Estado de la libertad de expresión
en Nicaragua (2007- 2008)

1.- Introducción

Uno de los elementos esenciales que define a una sociedad como Democracia en el siglo XXI es la existencia de un estado permanente de comunicación¹. Es decir, de diálogo. Para que ello ocurra es necesario que prevalezca la Libertad de Expresión, que en nuestra Constitución Política se define como el derecho que tiene cada nicaragüense de expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio². Nicaragua se define como una Democracia representativa y participativa.

La libertad de expresión ha sido un tema central en la historia de Nicaragua. Sobre todo desde el siglo XX. La larga y cruenta lucha contra el régimen de la familia Somoza no fue otro que una saga por la libertad de expresión, pues ésta se negaba sistemáticamente, y por distintas vías, a quienes eran calificados como opositores al régimen. Luego siguió otra compleja etapa, la de los ochenta. La agresión externa y la creciente polarización interna desembocaron en una guerra civil, en la que cada bando proclamaba un discurso por la democracia y las libertades, entre ellas la de expresión. La década de los noventa fue una de las pocas oportunidades en un siglo de construir un estado de libertad de expresión, por ser una época de desarme bélico, pacificación, pluripartidismo y fortalecimiento de una incipiente institucionalidad democrática.

El retorno al gobierno del comandante Daniel Ortega, con el 38 % de los votos válidos sufragados en 2006 supuso un momento de expectativa, aunque algunos sectores de la vida nacional subrayaron durante la campaña que este candidato presidencial era “el mismo hombre autoritario y anti-democrático de los años ochenta”. Ortega, por su lado, se presentaba como el candidato de la reconciliación y unidad nacional. Había suscrito la Declaración de Chapultepec durante la campaña electoral ganada por el ingeniero Enrique Bolaños en 2001, y durante la jornada del 2006 había reiterado que su gobierno sería respetuoso de la libertad de expresión en todas sus manifestaciones.

Dos años después de iniciado el segundo mandato del presidente Ortega, elObservatorio de Medios de Comunicación de CINCO considera pertinente evaluar el estado de la libertad de expresión en esta Nicaragua que inicia el siglo XXI, por tratarse de un momento más que apropiado para ensayar los avances, logros, retos y amenazas de este derecho fundamental. De su estado de salud depende, en gran medida, la calidad de la democracia nicaragüense y sus perspectivas a mediano y largo plazo.

¿Cuál es la situación de la libertad de expresión en Nicaragua? ¿En qué se ha avanzado entre 2007 y 2008? ¿A qué retos se enfrenta la sociedad nicaragüense para que este derecho fundamental se fortalezca? ¿Dónde están las principales amenazas para la libertad de expresión? ¿Cuál es el rol que han jugado el gobierno, los medios de comunicación y periodistas en el campo de la libertad de expresión? ¿Dónde se encuentran las oportunidades estratégicas para la libertad de expresión? Son algunas de las interrogantes que el Observatorio de Medios se propone atender, con el fin de ofrecer una herramienta para una reflexión individual y colectiva, abierta y en voz alta, tanto de las autoridades como de los medios y periodistas del país.

2.- Unidades de análisis

2.1.- La estrategia de comunicación del gobierno de reconciliación y unidad nacional

En enero de 2007 comenzó a circular de manera restringida primero y abierta después, porque distintas personas y medios de comunicación – sobre todo el diario La Prensa – colgaron en sus portales, la propuesta de estrategia de comunicación del gobierno del presidente Daniel Ortega, al que definía como la “evolución de la revolución (popular sandinista, de los años ochenta)”. Dicho documento establecía que “el pueblo es el corazón de nuestro proyecto, y el protagonista, por lo tanto, de nuestra Estrategia”. Se proponía con sus resultados “ser recordados como promotores y realizadores de una verdadera revolución en paz (…) Una revolución verdaderamente democrática, porque habrá devuelto la justicia, el poder y el bienestar a la ciudadanía, mediante el ejercicio de la Democracia Directa…”

¿Qué proponía la estrategia de este proyecto político? “No es otro que cambiar las estructuras de poder en Nicaragua. Es decir, devolver la justicia, el poder y el bienestar al pueblo”.

En aquél momento el documento se adelantaba en el tiempo. Decía que “la prensa de la derecha hará fuerte oposición de nuestro proyecto y montará campaña de desinformación en torno a éste”.

El plan de acción afirmaba que desde el gobierno se establecería la agenda, algo que el documento define como “discutir los temas que queremos que se discutan. Nosotros delimitamos el terreno de la discusión y procuramos que los demás discutan esa Agenda”.

La estrategia gubernamental

Para esto recomienda desarrollar once acápites, entre los cuales destacan:

1.- Elaborar un calendario de todas las actividades importantes y “programar el manejo comunicacional”.

2.- Desarrollar un programa semanal por radio y televisión en el que interactuarían los líderes del gobierno y sectores de la población porque se considera “indispensable crear un estilo de trabajo (y de comunicación) de todo-terreno”. Este programa se ha llamado “¡El pueblo Presidente!”

3.- Diseño de imagen y gráfica única.

4.- Comunicación pedagógica, que significa que “algún vocero o autoridad debe explicar en un lenguaje sencillo, didáctico y con énfasis en valores, el tema de que se trate”.

5.- Comunicar logros.

6.- Imagen internacional. Sobre todo propone aprovechar las fotografías e imágenes de los líderes del gobierno en eventos externos. La argumentación es que “más aporta al proceso unas fotografías importantes (…) que un reportaje lleno de distorsiones, prejuicios y errores”.

7.- Prensa nacional. “Nuestra relación con los medios será de presentación de ideas y propuestas importantes, de ejes de trabajo, de proyectos, y lo haremos de forma sencilla, no técnica, enfatizando valores, creando una nueva conciencia (…) Vamos a usar nuestros medios, para que nuestra información salga incontaminada, directa”.

8. Capacitación de vocerías para enfrentar satisfactoriamente a los medios de comunicación. “Para mejorar su actuación como comunicadores, especialmente en TV”.

9.- Transmitir entusiasmo. “Hay que transmitir seguridad, confianza y fe (desde las creencias religiosas)”.

10.- Registro audiovisual. “Esto nos va a ser útil para hacer documentales temáticos. Y especialmente útil al final del periodo, cuando enfrentemos un nuevo proceso electoral”.

11.- Campaña publicitaria (…) “en torno al contenido temático de ¡Unida, Nicaragua Triunfa! (…) que ponga el acento en el cumplimiento de los compromisos (…) La campaña cierra con la idea que la Nación necesita de todos”.

La estrategia de comunicación fue recibida con expectativa y hasta con sorpresa. Con expectativa porque había gran interés en conocer cómo el nuevo gobierno se relacionaría con los medios y periodistas después de entrar en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, LAIP, y su reglamento. Si habría correspondencia entre el candidato Daniel Ortega, que firmó la Declaración de Chapultepec³, una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y que había reiterado durante la campaña electoral del 2006 que habría en el país total respeto hacia la libertad de expresión. Esto después de conocerse que el ahora ex diputado Bayardo Arce – licenciado en Periodismo – había impulsado una reforma al artículo 68 de la Constitución en la legislatura del 2005, mediante la cual se comenzó a regular la irrestricta exoneración de pago de impuestos a los medios que importan insumos para su producción informativa.

Otro elemento que provocó expectación fue entender cómo se administrarían los fondos del gobierno dirigidos a la publicidad. El balance de los gobiernos anteriores es que había prevalecido en buena medida el criterio de emplear estos dineros bajo la concepción premio-castigo. El anuncio del nuevo gobierno fue que los centralizaría bajo la égida de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía para racionalizar su buen uso, bajo criterios de efectividad.

Con sorpresa porque la circulación del documento fue inicialmente restringida a un círculo selecto de personas. Se volvió masiva en la medida que algunas de estas personas las remitieron a sus contactos y porque algunos medios, (La Prensa y la Revista Medios y Mensajes) la pusieron en sus portales para quien quisiera consultarla. También porque el documento contiene elementos llamativos, para enterarnos que la propuesta final es un cambio de las estructuras del Estado, que la intención es controlar la agenda informativa a través de sus propios medios de comunicación para evitar que la información del interés gubernamental se “contamine”, y que la batalla en los medios se daría entre aquéllos que garantizarían la pureza informativa y los de la “derecha”.

El acceso a la información

Para los medios de comunicación que mantienen una postura crítica sobre el proyecto político del gobierno, el acápite siete de la estrategia es uno de los que ha recibido mayor atención. Su apreciación es que habido poca presentación de ideas y propuestas importantes en estos dos años, pero sí importantes restricciones al trabajo periodístico al no actuar la gran mayoría de funcionarios de alto rango como los voceros que se propone el punto ocho.

Desde esta perspectiva, lo más abundante en el comportamiento gubernamental ha sido el manejo altamente discrecional de la información, el sigilo rayano en el secretismo, el bloqueo de fuentes gubernamentales, la prohibición explícita para que ciertos periodistas puedan tener acceso a instituciones del Estado, la exclusión de medios y periodistas de eventos oficiales, y el silencio ante solicitudes básicas de información.

Temas como la ayuda venezolana, la agenda del presidente (algunas actividades se dan a conocer relativamente poco antes de que ocurran, sobre todo los viajes del primer mandatario, que usualmente se dan por la noche), las verdaderas razones para la fusión de la vivienda particular, la casa del partido y la sede del gobierno nacional en un mismo predio, los criterios para decidir sobre el presupuesto para comunicar gráfica y audiovisualmente los avances y logros del gobierno, las razones para que miembros del gabinete presidencial estén silentes y evadiendo a la prensa, el elocuente silencio de la casi totalidad de ex funcionarios despedidos después de haber tenido algún contacto con la prensa, la prohibición expresa para que se permita el ingreso de ciertos periodistas a entidades del Estado, la forma selectiva de decidir quiénes podrán asistir y quiénes no a las actividades del Presidente, y la consabida respuesta en la oficina de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía: “dígame, qué es lo que desea saber. Le vamos a devolver llamada” (en la inmensa mayoría de los casos no hay respuesta), son ejemplos de lo anterior.

También extrañan un diálogo entre las principales cabezas del gobierno – comenzando por el presidente Ortega – y el periodismo. Algo que no ocurre con los medios afines al gobierno, que usualmente son el escenario por el que desfilan rutinariamente los altos cargos del gobierno y del partido. Una de las pocas entrevistas que ha permitido el presidente Ortega la concedió a una televisora rusa, luego de que Nicaragua se uniera a Rusia y Hamas como los únicos en el mundo en reconocer a Osetia del Sur y Abjasia como nuevas repúblicas. El presidente Ortega también brindó en Rusia una conferencia de prensa. En Nicaragua, el presidente Ortega ha evitado dicho ejercicio y las pocas veces que ha comparecido ha sido bajo estricto control del escenario.

Coincide la crítica en que el gobierno muestra un importante déficit para comunicar sus logros y para comunicar pedagógicamente. Sobre todo durante la campaña electoral municipal del 2008, que mostró altos niveles de polarización y agresiones de diversa índole en contra de medios y periodistas calificados como de “derecha” y de “la oligarquía”. Las distancias comenzaron a ser marcadas por el presidente Daniel Ortega desde el 2007, cuando entre otros calificativos definió a los medios y periodistas como “hijos de Goebbels”.

Investigaciones sobre corrupción: un test

El reportaje televisivo sobre Caso Tola presentado en Esta Semana (junio 2007) se convirtió en la primera denuncia periodística en poner a prueba la estrategia de comunicación gubernamental, que en el acápite de los Frentes altamente sensibles dice lo siguiente: “2.- Corrupción (…) debemos posicionarnos (…) como un nuevo sistema ético, transparente y limpio. Un solo caso emblemático provocaría una mancha muy, pero muy difícil de borrar (…) Durante cinco años la lupa estará sobre Nicaragua (…) Ello (…) nos obliga a ser inflexibles y sumamente cautos, en términos de cortar de raíz y en cuanto asome cualquier brote de corrupción evitando así tener que dar explicaciones posteriores sobre el conocimiento que se tenía o no del fenómeno (…) Es decir cualquier esfuerzo que se haga por fiscalizar y controlar es poco (...) De igual forma un castigo ejemplar en algún caso que se produzca, dará las señales que debemos dar en torno al tema.”

La reacción del gobierno a la denuncia de que su propuesto Cónsul en Liberia (Costa Rica) había solicitado cuatro millones de dólares a un inversionista para solucionarle en una corte de Rivas un problema de litigio de tierras, fue denigrar sistemáticamente por meses, en la radio y la televisión propiedad de la familia presidencial, a Carlos F. Chamorro, director de Esta Semana, programa que difundió la denuncia por televisión. Al final, el castigo ejemplar fue en contra del político opositor Alejandro Bolaños Davis, a quien el Consejo Supremo Electoral le retiró su escaño en la Asamblea Nacional luego de que este apoyara la denuncia y solicitara una investigación, y de su yerno Armel González, a quien el cuadro sandinista le solicitó el dinero. González fue condenado por injurias y calumnias.

Otra situación en la que el gobierno fue incapaz de cumplir con lo enunciado en su estrategia de comunicación fue el Caso TECNOSA, en el que El Nuevo Diario denunció que el gobierno no cumplía con la Ley de Contrataciones del Estado en un proyecto destinado a construir viviendas para familias de bajos ingresos. No sólo eso, alguien en el gobierno había seleccionado a una empresa propiedad de familiares muy próximos al Tesorero del FSLN, quien a la misma vez es Presidente de la estatal PETRONIC, Vicepresidente de la sociedad venezolana-nicaragüense ALBANICSA, y representante del gobierno en la Junta Directiva de la empresa UNION FENOSA.

Distintos miembros del gabinete mintieron al tratar de explicar el origen de los fondos (que un día provenían de Venezuela y otro de los fondos del INSS y luego de la Caja Rural Nacional, CARUNA) y las razones para elegir a TECNOSA para construir dichas viviendas. Lo único que quedó claro es que se habían empleado los fondos de los asegurados para costear un proyecto con características partidarias.

Los medios afines al gobierno, han enfatizado un discurso en el que ubican al gobierno como víctima de una conspiración internacional ejecutada por distintos actores locales, entre ellos medios de comunicación y periodistas, para desprestigiar su imagen y dañar la figura del presidente Ortega. Desde esta perspectiva las acciones del gobierno y del partido de gobierno son reacciones defensivas en contra de una agresión altamente orquestada. Destacan en esta premisa tres ejes: no comparecer ante medios de la “derecha”, no publicitar al gobierno en tales medios, y criticarlos abierta y fuertemente por todos los medios posibles.

La agenda oficial

Es importante destacar que el gobierno ha tenido éxito al lograr que los medios acojan temas de su agenda que le han interesado en distintos momentos. Dado que la búsqueda ávida de declaraciones sigue siendo fuerte en distintos medios, el gobierno ha aprovechado para que periodistas que dan cobertura a temas de la política sintonicen la televisión y radios en las que comparecen el presidente Ortega, su esposa Rosario Murillo, otros funcionarios y aliados.

El gobierno ha logrado insertar en algunos medios televisivos, bajo contrato comercial, los contenidos del programa “¡El pueblo Presidente!”, dedicado a las comparecencias públicas del presidente Ortega. Dicho programa ha servido para presentar a nuevos embajadores, firmar convenios, anunciar políticas de gobierno, reclamar a gobiernos locales, criticar a rivales políticos y también a “los medios de la oligarquía”. Igualmente para insertar en el vocabulario de los medios y periodistas conceptos como Pueblo Presidente, Poder Ciudadano, Consejos del Poder Ciudadano, Gabinetes del Poder Ciudadano, Democracia Directa.

Otro logro del gobierno en este campo es la identidad gráfica marcada por colores, tipografías, emblemas y logotipos. También la escenografía y la manera cómo la Presidencia organiza sus actividades públicas.

Sin embargo, está en deuda en cuanto a garantizar vocerías de calidad, con un discurso pedagógico y ético; y un trato con los medios en el que haya sobre todo “presentación de ideas y propuestas importantes, de ejes de trabajo, de proyectos, y lo haremos de forma sencilla, no técnica, enfatizando valores, creando una nueva conciencia”.

La publicidad estatal

El 22 de enero de 2007, durante una conferencia de prensa, la primera dama, Rosario Murillo, ofreció su total apoyo publicitario a varios periodistas y directores de medios radiales en su mayoría, pero que la distribución de la misma sería anunciada cuando estuviera definida la Estrategia de Comunicación del nuevo Gobierno.

En un inicio la actitud de los periodistas radiales fue optimista. Muchos tenían la esperanza de recibir igual o mayor publicidad que de los gobiernos anteriores, sobre todo porque tomaron la palabra a la Secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo que la distribución publicitaria sería “equitativa”.

El 29 de enero, la poeta Rosario Murillo, por medio de una misiva dirigida al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, expuso que toda publicidad y propaganda sería autorizada por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia de la República, y que esta quedaba congelada para todos los ministerios. Además el documento en su inciso “C” señala que sólo con su autorización se podía aprobar la propaganda y publicidad.

Esta situación obligó a que el Consejo de Comunicación y Ciudanía de la Presidencia de la República, firmara el 1 de marzo, un convenio con el Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN). En su numeral 2 reafirma que la “distribución justa de la publicidad estatal para los pequeños y medianos empresarios de radio, prensa escrita, programas de televisión y medios electrónicos a nivel nacional”.

Una resolución de la SIP en marzo del mismo año, ratificó el malestar expresado por los periodistas nicaragüenses de utilizar la distribución de la publicidad oficial como vehículo para privilegiar o castigar a los medios de comunicación y para influir sus decisiones editoriales y políticas informativas.

Un estudio de la compañía centroamericana MEDIA GURÚ -que lleva un balance de todos los anunciantes, publicado en el Semanario CONFIDENCIAL No. 589 y No. 590- reflejó que la entrega publicitaria del gobierno a CPN, resultó simbólica comparado a los US$ 3,672,000.00 dólares que gastó en 2007. Según un monitoreo de anuncios realizado por Confidencial y Esta Semana, el 80% de este gasto es en TV principalmente en el canal 4, manejado por la familia del Presidente.

Según proyecciones realizadas por Confidencial y Esta Semana, basadas en el monitoreo de los primeros meses del 2,008, y agregando una estimación del gasto en rótulos de carreteras, el presupuesto de la publicidad estatal en el 2,008 podría haber superado los 10 millones de dólares.

El 27 de octubre de 2008, previo a las elecciones municipales, nuevas investigaciones periodísticas de Esta Semana, Confidencial y El Nuevo Diario, revelaron que de marzo 2007-2008, solo ENEL pagó más de 4 millones de córdobas en concepto de “spot” (anuncios) publicitarios al Canal 4 de televisión, y a las radios Ya y Sandino. Los medios cuestionaron la entrega publicitaria millonaria de esta institución a los medios afines al gobierno, la falta de control de la CGR sobre su entrega y la inexistencia de publicidad a favor de esta institución, a través de los medios aludidos.

Los medios también señalaron que gran parte de los recursos publicitarios eran para “hacerle culto” a la imagen del presidente Daniel Ortega.

Dirigentes de la Unión de Periodista de Nicaragua y Asociación de Periodista de Nicaragua calificaron dicha política como publicitaria “centralista” e “inmoral” y de pretender disfrazar propaganda partidaria con falsa publicidad y que este” derroche publicitario” evidenciaba el doble discurso sobre la austeridad del gobierno.

En resumen, el gobierno está en deuda con su propia estrategia de comunicación. La información no fluye democráticamente desde las instancias del gobierno, iniciando por la Presidencia de la República. La tónica es guardar silencio y, cuando ello no es posible, se reacciona agresivamente y sin responder los cuestionamientos de fondo. La estrategia prevaleciente es comparecer únicamente en medios considerados afines, donde no ha habido cuestionamiento alguno. Lo que coloca al gobierno en deuda con una pieza legislativa sumamente importante para la calidad de vida democrática en tiempos contemporáneos: la Ley de Acceso a la Información Pública, LAIP, la que entró en vigencia al inicio del gobierno actual.

2.2.- Elementos jurídicos del contexto

Nicaragua cuenta con un marco jurídico que garantiza el derecho de la gente a saber y demanda un ejercicio responsable de la comunicación social. La Constitución Política contempla el derecho a la libertad de expresión, a la información veraz y demanda un ejercicio responsable de la comunicación social. Seis pactos, convenciones y tratados internacionales reconocidos por el Estado de Nicaragua fortalecen dicho marco. Al nivel local lo complementan piezas importantes como el Código Penal, Código Procesal Penal y Código de la Niñez y Adolescencia, ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Electoral y Ley de Emergencia. Otras leyes son la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, Ley de Defensa de los Consumidores, Ley de Participación Ciudadana, Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley General de Salud, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley de Medicamentos y Farmacias, Ley de Justicia Tributaria y Comercial, Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución Política, Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el Sida.

Sin embargo, es relevante decir que a pesar de tanta regulación el país no cuenta con una Ley General de Medios de Comunicación. La última que hubo se aprobó en los últimos meses del primer gobierno sandinista y se derogó antes de que Violeta de Chamorro tomara el poder, en abril de 1990.

Ley de Acceso a la información pública

El viernes 27 de junio de 2007 La Gaceta publicó la Ley No.621, Ley de Acceso a la Información Pública, LAIP, que tiene por objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Para ello cada entidad comprendida en la ley deberá crear una Oficina de Acceso a la Información Pública.

El artículo 46 se convirtió inmediatamente en la manzana de la discordia. La segunda parte del mismo establece que “el ejercicio de este derecho de acceso (a la información) se realizará de manera responsable, proveyendo información de interés público a la colectividad de carácter completo, veraz, adecuadamente investigada y contrastada con las fuentes que sean convenientes y oportunas”.

La crítica fue respondida por el diputado liberal José Pallais, a la sazón presidente de la Comisión de Justicia y uno de los diseñadores y promotores del proyecto de ley en la Asamblea Nacional. “Esto no es un invento de la Asamblea Nacional, es un artículo contemplado en la ley modelo (de la Organización de Estados Americanos) que inspira a todos los países miembros del sistema interamericano. No trata de regular, porque no establece ninguna obligación coercitiva, es decir que no hay ninguna coerción que sancione a quien no cumpla con esa norma”.

La Fundación Violeta de Chamorro, que cuenta con un monitoreo de LAIP indica que hay problemas pero también avances. Entre mayo y septiembre del 2008 hubo 13 solicitudes de información pública y la única entidad que respondió en tiempo y forma fue el no gubernamental Movimiento por Nicaragua. La Asamblea Nacional, Ministerio de Salud, Instituto Nicaragüense de Energía y el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, “respondieron en tiempo pero parcialmente”. El Instituto Nicaragüense de Cultura, la Dirección General de Aduanas, el MINSA y el Ministerio de Hacienda no atendieron las solicitudes presentadas. La Contraloría General denegó una solicitud.

El balance general del año, según esta misma fundación, fue el siguiente: De 24 solicitudes presentadas por periodistas sólo el 12.5 % fueron atendidas en tiempo y forma. Un porcentaje similar concluyó en denegatoria. El 33 por ciento no tuvo respuesta alguna, y el 21 % finalizó con una entrega parcial de información⁴.

El gobierno no ha presentado un balance sobre LAIP. Tampoco ha informado cómo avanza la creación de Oficinas LAIP. Hasta ahora, no ha dedicado un presupuesto específico para la instauración de dichas oficinas. Instituciones como la Asamblea Nacional ya cuentan con una oficina de este tipo, así como Inifom, numerosas alcaldías, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La mayoría todavía dependen de sus estructuras de relaciones con medios y periodistas para ello.

El año 2009 comienza con un clima de crisis económica. El gobierno anunció un paquete de medidas destinadas a recortar el presupuesto nacional y para procurar ahorrar todo lo posible. En semejante panorama, lo peor que podría ocurrir es que las instituciones del estado continúen experimentando dificultades para afrontar las demandas establecidas en LAIP.

Ley Arce

La Ley de reformas y adiciones a la Ley 453, Ley de equidad fiscal, Ley No. 528, aprobada el 15 de marzo del 2005 y publicada en diario oficial La Gaceta No. 104, del 31 de mayo de 2005, modificó el régimen de exención fiscal plena de que gozaban los medios de comunicación.

El artículo 68 de la Constitución política reformada en el 2001 establecía que “la importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos (…) estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales.

El artículo 17 de la Ley 528 establece que ahora “la importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos en especial los locales y comunitarios, estará exenta de Impuestos Fiscales, atendiendo los siguientes criterios: 1.- Los grandes contribuyentes tienen derecho hasta un 2.5 % sobre sus ingresos brutos declarados del periodo fiscal anterior. 2.- Los demás contribuyentes tendrán derecho hasta un 5 % sobre los Ingresos Brutos declarados del periodo fiscal anterior”.

Aunque esta reforma legislativa es previa al segundo mandato del comandante Daniel Ortega, se debe destacar que su “paternidad” es sandinista, y de alguna manera esta pieza legislativa, también conocida como la Ley Arce (por Bayardo Arce), sentó un cierto tono para cuando llegó el momento de relevar en el gobierno al presidente Enrique Bolaños, quien había vetado parcialmente la Ley No. 528 pero luego la mandó a publicar y a la vez propuso que la Asamblea Nacional discutiese y aprobase con urgencia una Ley de promoción y protección a los Medios de comunicación social. Tal moción no prosperó, pero la Ley Arce, está aplicándose.

Desde antes, pero de manera especial desde 2007, la posición del gobierno ha sido que los medios de comunicación, sobre todo los medios más grandes y los considerados opositores al gobierno, no pagan impuestos. Tal aseveración es falsa. Todos los medios, chicos, medianos y grandes enteran distintos tipos de impuestos locales y nacionales. El único impuesto exonerado ha sido el relativo a las importaciones contempladas en el artículo 68. Pero voceros del gobierno han reiterado su argumento.

Por contradecir el texto y espíritu de la Constitución y por ser falso que los medios no paguen impuestos varios medios de comunicación, La Prensa, El Nuevo Diario, Canal 8, Canal 10, Canal 2, introdujeron un recurso por inconstitucionalidad de la Ley Arce. La Corte Suprema acogió dicho recurso pero todavía no emite un fallo después de casi dos años de mantenerlo engavetado.

Ley general de telecomunicaciones y servicios postales

Los días de la Ley No. 200, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, están contados, será sustituida en el futuro próximo por una nueva propuesta que en estos momentos prepara en TELCOR. La actual supuso tensiones para las televisoras abiertas y radios, en la medida que sus licencias se vencían. El temor se originaba en la decisión del presidente venezolano Hugo Chávez, cuyo gobierno no renovó la licencia de la empresa RCTV, considerada de oposición al régimen bolivariano y pro-golpista. Varios consideraron que la medida podría replicarse en Nicaragua. También en la tensión que se acumulaba entre el gobierno del presidente Ortega, amigo de Chávez, y los medios de comunicación considerados opositores. La Asamblea Nacional terció en el asunto al decidir que todos los medios radioeléctricos continuarán funcionando hasta que exista una nueva ley que regule la materia.

La decisión de la Asamblea Nacional fue comentada desde distintos ángulos. El doctor Jesús Miguel Blandón, de la Unión Nacional de Radiodifusores, dijo al diario La Prensa que la prórroga indefinida para las licencias de radio y televisión dictada por la Asamblea Nacional fue políticamente la decisión más adecuada, porque existía un clima de ansiedad y nerviosismo en los medios de comunicación cuyas licencias no habían sido renovadas.

“Lo que cabía era una renovación por un período de cinco años, porque con la prórroga las licencias quedan sujetas a la eventualidad de que una ley de telecomunicaciones y servicios postales se apruebe pronto o un poco después”, fue el comentario del profesor Guillermo Rothschuh Villanueva a El Nuevo Diario del 19 de septiembre del 2008, en alusión a que en ese impasse los diputados pueden maniobrar para establecer nuevos controles o requisitos para obtener la licencia.

La actual ley considera que las telecomunicaciones son un servicio público. Lo que implica que a ellas se tiene acceso, uso y disfrute sólo mediante pagos. Ello ha dejado fuera de la participación real a buena parte de la sociedad, que sobrevive con dos o menos dólares cada día. La concepción contemporánea determina que democracia y comunicaciones son conceptos intercambiables. El hecho determinante sobre la existencia o no de la democracia en el siglo XXI inicia con la posibilidad real de que la ciudadanía pueda acceder soberanamente a todas las formas de comunicación, entre ellas las telecomunicaciones. Si la nueva legislación realmente desea apostar a la democratización del país, debe ser definida a partir de la noción que las telecomunicaciones son un derecho humano.

Nuevo Código Penal

Desde mediados del 2007 ha entrado en vigencia un nuevo Código Penal. El mismo ya fue aplicado en par de ocasiones en juicios promovidos en contra del Ing. Jaime Chamorro, Director y Lic. Eduardo Enríquez Jefe de Redacción del diario La Prensa.

En el primer caso cinco mujeres integrantes de los Consejos del Poder Ciudadano se sintieron perjudicas por una información publicada el 20 de diciembre de 2007 y titulada “CPC con licencia para dar golpizas”. Demandaron a ambos funcionarios por calumnia (Arto. 169.- El que por cualquier medio haga a otro la imputación falsa de un hecho personal concreto que en la ley esté penado como delito y que pueda perseguirse de oficio, comete el delito de calumnia). Según las querellantes, como resultado de esa publicación se les había causado daños a su honorabilidad, pues desde entonces sus vecinos las llamaban pandilleras. Ninguna fue mencionada en ese reporte, condición básica para iniciar la querella. Al final el juez condenó a La Prensa por injurias (Arto. 173.- El que por cualquier medio ataque el honor, la reputación o la dignidad de una persona, o dé a conocer sus faltas o vicios puramente privados o domésticos, o que por su carácter deshonroso o inmoral sean susceptibles de exponerlo a la animadversión, al odio, al ridículo o al menosprecio público, cometerá el delito de injurias).

La segunda condena se dio el 14 de noviembre de 2008. El juez falló en contra del Director de La Prensa por una querella presentada por los hijos de Ruth Herrera, Directora de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados. Meses antes, La Prensa había publicado que los dos hijos de Herrera usaban vehículos de ENACAL con fines particulares.

A lo largo de ambos juicios, medios de comunicación progubernamentales difundieron profusamente una campaña en la que se acusaba al ingeniero Jaime Chamorro de enriquecerse ilícitamente con millones de dólares después que el Banco Central emitiera certificados negociables de inversión para cubrir la irregular y hasta fraudulenta quiebra de seis bancos privados durante el gobierno del presidente Arnoldo Alemán. Paralelamente, personas identificadas como de los CPC copaban las entradas a la sala de juicios para “repudiar” a los acusados. Curiosamente, a pesar de ser sorteados, ambas causas fueron a caer a manos de jueces identificados con el FSLN.

Para La Prensa y otros observadores, ambos juicios tenían la intención de atemorizar a los medios que se atrevieran a criticar al gobierno pero sobre todo a una de sus creaciones predilectas: los CPC, que nacieron en medio del primer choque entre gobierno y oposición en la Asamblea Nacional. La impresión dejada por los fallos es que el Poder Judicial está bajo el control del gobierno.

Otra evidencia de lo anterior fue la excarcelación del asesino del comentarista Carlos Guadamuz, en febrero de 2008. El Poder Judicial acogió un dictamen forense firmado por un médico, que es a la vez militante sandinista y funcionario policial, para decidir que William Hurtado moriría si no se le enviaba a régimen de convivencia familiar. A finales del año se conoció que existe un proyecto que liberaría al asesino de la periodista María José Bravo, muerta por un balazo disparado por el ex alcalde y militante del PLC Eugenio Hernández. Los magistrados Rafael Solís y Sergio Cuarezma, dieron su palabra a los familiares de María José Bravo de que no votarían a favor de este proyecto.

Sin embargo, el Poder Judicial no ha abierto siquiera un expediente a quienes desde el gobierno han injuriado, calumniado y vilipendiado a distintos ciudadanos en estos dos años, aún cuando dichos actos han sido difundidos por los medios de comunicación identificados con el gobierno. La parte afectada ha reiterado que no vale la pena hacerlo porque el Poder Judicial está claramente sesgado a favor de los intereses del gobierno.

2.3.- Elecciones municipales: “las calles son del pueblo”

Desde el establecimiento del Observatorio de Medios han ocurrido episodios significativos para la libertad de expresión en el país. Estos son algunos de los identificados durante el monitoreo realizado a partir de agosto del 2008.

21 de agosto – Integrantes de los CPC llegan frente a las instalaciones de medios de comunicación considerados opositores al gobierno para desplegar mantas como “el amor es más fuerte que el odio” (slogan de la campaña electoral sandinista en el 2001) y a rezar para que “el odio desaparezca de esos medios”. Los casos más conocidos fueron los de La Prensa, El Nuevo Diario y el Canal 2 Tv.

22 de agosto – Circula por primera vez El 19, semanario del gobierno donde supuestamente se explayarían los logros del gobierno.

25 de agosto – Luego de que el Canal 2 le cancelará el contrato para realizar su programa de comentarios políticos “El 2 en la Nación”, el licenciado Jaime Arellano anuncia que acudirá ante organismos internacionales para exponer que el gobierno ha presionado a ese canal y al Canal 10 Tv (Retensa), para echarlo de la televisión.

10 de septiembre – Diputados de la Asamblea Nacional anuncian que prorrogarán la Ley 200 para que no caduquen las licencias radioeléctricas hasta que una nueva ley sustituya a la actual. Entre otras cosas, la nueva ley establecería que al Director de TELCOR lo nombrará la Asamblea Nacional y no el Presidente, como hasta ahora.

10 de septiembre – El periodista Carlos F. Chamorro denuncia que los medios afines al gobierno desarrollan una campaña de linchamiento en contra de organizaciones de la sociedad civil, medios y periodistas que no le son afines.

10 de septiembre - Sale del aire Radio Corporación por cuarta vez en cinco meses. La Dirección de la radio no supo si fue vandalismo o fanatismo político.

20 de septiembre – Organizaciones políticas de oposición y organizaciones civiles son impedidas de llegar hasta León para realizar una actividad en el centro de la ciudad, bajo el argumento que “las calles son del pueblo” y “la oposición nada tiene que hacer aquí”. La agresión a los opositores incluyó amenazas y ataques de algunos activistas, identificados con el partido de gobierno, hacia distintos periodistas. Impedir la movilización de partidos de oposición y obstaculizar la labor periodística serían la norma hasta finales de noviembre, cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE) declaró vencedor al FSLN. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acuerda enviar a un equipo al país para verificar la situación real de la libertad de prensa.

Octubre de 2008 – Periodistas de medios afines al gobierno cuestionan a “medios y periodistas de la oligarquía” mientras se inicia una investigación en la Fiscalía General de la República para determinar si once organizaciones civiles, han cometido delitos graves. El periodo se caracteriza por señalamientos mutuos entre ambos grupos de periodistas y hasta agresiones en contra de algunos de ellos. Destaca el sufrido por el relacionista del no gubernamental Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, CENIDH, Héctor Calero a manos de simpatizantes del gobierno.

El caso emblemático de intimidación en contra de los medios en este periodo lo constituye el allanamiento de las oficinas del Centro de Investigación de la Comunicación CINCO, por orden judicial. Luego de romper las cerraduras del local, la Policía Nacional acompañó al fiscal designado para que éste se llevara más de 15 mil documentos de todo tipo y hasta los computadores particulares de los trabajadores.

Tres meses después, el 22 de enero 2009, la Fiscalía desestimó hacer una acusación criminal por falta de pruebas, sin embargo, orientó al Ministerio de Gobernación una intervención de CINCO y lanzó nuevas y graves acusaciones contra su presidente, el periodista Carlos F, Chamorro, director de los programas televisivos Esta Noche, Esta Semana y el semanario Confidencial,

Durante la 64ª Asamblea General, del 3 al 7 de octubre España, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una resolución en la que insta a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad referente al régimen tributario especial de medios, repetir el exhorto a la Asamblea Nacional, sin limitar las exoneraciones a los medios de comunicación a que tienen derechos por la Constitución.

Igualmente solicitó a la Corte de Justicia que se mantenga imparcial en relación a las acusaciones contra medios y periodistas e intelectuales, como por ejemplo, los casos de los periodistas Jaime Chamorro Cardenal, Eduardo Enríquez, del diario La Prensa y Carlos Fernando Chamorro Barrios y el poeta Ernesto Cardenal. Por otro lado aludió la desproporcionada campaña publicitaria específicamente dirigida a desprestigiar periodistas y medios independientes, e instó al gobierno de Nicaragua a normalizar sus relaciones con la prensa a fin de no interferir la función periodística y la democracia. Considerando delicado el momento en que viven medios y periodistas resolvió enviar una delegación especial para investigar las condiciones de libertad de expresión en el país. Dicha misión, se llevó a cabo en enero 2009, y concluyó con un informe en el que expresa “preocupación y alarma por la reducción paulatina de espacios de libertad de expresión que se registra en Nicaragua a raíz de una política de intolerancia generada por el gobierno del presidente Daniel Ortega”, y le reclama al gobierno “garantías para la libertad de expresión”.

Noviembre 2008 – En la medida en que se aproximan las votaciones del 6 de noviembre el ambiente se polariza. Entre las víctimas de los enfrentamientos a pedradas, palos, morteros y machetes se encuentran periodistas equipos y vehículos de distintos medios de comunicación. Entre los periodistas agredidos se contaban Miguel Álvarez (AFP), Oswaldo Rivas (Reuters), Rosa María Maliaños y Álvaro Montalbán (Canal 12 Tv), Ary Pantoja (El Nuevo Diario), Iván Olivares (Confidencial), Luis Duarte, Anne Pérez y German Miranda (La Prensa), Yacer Montoya, Sheyla Cano y Héctor Rosales (Canal 2 Tv), Octavio Sevilla y Nicolás Berríos (Nueva Radio Ya), Giovanni Loáisiga (Canal 4 Tv), Irving Guerrero (Canal 23 Tv), Belkis Medina, Kastalia Zapata y Maricela Caldera (Canal 8 Tv).

Las agresiones oscilaron desde el hostigamiento verbal y el lanzamiento directo de morteros hasta el borrado de imágenes de las cámaras, golpes y heridas, y la destrucción parcial y total de vehículos y de equipos de trabajo.

12 de noviembre – El Procurador General de Justicia declara públicamente al salir del CENIDH, que “si el comandante Daniel Ortega dispusiera llamar a las calles (a sus seguidores) no quedaría piedra sobre piedra sobre este país y sobre ninguna emisora y sobre ningún medio de comunicación que lo adversa. Gracias a Dios no lo ha hecho”. Tales palabras recordaron el discurso del presidente Ortega en julio de 2008, cuando antes de reeditar el Repliegue Táctico hacia Masaya ofreció “el olivo de la paz o el acero de la guerra” a sus oponentes.

19 de noviembre – Turbas armadas asaltan y destruyen tres radioemisoras de la Corporación Radios de Occidente, propiedad de Aníbal Toruño. La acción ocurrió después que por Radio Darío se invitara a la población de León a manifestarse en las calles de la ciudad en contra del “fraude electoral”. Inexplicablemente son interferidas las señales de Radio Corporación y Radio 15 de Septiembre, dejándolas por varios días fuera del aire.

21 de noviembre – Organismos internacionales como Committee to Protect Journalist (CPJ), Washington Office on Latin America (WOLA), Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), demandaron al presidente Daniel Ortega – que no se dejaba ver desde el 6 de noviembre --, que se pronunciara como estadista de un país democrático, haciendo un llamado a la paz, luego de observar el creciente clima de violencia en contra de la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. La respuesta la dio el Procurador de Derechos Humanos, quien declaró que “quien siembra vientos, cosecha tempestades”. El presidente Ortega fue visto públicamente por primera vez la noche del 22 de noviembre, cuando seguidores del FLSN se congregaron en Managua para celebrar el anuncio del Consejo Supremo Electoral, que el FSLN había ganado 105 de los 142 gobiernos municipales en disputa.

Lo ocurrido en Noviembre de 2008 en Nicaragua fue recogido por el Informe “Indicadores de periodismo y democracia en América Latina”⁵:

En los cuatro países con más polarización ideológica a nivel de discurso (Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua), durante este segundo semestre del 2008 la tensión en el campo de los medios de comunicación se ha agravado pues en dos países hubo elecciones (Nicaragua y Venezuela), y en los otros dos diferentes referéndum (Bolivia y Ecuador). (Fernando J. Ruiz)

Diciembre 2008 – Los medios de comunicación reportan de forma muy destacada los reclamos de la oposición para que se revisen los resultados electorales. El partido de gobierno insiste en que eso es caso cerrado.

Al finalizar el 2008 Reporteros sin Fronteras emitió un informe titulado “Latinoamérica: El año de todos los peligros”⁶, en el que comenta que

“En América Central se extiende el contraste entre tres tipos de países. En Costa Rica y Panamá, la prensa disfruta de una relativa libertad. En Nicaragua y El Salvador, la escasez de ataques a periodistas se debe menos a una libertad real que al dominio de los políticos sobre los medios de comunicación, y a la autocensura. En Guatemala y Honduras, esas dificultades se conjugan con la violencia contra una prensa poco dócil.

3.- Conclusiones

1. El riesgo de la Polarización. La libertad de expresión se debate en Nicaragua entre dos escenarios. Uno, el construido por el gobierno, desde la implementación de su Estrategia de Comunicación donde se observa un amplio respeto para sus diversas expresiones y se reclama por considerar que le afecta una cobertura sesgada por prejuicios de carácter político e ideológico. El presidente Ortega y otros funcionarios de su gobierno se han quejado de medios como La Prensa, El Nuevo Diario, Canal 2. Desde el otro escenario se observa a un gobierno intolerante e irrespetuoso, capaz de emplear armas y grupos de jóvenes en riesgo para impedir que sus opositores se manifiesten y para intimidar a periodistas y medios de comunicación. A propósito de esto el diario La Prensa editorializó el 22 de febrero de 2007 que “los ataques del presidente sandinista Daniel Ortega contra los medios de comunicación independientes se deben a la fobia que él y su camarilla siempre han tenido a la libertad de información”.

2. La intolerancia oficial. El trabajo de los medios y periodistas ha transcurrido en un ambiente marcado por la falta de acceso parcial y total a las fuentes oficiales, y por la agresividad de fuerzas afines al gobierno. Es preocupante la falta de interés del Poder Ejecutivo en respetar y aplicar La Ley de Acceso a la Información Pública. Sobre todo en el último trimestre del año predominó la agresividad verbal en el discurso, cuando el diálogo fue sustituido por el palo y el mortero, y se llegó a herir a periodistas y destruir medios de comunicación y medios de trabajo.

3. La Discriminación con la publicidad oficial. La centralización de la publicidad, ha provocado una brecha entre la distribución millonaria que reciben los medios afines al gobierno versus la poca o ninguna publicidad que reciben los demás medios. Investigaciones periodísticas calificaron como una forma de “triangulación publicitaria” la forma en cómo ENEL ha destinado fondos millonarios en concepto de publicidad para medios oficiales, sin que esta institución se haya anunciado en estos medios. Los gremios periodísticos APN y UPN han denunciado la cultura de premio y castigo sobre la entrega publicitaria y el “derroche” publicitario para proyectar la imagen del presidente Ortega.

4. Intimidación y difamación. La estrategia de comunicación del gobierno se ha focalizado en la propaganda y campañas acusatorias en contra de periodistas y opositores al gobierno, y ha dejado a un lado propuestas como la “comunicación pedagógica”, la ética y los valores de la democracia. Por su parte, el gobierno justifica su política como una reacción a una campaña, o conspiración mediática en su contra.

5. Preocupante debilidad de las organizaciones nacionales. Las organizaciones periodísticas locales – Colegio de Periodistas, Unión de Periodistas de Nicaragua, Asociación de Periodistas de Nicaragua—han denunciado los atropellos y agresiones contra los periodistas, aunque no han mostrado fortaleza y beligerancia. Han sido sobre todo organizaciones foráneas, como Reporteros Sin Fronteras, las que han comunicado al mundo el ambiente que enfrentan los periodistas bajo este nuevo gobierno.

6. Creciente preocupación internacional. Existe preocupación por lo que pasa en Nicaragua en materia de libertad de expresión. La SIP, WOLA, el Centro para la Protección de los Periodistas (CPJ), Articulo 19 y Reporteros Sin Frontera coinciden en demandar al gobierno y al Estado de Nicaragua que se respete y proteja la libertad de expresión.

4.- Recomendaciones

1. “Agresión cero”. La sociedad nicaragüense debe apropiarse de la consigna “Agresión cero” contra cualquier periodista y medio de comunicación. Los lamentables hechos de estos dos años deben ser desterrados de la cultura nacional, para avanzar hacia una cultura de la libertad de expresión.

2. La responsabilidad del gobierno. El gobierno debe actuar diligentemente sobre todos los impedimentos políticos y jurídicos que dificultan el ejercicio pleno de la libertad de expresión. El gobierno no debe ser organizador ni promotor de la intolerancia, la intimidación y de campañas de agresión en contra de periodistas, medios de comunicación y personas calificadas como opositoras. Los medios del gobierno deben tolerar y respetar a quienes le critican o no concuerdan con sus posiciones.

3. La publicidad estatal. La publicidad estatal no debe ser empleada como una herramienta para privilegiar a sus medios y empresas, y castigar a periodistas y medios considerados críticos. Tal medida, que es un abuso de poder y un indicador de corrupción, ha afectado sobre todo a una enorme cantidad de pequeñas empresas periodísticas y pequeños medios de comunicación dispersos por los 153 municipios del país.

4. La Ley de Acceso a la Información Pública. Todas las instituciones afectadas por la Ley de Acceso a la Información Pública, LAIP, deben cumplir sin cortapisas con la Ley de Acceso. En primer lugar la Presidencia, los Ministerios del Poder Ejecutivo, los poderes del Estado y las entidades descentralizadas del estado. Las distintas instancias del gobierno y del Estado deberían crear cuanto antes las oficinas correspondientes para garantizar la aplicabilidad de la Ley de Acceso a la Información Pública. Igualmente la LAIP debería ser utilizada como una herramienta de trabajo por medios y periodistas para facilitar su labor. El uso de la LAIP resulta vital para informar a la ciudadanía sobre la gestión pública. Se trata de un valioso recurso en vista del hermetismo y secretismo con que son manejados los asuntos de Estado.

5. La Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia ha tenido tiempo suficiente para estudiar los recursos por inconstitucionalidad de la Ley Arce. Es hora de que falle tales recursos, para que no continúe empeorando la retardación de justicia en Nicaragua, pues esta es una forma de afectar negativamente la libertad de expresión.

6. La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debe discutir y aprobar una ley que considere las telecomunicaciones como un derecho fundamental de la población nicaragüense, como un bien público. También debe legislar para que se preserve la letra y espíritu del Arto. 68 Cn., relativo a la exoneración total de los insumos necesarios para que ocurra la comunicación social a través de los medios.

7. La responsabilidad de los medios. Los medios de comunicación y periodistas deben reflexionar sobre el estado de la libertad de expresión. En el contexto que vive el país, lo peor que podría ocurrir es que se instaure un estado de autocensura. Pero también se debe estar alertas en contra de todo intento por intimidar y censurar para que no se informe de los temas del interés público. La respuesta a ambas es periodismo de calidad, humano, próximo a los intereses reales de la gente. Se debe desterrar para siempre el periodismo de la noticia roja.

8. El gremio de periodistas. Las organizaciones periodísticas deben desarrollar un liderazgo visible y con sentido corporativo para asegurar que las distintas formas del Poder respetarán la labor de medios y periodistas. Es hora de pasar de la denuncia a las propuestas y las alianzas. Una de ellas podría ser presentar un informe pormenorizado de la situación de sus agremiados durante este periodo.

9. La sociedad civil y la comunidad internacional. La sociedad nicaragüense está en el momento de comprender que la libertad de expresión, como bien lo dice nuestra Constitución, es de cada nicaragüense. Se debe elegir ahora entre expresarse de manera ciudadana o no. La primera requiere de personas activas e informadas debidamente. Se sugiere que la diversidad de organizaciones y movimientos de la sociedad civil hagan de la libertad de expresión su bandera y un tema a trabajar con la gente, donde quiera se encuentren. El fortalecimiento de la democracia requiere de una estrecha relación entre las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación democráticos. Asimismo, llamamos la atención de la comunidad internacional sobre la necesidad de apoyar programas para fortalecer el desarrollo de medios de comunicación independientes y apoyar las iniciativas de periodismo investigativo.

10. Las universidades. Las carreras de Periodismos o Comunicación Social han jugado un rol bastante tímido durante el periodo. Si desean continuar siendo consideradas reserva crítica de la sociedad, que encaren la situación con temple académico y aborden el asunto de manera prioritaria. Sin libertad de expresión no hay crítica y poco conocimiento útil. Programas de continuación de estudios son una buena iniciativa. Pero no basta con eso. Se necesita más investigación y observación. Se requiere educar a los estudiantes sobre la base del ejemplo.

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Notas:

1 Brunner Reid, Joseph Joachim, REVISTA CONTRIBUCIONES No. 2, CIEDLA, Buenos Aires, 1999.
2 Ley No. 22, Constitución Política de la República de Nicaragua, La Gaceta No. 94 del 30 de Abril de 1987. Reformada en 1995 y 2001. 
3 Durante la campaña electoral del 2001, ganada por el ingeniero Enrique Bolaños Geyer, el comandante Daniel Ortega suscribió, en casa de la ex presidenta Violeta de Chamorro, la Declaración de Chapultepec. Bolaños no la firmó. 
4 El uso del acceso a la información pública desde el periodismo nicaragüense, Fundación Violeta de Chamorro, Enero a Septiembre de 2008. 
5 Revista Sala de Prensa, No. 112, www.saladeprensa.org
6 Revista Sala de Prensa, No. 112, www.saladeprensa.org 

* Documento elaborado por el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), el 18 de febrero de 2009.