La libertad de expresión en Venezuela

Jorge Luis Benezra Briceño *

Entender si existe o no, libertad de expresión en Venezuela, no es nada fácil. Para muchos representantes del gobierno, así como seguidores del presidente Chávez “jamás ha existido semejante libertad de expresión o libertad de prensa” , pero tampoco es difícil encontrar algún opositor que diga que “Chávez acabó con la libertad de expresión” en fin cualquier turista que entre a territorio venezolano pensará a simple vista que este es un país con plena libertad, ya que continuamente observará concentraciones a favor y en contra del presidente Hugo Chávez y a su vez programas de información y opinión donde se debate y critica los acontecimientos en el país. Lo que a simple vista demostraría un panorama “totalmente plural” del sistema democrático. Lo que no se aprecia a simple vista y hay que distinguir y es necesario revisar,  son los obstáculos legales que se han creado, que actúan como mecanismo de reprensión.

Los periodistas salen día a día a laborar y tratan de sobrevivir bajo la mira de estos dispositivos creados por el gobierno para “neutralizar” cada una de las cosas que publican o de las imágenes que  se emiten.

La gran interrogante a todo esto es ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cuál es la realidad?...  ¿Quién tiene la razón?

Diversidad de opiniones

En los últimos años diversas organizaciones internacionales han denunciado que la libertad de expresión, los medios de comunicación y los periodistas enfrentan un marco legal y situaciones de hecho cada vez más restrictivos para el ejercicio del periodismo, así como amenazas y agresiones por parte de los grupos que siguen al gobierno. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA expresó el 8 de julio del 2006 preocupación por los asesinatos de los periodistas venezolanos Jorge Aguirre, reportero gráfico del diario El Mundo, y José Joaquín Tovar, director del semanario Ahora, ocurridos ese mismo año. Según el informe de 2006 presentado por la organización no gubernamental venezolana, Espacio Público, 134 periodistas habrían sido víctimas en 106 casos a violaciones a la libertad de expresión. Reporteros sin Frontera, Freedom House, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa, han alertado sobre un supuesto deterioro en ese campo, agravado por la decisión del Poder Ejecutivo de retirar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) Conforme a información de público conocimiento, este es un medio de comunicación de amplio alcance nacional que mantiene programas de opinión con una línea editorial independiente.

Ante todo esto el tren ejecutivo encargado de las comunicaciones en el gobierno del presidente Chávez lo que subraya continuamente es que no hay ningún registro durante el gobierno bolivariano de periodistas hostigados por el ejercicio de su profesión. La pregunta sería: ¿Qué necesidad tienen estas organizaciones de realizar estas denuncias?

¿Penalización de la disidencia?

De manera gradual el gobierno venezolano ha ido incrementando, por medio de la vía legal las restricciones para el ejercicio libre e independiente de la prensa, tales es el caso de la Reforma al Código Penal, mecanismo que ha despertado serias polémicas en diversos sectores de la sociedad venezolana debido a las consecuencias que tiene sobre el sistema carcelario venezolano y sobre la creación de nuevas figuras delictivas. La reforma según la cual toda opinión, disidencia o manifestación, hecha en público o en privado, en contra de algún funcionario público, puede ser considerada una ofensa y la misma se pagará con 6 a 30 meses de prisión. Igualmente, la instigación a contravenir la ley a desobedecerla se castiga con penas de tres a seis años. Asimismo, el hecho de causar pánico por cualquier medio es castigado con prisión de dos a cinco años; y la obstaculización de la vía pública es penada con prisión de cuatro a ocho años. Estos nuevos delitos, con sus gravísimas penas, implican una barrera en el ámbito “democrático”, limitando la acción del periodista, labor que se complica más aún con la presencia de la reciente Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

Se está utilizando el derecho penal, como arma de intimidación y de amedrentamiento a la disidencia de todo pensamiento contrario. El caso reciente más notorio es el del General retirado Francisco Usón, condenado a seis años de cárcel por supuesto delito de difamación a la Fuerza Armada al emitir una opinión en un programa de televisión en la cual explicaba la utilización de un lanzallamas y los efectos que podría producir en el caso de unos soldados que murieron quemados en una celda de castigo.

Human Rights Watch, ha manifestado públicamente sus consideraciones al respecto y las consecuencias que estas reformas al Código Penal Venezolano tendrían sobre los derechos y la libertad de expresión de los venezolanos. “Venezuela se burló de los principios de los derechos humanos internacionales que protegen la libertad de expresión” ha declarado textualmente José Miguel Vivanco, director de esta organización en reiteradas oportunidades.

La plataforma legal diseñada por el gobierno venezolano ha producido que en Venezuela se incremente la autocensura. Los dueños de medios se cuidan cada vez más de publicar información que no esté bajo los parámetros de estas leyes. Los periodistas tienen miedo de hablar de los mecanismos que utilizan los dueños de los medios de comunicación para estrechar cada vez más el radar por el que pueden transitar sus reportajes.

No sólo la autocensura, se debe a la presión judicial. Los intereses económicos de algunos medios de comunicación, han permitido que el silencio informativo se deje notar claramente, sobre todo con este caso de Radio Caracas Televisión. Quizás esta sea la razón principal, para que cualquier ciudadano del mundo, no entienda claramente lo que ocurre en función de esta materia. Los medios se vuelven complacientes y hacen que los periodistas se conviertan en cómplices de sus negociaciones.

Todo esto hace que cada día en Venezuela exista un ambiente progresivo de intolerancia política que constituye ser una amenaza real y sustantiva contra la libertad de expresión. Como se ha dicho en repetidas ocasiones, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico de hablar o escribir, sino que comprende además inseparablemente, el derecho de utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor numero de destinatarios. En este sentido la expresión y la difusión de pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.

En definitiva la libertad de las ideas es el derecho que tiene el individuo para participar profundamente en la vida democrática. Solo aquel que no acepta criticas que se encierra en si mismo es incapaz de aceptar esta condición. Ignorantemente no sabe que la represión, la censura no es contra los periodistas y sus medios, sino que es una retaliación profunda contra los pueblos.

* Jorge Luis Benezra Briceño es periodista venezolano, productor de programas de información y opinión. Este texto es difundido por el proyecto Medios y Libertad en las Américas del Centro Internacional de Periodistas, patrocinado por la McCormick Tribune Foundation.