Un poco de
competencia
Santiago
O’Donnell *
La
decisión de Hugo Chávez de no renovarle la
concesión del espacio radioeléctrico al canal
de televisión abierta RCTV desató un vendaval
en Venezuela y en el mundo de los medios. Hubo
protestas en las calles, despedidas lacrimógenas
de periodistas, discursos condenatorios en el
recinto del Senado estadounidense, el Parlamento
Europeo y el Congreso brasileño. Y hubo también
una respuesta desafiante del gobierno venezolano,
que advirtió a otros medios televisivos
opositores que nadie tiene la renovación
garantizada.
Parece una
obviedad que un gobierno votado por dos tercios
de la población para impulsar un régimen
socialista aspire a tener un canal del Estado que
difunda programas culturales en vez de tevé
chatarra. También parece evidente que un
gobierno tiene todo el derecho a no renovar una
licencia, porque lo contrario sería suponer que
las licencias son eternas. RCTV no fue censurada
ni expropiada ni multada ni sancionada, sino que
debió trasladar su programación a una señal de
cable y a Internet porque cuando se le venció el
privilegio de transmitir por la televisión
abierta, el gobierno optó por ocupar la señal
con un canal estatal. Parece obvio pero no es
habitual. Los gobiernos no suelen enfrentar a los
grupos económicos que controlan los grandes
medios, porque la respuesta corporativa suele ser
contundente. Cuando se ven amenazados, los
multimedios ejercen su poder de lobby para
defender lo que ellos llaman “libertad de
expresión” a través de sus comunicadores a
sueldo, que muchas veces se definen a sí mismos
como “periodistas independientes”.
Se puede
argumentar que no fue prolijo lo de Chávez.
Tenía sobradas razones para no renovarle y hasta
para quitarle la licencia a RCTV porque ese canal
había promovido el fallido golpe de Estado del
2002. Pero el gobierno nunca abrió un expediente
para investigar esa conducta ni explicó por qué
RCTV fue el único que pagó un costo por ese
apoyo, cuando la mayoría de los medios
“independientes” había apoyado el
golpe. Sin embargo, tampoco son prolijos en este
tema los gobiernos que negocian las renovaciones
en reuniones privadas, como sucede acá y en
todos lados.
En un mundo
ideal las licencias se abrirían a concurso en el
marco de un proyecto de comunicación consensuado
por toda la sociedad, como acaba de fallar la
Corte Suprema de México. Quizá los señores
Hadad, Manzano o De Narváez no son los más
idóneos para dirigir un canal de televisión.
Quizá no está bien que el principal diario y el
segundo canal de aire y la empresa de televisión
por cable más grande tengan el mismo dueño.
Pero el gobierno argentino les renovó la
licencia sin fundamentar esa aparente
discriminación positiva. Lo mismo hicieron todos
los gobiernos que lo precedieron con los dueños
de entonces, y lo mismo pasa en otros países. El
propio Chávez negoció la renovación de la
licencia de Venevisión, del grupo Cisneros, el
otro gran canal de la televisión abierta
venezolana. Hasta entonces, Gustavo Cisneros,
presidente del grupo, había sido el líder de la
oposición al chavismo, pero después del acuerdo
el canal moderó sus críticas. No parece
correcto que el lobby mediático sea juez y parte
en el tema de las licencias televisivas,
silenciando los enjuagues que lo favorecen
mientras amplifica y distorsiona las supuestas
consecuencias para la libertad de expresión de
las decisiones que lo perjudican.
Se podrá decir,
parafraseando mal a Bertolt Brecht: primero
vinieron por RCTV, después vendrán por otro y
por otro hasta acabar con la pluralidad
informativa en Venezuela. Se podrá decir
también que el gobierno de Chávez adoptó leyes
antipáticas que se parecen mucho a criminalizar
la crítica. Pero también hay que decir que la
oposición sigue estando mejor representada en
los medios que en la población general, ni
hablar del Parlamento, donde no tiene ni un solo
representante porque no se presentó en las
últimas elecciones. Y hay que decir que las
leyes mordaza existen e intimidan, pero las
críticas en los medios opositores siguen siendo
tan fuertes como en el primer día, con la
notoria excepción ya apuntada del grupo
Cisneros. El único canal de noticias las 24
horas, Globovisión, la tercera señal en
audiencia, sigue siendo rabiosamente antichavista
y hasta ahora ningún periodista venezolano fue
detenido.
La polarización
no favorece la libre circulación de ideas, pero
tampoco los oligopolios. En Venezuela, cuando
llegó Chávez, la cosa era así:
“Si se
analiza el índice de concentración de las
industrias infocomunicacionales venezolanas a
partir de la influencia de las cuatro principales
empresas de cada sector en facturación y en
dominio de mercado de ventas, se concluye que se
trata de un país con un alto nivel de
concentración, particularmente en lo que
respecta a las telecomunicaciones, pero también
en televisión de pago, televisión abierta y
prensa”. La cita es de un informe sobre
propiedad de medios en América latina en el año
2000, un año después de la asunción de
Chávez. El trabajo fue preparado por los
docentes en comunicación Guillermo Mastrini
(UBA) y Martín Becerra (Universidad de Quilmes)
para el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS),
una organización de la sociedad civil con base
en Lima, y presentado el año pasado en Buenos
Aires por Horacio Verbitsky y el periodista
peruano Gustavo Gorriti.
Respecto de la
televisión abierta, los autores del informe se
permiten la siguiente observación: “La
industria televisiva venezolana aparece dominada
por la actividad del grupo Cisneros y por un
volumen de facturación importante (72 por ciento
del total de la torta publicitaria de las
industrias culturales). Las dos primeras cadenas
de televisión abierta (Venevisión y RCTV)
ejercen un dominio sustantivo del mercado”.
En cuanto a la
prensa gráfica, el informe de IPYS señala que
los cuatro diarios principales concentran el 70
por ciento del mercado. Esos diarios eran y
siguen siendo portavoces más o menos virulentos
de la oposición: El Nacional, El Universal,
Ultimas Noticias y El Mundo. “La prensa
permanece con un mercado dominado por actores
tradicionales (El Nacional, El Universal), que...
establecen alianzas coyunturales en función de
los posicionamientos y colocaciones que van
adoptando en la dinámica política del país,
caracterizada por fuertes disputas tras la
corrosión del viejo sistema político venezolano
en los años ’90”, dice el informe.
La telefonía
venezolana, privatizada en 1991, se mantuvo como
monopolio privado hasta fines del 2000. “El
mercado de telecomunicaciones fue regulado por un
régimen de monopolio hasta fines del año 2000,
cuando comenzó a liberalizarse. Hasta ese
entonces la concesión del servicio la tenía la
compañía Cantv, mayoritariamente integrada por
el grupo Verizon (GTE y Bell Atalantic)... El
nivel de concentración es extremo, dado que se
trata de un monopolio”, destaca el trabajo.
Después de permitir la entrada de nuevos actores
al mercado telefónico a partir del 2001, el
gobierno de Chávez llegó a un acuerdo
económico con Venizon para nacionalizar Cantv el
año pasado y el traspaso se hizo sin grandes
traumas.
La
investigación de Becerra y Mastrini no analiza
en detalle al grupo 1BC que controla RCTV además
de dos radios, una productora de contenidos y un
servidor de Internet entre otros emprendimientos.
Pero la reseña que los autores hacen del grupo
Cisneros da una idea del alcance de los grupos
multimedia en el siglo XXI, que dista mucho del
rol testimonial que aparentan cuando tratan las
noticias:
“El grupo
Cisneros tiene compañías e intereses en las
áreas de telecomunicaciones, medios
(fundamentalmente audiovisuales), cervecería,
entretenimientos y alimentos. Entre sus empresas
sobresale la emisora televisiva Venevisión en
Venezuela y su intervención en la compañía
DirecTV (aliado con Hughes Electronics). También
cuenta con acciones en la cadena Univisión,
dirigida a la comunidad hispana en Estados
Unidos, y en la empresa de servicios de Internet
AOL Latinoamérica. Además, el grupo es
propietario de un equipo de béisbol profesional
y cuenta con la embotelladora más grande de
Sudamérica gracias a un acuerdo suscripto a
fines de la década del noventa con la compañía
Coca-Cola... Venevisión es hoy uno de los tres
proveedores de contenidos en castellano más
importantes del mundo, a la vez que provee
programación a los canales Caracol (Colombia),
Chilevisión (Chile, hasta el 2000) y Univisión,
entre otros. Asimismo, cuenta con los derechos de
Space, I.Sat, MuchMusic, Playboy TV y otras
señales presentes en todo el continente
americano. En el sector de entretenimientos,
está asociado con Blockbuster en Puerto Rico y
con Vene Music, que promueve música latina,
entre otras compañías que expanden su margen de
acción a toda América latina y al mercado
hispano de Estados Unidos... El grupo Cisneros es
socio de grandes operadores del sector medios de
comunicación, producción de contenidos y del
mercado financiero (como el Banco Itaú de
Brasil)”. Los grupos económicos usan a sus
medios para defender sus intereses, no para abrir
espacios que desafíen su hegemonía.
En Venezuela,
hasta hace poco, un oligopolio privado controlaba
la agenda mediática. Ahora ese oligopolio
enfrenta la competencia del aparato de
comunicación estatal del gobierno chavista, que
incluye más de 200 radios y canales
comunitarios, decenas de sitios de Internet, el
canal regional Telesur, el local VTV y el
cultural TVes, sucesor de RCTV en la televisión
abierta. Para la diversidad informativa, un poco
de competencia nunca viene mal.
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Santiago O’Donnell es editor e la sección internacional
del diario argentino Página/12
y colaborador de SdP.
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