Informe 2004 del CPJ:

Embestidas contra la prensa latinoamericana

Carlos Lauría *

Los periodistas de la región fueron blanco de un creciente número de agresiones en el 2004 por informar sobre la corrupción política, el narcotráfico y el crimen organizado.

Aunque los derechos democráticos se han ampliado en la región, la libertad de prensa no siempre ha mejorado como consecuencia de ello.

En el 2004, ocho periodistas de la región fueron asesinados o cayeron en el cumplimiento de su labor informativa, según datos del CPJ. Sorprendentemente, ninguno resultó muerto en Colombia, con lo cual el 2004 se convierte en el primer año sin muertes para la prensa en más de una década en este país dividido por la guerra civil. En los últimos diez años, más de 30 periodistas colombianos han caído en cumplimiento de su labor informativa.

Sin embargo, el descenso en el número de periodistas caídos no indica una mejora en la situación de la libertad de prensa en Colombia. Por el contrario, los periodistas colombianos señalan que ello refleja una cultura de autocensura generalizada, especialmente en el interior del país. Si bien los medios critican con fuerza al gobierno, la presión de grupos armados ha logrado que muchos periodistas colombianos eviten cubrir el conflicto o se vean obligados a brindar una cobertura parcial.

En el resto de América Latina, los periodistas que informaron sobre temas sensibles fueron perseguidos. En México, la República Dominicana, Perú, Brasil y Nicaragua, periodistas cayeron asesinados en represalia directa por su labor informativa, mientras que en Haití un corresponsal extranjero fue muerto de un balazo cuando sujetos armados abrieron fuego contra manifestantes que exigían el enjuiciamiento del derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide y celebraban su salida del gobierno.

Inclusive en países como México donde la democracia se está afianzando, los periodistas siguen siendo vulnerables. La violencia es especialmente intensa en la frontera con Estados Unidos, donde dos periodistas resultaron asesinados en el 2004. En septiembre, una delegación del CPJ viajó a Tijuana por una semana para investigar el asesinato de Francisco Ortiz Franco, editor y periodista del semanario Zeta que el 22 de junio fue acribillado a balazos por presuntos narcotraficantes. Posteriormente el CPJ publicó un informe especial titulado “Bajo fuego”, que describe cómo la corrupción y las luchas entre los carteles del narcotráfico ponían en peligro la prensa en esa ciudad fronteriza.

El aumento de la violencia en toda la región está directamente vinculado con la falta de control que tienen los gobiernos sobre vastas zonas de sus países. La ausencia de una fuerte autoridad estatal ha dejado a los medios en una situación de vulnerabilidad frente a los grupos armados en Colombia, las pandillas criminales en Haití y los narcotraficantes en Brasil y el norte de México.

Aunque la debilidad de las autoridades en varios países supone un desafío significativo a la libertad de prensa, lo contrario puede ser aún peor. El gobierno cubano continuó su acoso sistemático de periodistas y sus familias en el 2004. Sin embargo, seis de los 29 periodistas encarcelados en una ola represiva en el 2003 fueron liberados, entre ellos el escritor Raúl Rivero y el periodista Manuel Vázquez Portal, ganador este último del Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2003 del CPJ. Las excarcelaciones de fines de noviembre y principios de diciembre fueron consideradas por muchos como una medida del presidente Fidel Castro Ruz para mejorar sus relaciones con la Unión Europea, que estaba en proceso de revisar las sanciones que impusiera a Cuba debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos del régimen cubano. Aún así, otros 23 periodistas siguen presos, lo cual convierte a Cuba en uno de los países donde hay más periodistas encarcelados, superado solamente por China.

En otras partes de América Latina, el encarcelamiento por delitos de prensa ha sido prácticamente eliminado, aunque los procesos penales por difamación siguen siendo habituales. En agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció un fallo por el cual se revocó la condena al periodista costarricense Mauricio Herrera Ulloa, reportero del diario La Nación de San José condenado por difamación en 1999. El tribunal radicado en Costa Rica dictaminó que la sentencia violó el derecho de Herrera Ulloa a la libertad de expresión y le ordenó a Costa Rica pagarle al periodista la suma de 20 mil dólares estadounidenses por concepto de daños y perjuicios, y otros 10 mil dólares estadounidenses para cubrir los honorarios legales.

El presidente de la Corte Interamericana, el juez Sergio García Ramírez, redactó por separado una opinión concurrente en la cual cuestionó la criminalización de la difamación y sugirió que dichas leyes deberían derogarse. Aunque García Ramírez no indicó que todas las sanciones penales por difamación violan el derecho internacional, señaló que deberían considerarse con detenimiento las reparaciones en el ámbito civil como sustituto de las sanciones penales.

Otra decisión de la Corte Interamericana anunciada al mes siguiente y que involucró a un político paraguayo pareció reforzar el caso Herrera Ulloa. La corte dictaminó que una condena por difamación había violado el derecho internacional y, además, declaró que el proceso penal en sí mismo había vulnerado la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque era una “limitación excesiva en una sociedad democrática”.

Ambos fallos fueron la continuación de años de cabildeo y defensa legal por parte de una amplia coalición de organizaciones de prensa y derechos humanos latinoamericana e internacional. El 10 de septiembre, Eduardo Bertoni, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convino una reunión en las oficinas del CPJ para analizar el fallo del caso Herrera Ulloa. Una declaración ratificada por defensores de la libertad de prensa reafirmó: “La criminalización de la difamación es una respuesta desproporcionada e innecesaria frente a la necesidad de proteger reputaciones... las leyes civiles proporcionan una reparación suficiente para todos aquellos que reclaman haber sido difamados”.

A fines de septiembre, esta coalición de grupos de prensa y de derechos humanos bloqueó los planes del nuevo secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, de eliminar el cargo de relator especial para la libertad de expresión. El columnista Andrés Oppenheimer escribió un artículo de opinión de gran repercusión en el Miami Herald donde se opuso a la medida y expresó que eliminar el cargo “sería una gran equivocación”. El cargo de relator especial, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1997 a pedido de asociaciones civiles, grupos de derechos humanos y defensores de la libertad de prensa, fue avalado por el ex presidente de los Estados Unidos Bill Clinton y por otros 33 presidentes en la Cumbre de las Américas de 1998, realizada en Chile.

Rodríguez, quien renunció a su cargo de la OEA el 8 de octubre en medio de un escándalo de corrupción en su país de origen, Costa Rica, alegó razones presupuestarias para eliminar el cargo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relator especial han estado a la vanguardia de la lucha contra los abusos a los derechos humanos y han servido de foro fundamental para la defensa de la libertad de expresión en América Latina.

Los gobiernos no siempre han reaccionado bien a las críticas efectuadas por el relator especial. Las autoridades venezolanas acusaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al relator especial Bertoni de emitir opiniones sesgadas y prejuiciadas en sus críticas a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, iniciativa del gobierno venezolano. Algunos analistas han indicado que el presidente Hugo Chávez Frías era uno de los que intentaron eliminar el cargo de relator especial para la libertad de expresión.

La politización de la prensa, así como las fallas éticas por parte de los medios, ha llevado a que algunos gobiernos intenten regular los medios. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aprobada por la Asamblea Nacional venezolana el 7 de diciembre, es el ejemplo más notorio.

La ley impone amplias restricciones a la libertad de expresión y establece penas excesivas. Por ejemplo, los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan mensajes que “promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público” pueden ser suspendidos hasta por 72 horas. Si un medio reincide en estas infracciones en los cinco años siguientes, se le podrá revocar la concesión de frecuencia hasta por cinco años. El gobierno sostiene que la ley es necesaria para “establecer la responsabilidad social” de los medios audiovisuales, pero resulta claro a partir del lenguaje impreciso de la ley que pudiera ser utilizada para silenciar a los medios privados e imponer la censura.

Desde que Chávez promulgara la ley en diciembre, los canales de televisión locales se han abstenido de mostrar imágenes de los violentos disturbios que ocurrieron en ese mes en la capital, Caracas, por temor a infringir la ley.

Otras naciones latinoamericanas también intentaron regular los medios en el 2004. En Brasil, después de que la prensa brasileña publicara una serie de denuncias de presunta corrupción gubernamental, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió en agosto un proyecto de ley al Congreso para regular el periodismo brasileño. El gobierno argumentó que el proyecto mejoraría la calidad del periodismo, pero la prensa local sostuvo que restringiría seriamente su labor. La ley buscaba establecer “consejos de periodistas” federales y regionales integrados por periodistas y con facultades para “orientar, disciplinar y supervisar el ejercicio de la profesión del periodismo y de la actividad periodística en general”. Las infracciones disciplinarias abarcaban advertencias, multas, censura, suspensión de hasta 30 días y la revocación del registro. En diciembre, la Cámara de Diputados, la cámara baja del Congreso, rechazó el proyecto de ley.

En los Estados Unidos, una serie de fallos por desacato que podrían enviar a periodistas estadounidenses a la cárcel por negarse a revelar sus fuentes marcó un pésimo ejemplo para el resto del mundo, donde muchos gobiernos obligan a los periodistas a que cooperen con sus investigaciones, con lo cual comprometen su independencia y obstaculizan su capacidad de obtener información que los funcionarios gubernamentales prefieren mantener en secreto. Algunos gobiernos de América Latina y otras partes han citado ejemplos recientes en Estados Unidos para justificar su duro trato a periodistas. El ministro de Comunicación e Información de Venezuela destacó el caso de Jim Taricani, periodista estadounidense sentenciado a arresto domiciliario por negarse a identificar una fuente informativa, después de que el gobierno de los Estados Unidos criticara la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión venezolana.

* Carlos Lauría es coordinador del Programa de las Américas del Committee to Protect Journalists, con sede en Nueva York.