traslada el conocimiento del objeto al sujeto, es decir, al proceso de conocer¹¹.

Esta disposición a la verdad que se intuye en Descartes y que experimenta el giro kantiano parece, a simple vista, rechazada por Nietzsche, que considera que «las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas sino como metal»¹². En otras palabras, la búsqueda de la verdad como una búsqueda por el poder. Williams considera que lo que en realidad Nietzsche pretendía, con estas afirmaciones, era «ver hasta qué punto los valores de la verdad podían ser revalorados, cómo podían entenderse desde una perspectiva del todo diferente de la metafísica platónica y cristiana que ha proporcionado su principal fuente en Occidente hasta nuestros días»¹³.

En Ortega y Gasset, la duda y el escepticismo son los caminos de la verdad y la filosofía¹⁴. «La historia es un largo panorama de brazos que empuñan cada uno su verdad —y la verdad de uno lucha con la del otro—. Es un hecho que los hombres han sostenido y sostienen como verdades posiciones antitéticas. ¿Vamos a pretender que no ocurra lo propio con nosotros? Nuestra verdad se nos presenta como una más que viene a aumentar la universal disonancia»¹⁵.

Entre los contemporáneos, el filósofo español Xavier Zubiri acepta la dirección de la filosofía hacia la verdad, pero con un matiz fundamental: que ya somos poseedores de ésta, y que precisamente esa posesión es la que nos define. «Arrastrado por la verdad es como el hombre es un ente que no puede desentenderse de la verdad, sino que la verdad constituye un ingrediente esencial de su propia realidad humana»¹⁶.

La verdad en la filosofía es un tema abierto, cuyo tratamiento no es un mero ejercicio de ocio. En consecuencia, la verdad en la información supone uno de los alientos fundamentales del problema filosófico de la información.

b) Teorías de la verdad

Entre las diversas formulaciones para articular la verdad enunciada —en ese sentido verdad informativa—, destacan las teorías lógicas y ontológicas de la correspondencia, de la coherencia, del consenso y del procedimiento. Es preciso hacer una sucinta revisión de ellas.

1. Teoría de la correspondencia

La teoría clásica de verdad es la de la correspondencia de los hechos con su formulación, nacida de los filósofos griegos y que aún está presente, con una gran variedad de matices y de interpretaciones, pero sujeta siempre a sus postulados básicos de “correspondencia” o “adecuación”. De acuerdo a Hempel «para las teorías de las correspondencia, la verdad consiste en una cierta concordancia o correspondencia entre un enunciado y lo que se llama “realidad” o “hechos”»¹⁷.

Una de estas teorías de la correspondencia es la concepción semántica de la verdad, desarrollada fundamentalmente por Alfred Tarski, cuya base es la del establecimiento de una relación de equivalencia entre dos oraciones¹⁸. La crítica fenomenológica señala que «el concepto estricto de la verdad se limitaría a la adecuación ideal de un acto relacionante a la respectiva percepción adecuada de la situación objetiva. El concepto estricto del ser afectaría al ser de los objetos absolutos y lo distinguiría de la peculiar “existencia” de las situaciones objetivas»¹⁹. Ortega y Gasset refuerza esta posición al argumentar que «donde yo estoy en efecto nadie está, y el mundo envía hacia mi una perspectiva, toma un aspecto que sólo yo puedo ver. Pero esto no quiere decir que el mundo no sea como yo digo y veo. Todos los aspectos y perspectivas lo son verdaderamente del objeto. Los objetos ideales para quienes el espacio y el tiempo no existen, no ofrecen en el mismo sentido una forzosa diversificación de aspecto»²⁰. No es que la verdad sea relativa al hombre, sino el número y las distintas clases de verdades que se pueden poseer.

La crítica principal a las teorías de la correspondencia es la que asume la imposibilidad de que un enunciado exprese exactamente los hechos. Es una crítica que comprende a las teorías periodísticas objetivistas, como se puede apreciar. En otro apartado daremos cuenta de ellas.

2. Teoría de la coherencia

La teoría de la verdad como coherencia plantea también un tipo de adecuación, pero no entre los hechos y los enunciados, sino exclusivamente entre estos últimos. De esa manera la verdad está subordinada a la “coherencia” entre una proposición y sus distintas variantes. Rescher señala que «para los defensores del coherentismo, es posible demostrar rigurosamente que la verdad equivale a la coherencia ideal (esto es, que la verdad de una proposición equivale de hecho a la coherencia óptima de ésta con una base de datos ideal)»²¹. No obstante «la referencia a la idealización nos indica que no podemos pretender que la coherencia nos proporcione, en la práctica, un acceso incondicional a la verdad»²².

La teoría de la coherencia representa un esfuerzo teórico imprescindible, en razón de su pretensión de establecer un criterio humano de verdad en el que se controlen los elementos contingentes. Se trata de una verdad establecida en el plano semántico, fuera de los hechos, y que es fácilmente distinguible de sus opuestos, en tanto éstos no concuerden con la enunciación principal. De un modo completamente distinto de cómo ocurre en la realidad —dicho lo último en sentido lato—, en que ya resulta confuso distinguir entre lo verdadero y lo falso para que encima se le distinga en términos absolutos, con total precisión. Lo que, por otra parte, revela cómo la contingencia es un componente que está presente en la filosofía y en la ciencia, incluso en su ausencia formal.

3. Teorías del consenso y del procedimiento

Una de las teorías de la verdad como consenso más importantes es, sin duda, la de Habermas, expresada como un complemento de su teoría de la acción comunicativa. Para Pintore, Habermas es, también, un teórico del procedimiento²³. Basta recordar la discusión académica entre Habermas y Rawls en torno a la justicia y los modos de alcanzarla.

Habermas señala que «la teoría consensual de la verdad tiene la ventaja de identificar la verdad y la rectitud como pretensiones de validez susceptibles de desempeño discursivo, sin borrar a la vez las diferencias lógicas que se dan entre los discursos teoréticos y los discursos prácticos»²⁴. Advierte que, por el contrario, «las teorías metafísicas de la verdad, al declarar las cuestiones prácticas susceptibles de verdad en el mismo sentido que las teóricas resultan demasiado extensivas; y las teorías positivistas de la verdad, al negar que las cuestiones prácticas sean susceptibles de verdad, resultan demasiado restrictivas»²⁵.

El filósofo y sociólogo alemán critica que que la teoría de la correspondencia no diferencie entre objetividad y verdad, puesto que mientras lo primero concierne a la experiencia, lo segundo implica a la argumentación en tanto pretensión de validez, que es lo que promueve la teoría del consenso. El consenso no es en ningún caso arbitrario, sino normado por el “desempeño discursivo” al que se refiere Habermas, es decir, un procedimiento que se cumpla en condiciones ideales. Serrano complementa esta posición.

Es preciso advertir que el reconocimiento de la pluralidad del mundo humano es compatible con la idea de un consenso racional, como criterio normativo de la legitimidad del poder, sólo si se renuncia a la tesis de que el consenso puede ofrecer una verdad universal y necesaria. La universalidad sólo puede sustentarse, como hemos dicho, en los principios que definen los procedimientos de formación del consenso social sobre los fines colectivos y los medios para realizarlos²⁶.

Estas consideraciones, de carácter lógico y ontológico, ofrecen elementos para la construcción de un modelo teórico de verdad informativa, aunque no se puede soslayar que tienen difícil traducción en los ámbitos formales que rigen la actividad informativa: el jurídico y el deontológico.

2. La verdad en el derecho a la información

Tanto en el Derecho como en la Ética, la verdad juega un papel principal como elemento que contribuye a la realización plena del derecho a recibir, investigar y difundir informaciones diversas por medios igualmente diversos. El derecho a la información está recogido, en términos similares a los descritos, en los distintos tratados y pactos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Igualmente casi todas las constituciones del mundo lo reconocen como un derecho humano fundamental, desarrollo de las libertades de opinión y de expresión²⁷,

La enunciación jurídica de esta prerrogativa está estrechamente vinculada a la verdad, puesto que sólo se puede tutelar efectivamente la información digna de crédito. Sería absurdo pensar que los ordenamientos protegieran un supuesto derecho de las personas a recibir o difundir informaciones falsas, ya sea por su incomplitud, por su abierta manipulación, por su falta de actualidad, o por errores en los datos que las conforman. Aunque, en casos puntuales, la jurisprudencia exima a los informadores que, una vez que han dado a conocer informaciones falsas, puedan demostrar que actuaron con la debida diligencia que exige su profesión²⁸.

Para Fernández Areal, «si no hay verdad, no hay propiamente información, no se dará la comunicación informativa, aunque quizá sí exista comunicación propagandística o comunicación publicitaria»²⁹. Parra Pujante define a la información como «toda proposición de verdad asociada a una señal que nos indica la ocurrencia de cierto acontecimiento»³⁰.

Compartimos estas afirmaciones, no en un sentido amplio en que la verdad sea consustancial a la información per se, sino en uno específico, en el que la verdad resulta consustancial a la información como derecho humano fundamental. Nuestra preocupación es precisamente la de la verdad y la información como derechos.

La información errónea, incompleta, de fuentes limitadas o no actualizada, no deja de ser información, pero sin duda no se trata de la información a la que la sociedad en general y las personas en particular tienen derecho, aquella que les sirve para tomar decisiones vitales y participar de los asuntos colectivos. Esa información, que en sí misma constituye un derecho de primer orden, es la que debe ser verdadera, pues de no serlo se obstaculiza gravemente una libertad ciudadana que incide en la vida pública y privada del ciudadano³¹. En esa lógica la verdad informativa y el derecho a la información son dos caras de una misma moneda. El derecho a la información, por tanto, es un derecho a la información verdadera.

Estas apreciaciones tienen expresión normativa. Además de en los pactos y declaraciones de derechos humanos, mencionados anteriormente, en las constituciones de varios países. He aquí algunos ejemplos en Iberoamérica.

La Constitución española de 1978, en su artículo 20.1, reconoce el derecho de las personas a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión³². La Constitución de Colombia, en su artículo 20 refiere: «Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura»³³.

En Nicaragua la Constitución de ese país dispone, en su artículo 66 que «los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección»³⁴. El texto constitucional paraguayo también da una importancia particular a la información veraz. «Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime»³⁵.

Las alusiones a la información verdadera también aparecen en los distintos códigos deontológicos de la profesión periodística. Cabe recordar la afirmación de Terrou de que el derecho a la información se materializa a través de los medios de comunicación, pues estos «representan los instrumentos más poderosos de esta necesidad de expresar y de saber todo lo que los demás expresan, que constituye uno de los derechos fundamentales del hombre»³⁶. De ahí que el acceso a los medios de comunicación resulte una cuestión primordial, de la que depende la posibilidad del ejercicio del derecho a la información, tanto en su vía de recibir como en la de difundir informaciones y opiniones. Terrou indica que la función social de los medios se ha expresado históricamente, al menos en Europa, en el tránsito de la libertad de prensa a la libertad de información³⁷. Evolución que supuso la protección de ésta de las presiones del poder político y económico.

3. Axiología de la verdad informativa

La verdad es una cualidad sine qua non del derecho a la información, y por tanto, un valor en el ejercicio periodístico. La verdad como valor informativo ha sido abordada —tanto por los profesionales de la información, como por académicos, juristas y otros profesionistas— desde un amplio abanico de perspectivas. Esta diversidad de tratamientos obedece a la complejidad misma de la cuestión, además de ser una de las consecuencias de la falta de una reflexión sistemática sobre el tema, que incluya la perspectiva filosófica, la jurídica y la informativa. Esto no quiere decir que las conclusiones a las que se llegue tengan que coincidir, pero sería deseable que los puntos de partida se encontrasen al menos.

Rechacemos, por principio, el razonamiento metafísico. Hemos establecido con suficiencia que la verdad no es, necesariamente, una característica de cualquier información pero si una exigencia para la satisfacción del derecho humano a la información y, además, un valor periodístico. Porque si la verdad fuera la definición ontológica de la información ¿desde qué argumento podría exigirse éticamente? En otras palabras, si información es verdad ¿hay un deber ser de la información? En términos morales podemos decir que lo “bueno” se contrapone a lo malo, la “verdad”, identificada como un bien, a la falsedad o a la mentira. Al fundir verdad e información, ser y deber ser, lo opuesto a la verdad en la información no es la falsedad, sino la no-información.

Desantes, precisa que la verdad en la información no puede ser sino un bien, un valor. «Todo lo que tenga entidad es informable: La irrealidad queda fuera de la posibilidad de la información. Tan sólo se puede comunicar de ella que es la nada. Realidad objetiva e irrealidad son, en cambio, transmitibles, comunicables. También lo es la mera posibilidad en tanto en cuanto quede clara su realidad potencial»³⁸.

La información da la medida de un bien [...] El tratamiento valorativo de la información ha de partir siempre de la realidad, como la información misma. La realidad, que es el fundamento de lo ético y lo jurídico, es doblemente el fundamento de lo ético informativo y de lo jurídico informativo. Tanto por ser valorativo, cuanto por ser valoración de lo informativo³⁹.

Hablar de la verdad como deber ser de la información, remite al proceso mismo de elaboración de ésta, que comprende dos momentos: la recolección de los datos y su puesta en forma. Es inevitable aludir a experiencias concretas, y basados en ellas, formular, en lo particular, uno o varios procedimientos para solucionar los vicios identificados, o bien, en lo general, una serie de principios, valores, virtudes, criterios, etc., a los que debieran atender los auténticos profesionales de la información, ya sea mediante su incorporación en el marco normativo de la profesión —cuando éste existe—, en códigos deontológicos, o por un kantiano “imperativo categórico periodístico”.

No basta decir que el deber del informador es buscar y comunicar la verdad, esa afirmación debe acompañarse de un procedimiento. Hay un sentido teleológico de la verdad informativa, de acuerdo, pero no se puede reducir la cuestión a la vocación, buena fe o capacidad del informador. Idealmente, en condiciones de libertad y democracia, en la ausencia de obstáculos externos —como un sistema de gobierno autoritario o la enorme influencia empresarial—esos tres elementos serían determinantes para comunicar la verdad al público. En cualquier caso, supone la existencia de una buena cuota de confianza del público, confianza vinculada a la imagen de los medios como una correa transmisora de hechos, un reflejo fiel de lo que acontece, lo que los sitúa en una ficción omnisciente: la de que los medios reproducen la realidad sin más.

Parra señala que el medio «se sitúa como cauce inocente, equidistante —no ya sólo moralmente, sino también epistémicamente— entre la señal informativa y el receptor. Su papel como medio convierte a éste, al medio, a los medios en general, en privilegiado Señor de la verdad»⁴⁰ . No obstante advierte que ello no es suficiente para justificar la tarea periodística, que no es «sólo mediación de la actualidad o entretenimiento -aunque también pueda y deba ser esas cosas-, sino, ante todo, alumbramiento de la actualidad, no en el sentido de dar a luz, sino de poner luz en la oscuridad y en el ruido creciente de la actualidad»⁴¹. En ese sentido la verdad informativa no solo se compone de proposiciones verdaderas sino de una voluntad, bien de esclarecer algo, o de interpretar algo.

Esta idea, arraigada socialmente y entre los profesionales de la información, de que el medio es un narrador aséptico de los hechos, tiene su asiento en la llamada objetividad. La objetividad, como principio ético del periodismo, se refiere a la toma de distancia del informador respecto de la información. En sentido estricto sería una observación sin observador.

El afianzamiento de la objetividad como base del periodismo surgió como respuesta al sensacionalismo que antes y durante la Segunda Guerra Mundial, prevaleció en los medios impresos, buscando conseguir mayores ventas. En ese tipo de periodismo poco importaba si la información publicada era verdadera o no. El llamado periodismo objetivo, que se fortaleció en Estados Unidos después de finalizada la guerra, enarboló la bandera de la verdad.

Emmanuel Derieux define la objetividad informativa en los siguientes términos:

Se designa generalmente por información objetiva al relato de los acontecimientos, considerado, o que se querría que así fuera, como perfectamente conforme con la realidad de los hechos: fiel, preciso, exacto, verdadero. Para llegar a la objetividad es necesario mucho rigor y una gran atención al observar y analizar los fenómenos, efectuándose la obtención y la difusión de las informaciones de una manera casi científica. A través de esta referencia a la objetividad se desea una información justa, completa, imparcial, equilibrada, neutra, honesta, que no sea modificada por la opinión o las preferencias del informador ni del medio para el que trabaja, ni tenga otras alteraciones que las de las técnicas utilizadas⁴².

El enfoque objetivista contrapone a la información con la opinión. Para éste, el reportero no es más que un recolector y ordenador de información. Y si la información es antagonista de la opinión, el juicio es subjetivo, y por consecuencia, no cabe en la noticia. Lo que lleva a pensar en la configuración de la objetividad como un principio de abstención del juicio. En otras palabras, el informador debe de evitar discernir en aras de cumplir con su labor. Si el viejo modelo de la pirámide invertida y el responder, en el cuerpo noticioso, a una serie de preguntas básicas nos dice cómo se redacta una nota, entonces el profesional de la información se queda para sí con su perspectiva de los sucesos.

En apariencia, lo anterior tiene como propósito no influir en la opinión de los lectores. Sin embargo, la noticia "neutra" no aporta mayores elementos al receptor, porque presupone en éste un nivel de conocimiento de los antecedentes de los hechos y sus repercusiones.

Dice Dominique Wolton que:

... la información no es un dato en bruto, sino el resultado de la intervención de un individuo que, en el caos de los acontecimientos, de los hechos, decide seleccionar uno o varios y hacer de ello una información. En la palabra información está evidentemente la noción de forma y formación de la realidad. Al “informar”, el periodista contribuye a construir la “forma” y la representación de la realidad, y así es como asume su responsabilidad profesional. La información nunca es la réplica de lo real, sino una interpretación, una elección⁴³.

El jurista y sociólogo considera que «no hay información sin distanciamiento y sobre todo sin interpretación, sin mediación del trabajo del periodista. No hay información sin selección, sin censura de la realidad, sin construcción. No hay verdad de la realidad sin inserción de la información en un sistema de interpretación»⁴⁴. Para Romero, «producir una noticia es un proceso complejo que da como resultado la versión de alguien sobre un acontecimiento; pero, de ninguna manera, constituye la verdad sobre un hecho»⁴⁵. Agrega: «Acepar la existencia del sujeto desde cuyo punto de vista se decide el qué y el cómo de lo que se va a tratar es condición indispensable para formular una concepción adecuada del periodismo»⁴⁶.

Desantes plantea que no es válido decretar la imposibilidad de la objetividad, ya que «las virtudes humanas son, por axioma, tendenciales o asintóticas y la objetividad no es una excepción»⁴⁷. De igual modo Derieux: «la objetividad de que se habla es posiblemente, no tanto la garantía de la exactitud en los hechos y de su relato en la prensa, como el sentido, entre los profesionales de la información, de su responsabilidad social, la conciencia de su deber de informar, una preocupación, un método, una disposición de ánimo, una actitud profesional, una meta que alcanzar... un objetivo»⁴⁸. La verdad en la información se valida, pues, en el procedimiento.

4. Juridicidad de la verdad informativa

Del Hierro establece una relación entre los límites jurídicos y éticos de la información, a partir de cuatro principios:

1. Las normas jurídicas vigentes que regulan el ámbito informativo son en una gran parte deudoras del orden ético, del que las han incorporado. 2. Su vigencia no deviene de su carácter ético, sino de su juridicidad, es decir, de estar válidamente establecidas. 3. Esas normas jurídicas pueden y deben ser críticamente valoradas; se pueden y se deben referir a principios éticos que si están ausentes deberían incorporarse a sus contenidos para que el orden informativo fuera más justo (ético). 4. Se pueden y se deben enjuiciar éticamente las normas jurídicas, pero si el juicio resultara negativo la respuesta no es negar su carácter jurídico, sino tratar, por los cauces democráticos correspondientes, de modificarlas⁴⁹.

Dada la dificultad de juridificar la verdad informativa o la objetvidad periodística, distintos órdenes normativos aluden al término veracidad. Millán-Puelles define la veracidad como un “no mentir”. Considera que de esta forma «se invierte el modo en que procede Kant al definir la mentira como la transgresión del deber de la veracidad, aunque asimismo es cierto que también Kant se vale de una fórmula negativa cuando en él la veracidad queda identificada, como exigencia ética, con el deber de no engañar»⁵⁰. Este deber de no engañar no se salva jurídicamente con la abstención, por parte del periodista, de mentir deliberadamente sino que precisa de una acción, la acción de veracidad. Hay una diferencia entre la veracidad considerada negativamente (de no hacer) y la veracidad positiva (de hacer).

El artículo 20.1.d de la Constitución Española consagra el derecho fundamental a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El mandato ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional Español. En su sentencia de 10 de enero de 2008, el juzgado de primera instancia número 35 de Barcelona, resume con bastante fortuna la jurisprudencia española:

1º) Información veraz en el sentido del Art. 20-1-d) significa información comprobada según los cánones de profesionalidad informativa (Sent. T.C. 105/1990, de 6 de Junio); 2º) El deber de comprobación razonable de la veracidad no se satisface con la pura y genérica remisión a Jesús Carlos indeterminadas (Sent. T.C. 219/1992, de 3 de Diciembre); 3º) El concreto deber de diligencia del informador, cuyo cumplimiento permite afirmar la veracidad de lo informado, se sitúa en el amplio espacio que media entre la verificación estricta y exhaustiva de un hecho y transmisión de suposiciones, simples rumores, meras invenciones, insinuaciones insidiosas, o noticias gratuitas o infundadas (Sent. T.C. 61/2004, de 19 de Abril); y 4º) El nivel de diligencia exigible adquirirá su máxima intensidad, cuando la noticia que se divulga pueda suponer por su propio contenido un descrédito en la consideración de la persona a la que la información se refiere (Sent. T.C. 21/2000, de 31 de Enero), debiendo tenerse en cuenta la fuente que proporciona la noticia y las posibilidades reales y efectivas de contrastarla (Sent. T.C. 69/2006, de 13 de Marzo)⁵¹.

La importancia que el Tribunal concede a la veracidad en la información e, incluso, su prevalencia ocasional sobre otros derechos como los de la personalidad (honor, intimidad, propia imagen), está condicionada a la diligencia del informador:

... cuando la Constitución requiere que la información sea 'veraz' no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas, como estableciendo un deber de diligencia sobre el informador a quien se le puede y debe exigir que lo que transmite como 'hechos' haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos. De este modo, el requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia que es exigible a un profesional de la información⁵².

Explica Fernández Areal:

Esta diligencia, que se presume en el profesional de la Información a la hora de hacerla, es decir, a la hora de buscar los materiales informativos, manipularlos —en el sentido de trabajarlos profesionalmente, con la técnica adecuada y la prudencia lógica—, yredactar la noticia finalmente es la que permite a MARTÍNEZ ALBERTOS afirmar que, cuando hablamos de exigencias debidas en la persona del profesional periodista, es mejor abandonar la expresión verdad informativa para sustituirla por la de información hecha con la debida accurattio o información acurada. Recuerda MARTÍNEZ ALBERTOS, que la accurattio, ese buscar hacer bien las cosas a la hora de informar, lo que implica perseguir obsesivamente la verdad, es decir, verificar los hechos, analizar la fuente informativa para no dejarse engañar, contrastar y carear los testigos de primera mano, etc., tiene que ver con el mundo del relato, de los hechos, la 'accurattio' no es exigible en el campo del comentario, de las opiniones⁵³.

Williams se refiere a esta diligencia en los mismos términos: accuracy⁵⁴, y la considera una de las virtudes básicas de la verdad junto con la sinceridad⁵⁵.

Sin embargo, para Del Hierro, la noción de veracidad del máximo tribunal «resulta, como se ve, extremadamente laxa, pues excluye tan solo la mentira intencionada (dolosa se diría en lenguaje jurídico); todo lo demás queda bajo su paraguas protector»⁵⁶. Al respecto, de Vega considera que la veracidad es el «factor fundamental de lo que ha de ser un derecho a la información»⁵⁷, si bien admite que no será el único «en tanto que incluso la información veraz puede en teoría lesionar otros derechos fundamentales. Es decir, con la veracidad, como postulado esencial la libertad de expresión, tendría su defensa más importante aunque al final no fuera suficiente para garantizar el honor a la intimidad»⁵⁸.

Este amplio cuerpo jurisprudencial en torno a la veracidad es el resultado de un proceso dilucidador del Constitucional, en función del conflicto de derechos entre el derecho a la información y los derechos de la personalidad. Por ejemplo, en el caso de la colisión entre el primero y el derecho a la intimidad personal y familiar, «mientras la veracidad funciona, en principio, como causa legitimadora de las intromisiones en el honor, si se trata del derecho a la intimidad actúa, en principio, en sentido diverso. El criterio para determinar la legitimidad o ilegitimidad de las intromisiones en la intimidad de las personas no es el de la veracidad, sino exclusivamente el de la relevancia pública del hecho divulgado, es decir, que su comunicación a la opinión pública, aún siendo verdadera, resulte ser necesaria en función del interés público del asunto sobre el que se informa»⁵⁹. Por lo que la cuestión, en el caso de la vulneración del derecho a la intimidad, no es si lo publicado es o no veraz, «ya que, tratándose de la intimidad, la veracidad no es paliativo, sino presupuesto, en todo caso, de la lesión»⁶⁰. De modo que para que la intromisión pueda difundirse en forma legítima es preciso que lo informado «resulte de interés público, pues sólo entonces puede exigirse a aquéllos que afecta o perturba el contenido de la información que, pese a ello, la soporten en aras, precisamente, del conocimiento general y difusión de hechos y situaciones que interesan a la comunidad»⁶¹.

Fernández Areal sostiene que este criterio contradice los términos que establece la ley 2/1984 que regula el derecho de rectificación, porque otorga las personas la posibilidad de ejercitarlo en los casos en que, aun cuando los hechos narrados por el periodista fueran veraces y de relevancia pública, el afectado los considere subjetivamente inexactos⁶².

Una de las tesis jurisprudenciales donde se pone de manifiesto la idea de veracidad como límite jurídico es la del reportaje neutral, que forma parte de un amplio cuerpo doctrinal generado por el Tribunal Constitucional Español para resolver el conflicto entre algunos derechos de la personalidad como el derecho al honor o a la intimidad⁶³, y la libertad de información. La doctrina está inspirada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, en que se reconoce a los medios el derecho de difundir informaciones u opiniones que puedan resultar desagradables para los involucrados, pero que sin duda contribuyen con el debate público:

Thus, we consider this case against the background of a profound national commitment to the principle that debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open, and that it may well include vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials. See Terminiello v. Chicago, 337 U.S. 1, 4; De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353, [271] 365. The present advertisement, as an expression of grievance and protest on one of the major public issues of our time, would seem clearly to qualify for the constitutional protection. The question is whether it forfeits that protection by the falsity of some of its factual statements and by its alleged defamation of respondent⁶⁴.

Igualmente, parte de la interpretación que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del artículo 10 de la Convención Europea, en la que reflexiona sobre si un medio de información puede considerarse responsable de una intromisión ilegítima⁶⁵, por la simple reproducción de las declaraciones de un tercero. En el entendido de que dichas manifestaciones sean transmitidas tal cual, sin que el medio asuma como verdad su contenido, y, por tanto, sin que se pronuncie al respecto. El organismo comunitario señala:

... news reporting based on interviews, whether edited or not, constitutes one of the most important means whereby the press is able to play its vital role of "public watchdog" (see, for instance, the above-mentioned Observer and Guardian judgment, pp. 29-30, para. 59). The punishment of a journalist for assisting in the dissemination of statements made by another person in an interview would seriously hamper the contribution of the press to discussion of matters of public interest and should not be envisaged unless there are particularly strong reasons for doing so⁶⁶.

Una crítica recurrente al trabajo desempeñado por los tribunales al dirimir los conflictos entre el derecho a la información y los derechos de la personalidad, es que los magistrados, al no ser periodistas, asumen una función para la que no están capacitados, por ejemplo, la de valorar si un reportero actuó con la diligencia debida al recabar una información o determinar los contenidos de la noticia y de lo que se considera de interés público.

A esta crítica no le falta razón; los periodistas en el día a día conocen con mayor precisión lo que es “noticiable”, lo que resulta importante para el debate público. También es cierto que muchos magistrados miran con recelo a los informadores, al punto de valorar negativamente el menor indicio de subjetividad, inevitable en el proceso informativo.

No obstante esta opinión, que se puede compartir en lo general, tiene serias implicaciones en lo particular. Para que la evaluación del desempeño profesional del periodista pudiera recaer en sus pares, se requeriría la creación de un organismo autónomo, integrado por especialistas, con amplias facultades para conocer y resolver sobre dichos asuntos. Sin embargo lo anterior, que desde luego es saludable, no limita la garantía jurídica de las personas de acudir a los tribunales en caso de que sientan que sus derechos han sido lesionados. En ese aspecto la crítica se topa con la institución judicial como tal.

Por otra parte la indefinición de quién es periodista en muchos ordenamientos —el español como ejemplo—, hace virtualmente impráctico el que un grupo de especialistas aplique criterios a quien sea que disponga de una tribuna en un medio de comunicación. Porque ello conllevaría que el organismo se convirtiera en una especie de observatorio, que al no ser ni académico ni ciudadano (por su propia naturaleza jurídica) realizaría las funciones, no ya de vigilar la aplicación de la ley (ámbito meramente estatal), sino de vigilar el “profesionalismo” con que se conducen quienes laboran en los medios.

5. Efectos de la verdad informativa

Sobran las frases, ya recurrentes, que dan cuenta de la estrecha relación que existe ente la información y la toma de decisiones —información es poder, saber para decidir, etc—; o bien, entre la información y los procesos democratizadores. Lo han reiterado tanto juristas como politólogos, sociólogos, filósofos, etc. Dahl, en La poliarquía, considera que la variedad de fuentes informativas es una característica democrática⁶⁷.

Fernández Areal, apunta que «sólo cuando la inteligencia recibe la verdad de los hechos, puede la voluntad actuar libremente. Piénsese, por ejemplo, en el ámbito de la actuación pública y concretamente de una votación política, que dependerá casi siempre de la información de que se disponga sobre programas de partidos y personalidad de los candidatos»⁶⁸.

El derecho a la información, como derecho humano fundamental, contribuye al desarrollo de las potencialidades de la persona y su ejercicio pleno lo condiciona tanto en el ámbito público como en el privado. En esos ámbitos están las decisiones que se llamamos “vitales”, pues son éstas las que nos permiten proteger nuestros intereses y los de los demás en un marco de convivencia armónica. El ideal del liberalismo político está fundado en la capacidad de las personas para gestionar sus asuntos en la esfera de lo privado. Igualmente las teorías de ciudadanía societaria se fundamentan en la capacidad de las personas de participar en los asuntos públicos.

Barry Clarke, en su teoría post-liberal de ciudadanía, señala que «ser un ciudadano pleno significa participar tanto en la dirección de la propia vida como en la definición de algunos de sus parámetros generales; significa tener conciencia de que se actúa en y para un mundo compartido con otros y de que nuestras respectivas identidades individuales se relacionan y se crean mutuamente»⁶⁹. El derecho a la información como derecho a la información verdadera es un derecho personalísimo que se realiza en lo social. Como derecho de doble vía —que se disfruta pasivamente y se ejerce activamente— es un derecho que precisa de relaciones (persona-sociedad, sociedad-Estado), que requiere ser puesto en juego en las dinámicas sociales para poder existir.

Donati advierte que «si la sociedad diferencia y aleja las esferas en que las personas participan, ésta termina por interseccionar público y privado, local y global»⁷⁰. La construcción social requiere que la identificación —por parte de las personas— de los bienes colectivos; para ello es preciso estar informado, conocer los datos duros y las opiniones, la diversidad entre las mismas.

Ese contenido relacional del derecho a la información verdadera es evidente, también, cuando se refiere a las decisiones éticas. Las decisiones éticas, por lo tanto, solo pueden ser decisiones informadas, por cuanto necesitan ser tomadas en libertad, y esa libertad en sentido positivo está asociada a la comunicación y recepción de lo verdadero como útil.

En cuanto al papel de la verdad informativa en los procesos democratizadores, es necesario reiterar que la cadena de transmisión de información masiva está compuesta por los medios informativos, fundamentalmente por la radio y la televisión. La importancia de esta función los ha colocado como los poseedores de la arena pública. Es decir, que el debate que se da entre los distintos actores políticos y sociales sucede en los medios de información, y, para ser específicos, en las empresas informativas.

Es pertinente destacar la doble naturaleza de los medios, por un lado como un servicio público⁷¹, dado el papel que juegan en democracia, y, por el otro lado, como negocios que generan una fuerte cantidad de ingresos, lo que los hace sujetos de todo tipo de intereses. Dicha circunstancia los ha convertido en fiscales de sus propios beneficios y no en gestores de los de la sociedad, en esta idea romántica de la función de los medios tan extendida entre los periodistas. Existen casos alarmantes en el mundo acerca del papel que los empresarios mediáticos pueden llegar a jugar en las democracias modernas, con una regulación jurídica laxa en espíritu y contenido. Lo que quiere decir que los procesos democráticos no han sido exclusivamente evolucionistas, como muchos afirman, sino que han traído consigo involuciones importantes.

Después de largas etapas de subordinación de los medios al poder político, las alternancias políticas trajeron consigo una cierta independencia periodística que, por otra parte, y sin tratar de ser catastrofista, también se puede explicar a partir de la incertidumbre de los empresarios mediáticos frente a un poder que, simplemente, cambió de manos.

No obstante, ese período de independencia duró poco y dio paso a la situación actual, en que el poder político está “arrodillado” frente a los medios de información. La explicación más plausible tiene dos vertientes. Por una parte, la del dominio económico en el mundo contemporáneo, que los políticos han solapado y propiciado en su afán de conquistar el poder. En la otra cara, la permanencia de las fuerzas económicas frente a la facilidad con que los gobiernos pueden cambiar de titulares.

Ramonet considera que esa preponderancia de las fuerzas económicas obedece al desarrollo tecnológico de las comunicaciones, que ha difuminado las fronteras en los intercambios comerciales, que ha posibilitado la expansión de la información (a través de medios como Internet o la televisión satelital), pero que también ha supuesto su control. Explica que «la mundialización de intercambios de signos, en especial, se ha visto acelerada de un modo fabuloso gracias a la revolución de la informática y la comunicación. Estas, concretamente, han generado la explosión —los célebres big bang— de dos sectores, verdaderas columnas vertebrales de la sociedad moderna: los mercados financieros y las redes de información»⁷². Ambos, mercados y redes, se constituyen como un poder fáctico con fuerza suficiente para dictar la agenda de los políticos en el mundo. Incluso, en ocasiones puntuales, ese poder fáctico se transforma en un poder formal. Para Parra este es el caso español, susceptible de ser universalizado.

Una elemental mirada al panorama actual informativo en España —mirada que, en un mundo económicamente globalizado, y dada su tendencia a la expansión y a la concentración, puede hacerse extensiva universalmente, o al menos a lo que conocemos como Occidente— nos hará ver que no hay diferencias esenciales entre los grandes medios de comunicación o entre los grandes grupos de información, pese al convulso panorama actual, con cambios aparentemente revolucionarios, pero que no dejan de ser coyunturales, sin que afecten a lo esencial: el acomodo de los medios a la economía de mercado, pues al fin y al cabo también los medios conforman estructuras de economía política “obedientes” al sistema en el que se engarzan⁷³.

También está el caso italiano como emblemático de un país que eleva al máximo puesto de responsabilidad a un magnate de la comunicación como Silvio Berlusconi y esa situación lo convierte, de facto, en el dueño de la mayoría de los espacios televisivos y radiofónicos italianos, con repercusiones elocuentes. La censura ha calado hondo en los medios informativos italianos, y varios periodistas, e incluso humoristas, han perdido sus empleos por sus críticas contra el gobierno. Sirva como ejemplo lo sucedido a la humorista Sabina Guzzanti y al periodista Enzo Biagi. La primera fue retirada de la televisión pública por parodiar al presidente del gobierno y el segundo fue removido de su posición como comentarista por sus críticas al desempeño de Berlusconi⁷⁴.

Del otro lado del Atlántico, en Latinoamérica concretamente, sobran los ejemplos sobre la intervención mediática en la política de un país. En México se constituyó, desde mediados de la década de los noventa, un duopolio televisivo que ha intervenido en las decisiones políticas y los procesos electorales.

La relación de los medios mexicanos y el poder político es añeja. Los periódicos, en su momento, jugaron a favor del gobierno en turno a cambio de prebendas fiscales, créditos en la compra de papel y otros favores. De hecho se configuraron como auténticos instrumentos propagandísticos del gobernante PRI (Partido Revolucionario Institucional), para instalar en el país una “tiranía invisible”⁷⁵, como a la que han aludido teóricos como Chomsky y periodistas como Ramonet. Los medios masivos no se quedaron atrás y se definieron, de entrada, al servicio del poder político. Famosa es la frase del ex presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo al identificarse como un “soldado” del PRI.

No obstante el cambio de partido en el poder en el 2000, cuando Vicente Fox del PAN (Partido Acción Nacional) ganó las elecciones y terminó con 75 años de dominio priísta, generó enormes expectativas que no se cumplieron. Y más, el gobierno anuló, con un decretazo el 12.5% de impuesto en especie que los medios electrónicos pagaban por su condición de “concesiones” de “servicio público”. Casi al final de su sexenio, el 30 de marzo de 2006, Fox y las televisoras, a través de los legisladores del PRI y del PAN, aprobaron una polémica reforma a la radio y televisión, que concedió a los medios electrónicos la posesión de sus señales analógicas a perpetuidad, ante la convergencia digital, entre otras modificaciones que implicaban el fortalecimiento de las prácticas monopólicas y el ahogo de facto de los medios públicos.

Los medios correspondieron a esos favores con una cobertura inequitativa en las elecciones de 2006⁷⁶. Actualmente la televisión promueve la candidatura presidencial del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto⁷⁷.

La verdad informativa resulta indispensable en los procesos democratizadores. Más allá de la democracia procedimental, tan defendida en nuestros tiempos, la real participación social precisa ciudadanos informados, que ejerzan la crítica, pero que también sean actores de la vida pública.

Fernández Areal dice que «el papel que corresponde a los medios de comunicación es el de servir a sus públicos con verdad, suministrarles hechos verdaderos y ser soporte de las ideas, ofertas y opiniones de la sociedad plural en la que nacen, viven y se desarrollan. Pero no han nacido para ser ese parlamento de papel —metáfora aplicada a la prensa con no poca satisfacción de los periodistas— en que se convirtió, en épocas anormales de penuria política, la prensa española»⁷⁸. Considera que un sistema político democrático que no interfiera en el funcionamiento normal que deben tener los medios de información debe estar fragmentado, en cuanto a la concentración de posiciones políticas. Y abunda: «La concentración de poderes políticos es enemiga natural de la libertad informativa»⁷⁹. Esta reflexión es perfectamente aplicable en sentido inverso. La excesiva concentración de medios de información interfiere con el funcionamiento natural de cualquier democracia.

Ramonet advirtió, a mediados de los noventa, que los monopolios informativos, constituidos dentro de la lógica del mercado, eran incompatibles con la democracia. «Dentro del esquema industrial que han concebido los patrones de las empresas del ocio, todos constatan que la información es ante todo considerada como una mercancía y que este carácter es, con mucho, mas fuerte que la misión fundamental de los medios de comunicación: iluminar y enriquecer el debate democrático»⁸⁰.

La concentración repercute en la univocidad de las informaciones y opiniones que se difunden en el mundo. En el caso de las informaciones, estos conglomerados mediáticos, junto con las agencias informativas, producen las noticias en serie, de modo tal que una misma nota aparece todos los días en numerosas publicaciones, sin alteraciones sustantivas. La univocidad de la información, precisamente, es una de las consecuencias de esta circunstancia, que reduce del margen de contraste de la información. Si una persona compra un periódico todos los días, escucha determinada cadena de radio y ve por las noches un telediario, pero los tres medios forman parte del mismo grupo empresarial, no tendrá ninguna posibilidad de enterarse de una versión diferente de los hechos.

Sobra decir que los medios no cuentan con legitimidad ni representatividad. Su legitimidad es meramente administrativa, dado que ostentan concesiones estatales; en cuanto a su representatividad, los dueños de los medios no han sido elegidos por la sociedad para gestionar sus intereses. ¿Es posible impugnar la información que difunden los medios informativos? Queda abierta la pregunta.

La consideración del derecho a la información única y exclusivamente como potenciador del desarrollo económico, ha producido una anomalía en la comunicación de la verdad. Por esa razón conviene destacar su papel en la toma de las decisiones personales y en los, siempre inacabados, procesos democratizadores.

6. Conclusiones

1ª. La reflexión en torno a la verdad informativa es vigente, en tanto ésta constituye una posibilidad abierta, que justifica la existencia del derecho humano a la información. Sin embargo, la dificultad de establecer con claridad un concepto de la misma, significa, en los hechos, un obstáculo para el pleno disfrute de dicha prerrogativa.

2ª. La mediación humana es la única que hace posible la verdad, al dotar a las cosas de un sentido, de un significado. No conviene mantener la añeja división entre informaciones y opiniones.

3ª. La búsqueda de la verdad en la información es, indiscutiblemente, un valor del periodismo en la actualidad, no obstante, se debe precisar que los valores no son verdaderos ni falsos intrínsecamente, ya que representan un sistema personal o colectivo de creencias sobre lo “bueno” o “deseable” en la vida privada y pública. Son criterios de conducta socialmente construidos y formulados como deberes.

4ª Es obligada la revisión de los cánones éticos y jurídicos de verdad informativa, en aras de dilucidar si constituyen soluciones aceptables al problema o, por el contrario, actúan como camisas de fuerza de la tarea informativa.

5ª. El derecho a la información verdadera es requisito indispensable para el desarrollo de las potencialidades humanas, tanto en el ámbito privado como en el público.

6ª. No se puede establecer un concepto absoluto de verdad en la información, es decir, con pretensiones de validez universal, sino uno flexible, que equilibre el hecho de que la información es producto de una mediación, con la realización plena del derecho a la información

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Notas:

¹ Sánchez-Bravo Cenjor, A., Objetividad en el discurso informativo, Ediciones Pirámide, S.A, Madrid, 1978. p. 43.
² Algunos autores parecen librar una batalla contra la historia, al juzgar duramente, y a la luz de las teorías recientes, a la filosofía clásica y a la moderna, como si el estadio actual de ésta no fuera resultado de un desarrollo histórico-conceptual. Equivaldría a mofarse de Aristóteles y su descripción de los cinco elementos de la materia, con una tabla periódica en la mano.
³ Molina Flores, A., “George Simmel y la esencia de la filosofía”, en Simmel, G., Problemas Fundamentales de la Filosofía, Ediciones Espuela de Plata, Andalucía, 2006, pp. 9-14.
⁴ Williams, B., Verdad y Veracidad, Tusquets Editores, Barcelona, 2006 (primera edición en castellano). p. 15.
⁵ Kalinowski, G., El problema de la verdad en la moral y en el derecho, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1979.
⁶ Ortega y Gasset, J., “¿A qué llamamos verdad?”, en Obras Completas, vol XII, Alianza Editorial. Madrid, 1983, p. 426.
⁷ En el sentido de que si el “deber ser” de las cosas se funda en que sean verdaderas, la cosa en sí misma no puede ser otra cosa que verdad.
⁸ Platón, La República, Edición bilingüe, Traducción de José Manuel Pabón y Manuel Fernández Galiano, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, 490b.
⁹ Aristóteles., Metafísica, Libro II. 993a 19, Traducción de Hernán Zucchi, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1986, Segunda edición.
¹⁰ Descartes, R., Meditaciones metafísicas, Alianza Editorial, Madrid, 2005 (trad. De Antonio Zozaya), p. 126.
¹¹ Kant, I., Crítica de la razón pura, Alfaguara, Madrid, 1997, p. 46.
¹² Nietzsche, F. “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral”, en Antología, edición de Joan. B. Llinares Chover, Península, Barcelona, 1988, p. 45.
¹³ Idem, pp. 28-29.
¹⁴ Idem.
¹⁵ Ibidem, p. 415.
¹⁶ Zubiri, X., El hombre y la verdad, Alianza Editorial, Madrid, 1999, Primera edición, 1966. pp. 138-139.
¹⁷ Hempel, C., “La teoría de la verdad de los positivistas lógicos”, en Frápolli, M.J. y Nicolás, J.A., Teorías de la verdad en el siglo XX, Tecnos, Madrid, 1997. p. 482.
¹⁸ Tarski, A., “La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica”, en Valdés, L. (ed), La búsqueda del significado, Tecnos, Madrid, 1991. pp. 275-312. ¹⁹ Husserl, E. “El ideal de la adecuación. Evidencia y verdad”, en Investigaciones Lógicas, Alianza, Madrid, 1985. p. 333.
²⁰ Idem, p. 438.
²¹ Rescher, N., “Verdad como coherencia ideal”, en Frápolli, M.J. y Nicolás, J.A., Teorías de la verdad en el siglo XX, Tecnos, Madrid, 1997. p. 496.
²² Ibidem.
²³ Ver Pintore, A., El Derecho sin Verdad, Universidad Carlos III-Editorial Dykinson, Madrid, 2005.
²⁴ Habermas, J., “Teorías de la verdad”, en Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos, Cátedra, Madrid, 1989, p. 131.
²⁵ Ibidem.
²⁶ Serrano Gómez, E., Legitimación y racionalización: Weber y Habermas: la dimensión normativa de un orden secularizado, Anthropos Editorial, México D.F., 1994. p. 274.
²⁷ Informe de la UNESCO del 16 de agosto de 1976.
²⁸ En los apartados siguientes desarrollaremos las diferencias entre la información verdadera y la veraz, sus definiciones éticas y jurídicas.
²⁹ Fernández Areal, M, La estructura democrática de la información, Diputación de Pontevedra, 1998, p. 35.
³⁰ Parra Pujante, A., Periodismo y verdad. Filosofía de la información periodística, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2003, p. 30.
³¹ La verdad como derecho ha cobrado particular relevancia en fechas recientes, en que se ha puesto en juego con la protección de los derechos humanos. Se entiende, en un sentido, que el derecho a la verdad constituye la garantía procesal de llegar al fondo de los asuntos, para combatir la impunidad en materia de violaciones graves a los derechos fundamentales. Ello implica, entre otras cosas, que los Estados deben preservar aquella información que conduzca al esclarecimiento de los hechos en cuestión. Se reconoce así la importancia de la información para el alcance de la verdad. Ver AG/RES 2267 de la Organización de Estados Americanos sobre el Derecho a la Verdad. Aprobada el 5 de junio de 2007 por la asamblea general.
³² Artículo 20 de la Constitución Política de España, promulgada en 1978.
³³ Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991.
³⁴ Artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua, promulgada en 1987.
³⁵ Artículo 28 de la Constitución Política de Paraguay, promulgada en 1992.
³⁶ Terrou, F., La información, Oikos-tau, S.A., Barcelona, 1970, p. 7.
³⁷ Ibidem.
³⁸ Desantes Guanter, J.M., La verdad en la información, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, Valladolid, 1976. p. 26.
³⁹ Ibidem. pp. 26-27.
⁴⁰ Idem, pp. 34-35.
⁴¹ Ibidem. p. 38.
⁴² Derieux, E., Cuestiones ético-jurídicas de la Información, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1983, p. 136.
⁴³ Wolton, D., War Game: la información y la guerra, Siglo XXI, México, D.F., 1992, pp. 77-78.
⁴⁴ Ibidem. pp. 78-79.
⁴⁵ Romero, L., La realidad construida en el periodismo: reflexiones teóricas, UNAM, México, D.F., 2006, p. 12.
⁴⁶ Ibidem. p. 26.
⁴⁷ Desantes Guanter, J.M., Derecho a la información. Materiales para un sistema de la comunicación, Fundación Coso, Valencia, 2004, p. 200.
⁴⁸ Idem, p. 156.
⁴⁹ Del Hierro Aguazas, J.L., “La ética como principio y el derecho como límite”, en Benavides Delgado, J. Et. Al. Las convergencias de la comunicación: problemas y perspectivas investigadoras, Fundación General de la Universidad Complutense, Madrid, 2000.
⁵⁰ Millán-Puelles, A., El interés por la verdad, Rialp, Madrid, 1997, p. 303.
⁵¹ Sentencia 02/08 del Tribunal de Primera Instancia Número 35 de Barcelona, de 10 de enero de 2008.
⁵² STC 1/05, de 17 de enero, asunto Encarna Sánchez/COPE.
⁵³ Idem, p. 77.
⁵⁴ Aunque la traducción castellana indica “precisión”.
⁵⁵ Idem, p. 22.
⁵⁶ Idem, p. 541.
⁵⁷ De Vega Ruiz, J.A., Libertad de Expresión, Información Veraz, Juicios Paralelos, Medios de Comunicación, Editorial Universitas, S.A. Madrid, 1998, p. 95.
⁵⁸ Ibidem.
⁵⁹ STC 115/2000, del 5 de mayo de 2000, asunto Preysler.
⁶⁰ Ibidem.
⁶¹ Ibidem.
⁶² Idem, p. 159.
⁶³ Los derechos de la personalidad están reconocidos por la Constitución Española, en el artículo 18.1.
^{64 “}Por ello, consideramos que este caso contraría los antecedentes que expresan un profundo compromiso nacional con el principio según el cual el debate de los asuntos públicos debería ser desinhibido, robusto y ampliamente abierto y que debería incluir ataques vehementes, cáusticos y algunas veces desagradablemente agudos sobre los funcionarios públicos y el gobierno (ver Terminiello vs. Chicago, 337 US 1, 4, 69 S.Ct. 894, 93 L.Ed. 1131; De Jonge vs. Oregon, 299 US 353, 365, 57 S.Ct. 255, 81 L.Ed. 278). La solicitada en examen, como una expresión de reivindicación y protesta sobre uno de los mayores temas públicos de nuestro tiempo, parecería claramente calificar para la protección constitucional. La pregunta es si esta expresión pierde esa protección por la falsedad de algunas de sus afirmaciones fácticas y por la alegada difamación del demandado”. Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de 9 de marzo de 1964, New York Times vs. Sullivan.
⁶⁵ En la terminología del ordenamiento español.
^{66 “}La divulgación de noticias basada en entrevistas, estén editadas o no, constituye uno de los medios más importantes por el que la prensa puede desempeñar su papel vital de 'perro guardián público' (véase, por ejemplo, el antes mencionado caso Observer and Guardian, pp. 29-30, párrafo. 59). El castigo de un periodista por colaborar a la difusión de las declaraciones hechas por otra persona en una entrevista, obstaculizaría seriamente la contribución de la prensa con la discusión de asuntos de interés público y no debe ser considerado a menos que haya particularmente fuertes razones para hacerlo”. STEDH de 23 de septiembre de 1994, Jersild contra Dinamarca.
⁶⁷ Ver Dahl, R., La poliarquía: Participación y oposición, Tecnos, Madrid, 2002.
⁶⁸ Idem, p. 98.
⁶⁹ Barry Clarke, P., Ser ciudadano, Ediciones Sequitur, Madrid, 1996, p. 8.
⁷⁰ Donati, P., La ciudadanía societaria, Universidad de Granada, Granada, 1999. Pp. 285 y 286.
⁷¹ Sobre esta denominación, que se encuentra en los cuerpos normativos de la radio y la televisión en muchos países del mundo, entre ellos España y México, hay una fuerte polémica, dado que algunos piensan que no es un servicio público en el sentido de que deba ser de titularidad estatal, y otros consideramos que en tanto la información es pública, porque a todos concierne y a todos pertenece, los medios están a ese servicio, y más cuando se trata de la garantía de un derecho humano como lo es el derecho a la información.
⁷² Ramonet, I., “Pensamiento único y nuevos amos del mundo”, en Chomsky, N. y Ramonet, I., Cómo nos venden la moto, Icaria, Colección Más Madera, Barcelona, 2006 (21ª edición), p. 50.
⁷³ Idem, p. 110.
⁷⁴ La actriz y comediante Sabina Guzzanti realizó en 2005 un documental titulado “Viva Zapatero” en el que denuncia la falta de libertad de información en Italia durante los dos primeros gobiernos de Silvio Berlusconi.
⁷⁵ Ver Rodríguez Munguía, J., La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el poder, Debate, México, D.F., 2007.
⁷⁶ Ver Villamil, J. y Scherer Ibarra, J., La guerra sucia de 2006, los medios y los jueces, Grijalbo, México, 2007.
⁷⁷ Ver Villamil, J. Si yo fuera presidente. El reality show de peña Nieto, Grijalbo, México, 2009.
⁷⁸ Idem, pp. 42-43.
⁷⁹ Ibidem, p. 43.
⁸⁰ Idem, pp. 86-87.

* Manuel de Santiago Freda es candidato a doctor en Derecho de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (UCM); es secretario ejecutivo del grupo "Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación" de la UCM, dirigido por la profesora Pilar Cousido, y codirector de la revista electrónica Derecom, donde publicó este artículo.