La
libertad de prensa en México
La
sombra de la impunidad y la violencia
México
es uno de los países más peligrosos para
periodistas en las Américas. En los últimos
ocho años, por lo menos 24 periodistas y
trabajadores de los medios han sido asesinados,
ocho más permanecen desaparecidos y decenas han
sido amenazados, intimidados o agredidos en
razón de su oficio. La mayoría de las
agresiones contra periodistas se encuentra en
total impunidad, lo que provoca un estado
generalizado de autocensura.
Ante este
panorama, en un esfuerzo inusitado, 13
organizaciones internacionales de libertad de
prensa y libertad de expresión integraron una
misión internacional que viajó a México para
conocer y analizar la situación de los
periodistas y los medios de comunicación el
país, para posteriormente trabajar en conjunto
con organizaciones mexicanas y así revertir las
condiciones que enfrentan los comunicadores y
medios.
Durante seis
días de trabajo --del 20 al 25 de abril de
2008--, el grupo visitó cinco ciudades del
país, donde los integrantes de la Misión
Internacional de Libertad de Prensa y Libertad de
Expresión sostuvieron decenas de entrevistas y
reuniones de trabajo con reporteros, editores,
dueños de medios, familiares de víctimas de
agresiones; así como organismos nacionales e
internacionales de derechos humanos y periodismo;
además de autoridades estatales y federales.
El diagnóstico
obtenido por la Misión, fue grave e inquietante,
aunque fundamental para comprender el fenómeno
que se vive en México y mostró la necesidad de
que la Misión regrese al país en los primeros
meses de 2009, como parte de los trabajos que se
han planteado desarrollar.
La Misión
Internacional encontró que los principales
obstáculos para el ejercicio periodístico libre
en México son: el crimen organizado que ha
generado un clima de terror; la corrupción; la
impunidad; las agresiones directas por parte de
corporaciones policiales y castrenses, y la falta
de voluntad política federal y estatal para
resolver los ataques contra periodistas y para
garantizar su seguridad.
Con mucha
preocupación la Misión observó que a pesar de
los índices de violencia contra los
comunicadores no existe solidaridad entre los
informadores, los medios de comunicación y hacia
los familiares de los periodistas asesinados o
desaparecidos. Además, prevalece una
estigmatización gubernamental sobre el trabajo
de los periodistas. Por si fuera poco, son muy
frágiles o inexistentes los mecanismos y
manuales de prevención y protección para la
seguridad de medios y periodistas.
Resulta muy
alarmante para la Misión, el nivel de
vulnerabilidad e incertidumbre en la que se
encuentran las radios comunitarias y sus
colaboradores, que son víctimas de agresiones
provenientes, principalmente, por parte de
autoridades estatales.
La Misión
Internacional comprobó que hay una creciente
autocensura en los medios de comunicación
mexicanos, como consecuencia directa de las
tácticas de terror que han implementado las
mafias, y ante la desconfianza que existe sobre
el accionar de las autoridades estatales y
federales, por su falta de respuesta o por su
posible vinculación con el crimen organizado.
Otros de los
elementos que inquietaron a la Misión, porque
alientan la autocensura y limitan a una prensa
libre y plural, fueron la manipulación, por
parte de los gobiernos estatales y federales, del
presupuesto destinado a la publicidad oficial,
con lo que se pretende orientar la información;
así como la alta concentración de medios de
comunicación en pocas personas o grupos
empresariales vinculados a diferentes ramas de la
economía y con sectores con enorme poder
político, empresarial y religioso.
La Misión
Internacional también se mostró preocupada por
el deterioro de la libertad sindical y las
condiciones laborales de los periodistas
mexicanos. En el caso de los reporteros
‘freelance’, esta situación es aún
más grave.
Ante estas
condiciones y dado que la seguridad de las
poblaciones en situación de vulnerabilidad es
responsabilidad del Estado, para la Misión
resulta urgente la creación y el fortalecimiento
de mecanismos para prevenir ataques y proteger a
la prensa; incluyendo la capacitación de los
funcionarios encargados de combatir el crimen,
para que no continúen los ataques a los
comunicadores.
El gobierno
federal ha mostrado señales positivas de
voluntad política al abrir espacios de diálogo
y pronunciarse a favor de la federalización de
los crímenes contra periodistas. Esta actitud
favorecerá lo que la misión ha identificado
como uno de los retos más importantes a los que
se enfrenta el gobierno mexicano: la impunidad en
los casos de asesinatos, desapariciones y
agresiones contra periodistas, que representan
una de las formas extremas de censura y que se
recrudece cuando no existe castigo para los
responsables.
Para la Misión
es urgente el desarrollo de un marco normativo
que fortalezca la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos en contra de Periodistas
(FEADP) y le brinde autonomía para investigar y
consignar a los responsables ante el Poder
Judicial. De igual manera, la Misión concluyó
que es necesaria la federalización de los
delitos contra la libertad de expresión1 en aras
de subsanar la inoperancia entre las
jurisdicciones federal y locales.
Es también
indispensable y apremiante, considera la Misión,
que el Estado mexicano promueva una regulación
clara para el manejo de los recursos destinados a
la publicidad oficial.
Para la Misión
es imperativo trabajar en la solidaridad entre
periodistas y los medios; crear un programa de
protección para los comunicadores, y generar
conciencia social respecto a la gravedad de los
ataques a periodistas y la autocensura.
La
Misión Internacional
En un hecho sin
precedentes, un total de 13 organizaciones
internacionales se reunieron en México para
integrarse en lo que denominaron Misión
Internacional de Libertad de Prensa y Libertad de
Expresión en México:
- ARTICLE 19
- Asociación
Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
- Comité
para la Protección de los Periodistas
(CPJ)
- Federación
Internacional de Periodistas (FIP)
- Fundación
para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Fundación
Rory Peck Trust
- Instituto
Internacional para la Seguridad de la
Prensa (INSI)
- Instituto
Internacional de la Prensa (IPI)
- International
Media Support (IMS)
- Open
Society Foundation (OSF) – Network
Media Programme
- Reporteros
sin Fronteras (RSF)
- Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP)
- UNESCO
Durante seis
días, los integrantes de la Misión viajaron a
la Ciudad de México, y a los estados de Oaxaca,
Guerrero, Michoacán y Sonora. Se entrevistaron
con reporteros; editores; victimas y familiares
de periodistas asesinados y desparecidos; dueños
de medios; autoridades locales y federales; la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos; representantes
de la Unión Europea, organismos de cooperación,
organizaciones de periodistas y de derechos
humanos.
El principal
objetivo fue emplear la presión internacional
para (1) apoyar a los medios de comunicación
locales y nacionales, (2) evidenciar los peligros
a los que se enfrentan actualmente medios y
periodistas, (3) concientizar a la sociedad sobre
los graves riesgos que afrontan los comunicadores
y (4) poner en marcha mecanismos de largo plazo
que fomenten y consoliden las libertades de
prensa y expresión en México.
El trabajo de
esta Misión abarcó tres ejes:
- La
impunidad
- La
protección al ejercicio periodístico
- La
autocensura
De cada uno de
estos temas, se derivaron intervenciones
específicas de acción inmediata, orientadas a
atender las necesidades más urgentes, para así
promover que los medios no sean llevados a
desempeñar un papel adverso en la creciente
tensión y profundización de la violencia en
México. Por el contrario, la Misión espera que
los medios tiendan un puente entre las distintas
posiciones políticas e intereses presentes, y la
sociedad mexicana.
Este informe
incluye diferentes tópicos vinculados a las
libertades de expresión y de prensa en México.
Muestra la situación actual de inseguridad en el
país, tal y como fue identificada durante la
visita de la Misión. Este documento no pretende
abarcar una lista exhaustiva de todos los temas
relevantes.
El informe está
dividido en las siguientes tres áreas de
enfoque:
- Impunidad
- Protección
- Autocensura
Por cuestiones
de seguridad, a lo largo del texto se han omitido
de manera intencional algunos nombres para
proteger la identidad de personas con quienes la
Misión se reunió.
Conclusiones
La impunidad es
uno de los mayores obstáculos para el ejercicio
de la libertad de prensa en México, ya que
promueve un clima de incertidumbre y
desconfianza. Esta situación, coloca en una
grave situación de vulnerabilidad al resto de
los comunicadores, pero principalmente a las
víctimas y a sus familiares, ya que se ven
obligados a enfrentar los procesos judiciales sin
la asesoría legal y técnica necesaria, al mismo
tiempo que la falta de apoyo en el mediano y
largo plazo, por parte de los dueños de los
medios de comunicación o sus compañeros, genera
que haya desconfianza en el resultado de la
investigaciones.
La desconfianza
en las autoridades, producto de la falta
generalizada de castigo a los responsables
materiales e intelectuales, provoca que en muchos
casos no sea presentada una denuncia formal o, de
hacerlo, muchas veces se opte por desistir.
La impunidad
tiene su origen en la forma en la que se
investigan los casos. Si bien existen
innumerables declaraciones por parte de
funcionarios de los gobiernos federal y
estatales, expresando su compromiso con el
respeto a las libertades de expresión y prensa,
éstas no corresponden con la evidente falta de
resultados por parte de las Procuradurías de
Justicia y la General de la República, que no
investigan de manera exhaustiva, dejando a un
gran número de expedientes en un limbo
jurídico. Esto quiere decir: mantener líneas de
investigación abiertas por tiempo indefinido lo
que conlleva a no presentar los casos ante los
jueces para obtener una sentencia.
Es claro que el
combate a la impunidad que impera en los casos de
desapariciones y asesinatos de periodistas
constituye uno de los retos principales del
Estado mexicano en materia de derechos humanos.
Para lograrlo, la única vía es la adopción de
todas las medidas --políticas y legales--, que
desemboquen en el castigo de los responsables de
los hechos.
La creación y
puesta en marcha de distintas instancias para
atender este tema, como FEADP, el Programa de
Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de
Derechos Humanos de la CNDH, así como sus
equivalentes en el nivel local en el Distrito
Federal y los estados de Guerrero, Tabasco y
Veracruz, constituyen una señal positiva por
parte de las autoridades mexicanas. Pero resulta
inaplazable emprender las reformas legales que
apuntalen la actuación de estas instancias. En
este sentido, la propuesta de que las agresiones
en contra periodistas sean tipificadas como
delitos en contra de la libertad de expresión y
que sean conocidas exclusivamente por las
autoridades federales, requiere como
prerrequisito indispensable el fortalecimiento y
ampliación de las facultades de las instancias
existentes. De otro modo, se estaría generando
una mayor carga de trabajo a instituciones cuya
falta de resultados es evidente, particularmente
en el caso de la FEADP, la cual sería la
instancia encargada de realizar las
investigaciones.
De manera
paralela, es urgente generar mecanismos que
refuercen la solidaridad entre los periodistas y
los medios de comunicación como una respuesta a
la impunidad existente, mostrando apoyo a las
víctimas y sus familias en la búsqueda de
justicia.
Observaciones
y recomendaciones
La Misión
Internacional visitó cinco ciudades, en donde
tuvo la oportunidad de celebrar un total de 12
reuniones de trabajo con autoridades federales y
estatales, dos encuentros con organismos
internacionales, 13 reuniones con grupos de
periodistas y siete con directivos y dueños de
medios de comunicación. Esto permitió obtener
el panorama general que rodea el ejercicio de la
libertad de prensa en el país.
La información
sustantiva, que puso en evidencia la gravedad de
la situación, provino de los testimonios
recogidos durante las 26 reuniones con victimas
de ataques a la libertad de expresión, seis de
ellas con mujeres así como siete encuentros con
familiares de las víctimas asesinadas o
desaparecidas.
Con base en la
información y los testimonios recabados, y
teniendo en mente el compromiso colectivo a
mediano y largo de las organizaciones
participantes en la Misión Internacional para
mejorar de manera sustantiva la situación que
enfrenta el ejercicio de la libertad de prensa en
el país, se hace un llamado al Estado mexicano,
a la comunidad de periodistas y medios de
comunicación, así como a la sociedad civil
organizada, a que de acuerdo a sus posibilidades
y respectivos ámbitos de competencia adopten
medidas concretas encaminadas a:
PROMOVER un
ambiente abierto, diverso y pluralista para el
ejercicio de la libertad de prensa, de acuerdo
con las normas constitucionales y el derecho
internacional de los derechos humanos, con el
objetivo de que editores, periodistas y
trabajadores de los medios de comunicación
puedan desempeñar su trabajo con las garantías
necesarias de seguridad e independencia;
IMPULSANDO el
potencial y valor que representa para la sociedad
mexicana en la conciliación de tensiones y
confrontaciones políticas y en el combate a la
delincuencia y la inseguridad publica, el
ejercicio de un periodismo independiente,
profesional y objetivo. Una prensa libre
constituye un elemento central para el
mantenimiento de la paz social y la
consolidación de todo sistema democrático y
régimen de libertades por lo que resulta
inaplazable.
ADOPTAR medidas
positivas, claras y contundentes para poner un
alto a las amenazas, hostigamientos, secuestros y
ataques físicos provenientes de distintos
actores, estatales y no estatales, que buscan
censurar a quienes ejercen, promueven y defienden
el derecho a libertad de expresión y la libertad
de prensa;
INSTRUMENTAR
investigaciones ágiles, transparentes y
efectivas de los casos de asesinatos y
desapariciones, así como de las amenazas de
muerte de las que están siendo objeto
periodistas en el desempeño de su profesión y
familiares de las víctimas en su búsqueda de
justicia;
AFIRMANDO que
sin importar el origen de estos ataques, la
responsabilidad de prevenir, investigar y
castigar a los autores materiales e intelectuales
de esto hechos recae de manera exclusiva en el
Estado mexicano, en particular en las instancias
responsables de procurar e impartir justicia. En
este sentido, la Misión Internacional da la
bienvenida al compromiso del presidente Felipe
Calderón de impulsar una reforma que permita que
los ataques, asesinatos y desapariciones de
periodistas sean investigados a nivel federal
como un primer paso en la dirección correcta.
Esto requiere, de manera urgente, el previo
fortalecimiento de facultades y recursos de la
FEADP;
GARANTIZAR la
protección y asistencia oportuna y eficaz a los
periodistas y medios de comunicación necesarias
para que cumplan con su trabajo sin que las
amenazas y ataques afecten su desempeño. De la
misma manera, los dueños y directivos de los
medios de comunicación deben de emprender
medidas para mejorar las condiciones de seguridad
para sus colaboradores y empleados;
DETENER toda
práctica por parte de los Gobiernos federal y
locales que restrinja las libertades de
expresión y prensa, especialmente cuando éstas
buscan afectar la independencia editorial de los
medios de comunicación a través del uso
inapropiado y discrecional de los fondos
destinados para la contratación de espacios
publicitarios;
GARANTIZAR el
acceso irrestricto de periodistas y medios de
comunicación a toda la información en manos del
gobierno, de acuerdo con el espíritu de los
principios constitucionales sobre transparencia,
y los instrumentos y estándares internacionales
sobre la materia. Esto incluye también el acceso
de periodistas a las zonas en donde tengan lugar
las acciones de las fuerzas de seguridad, con la
finalidad de que la sociedad tenga a su
disposición la mayor cantidad información de
interés publico;
GARANTIZAR el
derecho de los diferentes medios de
comunicación, ya sean comerciales, públicos o
comunitarios, a que su trabajo e independencia
sea protegida por la ley a través de la
regulación de un órgano independiente.
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