El valor de la verdad y la función periodística

Andrés Aylwin Azocar *

En algún aspecto, lo más grave que sucedió en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973 fue la suspensión de la libertad de opinión y de información. Si hubiera existido libertad de expresión habría sido imposible concebir los crímenes masivos sufridos en nuestro país. ¿Cómo imaginar, por ejemplo, la existencia de "cárceles secretas" o "centros de tortura" ubicados a escasas cuatro cuadras del palacio de La Moneda, en calle Dieciocho Nº 22, simbólicamente en el mismo lugar donde anteriormente funcionó Clarín, si hubiera existido libertad de información?

Si este drama hubiera sido conocido socialmente por el pueblo, no habrían podido ser detenidos y hechos desaparecer 1.200 seres humanos. La libertad de opinar e informar no sólo es un bien jurídico y ético, también es una garantía de la existencia real de los otros derechos esenciales. Y lo es, porque la conciencia de los pueblos, con su sentido profundamente ético, da realmente vida a los otros derechos esenciales en su expresión concreta.

Por lo mismo, cuando se oculta la verdad del crimen o se falsean groseramente los hechos, el pueblo, ignorante, queda privado de su infinita capacidad para dar a la historia una orientación ética correcta.

La libertad de expresión es como la luz. Si no la tenemos, no vemos. Si en la sociedad no se expresa la verdad, los ciudadanos no perciben el mal, ni siquiera el crimen, y, por lo mismo, están imposibilitados de condenarlo y evitarlo. Es decir, la conciencia moral de la sociedad deja de funcionar y de expresarse. Por esto, insisto, la libertad de expresión es el instrumento para que el pueblo conozca la verdad y precisamente por este atributo, garantiza la supervivencia de los demás derechos esenciales. Es la posibilidad real de acceso a la verdad lo que otorga legitimidad ética a la libertad de expresión.

En tiempos de barbarie, sólo la verdad puede salvar vidas humanas. Este sentido redentor de la verdad prevalece a través de los tiempos y sus circunstancias. A la vez, constituye la mayor garantía de la prevalencia de la ética en el devenir histórico. El mercado no es más que un instrumento para llegar a la verdad y, por lo mismo, si deja de ser un medio idóneo para acceder a ella, simplemente hay que perfeccionarlo, complementarlo. ¡Esta es la realidad y el desafío que hoy enfrentamos!

Frente a la necesidad de la verdad en la sociedad humana, el drama de los detenidos-desaparecidos constituye un delito que produce situaciones límite entre el valor de la verdad y la función periodística. Cuando se inicia este crimen con el arresto sin testigos, clandestino, de un disidente, se está burlando a la verdad y, con ello, privando al detenido y a su familia de sus derechos al recurso judicial. Pero también se está privando a la sociedad de su derecho a la información y a conocer la verdad.

El homicidio secreto posterior -que normalmente sigue al arresto clandestino-, se convierte en un hecho socialmente ignorado, una verdad ocultada que impide el reproche colectivo. Sin acceso a la verdad, cualquier sociedad se encuentra indefensa, incluso ante los mayores crímenes o dolores colectivos. No existe pretexto o subterfugio alguno que valide la obstrucción del conocimiento de la verdad por parte de la sociedad. El hecho de que la verdad sea socialmente conocida resulta indispensable para que se exprese la conciencia colectiva.

Es cierto que el drama vivido en Chile existió en situaciones de excepción constitucional. Sin embargo, lo que estamos afirmando es simplemente la trascendencia de la verdad como valor absoluto en una sociedad y como garantía insustituible contra el abuso. El drama de los detenidos desaparecidos no hubiera podido darse en una sociedad adecuadamente informada.

La verdad no admite relativismos. No puede ser aplastada ni por la fuerza bruta, ni por las leyes del mercado, ni por motivo alguno. Si no hay verdad, triunfan inexorablemente la maldad y el dolor. La situación de excepción institucional producida a partir del 11 de septiembre no justifica los exagerados silencios y omisiones de los medios de comunicación de la época, ni menos que dichos medios hayan festinado el drama refiriéndose al "show de los detenidos-desaparecidos" o difundiendo versiones ostensiblemente falsas, como fue la supuesta matanza en el exterior de 119 miristas, versión fundamentada en la publicación de un medio desconocido que apareció una sola vez, precisamente para difundir la falaz noticia.

Por tanto, periodismo y verdad son dos realidades inseparables. Y así como la misión del juez es la de procurar justicia y la del médico vencer la enfermedad, la misión del periodismo es buscar la verdad y difundirla. Si las leyes del mercado aplicadas al periodismo no son idóneas para la difusión pluralista de la verdad -como ocurre hoy por la concentración de la propiedad sobre los medios de comunicación-, significa que la legalidad de esas normas mercantiles aplicadas a la libertad de expresión se encuentra éticamente cuestionada, no sirve y debe ser reformada.

El valor de la verdad periodística se hace más dramático cuando se trata de su aplicación a los crímenes relacionados con los derechos humanos. Sin embargo, el principio de la necesidad de la verdad se proyecta a la difusión de todas las conductas humanas. Verdad y pluralismo constituyen un derecho esencial del pueblo y, con una información adecuada y oportuna, se erigen en la base de su participación en la sociedad.

El periodismo es el vehículo que permite a la comunidad conocer la verdad y, por lo mismo, jamás debería convertirse en un mecanismo para la alienación de la gente y la instrumentalización de la sociedad a la forma de pensar y sentir que expresan los intereses de los propietarios de los medios de comunicación. La excesiva concentración de la propiedad sobre los medios está contribuyendo a sustituir la misión periodística de informar y orientar por la de concientizar a los ciudadanos y pautar el acontecer político y social. Pareciera que en los medios jamás hay espacio para el pueblo, su juventud, su cultura, su progreso, sus dolores y su sentir por estar pluralistamente informado. En cambio, se expresa el propósito de rescatar sólo los éxitos del pasado totalitario, prescindiendo de sus horrores y sobredimensionando las dificultades de la democracia naciente. Percibimos en esta actitud el propósito deliberado de debilitar el proceso de transición a una plena democracia.

Creemos que el rol subsidiario del Estado como garante de la vigencia real de los derechos humanos lo obliga a tomar medidas para favorecer al periodismo auténticamente regional y a los medios de comunicación sustentados por empresas constituidas por periodistas. Del mismo modo, pensamos que es necesario detener la excesiva concentración de la propiedad de los medios e imponer normas elementales que garanticen un mínimo pluralismo interno. Sin acceso a la verdad plural, la sociedad no goza de buena salud.

* Andrés Aylwin Azocar es diputado, abogado y autor de artículos de opinión. Este texto es el capítulo "La libertad de prensa hubiera impedido el crimen de los «detenidos desaparecidos»" del libro Morir es la noticia (Ernesto Carmona, editor).