Deontología
periodística argentina:
En busca de una ética
Adriana Amado Suárez *
El
periodismo argentino registró cambios enormes en
los últimos años. Circunstancias como la
concentración de medios, la precarización del
trabajo periodístico, la mercantilización de la
información, son cuestiones que lamentablemente
no son exclusivas de la prensa local. Pero en el
caso argentino, la ausencia casi total de marcos
referenciales potencia las presiones que estas
nuevas circunstancias ejercen sobre la
profesión. Con el agravante de que, según
especialistas locales, tampoco existe un marco
legal de protección a la tarea de los
periodistas. Damián Loreti, abogado
especializado en medios y ex director de la
carrera de Comunicación Social de la UBA,
sostiene que la ausencia de marco legal y la
falta de principios de amparo para la prensa,
como la cláusula de conciencia, hace que
“los periodistas argentinos resulten más
permeables a todo tipo de presiones y cambios de
orientación y de propiedad de medios
(privatizaciones mediante, incluso) sin que
quepan argumentos legales de defensa en ese
sentido”1.
En este marco,
en el año 2006 el Foro de Periodismo Argentino
(FOPEA) impulsó el código de ética
periodística, como primera pauta de
autorregulación sectorial en nuestro país. Pero
su aparición sólo cobra dimensión si se la
pone en contexto con las otras instituciones que
protegen el derecho ciudadano de la información,
fin último de medios y periodistas. Porque si la
ética es una aspiración, un deber ser que de
alguna manera cristaliza un modelo de periodismo,
su realización depende de la concepción
profesional imperante desde los medios, entre los
periodistas y para la sociedad.
Recordemos en
este punto las etapas que plantea el catedrático
José María Desantes Guanter2, por
las que atraviesa el hombre respecto a la
libertad y la información, establecidas en
función de quienes tienen legítimo acceso a esa
libertad: la del sujeto empresario (libertad para
quienes pudieran tener sus medios, su
“prensa”, característica del siglo
XIX); la del sujeto profesional (que reconoce los
derechos a los profesionales de la información);
y la del sujeto universal, que considera los
derechos a investigar, recibir y difundir
informaciones y opiniones que tienen todos los
seres humanos (Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948). Plantea así que la
discusión sobre la información se dio primero
entre los empresarios, luego entre los
periodistas y su problemática, pero se hace
plena recién en el momento en que toda la
sociedad asume la información como un derecho
ciudadano. Cada uno de estos actores puede
establecer su vínculo con la información de una
manera activa o pasiva, regulada o
consuetudinaria, y la naturaleza de esta
relación habla del tipo de prensa que tiene una
sociedad, y nos da una idea del grado de
compromiso que medios, periodistas y ciudadanos
tienen en la defensa de su información.
1.
Desde los medios: manuales y defensores
Entre las
instituciones que proveen los medios para brindar
a las audiencias una garantía de precisión,
ética y equilibrio en la cobertura noticiosa,
los manuales de estilo y la figura del defensor
de lectores son las más corrientes. Y son
complementarias: al difundir los principios que
orientan la producción de noticias y
proporcionar un interlocutor en condiciones de
establecer un diálogo con los lectores o
espectadores, el medio construye su credibilidad
y la de sus periodistas a partir de asumir una
posición responsable y abierta.
El manual de
estilo es una condición previa para que el
defensor tenga un marco para su función, y nos
encontramos aquí con muy pobres experiencias. En
Argentina, el diario La Voz del Interior
de Córdoba elaboró un manual en 1990 (que tiene
una reciente reedición), el mismo año que lo
hizo el diario El Ancasti, de Catamarca.
Los diarios nacionales Clarín y La
Nación lo editaron recién en 1997, sin
demasiada difusión más allá del lanzamiento
marketinero que hicieron en ese momento. Sí tuvo
una mayor promoción el manual del diario Perfil,
editado en 1998 bajo el título Cómo leer el
diario, pero quedó en desuso junto con el
diario apenas un mes después, hasta que en
septiembre de 2005 se relanzaron el periódico y
su manual. Más escasas son las referencias a un
código de ética interno propuesto por el mismo
medio. Puede citarse el de la revista Negocios
en 1996, o el de la revista Veintiuno,
fundada por Jorge Lanata en 1998, que propuso
firmar a sus colaboradores unas pautas de
conducta ética.
Los antecedentes
locales de un Defensor de lectores son todavía
más escasos3. De hecho, sólo un
diario institucionalizó la figura: Perfil
en 1998 estableció que un periodista de
trayectoria ejercería la función de Ombudsman
para velar que “se observen rigurosamente
las reglas profesionales y éticas codificadas en
el manual de estilo”4. Antes,
sólo la revista La Maga se animó a un
defensor entre 1991 y 1997.
Actualmente tres
diarios de los que se editan en Buenos Aires
intentan cubrir estos vacíos con un interlocutor
para responder a algunas inquietudes de los
lectores, pero sin cubrir todos los aspectos que
cubre la función de Ombudsman5.
El diario La Nación cuenta desde mayo de
1998 con una columna semanal que se denomina
“Diálogo semanal con los lectores”, en
la que se dan respuestas a las inquietudes de
tipo formal y ortográfico que llegan a la
redacción. El diario también ofrece un amplio
espacio diario destinado a las cartas de
lectores, en el que difunde los comentarios y
observaciones de diverso tipo. En el caso del
diario Clarín, la experiencia del espacio
para los lectores es mucho más reciente y más
acotado en la medida en que el espacio dominical
dedicado a la publicación de comentarios de los
lectores a partir de mayo de 2004 se ocupa de
cuestiones sociales y no del medio
específicamente, con algunas excepciones de una
columna a cargo del Secretario de Redacción. El
dominical Perfil en su relanzamiento de
2005 tiene una figura con la función de
coordinar la doble página asignada a la
publicación de las cartas y sugerencias de los
lectores, que desde el relanzamiento de la
publicación está a cargo del prestigioso
periodista Nelson Castro.
Podría
asignarse la tibieza de estos intentos de los
medios nacionales al hecho de que, como señala
Germán Rey, se trata de un “oficio en
construcción”6, que busca su
perfil en un contexto donde las dificultades no
son menores. En nuestro país, como en
Latinoamérica en general, el periodismo recibe
la presión de grupos políticos y económicos,
situación que se agrava por el hecho de que en
nuestras sociedades el ejercicio de ciudadanía
no aparece tan claramente relacionado con los
derechos de acceso a la información.
No sólo no
existe una masiva difusión de las buenas y malas
prácticas periodísticas y de los derechos que
asisten a los consumidores de medios, sino que
los empresarios locales tampoco han sabido
encontrarle los beneficios que estas prácticas
pueden darle al negocio. Y no lo digo en el
sentido de usar la ética empresarial con el
único objetivo de mejorar la percepción
pública y, como decía Gilles Lipovetsky,
convertirla en “una markética, un modo de
utilizar el lenguaje moral para mejorar la imagen
empresaria y conquistar nuevos lugares en el
mercado”7. Antes bien, planteo
que no existe razón empresarial para no incluir
la autorregulación, en la medida en que las
experiencias mundiales muestran que los gastos
que puede insumir la función de un Ombudsman
o el desarrollo de un Manual de Estilo se ven
ampliamente compensados con los beneficios que
trae para el medio al reforzar su vínculo con la
sociedad. Incluso considerado desde la lógica
pura de la producción, estas iniciativas no
están alejadas de los principios de calidad de
procesos a los que los managers suelen ser
aficionados. Sin embargo, que varios años
después de la publicación de los únicos
manuales de estilo de los diarios argentinos,
éstos sean apenas una pieza en la biblioteca de
las escuelas de periodismo y no un contrato
abierto del medio con sus lectores, ni una pieza
de referencia para los propios periodistas de
esos diarios, habla mucho de la fragilidad de ese
esfuerzo.
2.
Desde los periodistas: códigos y consejos
Una encuesta en
1998 realizada por uno de los gremios de los
periodistas argentinos concluía que el 83% de
los entrevistados afirmaba que debería haber un
código profesional8. Algo similar
registró la investigación sobre la situación
del periodismo en nuestro país, realizada a
fines del 2005 por FOPEA. El 58% de los
entrevistados sugirió que un código de ética
debía orientar la profesión, y un 16%
mencionaba, cuando menos, la necesidad de una
declaración de principios9. A pesar
de esta demanda latente, la primera referencia
concreta de un código de una asociación de
periodistas es el que FOPEA suscribió en su
momento fundacional en 2003, con la guía del
maestro Javier Darío Restrepo, bajo el nombre de
“Compromiso de la Boca”.
En Argentina no
existen Consejos profesionales, como el Consejo
de Prensa Sueco, que se estableció en 1916, o el
British Press Council de 1953, o la institución
de un Colegio de Periodistas como existe en Perú
Chile, o Costa Rica. Según analiza José Luis
Dader este tipo de instituciones, comunes en los
países nórdicos y anglosajones, están formados
por “un grupo de personas investidas de
prestigio social generalizado o dotadas de cierta
autoridad moral ante los profesionales de la
comunicación”, que actuarían como
“una guía de prestigio que otorgaría por
exclusión una etiqueta de calidad y
excelencia” a aquellos profesionales no
criticados por este comité de notables10.
Tampoco existe la colegiación, y el Carné de
periodista que preveía el Estatuto del
Periodista (Ley 12.908 del año 1946)
prácticamente está fuera de uso.
Si, como
coinciden los especialistas, es justamente desde
la iniciativa de los periodistas y sus
asociaciones que se pueden mejorar las
prácticas, no se explica muy bien por qué la
profesión fue tan refractaria a estas
instituciones autorregulatorias. Como bien
recuerda Javier Darío Restrepo, “la ética
es autónoma, se adopta por decisión personal,
no puede ser impuesta”11. Por eso
la iniciativa de los periodistas es fundamental,
y es un paso que se mueve por delante de los
medios, que si bien tienen autoridad para
impulsar un encuadre ético, sabemos que hoy no
sólo no lo estimulan desde sus propias
estructuras sino que no ofrecen las condiciones
laborales necesarias para un ejercicio
profesional ético. En este contexto, la firma
del primer código profesional, realizada
simbólicamente en el Primer Congreso Nacional de
Ética no es un hecho menor, pero es apenas un
primer paso.
3.
Desde la sociedad civil: ciudadanía comunicativa
La pobreza de
las iniciativas que existieron desde los medios y
los periodistas, se explica cuando se analiza la
actitud de los lectores y audiencias. Ignacio
Ramonet nos recordó recientemente que somos los
ciudadanos los que “podemos exigir de los
medios más ética, cómo podemos exigir que
simplemente digan la verdad, exigir el respeto de
una deontología que obligue a los periodistas
–la mayoría de ellos, serios y
honestos– a actuar en función de su
conciencia y no a actuar en función de los
intereses de los grupos, de las empresas o de los
patronos que los emplean”12. En
un sentido amplio, la participación activa de
éstos se puede encuadrar en el concepto de
“ciudadanía comunicativa”13
o la idea de periodismo cívico, en la medida que
esta iniciativa propone “Crear ciudadanos
que en calidad de públicos asuman un más
significativo perfil en la vida pública”14
y que participen en la consolidación de la
agenda noticiosa.
Para articular
los derechos ciudadanos con el ejercicio
periodístico, existen instituciones que permiten
la intervención de los públicos en los medios,
como los Consejos de lectores, los observatorios
de medios, los foros, los movimientos de lectores
y audiencias, las veedurías de medios, entre
otras manifestaciones que procuran mejorar la
calidad informativa. En cualquiera de los casos,
la base de funcionamiento reside en un acuerdo
entre empresarios de la comunicación,
periodistas y miembros de la sociedad civil para
mejorar el proceso de circulación de
información pública. Pero es difícil encontrar
emprendimientos similares en Argentina, donde el
periodismo no parece ser un tema que preocupe a
la sociedad más allá de sus dirigentes
políticos y los distintos actores de la prensa.
Algunas asociaciones civiles que trabajan temas
de ciudadanía, como Poder Ciudadano
(www.poderciudadano.org) y la Asociación por los
Derechos Civiles (www.adc.org.ar), incluyen
algunos temas o programas sobre medios. Desde
2004, la asociación Periodismo Social
(ww.periodismosocial.net) realiza un monitoreo
para analizar el tratamiento informativo de los
temas relacionados con la infancia y propiciar un
mejora en la cobertura periodística. Pero no son
observatorios de medios globales, sino se ocupan
de aspectos específicos.
Más elocuente
es la ausencia de estos temas en las asociaciones
de consumidores que, a pesar de que han tenido
una intensa participación pública por diversos
temas, no asumen como propio el consumo de
medios. En España, por ejemplo, la
Confederación Española de Organizaciones de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU)
toma a los medios como uno de los temas en donde
el ciudadano necesita orientación en el consumo.
Para ello brinda información, con un cierto de
grado de profundidad en la discusión, como ser
la deontología profesional relacionada con los
derechos de los lectores, la forma en que la
concentración mediática afecta a los
consumidores de medios, y cualquier otro tema
técnico que necesite ser divulgado. De esta
manera, se saca la discusión del terreno
académico o profesional, para llevarla a la
ciudadanía. En nuestro caso, a pesar de que los
medios han cometido en numerosas oportunidades
flagrantes abusos desde el punto de vista consumo
(aumentos en los precios de los medios,
menoscabos en los productos, incumplimiento de
pautas horarias, cambios en las condiciones en
que se presta el servicio, publicidad engañosa,
etc.), difícilmente se vean denuncias sobre
estas cuestiones impulsadas por las asociaciones.
El desinterés de la sociedad sobre estos temas
no podrá revertirse en la medida en que las
organizaciones de la sociedad civil no asuman una
función pedagógica acerca de los derechos que
le caben al ciudadano y acompañen su reclamo.
Porque, como
bien ha analizado Gerardo Albarrán, “La
línea divisoria entre un círculo virtuoso de
retroalimentación prensa-sociedad –con la
mediación democrática del Estado que contenga
la avidez del mercado y preserve los derechos
fundamentales de todos–, y un círculo
vicioso de autocomplacencia e irresponsabilidad
mutua –con la tentación autoritaria
gubernamental y las fuerzas del mercado
desbocadas pendiendo sobre todos– es
demasiado tenue para ignorarla y dejarla
abandonada a su suerte.”15.
Atentos a esa observación, es que debemos ser
conscientes de que en el contexto que
describimos, el esfuerzo de FOPEA por ofrecer un
código de ética apenas si equilibra el juego de
fuerzas entre propietarios, periodistas y
lectores. Pero no deja de ser la mejor
oportunidad para recordar que es la sociedad,
última destinataria de la función del
periodista, la que debe impulsar que las buenas
prácticas incluidas en el código de esta
asociación, sea la expectativa mínima para el
desempeño profesional. Porque en esta cuestión
se dirime su derecho a recibir la información
que se le debe a cada uno como ciudadano.
_____
Notas:
1 Damián Loreti
(1995), El derecho a la información.
Buenos Aires, Paidós, p. 72
2 José María Desantes Guanter
(1974), La información como derecho,
Madrid: Nacional.
3 Realicé análisis detallado sobre
esta figura en un trabajo previo: Adriana Amado
Suárez (2005), “Quién le teme al
Ombudsman: Por qué la prensa argentina no tiene
quién la defienda”, en Derecho comparado
de la información, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México
número 5, enero-junio.
4 Perfil (1998), Como leer el
diario, Buenos Aires: Perfil.
5 “La modestia de estas funciones
se pone en evidencia cuando se las compara con
los alcances que reconoce la Organization of News
Ombudsman (ONO): velar por la equidad, precisión
y responsabilidad del medio, consolidar su
credibilidad, investigar las razones que
motivaron las quejas del público y recomendar
acciones correctivas, mantener informado al
director del medio sobre estas inquietudes,
constituirse en un crítico interno y representar
al público del medio canalizando sus quejas,
sugerencias, recomendaciones y observaciones;
defender al medio y hacer públicas sus
posiciones éticas y líneas editoriales, ya sea
a través de una columna periódica o de la
participación en actividades colectivas, como
conferencias y encuentros con la comunidad. A
estas tareas pueden agregarse, dependiendo del
caso, el trabajo interno a través de reuniones
con los diferentes equipos de la redacción, o
desarrollando herramientas de comunicación como
memorandos, informes o encuestas entre los
colaboradores.” (Amado Suárez Adriana,
2005).
6 Germán Rey (2003), “El
defensor del lector: un oficio en
construcción”. Sala de Prensa., Año
V, Volumen 2, Edición N° 53, marzo.
7 Gilles Lipovetsky (1994), El
crepúsculo del deber, Barcelona: Anagrama.
8 UTPBA (2001). No hay democracia
informativa sin democracia económica: Voces
múltiples del Primer Congreso Mundial de
Comunicación. Buenos Aires: UTPBA, p. 183.
9 FOPEA (2005). “Encuesta sobre
los periodistas y su profesión”.
Investigación de Giacobbe Consultores, Buenos
Aires, noviembre. Disponible en www.fopea.org.
10 Dader José Luis (1999).
“Recuperación ciudadana de los medios:
Vías de participación y contrapeso crítico de
los consumidores y usuarios ante los medios de
comunicación de masas”. En AA.VV. (1999). Los
usuarios en la sociedad de la información,
Madrid: Confederación Española de
Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios, p. 163.
11 Javier Darío Restrepo (2004), El
zumbido del moscardón. Taller y consultorio de
ética periodística. México: Fondo de
Cultura Económica, p. 37.
12 Ignacio Ramonet (2006), “El
quinto poder. La sociedad frente a los medios de
comunicación de masas en la era de la
globalización”. Sala de Prensa, Web
para Profesionales de la Comunicación
Iberoamericanos, s.l.i., Año VIII, Volumen
3, Edición N° 91, mayo.
13 Idea en la que en Argentina trabaja
María Cristina Mata, en el sentido del
“reconocimiento y ejercicio de los derechos
a la información y la comunicación consagrados
jurídicamente y la búsqueda de su ampliación
(…) como condición necesaria para revertir,
mediante la participación de los individuos en
la esfera pública y política, los crecientes
niveles de exclusión económica y social que
existen en nuestras sociedades y para consolidar
el sistema democrático.” (Mata María
Cristina et al. (2005). “Condiciones
objetivas y subjetivas para el desarrollo de la
ciudadanía comunicativa”. Córdoba: Centro
de Competencia en Comunicación para América
Latina, en www.c3fes.net, consultado en junio de
2006.).
14 Ana María Miralles Castellanos
(1998), “El periodismo cívico como
comunicación política”, en Revista
Nómadas N° 9, Universidad Central, Santafé de
Bogotá, Colombia, en
http://www.centralstate.edu/imdp/th_foundation/n_mada.html,
consultado en mayo de 2006.
15 Gerardo Albarrán de Alba (2003),
“Contextos jurídico, político y social del
defensor del lector”. Sala de Prensa, Web
para Profesionales de la Comunicación
Iberoamericanos, s.l., Año V, Volumen 2,
Edición 53, marzo.
_____________________
Referencias bibliográficas:
- AA.VV. (1999). Los
usuarios en la sociedad de la información,
Madrid: Confederación Española de
Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios.
- Albarrán de Alba Gerardo (2003).
“Contextos jurídico, político y social del
defensor del lector”. Sala de Prensa, Web
para Profesionales de la Comunicación
Iberoamericanos, s.l., Año V, Volumen 2,
Edición 53, marzo.
- Amado Suárez Adriana (2005). “Quién le
teme al Ombudsman: Por qué la prensa argentina
no tiene quién la defienda”, en Derecho
comparado de la información, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México
número 5, enero-junio
- Desantes Guanter José María (1974). La
información como derecho, Madrid: Nacional.
- Lipovetsky Gilles (1994). El crepúsculo del
deber, Barcelona: Anagrama.
- Loreti Damián (1995). El derecho a la
información. Buenos Aires, Paidós.
- Miralles Castellanos Ana María (1998).
“El periodismo cívico como comunicación
política”, en Revista Nómadas N° 9,
Universidad Central, Santafé de Bogotá,
Colombia, en http://www.centralstate.edu/imdp/th_foundation/n_mada.html
- Perfil (1998). Como leer el diario,
Buenos Aires: Perfil.
- Ramonet Ignacio (2006). “El quinto poder.
La sociedad frente a los medios de comunicación
de masas en la era de la globalización”. Sala
de Prensa, Web para Profesionales de la
Comunicación Iberoamericanos, s.l.i., Año
VIII, Volumen 3, Edición N° 91, mayo
- Restrepo Javier Dario (2004). El zumbido del
moscardón. Taller y consultorio de ética
periodística. México: Fondo de Cultura
Económica
- Rey Germán (2003). “El defensor del
lector: un oficio en construcción”. Sala
de Prensa., Año V, Volumen 2, Edición N°
53, marzo.
- UTPBA (2001). No hay democracia informativa
sin democracia económica: Voces múltiples del
Primer Congreso Mundial de Comunicación.
Buenos Aires: UTPBA
*
Adriana Amado Suárez es académica de la Universidad Nacional de
La Matanza (Buenos Aires), y directora de la
carrera de Comunicación social de la UCES (Buenos Aires). Es miembro del Foro de Periodismo
Argentino y formó parte
del comité de redacción de su código de
ética. Este artículo es parte de su tesis
doctoral sobre la prensa argentina (FLACSO) y fue presentado en el Primer Congreso
Nacional de Ética Periodística, realizado el 24
de noviembre de 2006, en la Universidad Católica de
Buenos Aires.
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