Una nueva ley de prensa para Brasil

José Fogaca de Medereiros *

La Constitución brasileña de 1978 estableció que el derecho a la información es un derecho fundamental de la ciudadanía. Este derecho está asociado umblicalmente con la libertad absoluta y total de expresión.

Pero que quede claro que el derecho a la información no es un derecho de los periodistas, tampoco de los periódicos o de las emisoras de radio y televisión. El derecho de información es un derecho básico de los ciudadanos.

Acerca de asuntos públicos, tenemos el derecho pleno e irreprimible a la información, pero la misma Constitución dice también que todo ciudadano tiene derecho a la privacidad y a la intimidad.

También existe en la Constitución brasileña, un concepto que no había en otras constituciones nuestras. El derecho al honor. Por lo tanto privacidad, intimidad y honor, son también derechos fundamentales de los ciudadanos, son derechos individuales irreformables, lo que significa que el Congreso Brasileño no puede cambiar ni por la vía de enmienda, ni por la vía de revisión constitucional, esos derechos. Solamente una Asamblea Nacional Constituyente dotada de poder originario, podrá, posiblemente en un futuro incierto y desconocido, cambiar estos elementos normativos de la Constitución Brasileña.

Por ello, hay necesidad de que exista una ley especial para combinar, para tornar ejecutables, para viabilizar los derechos de los ciudadanos previstos en la Constitución.

¿Cómo se puede tener plena, total, absoluta libertad de expresión, libertad de publicar sin herir el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad?

Hay momentos en que estas dos normas son susceptibles de polémica, de discusión, de contradicciones profundas en el comportamiento social y colectivo en Brasil. Este es el primer motivo por el cual nos convencimos de la necesidad de escribir una ley especial para la prensa en Brasil.

La segunda razón que nos llevó a esta decisión, es la gran tradición jurídica en Brasil de tener una Ley de prensa, desde el imperio, desde el tiempo de Don Pedro II, se tiene una Ley de Prensa, una ley especial, fuera de un código penal o civil. Por tanto, ya pertenece a nuestra tradición jurídica.

Y la tercera, la fundamental y definitiva razón, es que está en plena vigencia en Brasil una ley que data de 1967, cuando gobernaba la dictadura del gobierno militar. Y es una ley represiva, antidemocrática, autoritaria y sobre todo es una ley vieja para los tiempos que vivimos en Brasil.

Sin embargo, es necesario decir que esta ley todavía encuentra aplicación y muchas veces ha logrado poner detrás de las rejas, a muchos periodistas que tuvieron la osadía de desafiar, de poner en riesgo su integridad física y moral contra los que detentan el poder y autoridad en muchos sitios de Brasil. Especialmente en las pequeñas ciudades del interior del Brasil, los medianos y pequeños periódicos, las medianas y pequeñas emisoras de radio y televisión, son las víctimas principales de la actual Ley de Prensa.

Las condenas judiciales, las prisiones, las detenciones que no acontecen con los grandes periodistas de la capital federal, de Río de Janeiro, de San Pablo u otras ciudades mayores, acontece, y mucho, en las pequeñas y medianas ciudades donde el poder local, involucrado muchas veces con los otros poderes, el poder judicial y el poder legislativo, logra poner detrás de las rejas a periodistas que no hacen más que denunciar faltas y verdades. Entonces llegamos en Brasil al pleno convencimiento de que hay necesidad de una nueva Ley de Prensa.

La Ley de Prensa en Brasil, aprobada ya por el Senado y esperando votación en la Cámara de los Diputados, en primer lugar define responsabilidades.

¿Quién es responsable por las materias publicadas, sea en periódico escrito, sea en televisión, sea en radio o donde se haga información dirigida al público, donde haya comunicación social?

Esta definición de responsabilidad es muy importante y los periodistas brasileños a través de su sindicato, se pusieron enteramente a favor de la versión que nosotros logramos aprobar en el Senado, se mostraron entusiastas de esta nueva ley por la simple razón de que inaugura en Brasil una definición de responsabilidad que hasta ahora era precaria.

El periodista que firma la materia informativa tiene responsabilidad. La responsabilidad es de las editoras o subeditoras de los periódicos.

La verdad es que en Brasil esto inauguró la posibilidad a la perspectiva de una nueva era, de un nuevo tiempo para los periodistas provisionales, que siempre tuvieron la dificultad de una profesión que no tiene ninguna garantía, porque así como está trabajando puede dejar de estarlo el día siguiente, una vez que la división es absolutamente libre, no hay ninguna limitación en las leyes de trabajo en Brasil para eso.

Definimos en Brasil una diferencia de responsabilidad penal y responsabilidad civil. El agente productor de la información tiene la responsabilidad penal. Puede ser el periodista que firma, puede ser el editor, puede ser el subdirector, puede ser quien tenga la responsabilidad definida en el pie de página, de la página principal del periódico. La responsabilidad civil es de la empresa periodística, es de la industria que mantiene el periódico o la emisora de radio, la emisora de televisión.

De modo que es importante decir que toda práctica infraccional de la prensa, pasa a tener una ambivalencia jurídica y a establecer un litis consorcio entre el propietario de la empresa y el autor intelectual de la información.

El propietario tiene responsabilidad civil por daño a la imagen, al honor, en tanto que el autor intelectual tiene responsabilidad penal, o sea practica un delito si no publica la verdad.

Es importante decir el objetivo principal de la nueva ley es extinguir de manera definitiva la pena de privación de libertad. O sea que en Brasil, una vez aprobada la nueva ley, ningún periodista será detenido o puesto atrás de las rejas por razones de su trabajo.

Todas las penas se cambian por las formas pecuniarias variadas de acuerdo a la situación de cada periodista, de cada nivel de responsabilidad. Por tanto, la nueva Ley de Prensa en Brasil tiene la finalidad de buscar que ningún periodista, ningún productor de información, nadie que trabaje en medios de comunicación buscando la verdad, la información, la transparencia pública, podrá ser detenido ni podrá sufrir condena o privación de su libertad, pero sí tendrá que responder por el delito cuando lo practicara.

La nueva legislación crea un sistema de derecho de respuesta, tan necesaria para la lucidación, para la transparencia, es tan necesaria para el establecimiento pleno de la verdad. El derecho de respuesta es algo impermeable a la prensa y lo digo como quien tuvo la experiencia como periodista, como gente de radio, de televisión.

El derecho de respuesta es posiblemente la piedra angular de una Ley de Prensa. Yo diría que es el corazón de una Ley de Prensa.

Si hay pleno derecho de respuesta, hay plenitud democrática, hay respeto a la verdad. Si no hay derecho de respuesta, la libertad de expresión es precaria. El derecho de respuesta tal como se pretende, debe darse en el mismo espacio, en el mismo lugar, con el mismo destaque de la información publicada.

No conozco en Brasil ningún caso en que el derecho de respuesta haya sido cumplido y observado plenamente. Sólo se da la respuesta en la carta de los electores, con letras muy pequeñas, casi ilegibles.

Para las empresas, para un periódico, reconocer que cometieron un error es una gran violencia a su credibilidad; yo diría que es una violencia casi mortal a su credibilidad.

Los periódicos no aceptan y jamás aceptarán voluntariamente conceder derecho de respuesta. Me gustaría, al final de nuestros trabajos, tener relatos de testimonios a ese respecto, pero la experiencia que yo tengo es que el derecho de respuesta es casi la muerte de una publicación, sea un periódico o sea una emisora de TV.

Entonces, establecimos un sistema de que si no hay observación del derecho de respuesta de manera amigable por un acuerdo entre las partes, mediante un juicio de cinco días se determina que en el mismo espacio, con la misma exposición sea garantizado el derecho de rectificación o de réplica a quien se siente aludido.

En el caso de que la publicación de la respuesta no atienda a la especificación legal del despacho judicial, la empresa pagará una multa diariamente determinada por el juez, hasta que publique en los términos establecidos por la determinación judicial.

Si hay recurso a una segunda instancia, aún así se continúan contando los plazos para el pago de la multa. Creo que esta fórmula tendrá en Brasil la posibilidad de establecer nuevas relaciones entre Estado-prensa-sociedad civil.

Pero me gustaría decir, con todo el énfasis que es posible que para nosotros los políticos parlamentarios, la Ley de Prensa ayuda muy poco. Nosotros somos ciudadanos de vida pública y creo que nuestra más profunda intimidad, nuestra privacidad no está custodiada por la Constitución en Brasil. Porque hay cuestiones de nuestra vida personal que siendo aparentemente privadas, pueden servir para exponer el verdadero carácter del representante de aquél que busca la aprobación del elector, que busca el voto, que busca la representación popular. Así, no es tan extraordinario que la prensa insista mucho en al vida sexual de presidentes, que insista en problemas personales de algunos hombres públicos, porque esto define su carácter, define una ética personal. Y esta definición de ética personal tiene que ser conocida por los ciudadanos, para que pueda elegir con plena conciencia a quienes están poniendo en los gobiernos.

La ley en cuestión es dura, rigurosa, para evitar el abuso y la complicidad. Servirá a los ciudadanos que tienen vida privada, que quieren defender su intimidad y que tienen derecho a la intimidad.

La ley de prensa en Brasil, busca básicamente dar al periodista una libertad plena y absoluta de búsqueda de la información, antes de publicar la libertad es total.

Estamos prohibiendo cualquier cierre o clausura de la prensa, no se pueden secuestrar los periódicos que estén siendo publicados. Es el fin absoluto de cualquier forma de intervención del gobierno o del poder público contra la prensa, o sea, hay una libertad irrefrenable total y absoluta para el periodista en la búsqueda de la información.

Sin embargo, una vez publicado surge una nueva institución que se llama responsabilidad penal y civil por lo que haya publicado, o sea, no puede haber algo que no esté directamente vinculado a una forma de responsabilidad, esta es la razón, este es el objetivo fundamental de nuestra ley de prensa. Libertad es responsabilidad, es por eso que nosotros le llamamos ley de responsabilidad civil y penal de la prensa, no es una ley que trata de telecomunicaciones, la división de propiedad, la limitación de propiedad y de los medios, no es una ley que trata de servicios públicos de telecomunicación. Es tan sólo una ley que fija la búsqueda de la reglamentación de los principios establecidos en la Constitución. En Brasil creemos que con la democracia logramos conquistar a la libertad de prensa que tenemos, que puso abajo un Presidente de la República que no respetaba a su pueblo, esta misma libertad de prensa, no puede también denigrar, distorsionar, destruir reputaciones de hombres y mujeres honestas como ya sucedió y no se corrigió.

Los propietarios de una escuela en Brasil, están hasta hoy, en el más puro y deshumano abandono, porque un periódico publicó que en la escuela había práctica de abusos sexuales infantiles. Dos años después se comprobó la falta de veracidad de esta denuncia, la escuela no existe más; los profesores son vendedores ambulantes en las calles porque no tienen donde trabajar y no hay nada que responsabilice a nadie, porque no hay una ley de responsabilidad civil y penal de la prensa en Brasil. Hay una ley antidemocrática de la dictadura que nosotros queremos poner en la basura de la historia.

* Esta ponencia fue presentada en la Conferencia Internacional "El derecho de la información en el marco de la reforma del Estado en México", realizada en mayo de 1998 bajo los auspicios de la Comisión de RTC de la Cámara de Diputados, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Fundación Konrad Adenauer y la UNESCO, y se reproduce en Sala de Prensa con autorización del presidente de la Comisión de RTC, diputado Javier Corral Jurado.