El acceso a la información pública y el rol del periodismo

Benjamín Fernández Bogado *

Con frecuencia se suele tachar al periodismo de poco serio y consistente en la presentación de sus historias al público lector, oyente y televidente. Uno de los argumentos que esgrimen los comunicadores es la falta de acceso a las fuentes, lo que les lleva a confiar en gente no creíble o a no tener la posibilidad de contrastar los hechos de forma que la verdad emerja. La ley de acceso a la información pública es un poderoso argumento en contra de esta situación que, de hecho, puede contarse entre las razones del descenso de confianza también hacia los medios.

Si la información está disponible para todos, incluidos los miembros de la prensa, el argumento en contra de la presentación de las mismas no podrá ser en el futuro otra que la ausencia de una conciencia profesional, una ética verdadera, un trabajo serio del periodista que deja a un lado la pereza de la investigación y por sobre todo, y más que todo, ayudará a recuperar la confianza perdida en la prensa, cuyos costos a la democracia no son pocos. Es preciso entender que la labor de la prensa no reducirá a la búsqueda de la información por este medio para publicarla ni dejara de lado las filtraciones, intereses y luchas en los lugares donde se genera la información y que constituyen referencias importantes a la hora de convertir un hecho en noticia, pero indudablemente la prensa, haciendo uso de la publicidad de la información pública, cooperará al enriquecimiento de su labor al tiempo de servir como estímulo y acicate para que los ciudadanos impulsen demandas de conocer algo que forma parte de su patrimonio, su derecho y por sobre todo de su calidad de mandante en democracia.

Evitar la polarización en el debate

A veces por un malentendido concepto de que la ley de la información pública determina una serie de aspectos que no pueden ser publicados por razones de reserva o confidencialidad, algunas absolutamente razonables y otras sin sentido, la prensa en nuestros países ha atacado con ferocidad inusitada a los proyectos de leyes de acceso a la información pública calificándola de “mordaza” y otros adjetivos, polarizando el debate en torno al derecho de la prensa antes que al de los individuos e impidiendo en muchos casos que leyes de este tipo sean sancionadas en nuestros países. Para algunos en el periodismo pareciera ser más cómodo y llevadero moverse en un terreno sin limitaciones que un ámbito pactado de normas que pueden y deben ser conocidos no sólo por la prensa y que no constituyen un patrimonio exclusivo de ella sino de la sociedad toda. Es preciso en los debates en torno a esta ley que ganase a la ciudadanía desde el inicio, ya que si el mismo se polariza entre ambos poderes -el político y el de la prensa-, casi siempre es la sociedad la que termina perdiendo. En el Paraguay, donde el diputado Rafael Filizzola presentó un proyecto de acceso a la información pública denominado de “Transparencia administrativa” hace dos años, demostró que cuando no hay participación de sectores y el debate se deja sólo a los políticos y la contienda dialéctica final se plantea sólo con la prensa, el daño que pueden causar a la ciudadanía es tan grande como dejar de tener una norma que es considerada hoy no sólo un signo de modernidad democrática, sino fundamentalmente un argumento que refuerza la confianza en las instituciones del sistema, fortalece la ciudadanía, abarata los costos de la democracia, reestablece los vínculos entre mandante y mandatario corrigiendo esa relación, y por sobre todo involucra a la prensa en la construcción de una sociedad democrática donde aquella deja de ser un poder y se convierte en un servicio que sí da poder, pero al ciudadadano. Si la prensa entiende ese rol y se coloca como sirviente de la sociedad y no como mandante de ella para colocar los temas de su agenda comercial o política, la ley se constituye en un elemento dinámico y reparador de nuestras democracias heridas de desconfianza y parchadas de desilusión.

El periodismo debe jugar un rol activo debatiendo aspectos de la ley pero sin sepultarla, dejando a un lado la agenda oculta que un debate en torno a esta ley no es más que un escenario de ejercicio de dos poderes sociales y desnudando en realidad que tanto los políticos como la prensa no quieren servir al ciudadano sino por el contrario desean colocar los temas de su agenda sin límites ni referencias sirviéndose de ella a su paso y evitando que la norma de acceso a la información pública se convierta en un mecanismo que permita el crecimiento de la sociedad en democracia al saber qué hacen sus mandantes públicos y privados que administran servicios que son de todos. El riesgo de la polarización está siempre vigente, lo hemos padecido en el Paraguay, donde el pésimo proyecto de ley se transformó en un mamarracho jurídico que por vergüenza y presión los mismos que lo sancionaron -Ejecutivo y Legislativo- tuvieron que derogarlo en un tiempo récord. El daño que le hicieron a la ley ha sido tan grande que hoy no vemos en el horizonte legislativo nacional atisbo de volverla en el centro del debate, impulsando de verdad una transparencia en los hechos públicos que sirvan para fortalecer la descreída democracia de nuestros países.

La prensa debe entender su rol de servidora de la sociedad. La calificación de cuarto poder la ha colocado en el centro de la disputa contra los otros tres poderes públicos, notándose una intención de demostrar en esta pulseada un claro interés de sobreponer los intereses particulares de uno sobre el otro, pero perjudicando al mandante natural de ellos, que es la ciudadanía. Si la prensa entiende que una norma de acceso a la información no sólo sirve a sus intereses profesionales sino también hace que la ciudadanía crezca no sólo en participación y en conocimiento de lo quehacer en su nombre, sino en confianza para recuperar su dinamismo económico, habrá logrado participar de forma seria en la construcción de una sociedad democrática donde la información es un capital de todos que sirve para todos.

El simple hecho de entender que la normativa ha sido producto de un debate intenso en la sociedad, que todos entienden que ella es capital para el fortalecimiento y transparencia de las instituciones, y que existe detrás de ella el claro interés de volver más sólida a la ciudadanía, hará también que el rol de la prensa sea entendido como un servicio que se otorga a la ciudadanía que hace de la información un poder que le permite conocer, discutir, decidir, presionar y demandar en democracia, dotando al sistema de una vitalidad tan ausente en los tiempos actuales y que por lo general en ausencia de esos mecanismos no encuentra otra salida que las formas violentas de manifestación social que ponen hoy en serias dudas la viabilidad de nuestras democracias.

La información libre y transparente promueve no sólo una participación más responsable, por sobre todo descomprime el interés de algunos sectores de movilizarse por métodos violentos para imponer sus puntos de vistas. El rol de la información es, por lo tanto, no sólo reparador y constructor, es también una manera de prevenir conflictos que han dejado secuelas tan dramáticas como profundas en nuestras democracias. El caso aún reciente de Bolivia (octubre 2003) y la venta del gas es un ejemplo donde la ausencia de información seria y creíble desde el gobierno de Sánchez de Losada sobre qué harían con ese negocio llevó a que grupos radicales interpretaran la decisión desconocida por muchos del gobierno como un acto de traición a la patria, desatándose una manifestación que se cobró más de 70 muertos y que acabó con el presidente en el exilio. Este es un caso dramático pero reciente de cómo en nuestra América Latina la ausencia de una información confiable, oportuna y constante hace que las fuerzas sociales se movilicen de forma violenta, dejando a su paso secuelas que ponen en serio riesgo la gobernabilidad de nuestros países. Una información pública suministrada de forma responsable y constante puede servir para descomprimir conflictos y evitar muertes, como lo sucedido en Bolivia recientemente.

La experiencia de medios de prensa que utilizan y demandan información pública para todos y no sólo para los periodistas lo acerca notablemente a un público que hoy, según las encuestas, tienen tantas desconfianzas y suspicacias como las que tiene en contra de los demás poderes del Estado. La prensa necesita con igual urgencia recuperar la confianza ciudadana, de ahí que impulsar una ley de acceso a la información pública que no polarice el debate entre prensa y poder político establecido es de capital importancia a la ahora de de acercar el sentido y el valor de la norma al ciudadano tan necesitado hoy de entender qué hacen en su nombre y prevenirse de hechos que van en contra de sus intereses y de la propia democracia. La información es poder, pero esta frase común debe invertirse a favor del ciudadano y no de las instituciones que la administran o que lucran con ella. El mayor capital económico que tienen hoy nuestros países debe ser una ciudadanía vigilante y activa que entienda que cuando más información posea, mayor será su participación y confianza en el sistema democrático de dudosa viabilidad en muchos de nuestros países. El Estado administrador tendrá siempre en una sociedad informada el mayor capital para impulsar sus proyectos y una garantía cierta que las medidas impulsadas serán de comprensión y conocimiento de la mayoría y que su participación informada garantizará legitimidad a su acción.

Hoy los gobiernos en democracia van a un plebiscito diario como la prensa misma, necesitan demostrar que ellos están del lado del ciudadano y la información juega un rol fundamental en esa dialéctica de poder, no para convertir el campo de la democracia en una discusión dominada por la anarquía, sino por el contrario en un espacio donde la toma de decisiones se hace con responsabilidad y con el aval de una ciudadanía informada y conciente.

Fortalecer a la prensa desde la información responsable

La ligereza con que la prensa acomete diariamente la información pública y los rumores con que tanto desde el poder político como desde la prensa atosigan a los ciudadanos, le ha sacado a la democracia de un sustento de participación seria y por el contrario ha potenciado a su paso una visión irresponsable tanto del gobierno como de la propia prensa. A esa afirmación popular, que suena como un imperativo ético de la prensa, que afirma que “los rumores no se publican, sino se investigan”, algunos periodistas le han salido con la referencia que ello resulta imposible en países donde algunos entienden que la información pública debe ser guardada, escondida o muchas veces distorsionada, no dándose cuenta el gobernante ni la prensa que una información apropiada dada en plazos y términos claros permite que la transparencia haga en cualquier gobierno el soporte popular tan esquivo y evanescente de muchos gobiernos, y, por el lado de la prensa, la recuperación de un trabajo serio que retrata lo público desde la perspectiva de la participación del ciudadano sin coartadas ni escapatorias.

Conviene a la democracia en su conjunto una ley de acceso a la información pública enfocada hacia el ciudadano, no reducida a ver sólo la perspectiva de la prensa ni tampoco la acotada dimensión del capricho del gobernante de turno. Hoy la información es clave para la gobernabilidad de nuestros países. La ciudadanía está inquieta, disconforme con la calidad y la gestión de los gobiernos. La prensa no refleja por lo general esa perspectiva y muchas veces se refugia en su atalaya de poder buscando imponer su punto de vista, pero apartándose de sus mandantes naturales que son sus lectores, oyentes o televidentes. La gran crisis como la acontecida en la Argentina hace no mucho, hubiera sido posible contenerla a tiempo si no se presentaran en su camino tantas alianzas entre el poder político y el mediático que impidió conocer a fondo las implicaciones que tendrían -en términos sociales, políticos y económicos- los modelos de gestión que mostraron estar lejos de las necesidades de la gente.

La información pública otorgada de manera sistemática hacia los ciudadanos permite que tanto la prensa como los gobiernos disfruten ante ella de confiabilidad y, en consecuencia, puedan actuar basados en hechos concretos y no en rumores ni en medias verdades. Los gobiernos que han apostado a esconder la información que es patrimonio colectivo han terminado en el fracaso político y económico, como lo demuestran varios casos no sólo en América Latina sino en el mundo. Por el contrario, sociedades como la sueca, que han entendido hace 200 años que la información pública es un basamento democrático y un sustento de las relaciones comerciales entre las personas, han logrado un crecimiento de calidad que hoy sus números constituyen la envidia de varias naciones. Esos países escandinavos -incluido Dinamarca, Noruega y Finlandia- no son por casualidad las naciones con el estándar de vida más alta o de desarrollo humano, como lo denomina la ONU; lograron ese sitial sobre la base de una gran transparencia en la gestión publica, una notable responsabilidad de su prensa hacia los ciudadanos y con una clara participación de estos últimos en la toma de decisiones, como también en la búsqueda de ajustar sus vidas a los mandamientos legales, especialmente aquellos de orden fiscal y económico.

El retorno a entender la información pública desde una perspectiva ciudadana es la urgencia en leyes de este tipo. Hay que construir ese espacio en nuestros países y dejar a una cuestión secundaria la necesidad que tanto los gobiernos como los medios de prensa entiendan que la información debe ser pública y transparente porque entre otras cosas asegura a las democracias gobernabilidad y crecimiento económico.

La ley y la ciudadanía

Nuestros esquemas mentales estructurados sobre la base de que las leyes por sí solas cambien el pensamiento de la gente, no alcanza para explicar porqué América Latina, con tantas normas, no haya podido crecer ni desarrollarse en un mundo competitivo que está mirando nuevas formas de organización, donde la tecnología y la información todavía resultan hoy más fáciles de acceder y de crear comunidades de ciudadanos que entiendan su rol dentro de la construcción democrática. Debemos hacer normas que pongan a los ciudadanos en primer lugar. Es preciso, tras una discusión amplia, que desde lo jurídico se logre entender que nadie más que el individuo informado es el que logra entender el sentido de la democracia y está dispuesto con su participación a darle sentido y valor. Que las leyes que no se excitan no sirven y que escribir normas de acceso a la información pública que se alejen de los ciudadanos, aunque hayan sido escritas en su nombre, llevan consigo las posibilidades más cercanas del fracaso.

El retorno a los ciudadanos debe marcar la línea de discusión en los países que han aprobado normas en esa dirección y en las que se encuentran en proceso de redactarlas; debe servir para una reflexión más madura y seria que evite que los periodistas y la prensa en general se apropien de una ley que en realidad sólo les brinda a ellos una mayor dosis de insumos, evitando que los rumores maledicientes y muchas veces sin fundamentos sean justificados porque no tienen la información oficial en torno a los hechos que comentan.

Nuestras democracias necesitan tanto medios serios y creíbles como gobiernos transparentes que proyecten en la ciudadanía niveles de confianza que haga posible construir escenarios posibles en un mundo que mira con perplejidad los cambios y que anhela en especial que la prensa oriente con una critica sana y con una información responsable el rumbo a seguir. No es un momento fácil ni para los abogados ni para la norma. Por lo general vivimos un tiempo de descreimiento y de dudas. En ese marco, escribir normas de acceso a la información pública puede significar un nuevo pacto entre los grandes actores sociales y por sobre todo para rescatar el rol de ciudadanía, tan vital a las democracias como la información a los medios de prensa. Es imperioso ver las normas desde esa concepción, encontrando los mecanismos que hagan que se vuelva a establecer el vínculo de confianza roto entre gobiernos y ciudadanos o entre leyes y ciudadanía. Esta ley de acceso a la información pública es un pacto serio que debe construir puentes entre los ciudadanos y sus instituciones. Debe llevar a los gobiernos a mirar su compromiso desde una perspectiva distinta que encuentre en la transparencia un mecanismo que ahuyente a los corruptos y sus miles de estrategia de desacreditar a las democracias y, consiguientemente, pueda rescatar a la prensa de un rol anodino y secundario, donde lo light y banal ha sobrepasado en muchos casos a la información analizada y presentada de manera clara que permita entender lo que pasa y saber sus razones correctivas que aplicar.

Los periodistas, juristas y actores democráticos en general deben rescatar al ciudadano de esta perpleja manera de observar hechos que no comprenden y que los niveles de participación tan bajos en nuestra democracia pueda revertirse produciendo a su paso un abaratamiento de los mismos costos de campaña y promoviendo liderazgos alternativos a la corporación de los partidos que en muchos países ha dejado al pueblo sin opciones.

Una información entendida como patrimonio público es una apuesta al desarrollo que espera que tanto juristas como periodistas le den densidad para que el ciudadano vuelva a creer primero en su capacidad de actor democrático y, por consiguiente, rescatar al sistema de esa reducción simplista y distante de que ella sólo sirve para unos cuantos avivados y picaros que lucraran en su nombres a partir de elecciones o de medias verdades.

* Benjamín Fernández Bogado es abogado y periodista paraguayo, director del Instituto Prensa y Libertad, y colaborador de SdP.