Cuando mentir cuesta vidas

Periodistas chilenos piden perdón

Jorge Escalante *

El Colegio de Periodistas de Chile pidió perdón el pasado 21 de junio a familiares de las víctimas de la dictadura por aquellos medios y colegiados que mintieron para servir al régimen opresor, disfrazando asesinatos con falsos enfrentamientos con fuerzas de seguridad y, especialmente y por mandato de sus tribunales de ética, porque el propio Colegio como institución no estuvo a la altura de las circunstancias.

Su presidente nacional Luis Conejeros, lo hizo en la persona de Roberto D’orival e Isabel Gallardo, el primero representando a los familiares de los 119 desaparecidos en la Operación Colombo, y la segunda a nombre de las familias de seis asesinados por la DINA, ambos sucesos ocurridos en 1975 y disfrazados como falsos enfrentamientos en Argentina y Chile.

El Tribunal de Ética Metropolitano del Colegio inició hace unos años sendas investigaciones, y emitió sus fallos en 2006 y 2007 sancionando a ocho periodistas y exculpando a tres, aunque dos de ellos por fallecimiento. Sin embargo, al interior del propio Colegio hubo quienes en su momento se opusieron a que estos fallos se publicaran por la prensa, como en los mejores tiempos del dictador Augusto Pinochet cuando se manipulaba la información y se intervenía directamente en las redacciones. O se asesinaba periodistas como José Carrasco.

La presidenta del Tribunal de Ética Nacional, Juanita Rojas, y el presidente de esta instancia a nivel metropolitano, Alfredo Taborga, también se sumaron a las excusas públicas y reconocieron el trabajo incansable de los familiares de las víctimas para buscar no sólo justicia y sanción en los tribunales ordinarios, sino también en la instancia que rige a los periodistas. Porque las investigaciones sumarias se iniciaron por petición de las familias.

Los sancionados

Los sancionados con suspensión temporal de la colegiatura y censura pública por el Tribunal de Etica metropolitano (ratificado por la instancia nacional) en el caso Rinconada de Maipú fueron: Claudio Sánchez (entonces en canal 13), Julio López Blanco, Roberto Araya (único expulsado del Colegio), Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol, todos de canal 7 en 1975.

Por su culpabilidad en la difusión de falsas informaciones en la Operación Colombo fueron sentenciados con suspensión de colegiatura y censura pública a los ex directores de medios Fernando Díaz Palma (Las Últimas Noticias) y Alberto Guerrero Espinoza (La Tercera), y a la periodista de El Mercurio Beatriz Undurraga Gómez.

Fueron declarados inimputables por fallecimiento en este último caso los directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y del vespertino La Segunda, Mario Carneyro. La solicitud de sanción de los familiares también se formuló en contra de la periodista de El Mercurio Mercedes Garrido Garrido, pero el tribunal no pudo probar su culpabilidad y la absolvió.

En la investigación Julio López admitió que al canal 7 llegaban agentes de la DINA a pautear a los editores y periodistas, y que estos entregaban incluso los libretos listos de las mentiras que había que difundir. Además, conducían a los reporteros y camarógrafos a los lugares donde había que filmar supuestos enfrentamientos para ocultar crímenes, como lo sucedido en Rinconada de Maipú.

Después, en 1987 Julio López fue contratado por el jefe del cuartel Borgoña de la CNI, Alvaro Corbalán, como “subdirector” de la revista A Fondo, publicación creada para la difusión del movimiento Avanzada Nacional, frustrado intento de Corbalán para convertirse en líder político.

* Jorge Escalante es reportero de La Nación y miembro del Colegio de Periodistas de Chile.

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Familiares de víctimas
demandan a periodistas
por encubrir crímenes

Los familiares de seis militantes de izquierda asesinados en 1975 se querellaron en contra de cinco periodistas que habrían encubierto los homicidios de agentes de la dictadura de Augusto Pinochet, reportó el diario argentino La Nación.

La causa busca establecer la responsabilidad penal que les pueda corresponder en los delitos de homicidio calificado, torturas y asociación ilícita genocida.

Ésta es la primera ocasión en Chile en la que se apela a un tribunal para que determine si profesionales de los medios de comunicación –algunos de ellos todavía en activo– tuvieron responsabilidad penal en una causa por violación de los derechos humanos, según un cable de la agencia española EFE.

El incidente, conocido como Rinconada de Maipú, fue presentado en la prensa como un enfrentamiento armado entre opositores y agentes del Estado. Investigaciones judiciales establecieron que los seis izquierdistas fueron asesinados en un centro de detención militar.

Los comunicadores acusados ya fueron sancionados por el Colegio de Periodistas, organismo que además pidió disculpas públicas a los familiares de las víctimas.