ANÁLISIS
POR PAÍS
ARGENTINA
La prensa
argentina siguió trabajando en libertad y
mayormente sin temor a los ataques físicos. Pero
varios gobiernos provinciales y el gobierno
nacional manipularon la asignación de publicidad
estatal como castigo a quienes informan de modo
crítico y recompensaron a los medios que los
respaldaron. Dos nuevos estudios determinaron que
la distribución de la publicidad
gubernamental con motivación política socava la
libertad de prensa en la Argentina.
Poder Ciudadano,
una organización no gubernamental que promueve
la participación cívica, reveló que la
distribución de publicidad estatal está regida
por “una regla no objetiva”, que
permite a funcionarios a favorecer a medios
“amigos”. El análisis de la entidad
demostró que Clarín, el matutino de
mayor circulación del país con una tirada
diaria de 420,000 ejemplares, recibió la mayor
cantidad de publicidad del gobierno, un total de
7.1 millones de pesos (2,3 millones de dólares
estadounidenses).
Pero el estudio
puso al descubierto anomalías en otras partes. La
Nación, el segundo matutino más importante
con una circulación diaria de 160,000
ejemplares, recibió un 17 por ciento menos en
ingresos por publicidad gubernamental que Página
12 –aun cuando llega a más del
doble de lectores en días de semana.
“Esta
alteración en el criterio de distribución
contrasta con la tirada de ambos matutinos”,
afirmó el informe. La revista Noticias, crítica
del gobierno, no recibió ningún aporte por
publicidad del gobierno.
Poder Ciudadano,
que divulgó su informe en septiembre, observó
que el presupuesto por publicidad del gobierno
era de 88 millones de pesos (29 millones de
dólares estadounidenses). Las dependencias
regionales también compran publicidad, los
avisos publicitan temas tales como servicios
hospitalarios y programas escolares, e informan a
los ciudadanos sobre sus obligaciones y
derechos. El informe concluyó que “el
derecho a la libertad de prensa se ve resentido
porque los beneficiarios de la pauta podrían no
informar todo lo que haga a cuestiones
problemáticas para el gobierno, además de que
siempre existe la posibilidad de obtener
información sesgada por el flujo del dinero
oficial”.
Un informe
divulgado en diciembre por Iniciativa
Pro-Justicia de Open Society, un grupo radicado
en Nueva York que promueve reformas legislativas
en todo el mundo, y la organización no
gubernamental argentina, Asociación por los
Derechos Civiles, también examinaron la
distribución de publicidad gubernamental.
El informe,
titulado “Una Censura Sutil: Abuso de
publicidad oficial y otras restricciones a la
libertad de expresión en Argentina” Comprar
las noticias”, reveló “una cultura
enquistada de abuso persistente por parte de
funcionarios de gobiernos provinciales que
manipulan la distribución de publicidad con
fines políticos y personales,” e indicó
que tales decisiones son tiene efectos
especialmente “insidiosos” en las
provincias en las cuales la publicidad oficial es
crítica para la supervivencia de muchos medios.
En una de las cuatro provincias analizadas,
Tierra del Fuego, los medios reciben 75 por
ciento de sus ingresos por publicidad de
parte de dependencias gubernamentales, reveló el
informe.
Aun cuando los
medios nacionales dependen menos de la publicidad
gubernamental, afirmó el informe, “esto no
impide que el gobierno nacional asigne publicidad
según lo que sólo se puede describir como
favoritismo político”.
En una encuesta
nacional de periodistas, un 53 por ciento de los
consultados identificó la dependencia de
los medios con respecto a la publicidad estatal
como el problema más acuciante que enfrenta la
profesión. Estos resultados, divulgados en
noviembre, se basaron en datos provistos por 282
respuestas de un cuestionario elaborado por el
grupo de prensa Foro de Periodismo Argentino
(FOPEA) y enviado a periodistas en todo el país.
La prensa mantuvo
una relación tensa con el Presidente Néstor
Kirchner y su gobierno. En julio, Kirchner acusó
a los medios de “histéricos” cuando la
prensa sugirió que los aumentos en los pagos a
jubilados habían sido motivados políticamente.
Mabel Moralejo, directora ejecutiva de FOPEA,
indicó que Kirchner busca desacreditar a los
periodistas que cuestionan sus políticas.
Kirchner y otros funcionarios argumentaron que el
gobierno estaba expresando su derecho a no estar
de acuerdo con las críticas en la prensa.
Los periodistas
manifestaron que el gobierno no se ha mostrado
bien predispuesto o abierto, destacando que
Kirchner no ofreció ni siquiera una conferencia
de prensa desde que asumió su cargo en el
2003, y las pocas entrevistas concedidas.
“Los mejores periodistas son los
fotógrafos, porque no hacen
preguntas”, Kirchner les comentó con
ironía a los miembros de su gabinete durante una
reunión en julio en la que se permitió el
acceso a la prensa.
El acceso a la
información pública sigue siendo limitado, lo
que impulsa a los periodistas a confiar en
filtraciones y en fuentes confidenciales. Un
proyecto de ley sobre libertad de acceso a la
información pública, que había sido
considerado por grupos de prensa y por
organizaciones no gubernamentales como un
importante paso adelante para regular los
secretos del estado, perdió estado parlamentario
en el Congreso en el 2005. Tal como se había
redactado originariamente, la medida habría
permitido que los ciudadanos pidieran, entre
otras cosas, información sobre contratos del
gobierno y el uso de fondos públicos. Pero los
cambios introducidos por el Senado habrían
exigido que quienes requerían información
explicaran sus razones, presentaran una solicitud
semejante a una declaración jurada o pagaran
algún honorario en ciertos casos. Aquellos que
respaldaron el proyecto de ley señalaron
que las revisiones del Senado contradecían
el objetivo de la legislación, y la medida fue
archivada en la Cámara de Diputados.
Un estudio de la
Universidad de Buenos Aires cuestionó la
efectividad de un decreto del Poder Ejecutivo del
2003 firmado por Kirchner. El estudio reveló que
el ejecutivo completó 18 de un total 71
solicitudes que se hicieron en un período de
tres meses entre abril y julio. El gobierno adujo
que el porcentaje había sido mucho mayor y que
había cumplido con un 96 por ciento de las 386
solicitudes realizadas entre abril del 2004 y
julio del 2005, informó el diario La Nación.
BRASIL
La constitución
de Brasil garantiza la libertad de expresión y
prohíbe la censura. Pero en la práctica los
medios ven impedida su labor por demandas de
difamación, tan comunes que son
llamadas la “industria de la
compensación”, y por jueces de tribunales
de primera instancia que suelen interpretar la
ley brasileña de modo tal que restringe la
libertad de expresión.
Las autoridades
lograron importantes condenas en los recientes
asesinatos de dos periodistas, aunque Brasil
sigue siendo un país peligroso para la prensa.
Cuatro periodistas cayeron en cumplimiento de su
labor informativa en cinco años. Como sucede en
gran parte de América Latina, los periodistas
que trabajan en ciudades que son importantes
sedes del gobierno y de empresas, como Brasilia,
San Pablo, y Río de Janeiro, suelen gozar de
mayor protección que sus colegas en las regiones
empobrecidas y aisladas del Amazonas y del
noreste. En el vasto interior del país
–donde la influencia del gobierno es débil
y la de los narcotraficantes y la corrupción es
fuerte– los periodistas se autocensuran por
temor a represalias.
En reconocimiento
a una trayectoria periodística sobresaliente y a
su trabajo en una región muy peligrosa, el CPJ
premió a Lúcio Flavio Pinto con uno de sus
Premios Internacionales a la Libertad de Prensa
en el 2005. El galardonado periodista quien vive
en Belém, en el estado amazónico de Pará, ha
enfrentado docenas de procesos penales por
difamación y recibió numerosas amenazas por su
crítica labor informativa acerca de una variedad
de temas, incluyendo el narcotráfico, la
devastación ambiental y la corrupción política
y corporativa. Dueño del pequeño periódico de
aparición bimensual Jornal Pessoal, Pinto
también criticó a los medios locales por la
forma superficial en que cubren las noticias en
la región del Amazonas.
El CPJ ha
documentado una reiteración de casos de censura
judicial a través de los años. En nombre de una
supuesta protección a la privacidad y al honor
personal, los jueces prohibieron que los medios
informaran sobre las denuncias de corrupción que
involucraban a funcionarios públicos. Tribunales
de primera instancia usaron el Artículo 20 del
Código Civil, en particular, para emitir
órdenes judiciales en contra de la prensa. En
septiembre, por ejemplo, un empleado
administrativo encargado de pagar sueldos que
fuera acusado de malversar fondos públicos,
convenció a un juez de prohibirle al matutino A
Tribuna, con sede en la ciudad portuaria de
Santos, cubrir las audiencias administrativas por
estas acusaciones. El juez también ordenó el
pago de una multa diaria de 50,000 reales (22,000
dólares estadounidenses) en caso de que el
periódico no cumpliera con su orden. El Tribunal
de Justicia del Estado de San Pablo, una corte de
apelaciones, dejó sin efecto la prohibición
provisoriamente mientras examinaba la orden del
juez.
Los procesos
penales y civiles por difamación en contra
de los medios se estiman en miles en los últimos
cinco años, según informes de la prensa local.
Empresarios, políticos y funcionarios públicos
a menudo entablan múltiples juicios en contra de
los medios y de los periodistas como una forma de
presión, provocando su asfixia financiera
financieros y forzándolos a frenar sus
críticas. Como parte de la “industria de la
compensación”, los demandantes persiguen
sumas desproporcionadas en concepto de
“daños morales y materiales”.
Según las
encuestas realizadas por publicaciones legales y
asociaciones de medios, los jueces a menudo
admiten tales demandas en las cortes, y
eventualmente se pronuncian en contra de la
prensa. Tanto del código penal como la Ley de
Prensa de 1967 –aprobada durante un
régimen militar– penalizan la difamación y
la calumnia. La Ley de Prensa establece prisión
de seis meses hasta tres años por calumnias, en
tanto que el código penal establece una pena de
tres meses a un año de prisión por difamación.
En una señal
alentadora, un juez de un tribunal superior
cuestionó la ley de prensa. Edson Vidigal,
presidente del Tribunal Superior de Justicia, el
segundo más alto tribunal del Brasil, afirmó en
varios discursos y entrevistas que recibieron
amplia difusión, que la ley estaba
“implícitamente revocada por la
Constitución de 1988”. Vidigal, él mismo
ex periodista, también declaró que el Artículo
20 del código civil es incompatible con las
garantías constitucionales de libre expresión,
y que la habilidad de los periodistas para cubrir
las noticias se verá severamente restringida en
la medida en que ambas leyes sigan en vigencia.
En agosto, el
magistrado José Celso de Mello Filho del Supremo
Tribunal Federal –el más alto de
Brasil– emitió un fallo que fue recibido
como un importante precedente para la libertad de
prensa. Desestimando acusaciones de subversión
en contra de tres periodistas de la revista Veja
–que había publicado varios artículos
críticos sobre el gobierno– Mello Filho
escribió: “Debería tenerse en
cuenta….cuando se busca la represión penal
para las críticas periodísticas, como en este
caso, que el estado no tiene ningún poder sobre
las palabras, ideas y convicciones expresadas por
profesionales de medios de comunicación”.
La concentración
de la propiedad de los medios sigue generando
preocupación, particularmente en el sector
televisivo que está dominado por el grupo
Organizações Globo, una de las empresas de
telecomunicaciones más grandes del mundo y
líder nacional en ingresos por publicidad. En
algunos de los mercados locales más grandes, el
mismo grupo de medios controla diarios, la red de
canales de cable y TV, emisoras de radio y
portales de Internet. Un número de
políticos regionales son dueños de emisoras,
especialmente en los estados nordestinos de
Alogoas, Maranhão, y Ceará.
Durante el 2005,
las organizaciones comunitarias de medios se
quejaron de que ANATEL, la agencia reguladora de
las telecomunicaciones, clausuró docenas de
emisoras de radio comunitarias que operaban sin
licencias para transmitir y les confiscó sus
equipos. Varios miles de emisoras comunitarias
actualmente en el aire, han solicitado
formalmente licencias, pero el proceso de
aprobación lleva varios años. En febrero, el
gobierno estableció un grupo de funcionarios de
varios ministerios encargados de buscar formas
para que la obtención de licencias se volviese
más expeditiva y de supervisar las operaciones
de las emisoras de radio comunitarias.
En un
acontecimiento positivo, varios hombres acusados
de asesinar a periodistas en dos casos separados
fueron enjuiciados. Seis hombres acusados en el
2002 por el asesinato del periodista de TV Globo
Tim Lopes, fueron juzgados, condenados y
sentenciados a más de 20 años de prisión. El
séptimo y último acusado cuyo testimonio ayudó
a condenar a otros seis hombres, fue sentenciado
en octubre a nueve años y cuatro meses de
prisión. Lopes fue golpeado por miembros de una
banda del crimen organizado y brutalmente
asesinado por el cabecilla del grupo mientras
trabajaba en una nota de investigación sobre
narcotraficantes supuestamente involucrados en la
explotación sexual de menores en una favela de
Río de Janeiro.
El autor
intelectual del crimen fue condenado en el
caso Lopes y fue sentenciado a 28 años de
cárcel. Este datos es doblemente alentador ya
que los autores intelectuales resultan
condenados en menos de un 15 por ciento de los
casos por asesinato de periodistas en todo el
mundo, según la investigación del CPJ.
En junio, dos
hombres acusados de haber participado en el
asesinato del periodista Domingo Sávio
Brandão Lima Júnior, en el 2002, fueron
condenados a 15 y 17 años de
cárcel, respectivamente. En septiembre del 2002,
sicarios asesinaron a Brandão, dueño y editor
de Folha do Estado, matutino de Cuiabá en
el estado de Mato Grosso. João Arcanjo
Ribeiro, identificado por fiscales federales y
estatales como líder de la mafia de Mato Grosso,
fue acusado de asesinar a Brandão en represalia
por la crítica que su diario hiciera del crimen
organizado y del juego clandestino. Arcanjo
Ribeiro, encarcelado en Uruguay, espera la
extradición.
COLOMBIA
En mayo, el CPJ
identificó a Colombia como uno de los cinco
países donde los periodistas corren más riesgos
de ser asesinados, reputación alcanzada por la
caída de 12 periodistas asesinados en
cumplimiento de su labor informativa desde el
2000.En la última década, 28 periodistas en
Colombia cayeron en cumplimiento de su labor.
Aun así, la
violencia disminuyó por segundo año
consecutivo, con un solo periodista caído en el
2005. El gobierno se adjudicó el mérito por
esta reducción, pero muchos periodistas afirman
que hoy una autocensura generalizada que ha
reemplazado a la numerosa cifra de asesinatos.
Una investigación realizada en octubre por el
CPJ reveló que las amenazas, los ataques y la
intimidación por parte de los actores del
conflicto armado son constantes, provocando que
la prensa se limite severamente en su cobertura
de la guerra civil, los abusos a los derechos
humanos, el crimen organizado, el narcotráfico y
la corrupción.
Para el informe
especial del CPJ, “Historias no
contadas”, el periodista radicado en
Bogotá, Chip Mitchell, entrevistó a más de
treinta de periodistas durante viajes de trabajo
a los departamentos más conflictivos como
Arauca, Córdoba, y Caquetá. Editores,
periodistas y otros profesionales de medios
señalaron que están acostumbrados a
autocensurarse por temor a represalias físicas
de los grupos guerrilleros de izquierda, de los
paramilitares de derecha, junto con el acoso de
tropas y funcionarios gubernamentales. En otros
casos, los periodistas de investigación son
obligados a abandonar sus notas debido a
intimidaciones. Más a menudo, las
investigaciones ni siquiera se inician ya que la
amenaza de violencia es generalizada. La
autocensura es más extrema entre los medios
regionales en las áreas provinciales, en donde
la presencia del gobierno es débil y la
protección del estado mínima.
Aunque el gobierno
ejerce poco control formal sobre el contenido de
las noticias, las autoridades colombianas,
incluyendo a altos funcionarios del gobierno del
Presidente Álvaro Uribe, a menudo persuaden a
los medios para que se autocensuren. Los factores
económicos también contribuyen a la
autocensura. Periodistas en medios con escaso
personal con frecuencia deben vender publicidad
colocándose en una difícil posición al tener
que informar sobre la gente que los ayuda a
ganarse la vida. La mayoría de los periodistas
colombianos que trabajan tiempo completo ganan
menos de 800,000 pesos (350 dólares
estadounidenses) al mes.
“Historias no
contadas” fue lanzado el 29 de octubre en
una conferencia del CPJ en Bogotá. Joel Simon,
director adjunto del CPJ, moderó el debate de un
panel auspiciado por la Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP). Carlos Cortés,
director ejecutivo de FLIP, y María Teresa
Ronderos, presidente del grupo, participaron del
panel. Cuatro periodistas citados en el informe
realizaron detalladas presentaciones sobre los
peligros y las implicancias de hacer periodismo
en Colombia. Uno de los panelistas, Angel María
León, proveniente de la provincia de Arauca
–dominada por el conflicto–, sostuvo
que las continuas amenazas de muerte habían
obligado a la prensa local a viajar en caravanas
armadas sólo para llegar a las conferencias de
prensa.
Durante la misión
del CPJ a Bogotá, Simon se reunió con el
Vicepresidente Francisco Santos y con otros
funcionarios del gobierno para analizar de qué
modo puede el gobierno posibilitar que los
periodistas locales cumplan con su labor sin
temor. Los funcionarios del gobierno admitieron
que grupos armados ilegales siguen amenazando a
la prensa, pero destacaron los esfuerzos que
ellos vienen realizando para brindar custodia a
los periodistas en las zonas en conflicto.
También indicaron que los esfuerzos por parte
del gobierno por lograr la paz y luchar contra la
insurgencia están creando un ambiente más
seguro para todos los colombianos, incluyendo el
periodismo.
Cuestiones vitales
para los votantes colombianos, incluyendo el
crimen y la corrupción, siguen sin recibir
atención a medida que se acercan las elecciones
parlamentarias y presidenciales del 2006. En un
informe divulgado en septiembre, Eduardo Bertoni,
relator especial para la libertad de expresión
de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), concluyó que “muchos periodistas se
han visto obligados a recurrir a la autocensura
sobre ciertos temas en determinadas
regiones.” Basado en entrevistas realizadas
en abril con periodistas, militantes de derechos
humanos, y líderes comunitarios, el informe de
la OEA –titulado “Impunidad,
autocensura y conflicto interno armado: Análisis
del estado de la libertad de expresión en
Colombia”– vinculó la reciente baja en
el número de periodistas caídos en
cumplimiento de su labor con el aumento de la
autocensura en medios locales.
Frank Smyth,
representante y experto en seguridad del CPJ
radicado en Washington, D.C., visitó en junio la
provincia de Cauca, en el sudoeste de Colombia,
para evaluar las condiciones de la prensa. Smyth,
que viajó con una delegación de organizaciones
para la libertad de prensa, se encontró con un
reinante clima de temor entre los
periodistas provinciales.
Por momentos, la
administración del Presidente Álvaro Uribe ha
contribuido a que exista ese clima al acusar a
los periodistas de tener vinculaciones con grupos
guerrilleros. Durante una entrevista radial en
junio, Uribe falsamente sugirió que el reportero
Hollman Morris había tenido un dato anticipado
sobre un ataque de la guerrilla a tropas del
gobierno en la provincia sureña de Putumayo.
Uribe posteriormente se retractó de sus dichos,
pero Morris, quien trabajaba sobre un documental
para la BBC, debió interrumpir su visita a
Putumayo por temor a una represalia.
La impunidad sigue
siendo la norma en Colombia. El sobrecargado
sistema judicial fue incapaz de resolver los 28
casos de periodistas caídos en la última
década. El CPJ informó en mayo que la
principal causa de muerte vinculada al
cumplimiento de la labor periodística entre
periodistas de todo el mundo es el asesinato, y
que los asesinatos con impunidad son la amenaza
más urgente para todos los periodistas.
Un veterano
conductor radial de noticias fue asesinado en la
ciudad de Cúcuta –al noreste del
país– el 11 de enero. Julio Hernando
Palacios Sánchez, cuyo programa en Radio Lermas
hacía gran hincapié en la corrupción local,
fue muerto a tiros por dos hombres no
identificados a bordo de una motocicleta.
Palacios ya había sobrevivido a un ataque nueve
años antes, cuando sus atacantes le arrojaron
una granada en su oficina que no logró explotar,
informó The Associated Press. Nadie fue acusado
por su muerte.
Ese tipo de
impunidad pesa mucho en los medios noticiosos,
especialmente en el interior del país. Los
reporteros locales le dijeron al CPJ que hay
muchos temas que no se atreven a tocar.
De no ser por
temor a las represalias, “Yo estaría
investigando las vinculaciones de los políticos
con los paramilitares y las guerrillas, y
el lavado de dinero por parte de ciertos
individuos y de estos mismos grupos,” dijo
Eliécer Quintero Cuellar, periodista del Diario
de Huila en Caquetá. Y agregó Alfredo
Martín Rodríguez de La Jota Estéreo en Valle
del Cauca, “Algo que uno no se anima a tocar
es el narcotráfico. La corrupción es,
inclusive, más riesgosa.”
Una mínima
presencia del estado en vastas áreas del país
sigue dejando a los periodistas a merced de
grupos armados ilegales. En octubre, un bloqueo
armado por parte de las guerrillas izquierdistas
–de casi un mes de duración– en la provincia de Arauca, al
noreste del país, dejó a periodistas confinados
a la ciudad capital. Los medios no pudieron
informar sobre serios acontecimientos durante el
bloqueo, como el incendio de vehículos por parte
de los rebeldes, o la voladura de puentes y
torres de electricidad.
Los periodistas en
Bogotá y otros grandes centros urbanos trabajan
con mayor libertad que sus colegas en el interior
del país, pero ellos también enfrentan
presiones e intimidaciones. En mayo, se
entregaron coronas fúnebres en las oficinas de
tres periodistas conocidos a nivel nacional. Las
coronas llegaron con tarjetas que invitaban a los
periodistas a sus propios entierros. Uno de los
tres, Daniel Coronell, también recibió mensajes
por correo electrónico amenazando la vida de su
hija de 6 años.
Coronell, que
dirige un programa de noticias por la red de TV
Canal Uno y escribe una columna para el semanario
de noticias Semana, rastreó los mensajes
a una computadora en la mansión de Bogotá de un
ex congresista, Carlos Náder Simmonds, amigo
cercano de Uribe. Náder posteriormente admitió
haber enviado un mensaje de correo electrónico,
pero adujo que había sido mal interpretado. Una
investigación de la Fiscalía General arrojó
poca luz al respecto.
Temiendo por la
vida de su hija, Coronell aceptó una beca de un
año en la Universidad de Stanford en los Estados
Unidos y abandonó Colombia con su familia en
agosto. Se tomó una licencia de su programa de
TV pero siguió escribiendo su columna para Semana.
Le dijo a Mitchell del CPJ: “Las
posibilidades de investigar se han deteriorado.
Pero primero está la seguridad de mi hija.”
CUBA
Cuba siguió
siendo uno de los países que encabeza el índice
de encarcelamiento de periodistas, solamente en
segundo lugar después de China. Dos periodistas
fueron a prisión durante el año, uniéndose a
otros 22 que fueran encarcelados luego de la
masiva ola represiva contra la prensa
independiente en marzo del 2003. En el segundo
aniversario de esa notoria barrida, más de 100
prominentes escritores latinoamericanos –incluyendo a Tomás Eloy Martínez,
Sergio Ramírez, Carlos Fuentes, Elena
Poniatowska, Daniel Santero, y Antonio Caballero– se adhirieron al CPJ para la
firma de una carta dirigida al Presidente Fidel
Castro Ruz haciendo un llamamiento a la
liberación inmediata e incondicional de
los periodistas encarcelados.
El gobierno de
Castro había puesto en libertad condicional a
seis periodistas en el 2004 como un modo de poder
recobrar vinculaciones diplomáticas con la
Unión Europea. Pero sin un incentivo político
en el 2005, su gobierno le dio libertad
condicional solamente a un periodista, Mario
Enrique Mayo Hernández; sometió a muchos otros
a una dura persecución, y endureció el discurso
retórico nuevamente. En un amenazador discurso
en julio, Castro comparó las actividades de la
oposición con “descarados actos de
traición ”.
Muchos de los
periodistas encarcelados permanecieron lejos de
sus hogares, sobrecargando aún más el duro peso
que soportan sus familias. Denunciaron
condiciones sanitarias insalubres y atención
médica inadecuada, y se quejaron de que se los
alimentaba con comida podrida. A muchos de ellos
se les permitieron visitas familiares una vez
cada tres meses y las visitas maritales solamente
una vez cada cuatro meses –un cronograma de
visitas mucho menos frecuentes que el permitido a
la mayoría de los reclusos. Parientes de
éstos fueron acosados por hablar con la prensa
extranjera, por protestar contra el
encarcelamiento de los periodistas, y por reunir
firmas para pedir su liberación.
Los periodistas
que estaban enfermos antes de ser
encarcelados vieron cómo su salud
empeoró en la cárcel, algunos fueron
transferidos al hospital en la prisión de
Combinado del Este en La Habana o a las
enfermerías de la prisión. Otros, como Víctor
Rolando Arroyo y Adolfo Fernández Sainz,
iniciaron huelgas de hambre para manifestarse en
contra de pobrísimas condiciones. Debido a que
las autoridades de la prisión restringieron el
contacto con el exterior y se negaron a revelar
información, las familias no pudieron monitorear
la salud de los periodistas.
Pero castigar a
los periodistas por ejercer su derecho a la
libertad de expresión tuvo algunas consecuencias
no buscadas por el gobierno cubano. Un número
creciente de periodistas encarcelados logró
contrabandear publicaciones fuera de la prisión
y hacerlas llegar al extranjero, a sitios de la
Web con sede en Miami tales como CubaNet
y Nueva Prensa Cubana. Y parientes de
periodistas y disidentes encarcelados se
plegaron al creciente movimiento por la prensa
independiente de Cuba, divulgando detalles sobre
las condiciones en la prisión y revelando casos
de malos tratos.
A dos periodistas
en libertad condicional por razones médicas en
el 2004 –Raúl Rivero y Manuel Vázquez
Portal– se les permitió dejar la isla en el
2005. Rivero se estableció en Madrid, España,
en donde escribió para Encuentro en la Red,
sitio online, manejado por exiliados cubanos, y
comenzó una columna en el matutino El Mundo.
Vázquez Portal se estableció en Miami, en donde
se convirtió en editor de CubaNet y
comenzó con una columna en la edición en idioma
español de The Miami Herald. Otros
dos periodistas en libertad condicional en el
2004, Oscar Espinosa Chepe y Jorge Olivera
Castillo, continuaron trabajando como periodistas
independientes en La Habana, a pesar de
advertencias de que podrían ser enviados de
vuelta a prisión si no mantenían la “buena
conducta”.
En mayo, las
autoridades detuvieron y expulsaron a por lo
menos cinco periodistas extranjeros –dos
italianos y tres polacos– que viajaron a
Cuba para cubrir una reunión sin
precedentes de activistas de la oposición. La
reunión de dos días, el primer acontecimiento
llevado a cabo por la oposición, fue organizada
por la Asamblea para Promover la Sociedad Civil
(APSC), un grupo “sombrilla” que
aglutina a grupos de sociedades civiles y
disidentes. El gobierno dijo que los periodistas
fueron expulsados por violar la ley de
inmigración cubana al viajar con visas de
turistas, y no de trabajo. Pero el
análisis del CPJ muestra que es poco probable
que los periodistas hubiesen podido obtener visas
de trabajo que les permitieran informar sobre
actividades de la oposición. Según las
reglamentaciones de inmigración cubanas,
los reporteros extranjeros deben solicitar visas
de periodista a través de las embajadas cubanas
en el exterior. De acuerdo a las
investigaciones del CPJ, funcionarios cubanos
otorgan visas a periodistas extranjeros de modo
selectivo, y luego habitualmente excluyen a los
medios que se consideran poco amistosos.
La represión se
intensificó a mitad de año después de que
Castro realizara un discurso en julio advirtiendo
que el gobierno no toleraría el disenso.
Refiriéndose a una protesta de la oposición que
fue recibida con fuerte represión policial
Castro manifestó, “Esta vez la gente, más
enojada que nunca con tales actos de descarada
traición, intervino con fervor patriótico y no
permitió que se moviera un solo mercenario. Y
esto es lo que sucederá siempre que traidores y
mercenarios vayan un milímetro más allá del
punto que nuestro pueblo
revolucionario… esté dispuesto a
aceptar.”
Oscar Mario
González, periodista que cubrió el
congreso de APSC, fue una de las primeras
víctimas de esta nueva represión. González,
periodista para la agencia de noticias
independiente Grupo de Trabajo Decoro, fue
arrestado el 22 de julio y detenido sin previo
juicio. Según Ana Leonor Díaz, directora de
Grupo de Trabajo Decoro, un investigador de la
policía le dijo a parientes de González
que el periodista sería procesado según la Ley
88 para la protección de la Independencia y la
Economía Nacional de Cuba. La ley prevé hasta
20 años de prisión para cualquiera que cometa
“actos que en connivencia con intereses
imperialistas apunten a subvertir el orden
interno de la nación y destruyan su sistema
político, económico y social.”
Un segundo
periodista que cubrió la reunión de la APSC,
Albert Santiago Du Bouchet Hernández, fue
encarcelado al mes siguiente. Du Bouchet
Hernández, director de la agencia de noticias
independiente Havana Press, fue arrestado el 6 de
agosto, juzgado tres días más tarde y condenado
a un año de prisión –todo sin que lo
supiera su familia, que se enteró de su
detención solamente después de que el
periodista contrabandeara una nota fuera de la
prisión. Fue detenido mientras se hallaba en un
viaje de trabajo en la ciudad de Artemisa, a 38
millas (60 kilómetros) de La Habana, y acusado
de desacato ante el jefe de la policía local y
resistirse al arresto. Su esposa, Bárbara Pérez
Araya, dijo que las acusaciones fueron inventadas
y que el periodista no tuvo acceso a un abogado
antes o durante el juicio.
Comenzando en
julio y continuando a lo largo del año, el
gobierno organizó manifestaciones conocidas como
“actos de repudio”. Partidarios del
gobierno se congregaron fuera de los hogares de
miembros de la oposición y de periodistas
independientes, intimidaron a sus ocupantes, y
les impidieron abandonar sus hogares o recibir
visitantes. El 10 de octubre y durante lo
siguientes tres días, docenas de partidarios del
gobierno acosaron a un grupo de periodistas
independientes que había lanzado una revista
online, Consenso, en diciembre del 2004.
Según una declaración de Consenso, la
multitud impidió que los periodistas ingresaran
a un edificio de La Habana para una reunión
semanal, los insultaron y los acusaron de
ser “anti-cubanos y
contrarrevolucionarios.” Dos
periodistas recibieron empujones y fueron
detenidos por la policía durante dos horas.
Además de la
confrontación directa, las autoridades
orquestaron una campaña de intimidación de baja
intensidad. En febrero, por ejemplo, funcionarios
de la seguridad de estado, citaron para
comparecer en una estación de policía de
La Habana al periodista Iván García Quintero,
donde fue interrogado por dos horas y amenazado
con ser encarcelado por subversión. García
continuó escribiendo a pesar de los riesgos.
HAITI
En medio del
desorden civil, el tumulto político y una
espiral de violencia, el país más pobre del
hemisferio occidental continuó siendo un lugar
muy peligroso para los periodistas. La caída del
ex Presidente Jean Bertrand Aristide en el 2004
creó un vacío político que pandillas
callejeras, narcotraficantes, policía corrupta,
ex soldados del ejército desbandado, y
partidarios del líder depuesto buscaron
violentamente llenar. Los periodistas se
encontraron siendo el blanco de ataques
provenientes de varias direcciones.
Una inseguridad en
aumento fue la señal más notable de que el
gobierno de transición conducido por el Primer
Ministro Gérard Latortue había fracasado en
el logro de mantener una firme autoridad.
Como líderes interinos del país, la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas
en Haití (MINUSTAH), con 7,500 tropas, recibió
varias críticas por hacer muy poco para contener
los frecuentes secuestros y asesinatos.
La ausencia de un
control de estado efectivo puso en peligro a los
periodistas que cubrían el tumulto. Robenson
Laraque, reportero para la emisora de radio
privada Tele Contact en la ciudad de
Petit-Goâve, fue herido de gravedad durante un
enfrentamiento entre pacifistas de la ONU y ex
soldados el 20 de marzo. Laraque estaba
cubriendo el enfrentamiento armado desde el
balcón de las oficinas de Tele Contact cuando
fue sorprendido por dos disparos, en la cabeza y
el cuello. Trasladado a un hospital de Cuba,
murió dos semanas más tarde.
Varios testigos
reportaron que pareció que los disparos
habían sido realizados por los pacifistas de la
ONU, según le dijo al CPJ Wilner Saint-Preux,
periodista de Tele-Contact. Testigos
también reportaron que Laraque sostenía un
micrófono cuando recibió los disparos, dijo
Fritz Ariel Nelson, directivo de Tele
Contact. David Beer, Comisionado por la
policía civil de la ONU al momento del tiroteo,
dijo que funcionarios de la ONU estaban
investigando el enfrentamiento y harían
públicos sus hallazgos. El Coronel El
Ouani Boulbars, vocero de las fuerzas de la ONU
en Haití, le dijo al CPJ a fines de octubre que
la investigación continuaba.
Los periodistas en
la capital, Port-au-Prince, limitaron severamente
sus movimientos en respuesta a una ola de
asesinatos, secuestros, violaciones y delitos
vinculados a las pandillas. La gente fue
secuestrada a plena luz de día y los
enfrentamientos armados vaciaron las calles
céntricas de la ciudad. Grupos de derechos
humanos y organizaciones de noticias reportaron
en el otoño que más de 1000 personas habían
sido asesinadas durante los tumultos en las
calles de Port-au-Prince en los 12 meses
anteriores. Más de una docena de
periodistas de Port-au-Prince partió al
exilio.
Esta desgracia se
reflejó en la matanza de Jacques Roche en julio
del 2005, un muy conocido poeta y redactor
cultural del matutino radicado en Port-au-Prince,
Le Matin. Roche fue secuestrado y
asesinado, su cadáver maniatado, con el cuerpo
atravesado por disparos de bala, fue encontrado
en un barrio pobre de Port-au-Prince. El St.
Petersburg Times reportó que los
secuestradores que atraparon a Roche vendieron al
periodista a una pandilla que lo quería muerto
por simpatizar con un grupo opositor a Aristide.
De acuerdo a
Franck Séguy, un colega de Le Matin, existen
amplias especulaciones en el sentido que Roche
pudo haber sido asesinado debido a que conducía
un programa televisivo para el Grupo 184, una
coalición de asociaciones civiles que se oponía
a Aristide.
El juez Jean Peres
Paul, que está a cargo de la investigación, le
dijo al CPJ que se había identificado a tres
sospechosos y que se habían presentado cargos
preliminares. Dijo que no podía comentar sobre
las posibles razones. El CPJ continúa con sus
propias investigaciones.
La inseguridad y
la corrupción dejaron al sistema judicial en
aún peores condiciones. Casi no se reportó
avance en la agitada investigación del
gobierno por el asesinato de Jean-Léopold
Dominique en el 2000, dueño y director de Radio
Haïti Inter y uno de los periodistas más
reconocidos del país. En marzo, el Ministro de
Justicia Bernard Gousse, nombró a un nuevo juez
examinador para que condujera la tercera
investigación del gobierno por el asesinato. La
designación del Juez Peres Paul vino nueve meses
después de que una corte de apelaciones ordenara
que se reanudaran las actuaciones que habían
estado detenidas casi un año.
El caso Dominique
estuvo repleto de problemas. El primer juez
examinador, Claudy Gassant, huyó de Haití en el
2002 después de ser amenazado. El próximo juez,
Bernard Saint-Vil, envío una escrito
condenatorio de 33 páginas a los fiscales
acusando a los presuntos miembros de una banda
Dymsley Millien, Jeudi-Jean Daniel, Philippe
Markington, Ralph Léger, Ralph Joseph, y Freud
Junior Desmarattes del asesinato. Sin embargo,
los cargos contra tres de los acusados fueron
desestimados, y los otros lograron huir de la
custodia. La esposa de Dominique, Michèle
Montas, dijo que la investigación tuvo fallas y
que las autoridades “no lograron acusar a
los autores intelectuales que se hallan detrás
del asesinato.” Informes de noticias
en marzo dijeron que faltaban documentos en el
caso Dominique, pero Gousse negó la existencia
de tales informes y dijo que los archivos estaban
intactos.
La prensa haitiana
está profundamente polarizada, y se cree que
muchos periodistas mantienen vinculaciones con
facciones políticas. Los periodistas que
simpatizan con Aristide y con el partido
político Lavalas criticaron ásperamente a las
autoridades haitianas por no lograr desbaratar la
supuesta corrupción y las violaciones contra los
derechos humanos por parte de la policía,
acusando al gobierno interino de lanzar una
campaña que apuntaba a intimidar a los medios
independientes.
Funcionarios
oficiales, a su vez, criticaron a varias emisoras
privadas de radio por ofrecer espacio al aire a
pandillas pro-Aristide, llamadas chimères,
que dominan los barrios pobres de Port-au-Prince
tales como Cité Soleil y Bel Air. Y partidarios
de Aristide acusaron al gobierno interino de
encarcelar a cientos de militantes de Lavalas sin
cargos formales.
El 20 de julio, el
Consejo de Ministros de Haití, instruyó a los
ministros de justicia, cultura, obras públicas,
transporte y comunicaciones para que “tomen
medidas apropiadas”en contra de los
periodistas y de los medios que dan espacio
para que los residentes de los barrios pobres
difundan “discursos llenos de odio”,
informaron los medios locales. El 5 de agosto,
más de 10 emisoras de radio con sede en
Port-au-Prince suspendieron la transmisión de
noticias como forma de protesta.
Guyler Delva,
secretario general de la Asociación de
Periodistas Haitianos, dijo que la directiva era
“arbitraria” y manifestó que se
trataba de un intento para asfixiar a la prensa.
El gobierno interino finalmente no impuso
sanción alguna contra los medios noticiosos.
Los periodistas
haitianos hicieron escuchar su preocupación de
que las elecciones presidenciales y legislativas,
programadas para el 2006, poco harían para
llevar estabilidad al país. Dicen que elecciones
verdaderamente libres no pueden llevarse a cabo
en un clima de temor.
En
septiembre, periodistas y ejecutivos de
medios que representan a varios medios privados
crearon un nuevo grupo de prensa llamado
Asociación de Medios Independientes de Haití.
El grupo incluye a periodistas de Radio Mélodie
FM, Radio/Teleginen, Radio Solidarité,
Télémax, Tropic FM, Chaine 11, Megastar, Haití
en Marche, y Agence Haïtienne de Presse. Se
espera que el grupo monitoree la libertad de
prensa y otras cuestiones periodísticas. Una
segunda organización, llamada SOS Journalistes,
se formó para proteger y defender a la prensa
haitiana. Sus líderes incluyen a Delva, un
reportero de Reuters y defensor por muchos años
de la prensa.
MÉXICO
Los periodistas
que trabajan a lo largo de la frontera entre
México y los Estados Unidos estuvieron sitiados
por delincuentes organizados que apuntaban
a ellos por su labor informativa referida al
narcotráfico. Una reportera cayó en
cumplimiento de su labor informativa y otra desapareció, convirtiendo
a la región del norte de México en una de las
más peligrosas para los periodistas de América
Latina. Al tener que enfrentar intimidaciones y
ataques, los periodistas de los estados
norteños reportaron la existencia de más
autocensura.
Guadalupe García
Escamilla, periodista especializada en el crimen
que trabajaba para Stereo 91 XHNOE en Nuevo
Laredo, murió el 16 de abril a causa de las
heridas que sufriera durante un tiroteo frente a
su emisora radial. Alfredo Jiménez Mota,
reportero especializado en el delito que
trabajaba para el matutino con sede en Hermosillo
llamado El Imparcial, ha estado
desaparecido desde el 2 de abril y se teme que
esté muerto. El CPJ también está investigando
el asesinato en abril de Raúl Giba Guerrero,
dueño y director de La Opinión, matutino
del estado oriental de Veracruz, para determinar
si su muerte se vinculó directamente con
su labor periodística.
Como resultado de
estos fatales ataques, el Presidente mexicano
Vicente Fox se reunió con una delegación del
CPJ en las oficinas centrales de la organización
el 15 de septiembre. En respuesta a la violencia,
Fox anunció que le pediría al Procurador
General de México que designara a un fiscal
especial para que investigue los crímenes en
contra de la libertad de expresión. Fox también
prometió contemplar la posibilidad de
crear un panel nacional de expertos para evaluar
cómo las autoridades federales pueden combatir
los delitos contra la prensa.
Antes de reunirse
con Fox, el CPJ envió a la oficina del
presidente una propuesta instando a que hubiese
una mayor y más permanente participación por
parte de las autoridades federales en las
investigaciones en torno a los crímenes contra
la libertad de expresión. La protección de la
libertad de expresión es especialmente urgente,
dijeron los representantes del CPJ, a la luz de
las elecciones presidenciales de julio del 2006.
Fox, cuyo mandato finaliza en el 2006, dijo que
reconocía el problema de la violencia contra los
periodistas que trabajan en la frontera y
se comprometió a que su gobierno defendería a
los reporteros.
La reunión con el
presidente mexicano culminó con meses de intensa
defensa y muchas investigaciones por parte del
CPJ. Cuatro periodistas mexicanos cayeron
en directa represalia por su labor informativa
durante los últimos cinco años, y el CPJ
investiga actualmente las muertes de otros cinco
reporteros durante el mismo período para decidir
si esos asesinatos estuvieron o no
vinculados con su labor periodística.
Autoridades estatales y locales, normalmente
responsables de investigar los asesinatos, han
fracasado, una y otra vez, en resolver los
crímenes en contra de la prensa, reveló el CPJ.
La investigación
del CPJ demuestra que autoridades estatales y
locales tienen mayor propensión a involucrarse
en casos de corrupción; a contar con menos
recursos, y a estar sujetas a menos
responsabilidad. Sus fracasos en las
investigaciones, a su vez, han creado un clima de
impunidad que deja a los medios expuestos a
continuos ataques.
Preocupados por el
ritmo lento de las investigaciones,
representantes del CPJ viajaron a Ciudad de
México en junio para reunirse con José Luis
Vasconcelos, máximo fiscal en la división de
crimen organizado de la fiscalía federal.
Autoridades federales habían recientemente
entrado en escena para hacerse cargo de tres
investigaciones por asesinatos, entre ellas el
crimen del editor de Tijuana, Francisco Ortiz
Franco.
Vasconcelos le
relató al CPJ que el cartel Arellano Félix se
hallaba detrás de la muerte de Ortiz Franco, un
editor que trabajaba para el semanario
amarillista Zeta. Las autoridades
federales, dijo, rondaron un número superior a
los 100 efectivos como parte de un amplio
operativo de represión contra la banda.
Vasconcelos observó que uno de los que se
sospechaba había participado en el tiroteo,
Jorge Eduardo Ronquillo Delgado (conocido como
“El Niño”), fue ejecutado por
camaradas del cartel Arellano Félix en octubre
del 2004.
Específicamente,
dijo Vasconcelos, fueron dos los
autores intelectuales: Arturo Villarreal
Albarrán( conocido como “El Nalgón”)
y Jorge Briceño (conocido como “El
Cholo”). Las autoridades tenían
órdenes para su arresto por cargos como
narcotraficantes, comentó.
El gobierno
federal tomó otras medidas en respuesta a
la violencia. En Julio, la fiscalía
general abrió una línea telefónica
directa para los periodistas que han sido
amenazados o intimidados. Esta línea directa,
que recibió docenas de llamados en sus semanas
iniciales, solicitaba que se dejaran pistas para
la investigación, y brindaba asesoramiento
sobre cómo responder a las amenazas.
Empezando en
agosto, la oficina del fiscal general designó a
sus propios representantes en varios estados –incluyendo la Baja California,
Chihuahua, Durango, Michoacán, Sinaloa, Tabasco,
Yucatán, y Oaxaca– para que investiguen las
agresiones y amenazas contra periodistas.
Los periodistas en
Ciudad de México siguieron informando en
libertad sobre el crimen y la corrupción
política. Pero a medida que se intensificó la
guerra entre los poderosos carteles de México en
el norte, algunos periódicos locales pusieron un
alto a sus investigaciones sobre el crimen
organizado como un modo de evitar el peligro. Un
diario del norte del país, El Mañana de
Nuevo Laredo, decidió restringir su cobertura
informativa después de que su jefe de redacción
Roberto Javier Mora García muriera
apuñalado en marzo del 2004. Heriberto
Cantú, director de noticias, dijo que la
información que brinda el periódico ahora
excluye el contexto y el análisis de cuestiones
delicadas.
Después de la
desaparición del periodista Jiménez en el
estado nordestino de Sonora, El
Imparcial anunció que no investigaría más
ni el narcotráfico ni el crimen organizado.
Jorge Morales,
máximo editor de El Imparcial, dijo que
la decisión llegó después de una
reunión con los reporteros del periódico.
“No hay garantías para los periodistas que
informan sobre cuestiones vinculadas al
crimen y a las drogas,” le dijo Morales al
CPJ. “Decidimos detener nuestras propias
investigaciones después de que desapareciera
Alfredo. Es un trabajo muy peligroso.”
PANAMÁ
Panamá tomó
medidas para mejorar la libertad de expresión,
al eliminar una cantidad de barreras
disuasivas muy generalizadas para usar en contra
de las críticas a funcionarios públicos, y
derogar leyes que les otorgaban a las autoridades
amplios poderes para ejercer la censura. La
Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley con
una amplia gama de reformas en mayo, y fue
firmada por el Presidente Martín Torrijos dos
meses después.
Los periodistas
panameños dijeron que los cambios eran
alentadores en virtud de la historia de acoso
institucionalizado a la prensa que existía en
ese país. Sin embargo también observaron que
algunos de los cambios fueron cosméticos dado
que eliminaban algunas cláusulas que ya habían
caído en desuso. Los estatutos sobre difamación
penal permanecen en los libros, dijeron, y
plantean una seria amenaza que aún persiste para
los periodistas.
La medida del 2005
no derogó muchas de las infames “leyes
mordaza”, el conjunto de estatutos y
decretos restrictivos sancionados bajo el
gobierno militar a fines de la década del
’60 y habitualmente usadas por las
autoridades panameñas para reprimir opiniones en
disenso y procesar a quienes hacían críticas
mediante la información que brindaban.
La nueva ley
prohíbe explícitamente que funcionarios
oficiales impongan sanciones penales o monetarias
en contra de periodistas u otras personas que
supuestamente les “faltan el
respeto”. Estas cláusulas de desacato
se habían esparcido por todos los códigos
penales y administrativos de Panamá, protegiendo
a presidente, legisladores, jueces, fiscales,
gobernadores, alcaldes y clérigos.
La nueva medida
derogó la Ley 11, adoptada en 1978 por el
régimen militar del General Omar Torrijos. La
Ley 11 habilitaba a que la junta de censura del
gobierno bloqueara la publicación de lo que
consideraba una noticia “falsa” o
un hecho “falso”. El arcaico
decreto 251, un resabio de la dictadura militar
sancionado en 1969, también fue desechado.
Según el Decreto 251, una junta de censura
podía bloquear materiales “que debilitan la
textura moral de los medios, deformando el
concepto de los valores humanos, morales y
familiares.” Las leyes que otorgaban al
gobierno la autoridad para licenciar a
periodistas fue también suprimida de los
libros.
Aunque muchas
cláusulas de peso fueron levantadas, la medida
del 2005 impuso un nuevo requisito restrictivo a
la prensa. La ley establece que, “Todos los
individuos que se sienten ofendidos por una
publicación o transmisión en los medios tienen
derecho a publicar o transmitir en esos medios
las aclaraciones o réplicas que consideren
necesarias.” Las “aclaraciones o
réplicas” deben publicarse o transmitirse
en el mismo día y con la misma importancia,
según reza la medida. La ley no expresa
explícitamente que las aclaraciones deban
basarse en hechos.
La nueva ley
tampoco protege a los periodistas contra
sanciones penales. El Código Penal de Panamá
todavía incluye cláusulas sobre difamación
penal que permiten condenas de hasta
dos años de prisión. Cualquier periodista que
“difunda noticias falsas, exageradas o
engañosas, o que propague rumores” que
pongan en peligro la economía nacional podrá
ser encarcelado por un período de hasta tres
años; la condena puede duplicarse si la noticia
conduce a la devaluación de la moneda nacional.
Algunos periodistas y defensores de la libertad
de prensa también expresaron su preocupación
por el hecho de que los Artículos 307 y 308 del
Código Penal aún contienen un lenguaje similar
al de las anteriores cláusulas por desacato.
Un insigne
recuerdo de las consecuencias que enfrentaban los
periodistas reapareció en julio cuando el Juez
de la Corte Suprema, Winston Spadafora, inició
un proceso penal por difamación en contra de
Jean Marcel Chéry, reportero del matutino
radicado en la ciudad de Panamá llamado La
Prensa. Chéry escribió ese mismo mes que
una orden de la Corte Suprema efectivamente
cancelaba la deuda de US$2 millones de dólares
que mantenía Spadafora con una oficina del canal
gubernamental conocida como Autoridad Regional
Interoceánica.
En un caso
separado, Spadafora presentó una demanda civil
que exigía a EPASA el pago de US$2 millones de
dólares por daños y perjuicios aduciendo que la
editorial que publica el matutino de la
ciudad de Panamá, El Panamá América, en
un informe del 2001 lo había supuestamente
“insultado” siendo él ministro de
gobierno y justicia. El juicio también se
refirió a los autores de la nota –Gustavo
Aparicio y Chéry, que reportaba para El
Panamá América en ese momento. Además,
Spadafora pidió que se embargara el salario de
Chéry por un monto de US$18,753.
El artículo
decía que el dinero público se usó para
construir una carretera que conducía a una
propiedad privada de la cual era dueño Spadafora
y el Contralor Alvin Weeden. Aparicio y Chéry
fueron inicialmente condenados a un año de
prisión en el 2004, pero en agosto de ese año
la saliente presidente Mireya Moscoso los
indultó, junto a otros 85 periodistas panameños
que entonces enfrentaban procesos penales por
difamación.
PERÚ
Los ataques y
amenazas en contra de la prensa, particularmente
en el interior de Perú, siguieron manteniendo la
tendencia creciente y amenazante que
empezó en el 2004. Después de reducirse
en frecuencia y severidad tras la huida del
Presidente Alberto Fujimori de su cargo en
el 2000, se informó sobre periódicos ataques a
reporteros en el 2005. La organización para la
defensa de la libertad de prensa con sede en
Lima, Instituto Prensa y Sociedad, considerada
una fuente local con autoridad, documentó
19 ataques en los primeros nueve meses del 2005
solamente. El análisis del CPJ halló que la
mayoría de los mismos fueron llevados a cabo por
grupos de campesinos y trabajadores,
manifestantes, guardias de seguridad, empresarios
y parientes de funcionarios oficiales cuyas
acciones habían sido expuestas bajo la lupa de
la prensa. La amenaza fue básicamente distinta
de los ataques patrocinados por el gobierno que
marcaron la era Fujimori.
Las autoridades de
dos regiones diferentes se movilizaron para
procesar a los alcaldes locales acusados de
conspirar en los asesinatos de periodistas en el
2004. En diciembre, el alcalde de Yungay, Amaro
León y dos cómplices fueron condenados por la
muerte en el 2004 de Antonio de la Torre
Echeandia, conductor radial que había criticado
al alcalde por supuesta corrupción. Un juez en
la región norteña de Ancash sentenció a los
acusados a 17 años de prisión.
También en
noviembre, una corte de apelaciones halló
evidencia suficiente para juzgar al alcalde de
Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, acusado de
haber ordenado en abril del 2004 el procesamiento
del conductor de radio Alberto Rivera Fernández.
Activista político y presidente de la
asociación de periodistas locales en la ciudad
al este de la región de Ucayali, Rivera había
acusado al alcalde de estar involucrado en el
narcotráfico. Otros seis hombres seguían
detenidos a la espera de una condena; dos
de los procesados habrían implicado a Valdez
como autor intelectual del crimen.
Aunque los
periodistas en Perú pueden trabajar en
libertad, sin restricciones impuestas por
el gobierno, un número de reporteros fue blanco
de procesos penales por difamación iniciados
para castigarlos y silenciarlos. En los últimos
años, el CPJ pudo documentar un patrón mediante
el cual funcionarios de gobierno y empresarios
iniciaron este tipo de procesos penales. Entre
ellos está un conocido empresario que inició al
menos tres procesos penales por difamación;
un congresista del partido gobernante que
entabló una querella semejante, y un influyente
funcionario de gobierno que respondió a informes
publicados sobre corrupción en el gobierno
amenazando con entablar demandas e iniciar
investigaciones sobre periodistas.
En mayo del 2005,
el Juez Alfredo Catacora Acevedo falló que la
periodista independiente británica Sally Bowen
era culpable en un proceso por difamación
penal y ordenó que ella y su editor le
pagaran la suma de 10,000 soles peruanos
(US$3,000 dólares) al empresario Fernando
Cevallos. Catacora también condenó a Bowen a un
año en libertad condicional y restringió sus
movimientos tanto dentro como fuera del país.
Organizaciones internacionales y locales a favor
de la libertad de prensa, incluyendo al
CPJ, se manifestaron en contra de la
sentencia y denunciaron el escalofriante mensaje
que esto le transmitía a todos los periodistas
peruanos..
En junio, luego de
encontrar numerosas irregularidades en el manejo
que hiciera Catacora del juicio, una corte de
apelaciones revocó la condena de Bowen y ordenó
un nuevo juicio ante otro juez.
En su demanda
penal, Cevallos dijo que Bowen, que vive en Lima,
la ciudad capital, donde ha estado durante los
últimos 16 años, y su coautora Jane Holligan
habían dañado de modo irreparable la imagen de
él en el libro, “El espía imperfecto: Las
muchas vidas de Vladimiro Montesinos.” El
proceso penal seguía pendiente en contra de
Holligan, que vive en Escocia.
El juicio de
Cevallos giró en torno a una única condena en
el libro de 493 páginas, que detalla las
actividades del ahora encarcelado y anterior jefe
de inteligencia Vladimiro Montesinos. El libro
cita a un informante en prisión de la Agencia
para el Control de Drogas de los EEUU que dijo
que Cevallos era un narcotraficante con estrechos
vínculos con Montesinos.
Catacora, al
arribar a su ahora extinto veredicto, dijo que
Cevallos nunca había sido condenado por un
delito. Zevallos, fundador de la ex línea aérea
AeroContinente, negó las acusaciones por
narcotráfico, aunque los cargos oficiales lo han
perseguido por años. La causa por
narcotráfico en su contra seguía
pendiente de una decisión en Perú a fines del
2005: El gobierno de los EEUU lo ha llamado
“un importante traficante de drogas
extranjero” e impidió que empresas o
individuos norteamericanos tuvieran negocios con
él.
En mayo, el
senador de los EEUU por el estado de la
Florida, Bill Nelson, le pidió al
Presidente peruano Alejandro Toledo que abriera
una nueva investigación por el asesinato en 1989
del reportero Todd Carper que trabajaba para el Tampa
Tribune. El pedido de Nelson fue impulsado
por información que apareció a fines del 2004,
en la que se incluía un informe de
diciembre del 2004 por The Associated Press que
citaba una transcripción del juicio secreto a un
miembro del grupo guerrillero maoísta Sendero
Luminoso condenado por el asesinato en
1993. La agencia AP, citando la transcripción,
divulgó que un informe de inteligencia policial
había identificado a Zevallos como el supuesto
autor intelectual del asesinato.
Según informes
locales, los narcotraficantes confundieron
a Smith con un agente norteamericano de la
organización para el control de drogas y
contrataron a Sendero Luminoso para que lo
secuestre y lo ejecute. Smith estaba en Perú de
vacaciones y también por trabajo para escribir
sobre los grupos guerrillero maoístas. A pesar
del pedido de Nelson, ninguna nueva
investigación se reinició inmediatamente.
ESTADOS
UNIDOS
Una investigación
sobre información filtrada a la prensa acerca de
la identidad de una agente de la CIA salió a la
luz al tiempo que un reportero se vio
obligado a testificar sobre su fuente
confidencial, otro fue encarcelado por 85 días
antes de que pudiera dar testimonio, y un alto
funcionario de la Casa Blanca fue condenado por
cargos federales de perjurio, falso testimonio y
obstrucción de la justicia. La confidencialidad
de las fuentes fue blanco de ataques en un
número de otros casos en EEUU, asimismo. En New
Orleans, las autoridades restringieron el acceso
de los medios y hostigaron a periodistas en
varios incidentes durante las desastrosas
consecuencias del Huracán Katrina. Y en
Washington, D.C, auditores federales
concluyeron que el gobierno de Bush había
violado la ley al difundir “propaganda
encubierta”.
La periodista del New
York Times, Judith Miller, fue encarcelada
por negarse a revelar información sobre una
fuente confidencial ante el gran jurado federal
que investigaba la filtración de información a
la prensa que se produjera en el 2003 sobre la
identidad de la agente operativa de la CIA,
Valerie Wilson. (Wilson fue inicialmente
identificada como Valerie Plane, por su apellido
de soltera, en una columna de julio del 2003
escrita por Robert Novak, columnista
progubernamental). Matthew Cooper, de la revista Time,
que fue llamado a comparecer y estuvo al
borde del encarcelamiento, testificó en julio
después de que dijera que había llegado a
un acuerdo que lo exoneraba con su
fuente, el Jefe de Gabinete del
Vice-Presidente, I. Lewis “Scooter”
Libby.
Miller acordó
testificar en septiembre en condiciones
restringidas luego de recibir lo que ella
describió como una exoneración voluntaria y
personal de la misma fuente. El gran jurado
condenó a Libby un mes después por supuestas
mentiras sobre el papel que jugó en la
filtración de información a la prensa. No fue
acusado directamente de identificar a la agente
de la CIA, en cambio, el gobierno adujo que Libby
le mintió a los investigadores y al gran
jurado sobre lo que le había dicho a los
periodistas y cómo se había enterado sobre la
identidad de la funcionaria de la CIA. Karl Rove,
subjefe de gabinete de la Casa Blanca, siguió
siendo investigado. El fiscal especial, Patrick
Fitzgerald, convocó a un nuevo gran jurado en
noviembre, poco después de que el reportero del Washington
Post, Bob Woodward, reconociera ante los
investigadores en un testimonio bajo juramento
que había recibido la información sobre la
esposa de Wilson en junio del 2003.
Miller,
Cooper y otros periodistas podrían ser llamados
como testigos si el caso en contra de Libby u
otro procesado llegase a juicio.
El CPJ denunció
el encarcelamiento de Miller, diciendo que había
enviado un mensaje equivocado al mundo. Los
regímenes de Venezuela, Camerún, Nepal y Egipto
citaron este encarcelamiento para justificar
medidas represivas en sus propias naciones.
Legisladores de la Cámara Baja y del Senado de
los EEUU presentaron proyectos de ley para
establecer una ley federal
“escudo” con el fin de proteger a
los periodistas de tener que revelar sus fuentes
confidenciales. Pero las medidas, que se hacen
eco de leyes que ya aparecen en los libros de
más de 30 estados, no avanzaron hasta su
sanción durante el año. Miller, ella
misma, se convirtió en el foco de una
controversia cuando otros periodistas y sus
propios colegas cuestionaron cuánto había
revelado a sus editores a medida que el
caso avanzaba. Miller defendió sus acciones pero
renunció a su puesto en The Times en
noviembre.
Miller no fue la
única periodista que estuvo en prisión en el
2005. Jim Taricani, reportero de investigación
de la emisora WJAR-TV –propiedad del canal
NBC–, en Providence, R.I., fue
liberado en abril luego de cumplir un arresto
domiciliario por negarse a identificar a la
persona que le dio una cinta de la vigilancia del
FBI. Un juez federal le impuso una condena a
cumplir en su domicilio, en vez del
encarcelamiento, debido a la salud cardíaca de
Taricani.
El año terminó
con dos importantes notas que se armaron en torno
a las fuentes gubernamentales. En noviembre, The
Post informó que la CIA operaba prisiones
secretas en países extranjeros. Al mes
siguiente, The Times expuso un programa
secreto del gobierno para realizar escuchas
telefónicas y espiar mensajes de correo
electrónico sin garantías. La revelación sobre
las prisiones produjo una conmoción mundial, y
la divulgación de las escuchas por parte del
gobierno produjo una violenta protesta del
Congreso. Al mismo tiempo, las fuentes
confidenciales mismas quedaron bajo la lupa
del gobierno, haciendo surgir la posibilidad de
nuevos enfrentamientos por cuestiones referidas a
la libertad de prensa. El Departamento de
Justicia inició una investigación penal sobre
las fuentes con motivo de la noticia de las
escuchas telefónicas; la CIA solicitó al
departamento, a su vez, que indagara el tema de
las prisiones.
En un caso civil
de muy alto perfil, los jueces siguieron
exigiendo que periodistas revelaran sus fuentes
confidenciales. En noviembre, un juez federal
acusó de rebeldía ante un tribunal al reportero
del Washington Post, Walter Pincus, por
negarse a dar el nombre de sus fuentes en
un juicio entablado al gobierno por Wen Ho Lee.
El ex científico nuclear de los EEUU, quien
fuera sospechado pero luego liberado de sus
cargos de espionaje, aduce en su juicio que
funcionarios del gobierno filtraron ilegalmente
sus expedientes personales a la prensa. Ese mismo
mes, un tribunal de apelaciones se negó a
considerar una apelación de otros cuatro
periodistas que anteriormente habían sido
detenidos por rebelarse ante el tribunal en el
mismo caso.
Después de
que el Huracán Katrina se abatiera contra New
Orleans y los estados del Golfo el 29 de agosto,
la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
instó a las organizaciones de noticias para que
no tomaran fotografías de los cadáveres.
Numerosos cuerpos fueron dejados en lugares
públicos durante días después del huracán en
medio del operativo de rescate del gobierno que
fueron ampliamente criticados por su lentitud e
inoperancia. The Washington Post
reportó que al menos en una instancia
autoridades estatales se habían hecho eco de la
exigencia de que no se tomara fotografías de los
muertos.
La policía de New
Orleáns adoptó una posición agresiva en
varios casos que se reportaron. El 1º de
septiembre, la policía de la ciudad le arrancó
la cámara del cuello a Lucas Oleniuk del Toronto
Star y le quitó a la máquina las tarjetas
de memoria, robándole al fotógrafo más de 350
imágenes. Las imágenes confiscadas incluían a
“funcionarios dándole una feroz paliza a
dos sospechosos,” reportó The Toronto
Star. Ese mismo día, Gordon Russell del Times
Picayune, con sede en New Orleáns, escribió
que él y otro fotógrafo fueron lanzados con
fuerza contra una pared y su equipo
arrojado al piso por la policía. El 7 de
septiembre, el conductor para NBC News, Brian
Williams, informó que se le había
ordenado a él y a su equipo que dejaran de
filmar a una unidad de la Guardia Nacional que
vigilaba una tienda del centro de la ciudad.
“Busqué dentro de mí alguna justificación
por la cual no pueda estar informando en una
ciudad norteamericana en calma y
fuertemente custodiada, pero no la
encuentro,” le dijo Williams al Washington
Post.
El 8 de octubre,
un oficial de la policía de New Orleáns fue
captado por una filmación cuando hostigaba a un
productor del programa Associated Press
Television News cuyo equipo estaba filmando a
otros dos oficiales que golpeaban a un hombre
sospechado de producir una intoxicación
pública. Dos de estos oficiales fueron
despedidos de sus trabajos y el otro fue
suspendido.
En Washington, los
auditores federales concluyeron que la
administración del Presidente George W. Bush
difundía “propaganda encubierta”, al
violar así una ley de los EEUU, comprando una
cobertura favorable de noticias domésticas sobre
políticas educativas nacionales. Un informe de
la Oficina de Responsabilidad Gubernamental
(GAO) halló que el gobierno realizó pagos
secretos al comentarista Armstrong Williams para
promover los temas educativos del gobierno. El
gobierno también usó fondos públicos para
contratar a una empresa de relaciones públicas
para que analice las percepciones de los
medios en relación con el Partido Republicano,
informó la GAO. El caso fue derivado a los
fiscales federales para una segunda
revisión. A fines de noviembre, el
periódico Los Angeles Times reportó que
el ejército de los EEUU realizó un pago
secreto a periódicos iraquíes para que
publicaran notas que mostraran las
condiciones en Irak de un modo favorable sin
revelar que los artículos habían sido escritos
por oficiales “de operaciones de
información “ del ejército. Los artículos
fueron ubicados en los diarios de Bagdad a
través de una firma privada, con sede en
Washington, D.C. Líderes del Senado le exigieron
explicaciones al Senado.
Otra
investigación se centró en la influencia
política sobre los medios noticiosos. KennethY.
Tomlinson, ex presidente de la Corporation for
Public Broadcasting (Corporación para la
Transmisión Pública o CPB), renunció al
directorio en octubre después de una
investigación hecha por el inspector general de
la agencia. Los investigadores hallaron que
Tomlinson había maniobrado para que un “talk
show” –orientado al
conservadurismo– se transmitiese por la
televisión pública y había usado “pruebas
políticas” para contratar al ex presidente
nacional republicano como nuevo presidente de la
agencia. La CPB, una organización sin fines de
lucro financiadamente federalmente, brinda $400
millones al año para la televisión y radio
estatal, por ley, y debe estar libre de toda
influencia política. Tomlinson refutó lo que se
había encontrado, diciendo que él buscaba darle
equilibrio a las transmisiones públicas.
El The Guardian
de Londres reportó en septiembre que miembros
del ejército norteamericano a cargo de
interrogatorios supuestamente habían intentado
contratar a un periodista detenido como espía.
Estos miembros del ejército presuntamente le
dijeron a un periodista del Al-Jazeera, con sede
en Qatar, que sería liberado si acordaba
informar a las autoridades de inteligencia de los
EEUU sobre las actividades de la red de noticias
satelital.
El CPJ se
entrevistó con oficiales del ejército y con el
abogado del periodista, y revisó las cartas que
supuestamente había enviado el reportero. El
periodista, Sami Muhyideen al-Haj, asistente de
camarógrafos para Al-Jazeera, fue arrestado por
autoridades paquistaníes en la frontera entre
Afganistán y Pakistán mientras trabajaba, en
diciembre del 2001. Fue posteriormente
transferido a las instalaciones militares de EEUU
en la Bahía de Guantánamo, donde fue detenido y
acusado por considerarse que era “un
combatiente del enemigo”, según los dichos
de su abogado, Clive Stafford Smith.
Chris Loundermon,
Comandante de la Marina de los EEUU, se negó a
responder este alegato o a confirmar la
detención de al-Haj. Loundermon, vocero del
Comando Sur de los EEUU, que administra las
instalaciones militares de Guantánamo, dijo que
el tema involucraba información de inteligencia
confidencial.
En Irak, el CPJ
documentó siete casos en los cuales periodistas
locales, fotógrafos y operadores de cámaras
fueron detenidos por fuerzas de los EEUU por
períodos prolongados sin cargo alguno o sin que
se revelara ninguna evidencia que respaldara las
detenciones. Por lo menos tres detenciones
documentadas superaron los 100 días, en tanto
que las demás se extendieron por semanas. Las
detenciones involucraron a periodistas que
trabajaban para CBS News, The Associated Press, y
Agence France Presse, entre otras.
Cuatro de estos
periodistas iraquíes seguían bajo custodia el
1º de diciembre, cuando el CPJ llevó a cabo su
censo anual de periodistas encarcelados. Voceros
del ejército de los EEUU dijeron que los
detenidos se consideraban amenazas para la
seguridad pero no revelaron ninguna
evidencia que respaldara las acusaciones. El CPJ
y otras organizaciones de noticias y entidades
defensoras de la libertad de prensa
continúan buscando información sobre los
periodistas encarcelados.
VENEZUELA
El CPJ rastreó
una baja en la cantidad de agresiones físicas en
contra de periodistas en el 2005 al tiempo que se
aquietaron finalmente cinco violentos años de
revuelo político. El Presidente Hugo Chávez
Frías siguió consolidando su control luego del
tumultuoso referéndum revocatorio del año
anterior que permitiera presenciar cómo
periodistas fueron atacados y hostigados por
partidarios del gobierno, activistas de la
oposición y fuerzas de seguridad. En el 2005, la
frecuencia de los ataques físicos bajó a la
mitad, y la severidad de los mismos
también disminuyó, según muestran los datos
del CPJ. Pero un tipo de amenaza fue reemplazada
por otro, a medida que la administración de
Chávez se desplazó hacia una represión
institucionalizada y hacia nuevas restricciones
legales contra la prensa.
Dos nuevas medidas
legales restrictivas –una ampliando las
cláusulas por desacato, la otra estableciendo
limitaciones sobre la “responsabilidad
social” para radio y televisión–
entraron en vigencia durante este año. Estas
nuevas medidas podrían usarse para silenciar a
los opositores al gobierno y crear un clima de
autocensura, de acuerdo al análisis del CPJ.
Los legisladores
pro-gubernamentales finalmente dieron su
aprobación en enero al proyecto de ley para
revisar el código penal. Los cambios ampliaron
las categorías de funcionarios oficiales
protegidos por las cláusulas de desacato, que
penalizan las expresiones que se | 