La
política comunicativa de Alfonsín en Argentina
Ana
Isabel Bernal Triviño *
“Yo soy yo y mis
circunstancias.”
Ortega y Gasset
1.
Introducción
Como
añade Ortega y Gasset, un individuo
está determinado no sólo por sí
mismo; sino también por sus circunstancias. Lo
mismo sucede con los países, en función de las
decisiones que tome cualquier dignatario
político y que determina las actuaciones que se
desarrollen en ese entorno. En este sentido,
dentro de la industria cultural, la política
comunicativa es un hilo muy fino del que derivan
derechos tan fundamentales para como la libertad
de expresión y de información de toda una
sociedad. Argentina, una de las sociedades más
prósperas a comienzos del siglo XIX, ha vivido
una ajetreada política mediática en función de
cada uno de los gobiernos que han imperado en
cada etapa. Uno de esos periodos fundamentales se
produjo con el desarrollo de la política
comunicativa que desarrolló el ex presidente
Alfonsín, actualmente fallecido, en la difícil
tarea de iniciar el proceso democrático en el
país. Por lo tanto, como balance de su trabajo y
aportación a la estructura comunicativa de
Argentina, este trabajo aporta un análisis
retrospectivo de las medidas legislativas y
económicas que impuso, así como los
antecedentes con los que se encontró y las
consecuencias que se produjeron de sus
decisiones.
2.
La llegada de la democracia
La Constitución
argentina de 1853, atribuía al Congreso la
responsabilidad de organizar y regular los medios
de comunicación, responsabilidad que, en aquella
época, se refería al telégrafo y al sistema
postal. En el año y medio que transcurrió entre
la invasión de las Malvinas y las elecciones,
los partidos políticos argentinos no llegaron a
nuevos acuerdos relativos a la organización o la
regulación de los medios de comunicación bajo
la democracia, aparte de los que afirmaba la
Constitución. Durante la primera etapa de la
transición a una Administración democrática,
incluso antes de las elecciones, el público se
convirtió en un ávido consumidor de los
programas de opinión, los debates radiofónicos,
películas, libros, revistas y folletos que
hablaban de los excesos de la dictadura y de las
plataformas de los partidos políticos
enfrentados. Algunos partidos se consideraban
herederos del régimen militar y casi todos
contemplaban como única salida viable a la
dictadura la de crear alguna forma de Gobierno
junto con los militares.
Los sondeos
demostraban que la mayoría de las personas
esperaban importantes beneficios culturales del
nuevo Gobierno civil. Querían la
reapertura de las universidades públicas, la
eliminación de la censura, la autorización de
numerosos films y libros prohibidos por los
militares y cambios significativos en el
contenido de la televisión.
Con una deuda
sin precedentes, Argentina celebró elecciones
presidenciales en octubre de 1983. El ganador fue
Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical
(UCR), un partido fuerte en las elecciones,
pero débil como institución, y que estaba a mal
equipado para la práctica real de las tareas de
Gobierno. Con él volvió la democracia y se
firmaron acuerdos que impulsaron el comercio
entre los países, con un menor coste en
aranceles. Con él se creó también el MERCOSUR
(Mercado Común del Sur) y se renegoció la deuda
externa, se instauraron reformas fiscales y se
estableció una nueva moneda (la austral).
3.
Situación educativa y comunicativa. Búsqueda de
soluciones
Debido a las
restricciones educativas que impuso el régimen,
la administración de Alfonsín se
encontró con que Argentina, un país que
gozaba de un sistema de educación universal
desde comienzos de siglo, tenía cerca de 6, 5
millones de analfabetos en una población total
de 30 millones. Esa restricción hizo que la
circulación de los diarios y las revistas cayera
casi a la mitad, y la edición de libros y la
producción de películas registrasen descensos
similares.
Cuando el
gobierno civil recién elegido entró en
funciones en 1984, era heredero de un sector de
comunicaciones que consistía en numerosas
posesiones de tipo feudal: el Secretariado de
Comunicaciones (SECOM), la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENTel), la empresa nacional
de telégrafos y servicios postales, una emisora
de televisión en color, la Compañía Argentina
de Teléfono a Larga Distancia, la Oficina
Provincial de Telecomunicaciones de Entre Ríos,
numerosas cooperativas telefónicas, todas ellas
bajo el control del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, secretariado de Información
Pública (SIP) y Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER), ambos bajo el control de
la Presidencia.
La creciente
liberalización de la sociedad argentina, el
aumento de la demanda de información y el
surgimiento de voces silenciadas durante la larga
dictadura posibilitaron que los medios de
comunicación desempeñasen un papel importante,
informando a la sociedad, legitimando
determinados temas y organizando la escena
política. De modo gradual, muchas de las
historias que se mantuvieron ocultas durante el
régimen vieron la luz en los diarios. Las nuevas
tecnologías de la comunicación, en combinación
con las formas tradicionales de censura,
dificultaron al Gobierno civil y a los medios de
comunicación la construcción de una imagen
verídica del estado de la economía, la
envergadura de la deuda nacional y la suerte de
los millares de personas secuestradas, torturadas
y asesinadas por los militares. Las pruebas
habían sido destruidas o estaban almacenadas en
bancos de datos secretos y en sistemas de
información bien ocultos dentro de la burocracia
militar.
Durante la
transición, los políticos argentinos, que
durante años habían considerado a los medios
instrumentos de la propaganda gubernamental,
continuaron a utilizar esos medios, especialmente
la televisión. Los periódicos, las revistas,
las radios y los programas de televisión
argentinos no tardaron en adoptar un papel activo
en numerosos aspectos del proceso político:
discutían problemas, cubrían informativamente
asambleas políticas, daban a conocer candidatos.
En este sentido, refleja su opinión Óscar
Landi:
“En el
año 83, Alfonsín introdujo la publicidad
política televisiva y un uso sistemático de
la pantalla. La nueva mediatización de la
política se hizo desde sus propios ámbitos:
el acto, la conferencia de prensa, el mensaje
presidencial o la sesión parlamentaria.
Desde ese momento, los políticos comenzaron
a adiestrarse frente a las cámaras, pero
desde espacios institucionales que les
correspondían. (...) Alfonsín había
constituido el discurso político como
género cultural propio de la democracia,
pero con su caída pierde credibilidad su
discurso. Entonces se produce un fenómeno
relativamente inverso: la política sigue
funcionando, pero cada vez más a partir de
los géneros propios de la televisión,
disuelta o sometida a sus reglas.”
La
radiodifusión y la prensa, sin embargo, se
interesaban más por los políticos y los
partidos que estos últimos por ellas. Los
dirigentes políticos mencionaban raras veces los
medios de comunicación en sus plataformas
políticas, y raras veces anunciaban planes para
aplicar nuevas políticas de comunicación.
Precisamente, surgieron voces nuevas en el
panorama de los medios como fue el caso del
diario Página 12, que se caracterizó por
su forma, estilo y recursos; asociándose
habitualmente a la denuncia.
4.
Objetivos de la política comunicativa de
Alfonsín
En las primeras
etapas del Gobierno de Alfonsín se había
previsto que había que realizar dos cambios en
la política de comunicaciones:
- Realizar
una nueva Ley de Radiodifusión
- Reorganizar
la Administración pública del sector de
comunicaciones
Sin embargo, no
se llevó a cabo ninguno de estos objetivos
durante los primeros años de democracia. El
obstáculo era que no existía un consenso frente
al problema. Los políticos, los funcionarios, la
industria y los anunciantes tenían intereses
convergentes y divergentes. Todos ellos
compartían serias reservas acerca de la
posibilidad de nuevas normas de juego definidas
por el Congreso.
La transición
política en Argentina, después de 1983, fue
diferente de las transiciones de otras épocas.
Los políticos tenían objetivos diferentes para
los medios de comunicación. En esa época,
los políticos querían eliminar la dependencia
que existía entre los medios y los países
desarrollados, restaurar una cultura nacional y
utilizar los medios como instrumentos de
concienciación y organización política contra
las fuerzas del imperialismo y sus aliados.
Esos objetivos estaban orientados por el
Estado, y el sector público era considerado el
autor más adecuado de la política cultural. La
mayoría de los políticos excluían al sector
privado de sus políticas y sus planes, debido a
los vínculos sospechosos del sector privado con
los mercados y los inversores internacionales. De
esta forma, los acuerdos de políticas
comunicativas se basaban en pactos entre
intereses diferentes; unos acuerdos que se
producían al margen de las instituciones del
gobierno y en el marco de una estructura
industrial y comercial que cambiaba rápidamente
en el campo de las comunicaciones.
El Congreso, el
poder ejecutivo y la industria privada se
neutralizaban entre sí en la definición de
la política de comunicación y la política
cultural del país. Además, la industria
cultural mostraba indicios de estancamiento.
Cuando la Administración de Alfonsín entró en
funciones, las industrias argentinas de la radio
y, en cierta medida, la televisión mostraban
indicios de decaimiento. Durante los diez años
anteriores, el número de emisoras de televisión
había subido de 35 a 40, mientras el número
total de emisoras radiofónicas (gubernamentales
y privadas) había pasado de 148 a 155. Este
crecimiento era muy lento, tomando en
consideración la superficie y la población de
Argentina y el hecho de que el 84% de esa
población tenía acceso a la televisión y la
totalidad de la población oía la radio.
La
televisión por cable aumentaba en el
interior del país, sin embargo, la
situación jurídica era confusa. Los
responsables de la televisión por cable
reclamaban que el cable se incluyese en los
servicios regulares de radiodifusión, así
como el permiso para contratar publicidad
comercial. La industria editorial nacional
había sufrido las consecuencias de la
supresión de los impuestos sobre la
importación de libros desde 1979, y había
experimentado una fuerte caída en la
producción. Se publicaban más revistas
nacionales, pero la circulación de cada
revista iba en descenso. La producción de la
industria discográfica también bajó
durante el régimen militar debido a la
importación masiva de cassettes grabadas y
vírgenes. Aunque la demanda y las ventas de
bienes de consumo habían aumentado en el
sector de la electrónica, especialmente en
televisores en color, aparatos de video y
cassettes, la mayor parte de esos productos
eran importados. La industria electrónica
nacional, en realidad, había decrecido
durante el régimen militar. Tres factores,
sin embargo, diferenciaban la estructura
reguladora argentina: 1.- La relación
insondable entre propietarios de radios,
productores y agencias de publicidad 2.- La
maraña de la radiodifusión privada y
estatal 3.- La identificación histórica del
sector público con el gobierno en el poder.
Por ejemplo, en Argentina, aunque los canales
de televisión eran propiedad del gobierno,
no se había recursos de producción
televisiva que fuesen propiedad suya o
estuviesen subvencionados por él. Los
canales vendían o alquilaban programas
directamente a las agencias de publicidad o a
las empresas que deseaban anunciar sus
productos. Los canales de televisión
establecían el precio del tiempo de emisión
en función del volumen de ventas y de las
fórmulas de pago. Aquel sistema era
discriminatorio para los pequeños
compradores, que se veían obligados a pagar
precios más altos.
Uno de los
grandes desafíos planteados a los políticos
argentinos consistió en resolver la
neutralización mutua entre el control estatal y
el control privado en los medios de
comunicación. La solución estaba en limitar la
tendencia casi monopolista de los medios privados
y, al mismo tiempo, alentar el desarrollo de un
sistema de comunicación nacional fuerte,
apropiado tanto cultural como tecnológicamente.
El sector privado aprendió a temer los posibles
efectos, en sus actividades futuras, de una nueva
Ley de Radiodifusión o de medidas
antimonopolistas. Mientras, la derecha
tradicional contemplaba con horror el auge de la
pornografía y de aquello que consideraba la
“destrucción de los valores de la
civilización occidental.”
Después de 1983
el debate sobre los medios tuvo lugar en un
contexto radicalmente diferente. Los anteriores
objetivos habían perdido fuerza como
consecuencia de la enorme deuda exterior y otros
problemas económicos del país. Esos objetivos
fueron reemplazados por una preocupación por el
pluralismo y la protección tanto de los medios
de comunicación como de sus públicos frente a
la interferencia gubernamental. El nuevo contexto
político y económico no era precisamente
favorable al desarrollo de políticas culturales
orientadas por el Estado. Los políticos
regionales estaban preocupados por la
centralización de la comunicación y los
recursos culturales en la capital, Buenos Aires,
y por la relativa escasez de esos recursos en la
periferia.
Otros dos temas
muy debatidos a escala nacional eran la
incorporación de un nuevo tipo de radio privada
sin fines lucrativos en la radiodifusión
comercial y el papel del Congreso en el control
del flujo informativo. En referencia a lo
primero, cabe citar que desde 1983,
teniendo su culmen en 1986, hasta 1989, nacieron
alrededor de tres mil radios sin papeles, un
hecho que obligó al Estado a abrir un registro
especial y a otorgar algunos permisos a estas
radios, de las cuales unas 500 eran comunitarias.
En 1986, las iniciativas en torno a la
legislación sobre los medios de comunicación en
Argentina saltaron repentinamente a la cifra de
alrededor de veinte nuevos proyectos de ley. En
respuesta a ello, el sector privado aumentó sus
actividades defensivas (mediante campañas de
publicidad, conferencias y encuentros en el
ámbito de las comunicaciones) para proteger el
sistema de los medios privados contra posibles
intervenciones gubernamentales.
Generalmente, el
sector privado pudo trabajar conjuntamente en
defensa de sus intereses, aunque debajo del
consenso había un gran número de discrepancias.
Por ejemplo, las diferentes posturas entre los
grandes empresarios de media de Buenos Aires y
los pequeños propietarios del interior del
país, y entre las tecnologías establecidas y
las tecnologías de reciente introducción, como
la televisión por cable. Los propietarios de
media locales temían caer en manos de grandes
empresas multinacionales que utilizaban nuevas
tecnologías de comunicación.
La mayoría de
los propietarios privados se sentían amenazados
por las nuevas tecnologías. Los medios privados
tenían tanto miedo de la competencia del
gobierno como de un mercado abierto, sin
protección o regulación gubernamental.
El programa del
nuevo gobierno civil con relación a los medios
de comunicación no estaba claro. La plataforma
política del presidente Alfonsín incluía
medidas relativas a los medios: preservación de
la libertad de expresión y la libertad de
prensa, defensa de la cultura y la identidad
nacionales, y modernización del sistema de
comunicación. Su Gobierno cubrió inmediatamente
el primer objetivo, suprimiendo la censura
impuesta por el régimen militar. Los objetivos
segundo y tercero, especialmente la
modernización del sistema informativo,
implicaban la renovación de gran parte de la
infraestructura de comunicación existente en el
país. La crisis económica nacional y la
aplastante deuda exterior hacían extremadamente
difícil conseguir eso. Las mismas limitaciones
financieras obligaban al gobierno a mantener la
financiación comercial de los medios de
propiedad estatal mediante la publicidad,
limitando gravemente, con ello, el desarrollo de
una programación educativa y cultural.
Con el tiempo,
las diferentes facciones que formaban el partido
gobernante se concienciaron aún más de la
importancia de los medios de comunicación en las
campañas electorales. Por ejemplo, el gobierno
retrasó el debate en torno a una Ley de
Radiodifusión hasta después de las primeras
elecciones al Congreso, por temor a perder el
apoyo de los medios de comunicación privados. Y
es que durante todo su mandato las empresas
editoras de prensa gráfica luchaban por tener
participación el mundo de la radio y a la
televisión.
El gobierno
siguió controlando una porción
considerable de los medios de comunicación del
país: 67 emisoras radiofónicas y 17 canales de
televisión, incluyendo 3 de los 4 canales de la
capital. El control gubernamental de los medios
desempeñó un papel crucial en la actuación del
gobierno ante el intento de golpe de estado
militar en la primavera de 1987.
Una de las
medidas más importantes del nuevo gobierno en
política cultural fue atribuir la
responsabilidad de la compañía de televisión
en color argentina al Secretariado Nacional de
Cultura. El Secretariado era una estructura
modesta, con un bajo presupuesto, y
aproximadamente el 90% de sus actividades se
desarrollaba en Buenos Aires. La política
cultural del Gobierno de Alfonsín no tardó en
tener problemas. En 1984, el Secretario de
Cultura dio a conocer su plan cultural nacional
para 1984-1989, en el que expresaban
preocupaciones relativas a su nuevo cargo. Su
primera preocupación era la contradicción entre
la propiedad pública y la financiación
comercial; la segunda, las limitaciones impuestas
por el patrocinio comercial a la calidad del
contenido de la ATC (Argentina Televisora Color)
y a la veracidad de sus servicios informativos; y
la tercera, la escasez de programación para el
interior del país. La ATC era una novedad
para el Secretariado de Cultura, pero no para el
sector público. Bajo el régimen militar, la ATC
había combinado los peores elementos de la
represión y la corrupción; bajo el
Secretariado, inició una política de mayor
libertad de expresión y más alto nivel
artístico. Muchos de sus programas, sin embargo,
eran de baja calidad y, a menudo, tenían poca
aceptación pública. De esta forma, quedó
claro que el Secretariado era incapaz de
administrar una empresa de televisión en la que
las decisiones importantes relativas a la
programación eran adoptadas por el sector
privado. En agosto de 1986, la ATC dejó de ser
competencia del Secretariado y quedó sometida
directamente al secretariado de Información
Pública de la Presidencia.
Las demandas de
grupos de artistas e intelectuales, en su
mayoría actores, periodistas y profesores
universitarios, semiempleados o desempleados, se
referían a aumentos salariales y a la
estabilidad en el trabajo. Las demandas de los
empresarios de los medios se canalizaban a
través de una comisión de medios de
comunicación independiente formada por la
Asociación Argentina de Editores de Revistas, la
Asociación de Periódicos de Provincias, la
Asociación de Editores de Buenos Aires, la
Asociación de Emisoras de Radio Privadas y la
Asociación de Radiodifusión. Los empresarios
privados demostraron ser los más fuertes.
Pudieron impedir la aprobación de una ley que
hubiese concedido a los individuos el derecho a
réplica en determinadas publicaciones y
programas radiofónicos, y bloquearon una nueva
ley de doblaje que hubiese hecho aumentar los
costos de la producción televisiva. Los
propietarios privados de medios de comunicación
propusieron con éxito una serie de medidas
proteccionistas que prohibían las transmisiones,
vía satélite, desde el extranjero. Los
propietarios privados se resistían a permitir la
intervención de nuevos actores en su campo, por
ejemplo, a través de la concesión de licencias
radiofónicas a organizaciones públicas de fines
no lucrativos. El Gobierno se resistía a
permitir que parte de los recursos de
radiodifusión de propiedad estatal quedasen
sometidos a una organización pública
no-gubernamental.
Los partidos de
oposición, especialmente los partidos
peronistas, presionaron para que se abriese en el
Congreso el debate en torno a la Ley de
Radiodifusión y consideraron al presidente
responsable del retraso. La oposición dependía
casi enteramente de los medios privados para la
publicidad política y no quería perder el apoyo
de ellos sugiriendo una nueva legislación.
En cierta
medida, el papel indeciso de los partidos
políticos en la discusión sobre los medios era
consecuencia de las debilidades de los propios
partidos y de su falta de experiencia en el
ejercicio de las tareas gubernamentales y en la
utilización de los medios modernos. (Argentina
sólo había conocido diez años de gobiernos
civiles en el curso de los cincuenta años
anteriores a la toma de posesión de Alfonsín)
Después de muchos años de una actividad
política limitada, los partidos apenas empezaban
a renovar sus vínculos con las organizaciones de
base, la Iglesia, los sindicatos y las demás
fuentes de apoyo. Los partidos desarrollaban
lentamente sus propios medios dé comunicación a
través de sus militantes.
En lo
económico, el gobierno quiso frenar la
inflación reduciendo el gasto público y
lanzando el Plan Austral, que congeló precios,
tarifas de servicios y estableció una nueva
moneda, el austral, inicialmente más valiosa que
el dólar. Sin embargo, el fracaso del Plan
Austral llevó a que entre diciembre de 1983 y
abril de 1989 se perdieran miles de empleos, el
salario experimentara una drástica reducción y
unos 10 millones de habitantes – en torno al
30% de la población-quedarán virtualmente
marginados del mercado de consumo. Hubo catorce
paros generales y se realizaron saqueos a
comercios en distintos barrios de la capital y en
ciudades del interior del país.
5.
Conclusiones
Raúl Alfonsín
tuvo la dificultad de encauzar una nueva
política comunicativa en un momento tenso
políticamente tras la salida de la dictadura.
Las normas instauradas en la sociedad eran nuevas
y ello exigía en el entorno de la democracia una
apertura de los medios. Las iniciativas
impulsadas por Alfonsín se encontraron con el
obstáculo de la falta de consenso, producto
indispensable junto al diálogo en la actividad
democrática. Los medios privados no querían
perder su poder y la programación cultural tan
solo podía darse por parte del sector público.
Sin embargo, la
situación económica que atravesaba el país no
permitía el desarrollo de políticas culturales
orientadas por el Estado. Por ello, finalmente,
se establecieron en materia de comunicación
medidas que se habían extinguido con la
dictadura y que constituyen la base de la
democratización de los medios: la instauración
de la libertad de expresión y del pluralismo.
La inseguridad,
el fracaso del plan económico del Gobierno,
huelgas, saqueos, la pérdida de empleos, una
reducción de salarios y casi cerca de un 30% de
la población en índice de pobreza fueron
algunas de las consecuencias de este Gobierno. En
las elecciones de 1989, el peronista Carlos
Seúl Menem se hizo con el poder.
Mientras tanto,
en Europa, la caída del muro de Berlín
trasformó el mapa político y económico
del mundo. La globalización, las empresas
trasnacionales convocaron un nuevo orden en el
mapa mundial. Y en esas nuevas circunstancias
llegaron las ideas de privatización del
peronista Carlos Saúl Medem y su política
neoliberal, junto con una reforma basada en la
reducción de funciones y personal. A partir de
entonces, el sistema de medios de Argentina se
definiría por la irrupción de grandes masas de
capital financiero internacional, rápidos
procesos de concentración tecnológica,
deficiencia del marco regulador y ausencia de
debate sobre las comunicaciones en la sociedad
civil y los partidos políticos.
Para la
realización de este trabajo, que se integra
en una amplia investigación desarrollada en
los cursos de Doctorado de la Universidad de
Málaga sobre la política comunicativa en
Argentina, se contó con la
colaboración del profesor de la Universidad
Austral de Buenos Aires, Federico Rey Lennon.
__________
Bibliografía:
“Argentina”, en Enciclopedia
Microsoft Encarta 2003, (CD-ROM) Microsoft
Corporation, 2003
Beck, Ingrid y Rodríguez, Paula. “Menem es
capaz de hacer una reunión de gabinete de
Fechoría”, entrevista a Óscar Landi. En
http://www.lamaga.com.ar/www/area2/pgnota.asp?id
nota=5076
García Lucero, Dafne, “El periodismo de
investigación en Argentina”, en Sala de
prensa, nº27, enero 2001, Año III, Vol.2
Landi, Óscar. “Medios de comunicación,
procesos culturales y sistemas
políticos’” en Elisabeth Fox, Medios de
Comunicación y Política en América Latina: la
lucha por la democracia, Gustavo Gili,
Barcelona, 1989
Muraro, Heriberto. “Dictadura y transición
Argentina 1973-1986”, en Elisabeth Fox, Medios
de Comunicación y Política en América Latina:
la lucha por la democracia, Gustavo Gili,
Barcelona, 1989
*Ana
Isabel Bernal Triviño es licenciada y doctora en Periodismo por
la Universidad
de Málaga. Obtuvo el Diploma en
Estudios Avanzados tras terminar el programa de
doctorado “La globalización en el espacio
cultural iberoamericano”, dedicado a las
políticas comunicativas de América Latina.
Actualmente acaba de publicar un libro
relacionado con su tesis doctoral, Los nuevos
medios de comunicación y los jóvenes. Una
aproximación al modelo ideal del medio.
Trabaja para el grupo de investigación Labcom, de la
Universidad de Málaga y colabora en diversos
medios españoles. Esta es
su primera colaboración para Sala de Prensa.
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