El derecho
a la información, un reto
nada nuevo frente al nuevo milenio
Beatriz
Solis Leree *
Antes
de aventurarnos a revisar los retos que los
periodistas y comunicadores tienen frente ese tan
anunciado y a veces temido siglo XXI déjenme
empezar por plantear los retos que tenemos hoy y
cuya forma de enfrentarlos nos marcará, sin
duda, los retos del futuro.
Si bien en
México contamos con un número importante de
disposiciones jurídicas que aluden a objetivos
diversos, y a veces contradictorios, pero que hoy
conforman el cuerpo jurídico de la información,
debemos reconocer que existen lagunas
fundamentales en materias como, la regulación de
los medios del Estado, el estatuto y códigos de
ética de las empresas, los derechos y
responsabilidades de los profesionales de la
comunicación y la forma en la que se dispone de
las frecuencias que conforman parte importante de
la distribución de la información mediante los
medios electrónicos y por supuesto las nuevas
normas que el proceso de internacionalización de
la información y las tecnologías globalizadoras
imponen.
En pocas
palabras, y solo a manera de puesta en común de
los puntos de partida, es importante puntualizar
que las disposiciones jurídicas en México, como
en otros países de la región, no responden a
una visión integral de Políticas de
Comunicación, porque se han emitido a lo largo
del tiempo, respondiendo a diversos intereses y
atendiendo las necesidades más del mercado, que
de la sociedad en su conjunto.
A pesar de
largos e intensos debates públicos en torno a la
necesidad de actualizar las leyes y democratizar
los procesos de comunicación masiva, aún no se
logran establece las modificaciones que la misma
sociedad ha propuesto. Por un lado, por falta de
la voluntad política necesaria y por otro, por
falta de consenso entre los mismos actores del
proceso comunicativo y sin duda también, por
falta de una cultura jurídica necesaria para
comprender que la necesidad de establecer normas
(reglas) claras en cualquier materia,
especialmente tratándose de un bien nacional,
limitado y al mismo tiempo universal como es la
distribución de la información y la necesidad
social de estar informados particularmente, de la
acción pública.
Hasta aquí es
evidente que enfrentamos un reto suficientemente
complejo para el periodismo, no solo para el
futuro, sino especialmente para que el presente
nos permita llegar a un nuevo siglo en el que
podamos asumir, de una vez por todas, que lejos
de restringir libertades, acusación sistemática
de quienes pretenden la impunidad que devalúa el
ejercicio profesional del periodismo, la
normatividad debe garantizar su ejercicio.
Hoy, la LVII
legislatura de nuestro país, estuvo a punto de
saldar una asignatura pendiente hace ya veinte
años, al revisar para su dictamen, dos
iniciativas de ley -propuestas por la LVI
Legislatura-. Una de ellas, reglamentaria de los
Artículos Constitucionales 6 y 7 referidos a la
libertad de expresión y al derecho a la
información, actualmente reglamentados
parcialmente(1) por la Ley de Imprenta
de 1917.
En pocos temas
como en el de la información, la sociedad ha
sido tan consultada, en pocos temas, como en
este, existen ya infinidad de propuestas y
demandas planteadas y en pocos temas, como en
este se han manifestado de manera más directa y
evidente los intereses que se niegan a atender
esa consulta realizada.
Si revisamos el
contenido de esta iniciativa, denominada, Ley
Federal de Comunicación Social, y
particularmente en las modificaciones que la
actual legislatura ha realizado después de un
cuidadosa revisión, encontraremos, sin duda, una
lista nada despreciable de asuntos para la agenda
del periodismo del próximo siglo(2).
Basten algunos
ejemplos, que para el panorama mexicano
resultarían de gran novedad(3):
- Fomentar el
ejercicio pleno del derecho a la
información y la libertad de expresión
en un marco plural que coadyuve a la
conformación de una opinión pública
informada.
- Estimular
el respeto al libre ejercicio profesional
del informador y facilitar su acceso a
las fuentes de información
- Garantizar
el acceso a la información de interés
publico
- Asumir el
derecho de replica en todos los medios
como forma de interpelación ciudadana
para el ejercicio inadecuado de la tarea
informativa.
- Se
delimitan también, algunos derechos de
los profesionales de la información, que
sin duda aluden a los derechos
fundamentales del periodismo.
- Rechazar su
colaboración en la confección y/o
difusión de noticias o programas que
sean contrarios a sus convicciones
profesionales, sin que dicha conducta,
aislada o reiterada, pueda constituirse
como causal de despido o le pueda causar
perjuicio alguno.
- No revelar
la identidad de la fuente de una
información de interés público a su
empresa, a terceros y a no ser requerido
por autoridades públicas cuando esa
información se constituya en secreto, a
causa del compromiso ético del
informador de no difundir la fuente de
una información recibida
confidencialmente.
- El respeto
a la integridad del producto de su
trabajo periodístico. Por lo que toda
modificación en estructura o contenido
deberá llevarse a cabo con su
intervención.
- Establecer
asociaciones u órganos colegiados
autónomos al interior de sus fuentes de
trabajo o bien de carácter gremial, con
los fines de analizar las problemáticas
de su actividad; para la preservación y
defensa de sus derechos profesionales y
para participar en la evaluación,
jerarquización y presentación de las
informaciones en el contexto de la línea
editorial de las empresas o instituciones
informativas, así como para actuar como
mecanismo de interlocución ante las
mismas
Lo que falta hoy
es la necesidad de que afrontemos el RETO de
evitar que la ley siga siendo letra muerta en el
país. Una regla que pretende normar una realidad
que ya no existe, no es regla. Una norma que se
hace para no ser respetada, no es norma. Una
profesión que se ejerce sin compromisos
explícitos y reglas claras lejos está de poder
ser catalogada como tal.
Los medios
privados, con la clara complicidad de algunos
sectores del gobierno han luchado a brazo partido
para que no haya restricciones a los contenidos
que transmiten ni a las formas de repartición de
las frecuencias electrónicas, lucharon y
"lincharon" a quienes desde el
legislativo pretendían hacer realidad una larga
exigencia social y una evidente necesidad para el
camino democrático. Este intento, acusado de
"ley mordaza" ha debido esperar mejores
tiempos para materializarse.
Hoy, todo se
tiñe de intereses electorales y los medios
emplean su bien aprendida lección de presionar a
los partidos políticos en aras de un "buen
trato" mediatico de sus campañas, que dicho
sea de paso, les reditúan enormes ganancias
económicas.
Así las cosas y
en la ambivalente reacción de algunos sectores
de la prensa y la sociedad ante las claras
evidencias de esa impunidad y falta de códigos
de ética (que se explíciten pero que también
se cumplan) en los medios, a veces quedan
descubiertas, como el episodio del pasado 7 de
junio, día de la libertad de expresión en
México, cuando pudimos constatar un claro
ejemplo de lo que hoy reflexionamos,
particularmente en lo que se refiere al
periodismo electrónico y especialmente cuando
éste usa, para su propio beneficio, la ausencia
de normas claras, la falta de vigilancia sobre
las existentes y la impunidad para tocar asuntos
de la más privada esfera.
El episodio al
que me refiero y que ha servido para que, de
nueva cuenta, se ponga en la mesa de discusión
el tema de los derechos y obligaciones de quien
ejerce la función de informar a la sociedad,
éste fué la ejecución del conductor de
televisión Francisco Stanley(4) , asunto que fue
utilizado por los medios electrónicos,
especialmente la televisión, como un excelente
caso para incrementar su permanente campaña en
contra de todas las acciones, o no acciones, del
gobierno de Cuahutemoc Cárdenas y que alcanzara
una dimensión fuera de lugar rebasando los
marcos de la legalidad y la ética.
Los periodistas
electrónicos destinaron todo su tiempo al
tratamiento exclusivo de la cobertura del asunto:
entrevistas, transmisiones directas desde la
funeraria, cuestionamientos a la autoridad, etc
acompañando a esto con una excesiva retórica en
torno al conductor asesinado, otorgándole un
sobrevalor a su popularidad e importancia, que
posteriormente se vino abajo al descubrirse la
relación de éste con el narcotráfico, hasta
convertirlo en un mártir de las autoridades del
gobierno capitalino. Todo asunto de interés
publico pasó a segundo termino en la tarea
informativa de las televisoras.
Los conductores
televisivos arengaron a sus audiencias en contra
de la violencia, atemorizaban, con un periodismo
de nota roja digno de los peores momentos, a
quienes sorprendidos presenciaban las voces
aguerridas que exigían la renuncia del jefe de
gobierno de la Ciudad de México. El dueño de TV
Azteca, en un mensaje a la nación (como primer
mandatario) descalifica a las autoridad,
cuestiona la legalidad de las instituciones y la
inutilidad de la existencia de los poderes del
Estado, en un discurso propio de los clásicos
militares golpistas.
Los medios
convertidos en fiscales y jueces en un
procedimiento televisado y desde la comodidad del
micrófono y sin responsabilidad alguna acusaban
al jefe de gobierno como responsable de una
ejecución en plena calle y a luz del día con
los más obvios métodos de los grupos
gangsteriles.
Este
acontecimiento permitió, de nueva cuenta, que
múltiples voces volvieran a demandar la
necesidad de una reglamentación cuestionando la
posición del propio presidente Zedillo en su
llamado a la autorregulación de los propios
medios, en este caso insuficiente al desdibujarse
su obligación ética y quedar en evidencia las
motivaciones fundamentadas en los intereses
económicos, la competencia por los públicos y
los intereses políticos de quienes hacen uso de
un bien nacional como si fuera una propiedad
privada.
El poder los
medios, particularmente los electrónicos, es
evidente y antes de que culmine, al menos en
México, definiendo los asuntos de interés
público y convirtiéndose en un poder más
determinante que el legislativo y el judicial y
como dice Karl Popper refiriéndose a la
televisión, "cuando habla es como si lo
hiciera Dios mismo" excediéndose en sus
funciones de medio para a ser un fin en si mismo
conviertiendose así, en un gran obstáculo para
la democracia, al querer decidir por los muchos.
Frente a ese
poder se vuelve imperativo la necesidad de poner
controles y límites ciudadanos. La
modernización de la legislación fundamentada en
una participación ciudadana en las tareas de la
supervisión será sin duda una buena medida de
definir limites, sin el temor de la censura nos
permite asegurar que el valor jurídico que
debemos proteger está relacionado con la
necesidad colectiva de tener acceso a la
información, sin caudillismos mediaticos o
gubernamentales.
Por otra parte,
también es necesario incorporar a nuestro
análisis una interrogante ética fundamental. El
desarrollo vertiginoso de la tecnología que, por
razones de mercado, buscar la estandarización y
masificación de su uso, nos llevará a nuevas y
mejores formas de comunicación o, por el
contrario, perderemos la esencia fundamental del
proceso comunicativo. No podemos negar que esa
misma tecnología hoy permite a sus usuarios la
autonomía de la producción y consumo de
productos informativos, podemos editar, adatar y
poner a circular nuestra propia información,
podemos también, ignorando la ética,
apropiarnos de información o intervenir en
archivos privados, sin embargo para nada de esto
existen aun reglas de interacción. Cuestiones
básicas como el derecho a la información, la
libertad de expresión y derecho a la privacídad
siguen siendo valores vigentes que rescatan
nuestra esencia como seres humanos.
Cuestiones
como la soberanía de los Estados, la protección
a la propiedad privada, el derecho de expresión,
el acceso irrestricto a todos los bienes
esenciales, incluida la información, son
cuestiones que deben estar presentes en la
definición de las políticas y los principios
normativos. La nueva función social de los
medios deberá ser, precisamente ésa, hacer que
prevalezcan estos principios fundamentales del
respeto a la identidad propia y la identidad del
otro independientemente de cúmulo de
tecnologías que nos prepare el próximo milenio(5).
El papel de los
Estados es proporcionar marcos normativos para el
ejercicio de los derechos de expresión,
información dentro del marco del derecho social
y derechos de privacía en el marco del derecho
individual.
Una sociedad tan
cambiante y cada día más atenta a la función
pública merece que se le garantice que los
medios de comunicación, en el ejercicio de esta
función social de informar, ofrezcan
información responsable y apegada al acontecer
real.
______
Notas:
1.- Solo la libertad de
expresión e imprenta, ya que el derecho a la
información fue agregado en la reforma de 1977
2.- En la iniciativas se
incorpora lo establecido por el marco jurídico
internacional, cuya ratificación en el senado ha
convertido en Ley. Especialmente lo establecido
en la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, del 19 de diciembre de
1966 y fundamentalmente en la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos de la OEA
del 22 de noviembre de 1969 en el "Pacto de
Costa Rica"
3.-
Se citan textualmente algunos artículos de la
mencionada iniciativa.
4.-
Tradicionalmente conductor de Televisa en
programas de concurso y conducción de
"magazzine" cómicos y que en el
último año se había contratado en Televisión
Azteca con dos programas iguales a los que antes
conducía en la otra empresa y que empezaba a
contar con altos incides de audiencia.
5.- Casas
Pérez, María de la Luz. "Desafíos del
nuevo milenio. Una revisión a los principios
fundamentales de la comunicación". XX
Encuentro Nacional de Investigadores de la
Comunicación. México 23-25 de abril de 1999.
*
Beatriz Solis Leree
es investigadora de la Universidad Autonoma
Metropolitana-Xochimilco.
Esta ponencia fue presentada en el Seminario
Internacional Antiguos y Nuevos Desafíos del
Derecho de la Comunicación, en Santa Fé de
Bogotá, Colombia, a mediados del pasado mes de
julio. Esta es su primera colaboración para Sala de Prensa.
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