Maten al cartero

Jorge Elías *

Era un sábado de octubre de 1974. De noche. Un taxi recorría cansinamente el centro de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, al noroeste de la Argentina. Dos sujetos le hicieron señas al chofer para que se detuviera cerca de las calles Junín y San Martín; querían asaltarlo.

No sabían que el chofer era un oficial retirado del Ejército y que, por ello, portaba un arma. La desenfundó. En el tiroteo, uno terminó herido en un ojo y el otro se rindió. La policía provincial comprobó que no se trataba de delincuentes comunes, sino de policías federales que, al parecer, procuraban apropiarse del vehículo (móvil, en su jerga) para realizar un operativo. Ilegal, obviamente.

El diario El Pueblo, de San Miguel de Tucumán, consignó los hechos en su edición del día siguiente y, asimismo, reprodujo el parte de prensa de la policía.

“Esa noche, a la una de la mañana del lunes en realidad, una bomba destruía el frente de nuestro diario y dañaba prácticamente todos los vidrios y los frentes de media cuadra”, me dijo su entonces director, José Ignacio García Hamilton, tucumano ilustre que ha sabido plasmar en biografías noveladas las vidas de próceres latinoamericanos como Juan Bautista Alberdi (Vida de un ausente), Domingo Faustino Sarmiento (Cuyano alborotador), José de San Martín (Don José) y Simón Bolívar (Simón).

En la comisaría, mientras radicaba la denuncia, García Hamilton notó con sorpresa y decepción cierta “displicencia y desinterés” del jefe de turno.

Tres décadas después de aquel incidente, nunca antes revelado, concluyó: “Con nuestra mentalidad educada en el Estado de Derecho no podíamos entender ni darnos cuenta de lo que luego de algunos años todo el país tuvo trágica evidencia: el Estado empezaba a convertirse en terrorista con la complicidad o la anuencia de otras áreas de la misma administración”.

Abogado, periodista, historiador, doctor en derecho y en ciencias sociales, profesor universitario y conferencista en ámbitos académicos nacionales e internacionales, García Hamilton ha escrito Los orígenes de nuestra cultura autoritaria (e improductiva), reeditado en España con el título El autoritarismo hispanoamericano y la improductividad. No era un amateur.

Desde un auto, ráfagas de ametralladora perforaron, días después del atentado, la fachada, la cortina metálica y el interior del edificio de El Pueblo. El plomo de las balas, incrustado en las paredes y en los cielorrasos, caía de tanto en tanto sobre los escritorios y los biblioratos, cual recordatorio de otra agresión con tono de amenaza.

García Hamilton recibió entonces una nota, firmada por la organización de ultraderecha Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), por la cual era conminado a abandonar en 24 horas el país bajo pena de ser “ajusticiado”. Permaneció en la provincia, no obstante ello. Y fue detenido, el 24 de noviembre de 1974, por la Policía Federal.

¿Los cargos? Algunos artículos publicados en el diario “habían caído mal en Buenos Aires”, obtuvo como respuesta.

Proceso judicial no hubo.

A los pocos días quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

“En nuestro diario teníamos una postura progresista, pero habíamos condenado duramente la violencia como método de transformación social –dijo García Hamilton–. Como ejemplo de esto, recuerdo claramente nuestro repudio categórico de los asesinatos de Arturo Mor Roig y del industrial azucarero José María Paz por parte de los montoneros. Así, para la guerrilla éramos oligárquicos y para las llamadas fuerzas del orden éramos pro izquierdistas dentro de ese proceso de radicalización política en el que el país se sumergía.”

Faltaban apenas 15 meses para el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Eran las vísperas de después. De un asunto mal manejado por tres, según el cantante Piero: almirante, general o brigadier.

De niño, García Hamilton, autor, también, de una obra de teatro, Azúcar y estudiantes, había jugado en una casa que pertenecía a la familia Padilla; estaba en la calle Santa Fe 630, de San Miguel de Tucumán. En ella, ahora sede de la Delegación de la Policía Federal en Tucumán, permaneció durante los primeros 10 días de su arresto. Fue, dijo, una suerte de inmersión en los códigos de la época, o de la lucha contra la subversión, traducidos por el jefe del área: “Si el chorro (ladrón) no tiene quien le compre lo robado ni quien le facilite un aguantadero (sitio en donde esconderse), termina por no robar. Lo mismo pasa con los guerrilleros: si usted liquida a los que les venden víveres o mercaderías, evita que se publiquen noticias sobre sus acciones e impide que se les preste asistencia médica, y terminan por desaparecer”.

Era hombre de confianza del ministro de Bienestar Social del gobierno de María Estela Martínez de Perón, José López Rega, alias El Brujo, mentor de la Triple A. A tal punto era hombre de confianza de él que un día recibió un radiograma, del que se enteró García Hamilton, que decía: “Negro, cruzáte a Salta que te encargo la seguridad de la señora”. La señora era la presidenta de la República.

No tenía aspecto de policía, o de represor, sino de carnicero, según García Hamilton. “Cuando el subcomandante de la V Brigada de Infantería, un coronel amigo de los familiares, vino a la Delegación a interesarse por mi situación, fue recibido con absoluta descortesía y evidentes malos modales por el jefe policial –dijo–. Cuando yo le pregunté al delegado cuáles eran las publicaciones de mi diario que, según él, habían caído mal en Buenos Aires, aludió al taxista asaltado por policías federales y a una información referente a un policía corruptor de menores. Después averigüé a través de mi secretario de redacción que esta última información era sobre un profesor de matemáticas que llevaba alumnos a su casa y los corrompía. Era también policía federal, pero eso no lo sabíamos y no se había publicado.”

Después supo García Hamilton, pariente de los fundadores y directivo de La Gaceta, el primer periódico dominical de la provincia de Tucumán y uno de los más influyentes del noroeste argentino, que había sido puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por un pedido expreso de sus carceleros. En El Pueblo, decían, había “publicaciones que atacaban a las fuerzas de seguridad, contribuyendo al accionar de la izquierda y de la ultra izquierda”.

El oficial retirado del Ejército que conducía el taxi, asaltado aquella noche aciaga de octubre de 1974 por los dos policías federales, acudió a La Gaceta con el propósito de denunciar el hecho. Regresó horas después: pidió que no se publicaran sus declaraciones. Lo había citado el general Luciano Benjamín Menéndez, a cargo de la brigada provincial: una denuncia de ese calibre podía entorpecer la lucha contra la subversión, esgrimió

En la hoguera de Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, en La Calera, Córdoba, desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979, ardieron el 30 de abril de 1976 colecciones completas de libros de Marcel Proust, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Sigmund Freud, Karl Marx, Julio Cortázar, Paulo Freire, Marta Hanneker, John Cooke y Eduardo Galeano, entre otros, definidos como un veneno para la nacionalidad argentina por el gobierno militar.

“Mientras estuve detenido en la Delegación de la Policía Federal comprobé que en ese lugar se imprimían las amenazas que distribuían las Tres A y que los miembros de esa organización eran policías que salían por las noches a poner bombas en nombre de la misma –dijo García Hamilton–. Y así estuve casi seis meses detenido, meditando en simplista policial sobre la conveniencia de evitar que se publicaran los hechos subversivos. Me trasladaron a la Escuela de Policía, donde alterné con el también detenido rector de la Universidad, doctor Pedro Amadeo Heredia.”

Desde su lugar de arresto, García Hamilton continuaba dirigiendo el diario. Un día ordenó publicar una información sobre un atropello contra una parroquia rural y un sacerdote sospechoso de ser de izquierda. Había sido cometido por un grupo de tareas bajo las órdenes del delegado de la Policía Federal que, a su vez, era responsable de su detención. Al día siguiente lo trasladaron, a punta de ametralladora, a la cárcel penitenciaria de Villa Urquiza. Tenían toda la intención, y todas las ganas, de darle un paseo (golpiza, en la jerga de ese inframundo), pero se opusieron los policías provinciales. En coincidencia con el nacimiento de su segundo hijo, el 1° de marzo de 1975, regresó a la Escuela de Policía. El delegado había sido reemplazado. Lo recibió “con lágrimas en los ojos” el rector Heredia.

 “Hubo numerosas gestiones de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) a mi favor, como también del diputado peronista Nicasio Sánchez Toranzo, el senador Eduardo “Lalo” Paz y muchos otros –dijo García Hamilton–. Don Ricardo Balbín, Fernando De la Rúa y Francisco Rabanal también realizaron reiterados pedidos, como muchos otros dirigentes y legisladores.”

Lo liberaron el 22 de mayo de 1975. Había compartido la habitación con el rector Heredia y con un senador provincial peronista cuyo nombre prefirió mantener en reserva. El senador había sido desaforado, juzgado y condenado por homicidio a raíz de una información publicada en El Pueblo: su amante, ingresada de urgencia en la guardia del hospital Padilla, de San Miguel de Tucumán, había sido víctima de un intento de asesinato.

En ese momento, un secretario de redacción de El Pueblo, Domingo Schiavoni, llevó la noticia al diario, rotulada como confidencial, y García Hamilton dispuso publicarla. Todo apuntaba contra el senador: la forma en que habían entrado los balazos, su auto estacionado frente a la casa de la mujer y su presencia en el hospital.

El senador, con el cual le había tocado en suerte compartir la habitación en una situación más que penosa, jamás profirió una palabra de reproche, según García Hamilton. Cada día le contaba una nueva versión del crimen, alegando su inocencia.

Moraleja: “Quien cumple con su deber profesional nada debe temer como consecuencia”. En el mejor de los mundos posibles, no en las vísperas de después.

* Jorge Elías es periodista en el diario La Nación, de Buenos Aires, e investigador de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la cual se ocupa de crímenes contra periodistas. Este texto es la introducción a su libro (Centro para la Apertura y el Desarrollo de America latina, Buenos Aires, 2006) sobre el asedio a la prensa durante la era de las dictaduras militares en el Cono Sur, en el que vuelca varios años de investigaciones, así como documentos inéditos de aquellos años, que aquí se reproduce con su autorización expresa. (La versión íntegra del libro puede obtenerse en forma íntegra y gratuita en las direcciones de web: www.cadal.org y www.impunidad.com)