La Reforma de la Televisión Nacional en Chile

Valerio Fuenzalida *

En Chile, inicialmente tuvimos un régimen televisivo en el cual no había televisión privada con fines comerciales. La televisión era operada por varias Universidades chilenas (las dos más importantes: la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile) y por el Estado, que fundó, mucho más tardíamente que las Universidades, prácticamente diez años después, una empresa que se llamó Televisión Nacional de Chile, cuya primera tarea fue cubrir íntegramente el territorio nacional.

Por ello, nuestra tradición hasta el año 90 fue la ausencia de la televisión privada. De alguna manera se pensaba que el pluralismo se podía garantizar a través de las Universidades, dada su tradición cultural, plural y de debate.

Con la crisis militar desde el año 73 al 90, el país surge en condiciones muy distintas, en primer lugar, se introduce la televisión privada como una fuerte competencia dentro del escenario televisivo. Y por otra parte, la crisis política va llevando a un cierto consenso en el país, de que la emisora pública, que había sido operada por los gobiernos sucesivos en esos años, debería ser reformada sustantivamente para quitársela al gobierno. Literalmente eso: quitársela al gobierno y entregarla al Estado, representado por algunos Poderes públicos.

Esta reforma obedece al convencimiento y consenso que se fue estableciendo en el país, de que la gran misión pública que debería tener Televisión Nacional de Chile era garantizar el balance en la información pública para el país. 30 años de historia habían mostrado que la carencia de una información pública plural y balanceada, habían contribuido a toda la crisis que vivió el país el país y que culminó con el régimen militar.

Por lo tanto, la reforma de la Televisión Nacional de Chile y la gran misión pública que se le asigna en la reforma, es la tarea de mantener el balance informativo y el pluralismo en la información televisiva.

Al igual que en otros países, especialmente Inglaterra, en el caso de la BBC y el de Alemania, lo que se busca en Televisión Nacional es un pluralismo interno, puesto que es imposible garantizar -por lo menos en esos años- un pluralismo externo, dado la carencia de frecuencias, pero también -y más importante- dado el altísimo costo que significa una estación de televisión.

La reforma de Televisión Nacional de Chile empezó a operar en 1990 antes de su Ley, en el momento en que el Presidente Alwyn designa al primer grupo administrativo, que tuvo la tarea de poner en práctica, dos años antes de la Ley, el espíritu de esa Ley.

Pero además, como ese equipo administrativo compartía totalmente estas directrices, fue el encargado de elaborar los primeros anteproyectos de esa Ley, que posteriormente el Ejecutivo enviaría al Congreso Nacional.

La reforma que fue promulgada legal y jurídicamente en 1992, pero que comenzó a operar desde el año 90, buscó tres grandes objetivos:

El primer gran objetivo fue otorgar a la estación una autonomía jurídico-política del gobierno, a través de una serie de mecanismos que voy explicar más en detalle. Pero básicamente Televisión Nacional de Chile es gobernada por un directorio, el cual es designado, en común acuerdo por el Presidente de la República y por el Senado.

El poder total que tenía el Presidente de la República, único poder del Estado que dirigía Televisión Nacional, es ahora equilibrado por la intervención del Senado en la designación del directorio. Por lo tanto, pasamos a ser una empresa pública, que ya no depende del Ejecutivo, que no depende del gobierno, sino que tiene un directorio que es designado en común acuerdo, entre dos Poderes públicos del Estado.

La segunda gran reforma fue: otorgar a la estación una autonomía económica, puesto que se entendía que sin autonomía económica, una autonomía jurídica era completamente una ilusión.

La tercera gran reforma fue: una autonomía administrativa, para garantizar una estabilidad empresarial y una sanidad de desarrollo como industria.

Voy a referirme en detalle en primer lugar a la autonomía jurídico política y después a los otros puntos de autonomía económica y autonomía administrativa y empresarial.

¿Cómo nuestros legisladores y los autores de estos proyectos de ley quisieron plasmar esta aspiración de una autonomía jurídico política? Es decir, que ésta autonomía no fuera solamente una ilusión o un deseo, sino que eso tuviera un modelo jurídico que la garantizara.

Uno de los mecanismos fue designar un directorio integrado por ocho personas. El presidente del directorio es designado libremente por el Presidente de la República y dura lo que dura el periodo de gobierno del Presidente de la República, el cual ha sido relativamente cambiante en Chile, de seis años se ha reducido a cuatro.

En segundo lugar, hay un director representante de los trabajadores de Televisión Nacional de Chile, de los trabajadores de planta, hago esta indicación porque en televisión hay alrededor de 700 trabajadores de planta. Pero hay alrededor de 2 mil otros trabajadores que trabajan para la estación. Este director dura dos años.

Y, en tercer lugar, hay un núcleo de seis directorios que son nominados en un acuerdo consensual entre el Presidente de la República y el Senado. Duran ocho años pero son elegidos por mitad de tres y tres directores.

Todos estos directores tienen algunas características. El presidente del directorio es nominado por el Presidente de la República pero es inamovible. Es decir, el Presidente de la República no tiene facultad legal para destituirlo de su cargo.

El director representante de los trabajadores tampoco es removible por los trabajadores. Él tiene derecho a voz en las reuniones pero no tiene derecho a voto en las decisiones del directorio.

Finalmente, los seis directores son nominados en algún acuerdo entre el Presidente de la República y el Senado, pero un acuerdo que tiene una serie de características muy especiales: no son votados uno a uno; no es que el Presidente de la República mande una lista de seis y diga votemos al primero sí o no; se vota la lista completa, se aprueban los seis o no se aprueban los seis.

Tienen que ser aprobados por una mayoría calificada no por simple mayoría de los senadores presentes, sino que por mayoría absoluta. También son inamovibles y son renovables por mitades. Todos estos elementos que parecen minucias legales, fueron objeto de mucha discusión y lo que se buscó con esto es garantizar un altísimo acuerdo y una gran confianza pública de todos los sectores, oficialistas y de oposición, en estos seis nombres.

Una de las cosas que se habían diagnosticado era la inestabilidad en la dirección de la empresa. Por lo tanto, dotar a la empresa de una dirección muy estable, fue uno de los objetivos que buscó la ley y para cumplir con esos objetivos, se buscaron mecanismos que garantizaran que los directores fueran personas de altísima confianza.

Ni la oposición ni el oficialismo tienen mayoría en el Senado. Por lo tanto, la ley obliga a un consenso en personas de confianza mutua, siendo de ideas distintas.

Estos mecanismos buscan garantizar la estabilidad, la inamovilidad busca lo mismo, porque de otra manera puede una mayoría ocasional enjuiciar a un director de televisión nacional y destituirlo políticamente. La no posibilidad de destitución, busca la seguridad en el cargo para que puedan realizar la tarea de dirigir una empresa sin presiones de mayorías ocasionales del Senado.

Estos son mecanismos que fueron muy discutidos y a través de los cuales se quiso lograr que la autonomía no fuera meramente un ideal o un buen deseo que después del fragor político se va acabando. Son mecanismos que podrán ser revisables, mejorables pero que intentan garantizar estabilidad y autonomía en la dirección de la empresa.

Existen otros mecanismos que también están contemplados en la ley y que también buscan esa autonomía y estabilidad. El vicepresidente del directorio de la Televisión Nacional tiene que ser una persona de alta confianza del directorio. Por lo tanto también es nominado por una mayoría calificada de cinco de siete votos. Nuevamente se busca esa alta confianza y no meramente vencer un voto de diferencia.

El director ejecutivo de Televisión Nacional desde cuyo nivel hacia abajo comienza la estructura empresarial, distinta de la estructura de dirección. La estructura de dirección es un organismo donde están representadas las distintas sensibilidades político culturales del país; desde el director ejecutivo hacia abajo comienza la pirámide empresarial que tiene que ser de máxima estabilidad y de máxima confianza.

El director ejecutivo de Televisión Nacional es nominado por el directorio con cinco de siete votos y puede ser removido por el directorio también por cinco de siete votos. Nuevamente estos altos quórums están buscando personas de gran confianza que garanticen estabilidad en el manejo de la empresa.

El director ejecutivo participa en el directorio, al igual que el representante de los trabajadores, con voz pero sin voto. Hay una nítida diferencia entre el nivel ejecutivo de la empresa y el nivel político cultural en que están representadas las distintas sensibilidades. El directorio es el lugar de negociación del pluralismo político cultural. Desde ahí hacia abajo comienza una empresa a la que la ley buscó darle una fuerte estabilidad y eso se refleja en este cargo del director ejecutivo, que tiene que ser nominado y removido por una gran mayoría.

Igualmente los ejecutivos superiores de Televisión Nacional son propuestos por el director ejecutivo, son personas de su confianza personal, pero también tienen que ser de la confianza del directorio, ellos son nominados por una mayoría simple de 4 sobre 7 votos y al igual que el director ejecutivo, ellos participan con voz y sin voto cuando son citados por el directorio.

A través de estos mecanismos jurídicos es como se ha querido cumplir el objetivo de tener una televisión pública no manejada por el gobierno, sino pública en el sentido de que es manejada por dos poderes públicos, uno es el Presidente de la República, Chile tiene un régimen presidencialista y por lo tanto su autoridad tiene que ser tomada en cuenta, pero también nominado por otro poder público como el Senado de la República.

La tradición política chilena distingue el rol del Senado del de la Cámara de Diputados, le otorga un rol mucho más consensual y la cámara política es más bien la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, la ley ha querido colocar el directorio de Televisión Nacional bajo poderes públicos que buscan básicamente el consenso y por lo tanto, sirva en su programación a los intereses permanentes del país y no los intereses de los gobiernos y los ejecutivos elegidos cada 6 años.

Cuando se discutió en el parlamento la Ley de Televisión Nacional, nuestro énfasis fue en la autonomía jurídico política además de otorgar una capacidad de gestión administrativa, ágil, flexible, para poder encarar el nuevo escenario competitivo que se había establecido en Chile con la televisión privada.

En la tramitación de la ley, el parlamento acentuó todavía mucho más estos rasgos de la autonomía económica y de la autonomía empresarial. O sea, el parlamento subrayó que el Estado quería tener una televisión pública, pero una televisión pública sana financieramente, bien gestionada, flexible para tomar decisiones y poder competir en el mercado.

Eso se quiso lograr a través de una serie de disposiciones que están normadas, que están puestas explícitamente en la ley.

Televisión Nacional no tiene fines de lucro, en eso se diferencia de las estaciones privadas comerciales con fines de lucro, pero tiene que autofinanciarse y eso significa que no puede recibir dinero del Estado, entregado a través de un ministerio, no puede comprometer el crédito del Estado chileno para, por ejemplo, obtener créditos bancarios, dentro o fuera del país. Pero tampoco puede donarle espacios al Estado chileno, porque esos son mecanismos de presión económica sobre la estación. Si nosotros recibiéramos dinero del Estado, nuestro director ejecutivo gastaría muchos meses del año en una doble negociación anual, primero con el director del presupuesto para negociar las partidas que habría que incorporar, y en segundo lugar, negociar políticamente al interior del parlamento para que esas partidas fueran acordadas y otorgadas y ninguna de esas negociaciones es gratuita. En cada una de ellas se pierde autonomía. Por lo tanto, los legisladores fueron tajantes: no van a recibir dinero del Estado, pero tampoco van a prestar servicios gratuitos. Nosotros no podemos, por ejemplo, pasar publicidad gratuita del Estado, el Estado tiene que pagar.

Todo ello también busca la competencia leal con las estaciones universitarias y con las estaciones privadas. Para lograr eso la estación tiene que tener una gran capacidad de gestión empresarial.

La Televisión Nacional no está sometida a las normas administrativas de las empresas del Estado, sino más bien al régimen de las sociedades anónimas abiertas. De esa manera puede constituir cualquier otra empresa complementaria a su actividad central de emitir y producir televisión. Los trabajadores tienen el estatuto de los trabajadores privados, es decir, tienen derecho a sindicalizarse y negociar colectivamente con la dirección ejecutiva y el directorio de la estación.

Sin embargo, se ingresa al canal por concurso público. Aquí hay una mezcla, una hibridación entre lo público y lo privado. Se tiene estatuto de privado, pero se debe concursar para obligar a la estación a tener una gran responsabilidad y transparencia en la gestión, los balances tienen que ser sometidos a auditores externos y no de libre elección, auditores que estén inscritos en el Registro Público de Auditores y además de ser fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros y no por la Contraloría General de la República.

Todos estos elementos buscan darle a la empresa una gran autonomía en su gestión, una gran flexibilidad y, por lo tanto la capacidad de competir en el escenario cada vez más competitivo de la televisión en todos los países del mundo.

En las múltiples reuniones donde hablamos de los medios del Estado, nos fijamos en la autonomía jurídico política, en independizar a los medios de comunicación de la manipulación por parte de los gobiernos.

Yo creo que la ley ha introducido ciertos elementos que por lo menos en el caso de la televisión, son absolutamente imprescindibles. La televisión es una industria de altísimo costo y de fuerte competencia. Si una estación pública no tiene sanas bases industriales para competir, es una empresa que tiene pies de barro y una fragilidad que al poco tiempo va a estar en un estado muy precario.

Por lo tanto el tema de la sanidad industrial de una empresa de televisión, es un aspecto que es interesante de tomar en cuenta en nuestras discusiones.

* Valerio Fuenzalida es jefe de estudios cualitativos de la Dirección de Programación de la Televisión Nacional de Chile e investigador del CENECA y del CPU, además de consultor de UNESCO, UNICEF, CEPAL-FAO y CIESPAL. Es autor, entre otros libros, de Televisión y cultura cotidiana (CPU, 1997). Esta ponencia fue presentada en la Conferencia Internacional "El derecho de la información en el marco de la reforma del Estado en México", realizada en mayo de 1998 bajo los auspicios de la Comisión de RTC de la Cámara de Diputados, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Fundación Konrad Adenauer y la UNESCO, y se reproduce en Sala de Prensa con autorización del presidente de la Comisión de RTC, diputado Javier Corral Jurado.