Animus Narrandi

El abordaje periodístico del campo jurídico

Carlos A. Sortino (*)

Debajo de las noticias y debajo de las sentencias quedan sepultadas las prácticas sociales de dos personajes protagónicos de nuestro presente: magistrado y periodista. Se trata de reconstruir esas prácticas para encontrar en sus cruces los conflictos que las signan, no porque esos conflictos preocupen o molesten a periodistas y magistrados -cuestión que debería probarse materialmente-, sino por los efectos sociales que provocan. Nuestra hipótesis de trabajo es que en las relaciones recíprocas entre el campo del periodismo y el campo de la justicia, atravesadas por las fuerzas del poder, se construye el sentido de una cultura política.

VAYAMOS A LAS FUENTES

Partimos del hecho de que nuestra calidad de vida está condicionada por (y en muchos casos depende de) la organización política y económica a la que pertenecemos (por elección o por inercia) y que la expresión material de esta organización política y económica es el orden jurídico al que estamos sujetos.

Hablamos de dos campos de acción muy concretos:¹ el político y el económico. Y para transitar por la diversidad de caminos dentro y entre esos campos, las personas disponemos de una cantidad de señales, que podríamos denominar reglas colectivas (el orden jurídico). Estas reglas colectivas se caracterizan por la antinomia objetiva legalidad/ilegalidad y articulan el juego de las personas en el complejo institucional.² Pero nuestro sentido común³ las percibe como impuestas, no son significadas como propias.⁴

Es en esta grieta que entra a jugar lo que sentimos como propio: nuestro interés individual,⁵ que se caracteriza por su condición de alegalidad y contiene la antinomia subjetiva justicia/injusticia.⁶ Este interés puede situarse dentro de la legalidad o de la ilegalidad, puede impulsar la institución de nuevas legalidades o forzar la legalidad instituida, según qué tipos de obstáculos les oponen las reglas colectivas a nuestros objetivos individuales, expresados sectorialmente.

Nuestro interés individual es la variable “asistémica” de este complejo institucional: es el interés que ponemos en juego estratégicamente, estableciendo alianzas sectoriales para la consecución de nuestros propios fines. Es esta variable “asistémica” la que permite el constante vaivén social (transformador o conservador), la que le otorga a aquel complejo institucional el carácter material de proceso dinámico e imprevisible e inhibe su jerarquía ideal de sistema mecánico y previsible.

Dentro de este proceso, una de las grandes mediaciones entre la realidad colectiva y la realidad individual es la praxis periodística,⁷ que legitima o impugna políticas públicas y negocios privados y con cuyas publicaciones u omisiones se construye el sentido común, que, convertido en “opinión pública”, no es sólo una fuerza de la que no se puede prescindir, sino también, hasta cierto punto, un patrón político justificable.

SITUEMOS EL OBJETO

La administración de justicia condiciona las conductas sociales, es formadora de cultura. De la conducta de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial, de las relaciones sociales que establecen durante cada proceso, de sus decisiones al momento de dictar sentencias y de cómo luego éstas se resuelven en la práctica, depende, en mucho, la construcción de un sentido común del que se van a derivar determinadas relaciones sociales, determinadas conductas, determinados valores. En síntesis: una cultura política. Porque el acto de administrar justicia es también en sí mismo un acto político. Es decir, un proceder que impacta y afecta en la cosa pública.

Pero este proceso es incompleto si eludimos su valor agregado, que es, en definitiva, el que le otorga sentido: el tipo de mediación que se establece entre los actos jurídicos y su recepción social, que marcará de qué manera y por cuáles medios aquella ejemplaridad que se pregona influye efectivamente en sus destinatarios. La bisagra que articula los actos jurídicos con su recepción social lleva por nombre hoy medio de difusión masiva.⁸ Podemos decir entonces que en las relaciones recíprocas entre el campo del periodismo y el campo de la justicia, atravesadas por las fuerzas del poder,⁹ se construye el sentido de una cultura política, entendida como el fundamento crítico desde el que cada ciudadano forja su conducta e incide, conciente o inconscientemente, en los procesos de transformación o conservación de la realidad social.

No se trata aquí de poner en tela de juicio las intenciones de periodistas y magistrados, sino, simplemente, de observar los efectos sociales de sus actos. Es preciso comprender la realidad tal como se nos presenta. Y no como límite, sino como punto de partida. Es dentro de este nudo conceptual que también resulta necesario observar a periodistas y magistrados como sujetos de una práctica y no como depositarios de una función, servidores de un arte o portadores de una misión. Para ello es fundamental no sólo captar los mensajes de estas formaciones sociales (campo mediático y campo jurídico) e interpretarlos, sino, además, ir al mismo centro de producción de estos mensajes a observar cómo cobran cuerpo, cómo es su proceso de construcción.

PASEMOS A LOS HECHOS

Sólo accedemos a los actos del servicio de justicia a través del periodismo. No hay otra posibilidad de acceso, excepto cuando somos parte (imputados, víctimas, testigos) del proceso. Pero en estas ocasiones, el alcance de nuestra versión de esa realidad es limitado al propio mundo de referencia (familiares, amigos, vecinos). Sólo el periodismo puede asumir la pretensión de dar cuenta de esta realidad como un todo comprensible. Y lo hace. Y nosotros lo aceptamos. Pero,

• ¿qué es lo que nos informa el periodismo acerca de la justicia?
• ¿por qué es creíble esta versión de la realidad, independientemente del fatalismo de que sea el único camino de acceso?
• ¿sabemos, acaso (no la formalidad, sino la realidad sobre) cómo se sitúa el periodista (cada periodista) frente al campo jurídico, pero, antes, frente al medio para el cual trabaja?
• ¿desde qué lugar se introduce en ellos (campo jurídico y medio) para extraer los materiales que necesita?
• ¿qué materiales son éstos?
• ¿cómo los ubica, los distingue, los selecciona?
• ¿de qué forma los organiza y hacia qué lugar los dispara?
• ¿qué condiciones le proponen (medio y campo jurídico) y cómo las aborda?

El abordaje periodístico del campo jurídico es un proceso cuyas condiciones de producción el mismo periodista naturaliza o critica y a las que se va adaptando o a las que intenta forzar para ensanchar sus límites. En ese proceso es que carga de sentido el bien simbólico llamado noticia, cuya trama de construcción material podemos describir así:

• El periodista necesita llegar al cierre de la edición con, al menos, una información concreta de carácter noticiable. Y si no la obtiene por boca del magistrado o por su propia percepción del expediente, tratará de obtenerla por otras fuentes: la policía, los abogados de las partes, familiares, vecinos y/o amigos de quienes estén involucrados en el proceso y "buchones" varios. De la satisfacción de esta necesidad depende su trabajo, que, en la cruda realidad, es un trabajo como cualquier otro: hay una persona (y su familia) que vive del salario que le asigna una empresa con fines de lucro. Esa empresa necesita vender su producto (en este caso, la información) y si fracasa en su objetivo, no dudará en deshacerse de aquella persona que no sea capaz de evitar tal fracaso.
• Llegamos así a la cuestión de las fuentes. Cuando la fuente oficial no existe, aparecen las otras. Y no hay fuente desinteresada. Toda persona que se adjudica el rol de fuente, lo hace porque tiene un interés. Legítimo en algunos casos y desviacionista en otros. Ardua tarea la del periodista, cuando debe chequear el cúmulo de información que se le acerca por distintas vías para discriminar lo fiable de lo sospechoso. Y estamos hablando de un periodista con cierto sentido de la ética. De los otros, ya sabemos cuáles son los resultados.
• Supongamos ahora que la trama sufre una radical modificación: se abre el expediente y el periodista puede leerlo y transmitir información fiable. Aparece entonces un nuevo conflicto, el conflicto del lenguaje y de su descontextualización. El lenguaje jurídico no es, precisamente, de los más cristalinos. Una frase o proposición puede ser interpretada de distintos modos y el desconocimiento de algún acto procesal puede descontextualizarla por completo y conducir a una información falsa que hasta podría complicar el proceso.
• Pensemos, por un instante, que la necesidad de una mínima dosis de espectacularidad que reclama la lógica periodística ya está alterando, aunque no necesariamente desvirtuando, la llamada "verdad procesal". Si sumamos la lógica del lenguaje jurídico y la lógica periodística, sin ningún tipo de mediación, el resultado puede ser terrible. La simple apertura del expediente no es una solución. Es un nuevo conflicto. Hace falta una persona que guíe la lectura de la causa y pueda traducir el lenguaje jurídico.
• Esta compleja trama se extiende a lo largo de un solo día. Y al día siguiente se repite. La conclusión de la trama es lo que la sociedad recibe jornada tras jornada de todos los medios.

Si los mensajes del Poder Judicial -en tanto organismo de comprensión, interpretación y aplicación de eso que llamamos justicia- tienen por objetivo alimentar la conciencia jurídica del pueblo, resulta extraño -al menos- que carezca de una política de comunicación. Esta carencia, además de actuar como complemento de la trama periodística descripta, niega aquel objetivo del Poder Judicial, cuyos actos responden, en términos comunicacionales, a la siguiente deriva:

• El Poder Judicial no cuenta con otra estrategia comunicacional que la directa circulación de sentido entre los participantes del proceso. Estrategia no planificada, por cierto, sino lisa y llanamente actuada, de manera dispar, según el buen saber y entender de cada magistrado y/o funcionario de ese poder político del Estado. Y no son pocos los que se están enfrentando al problema de cómo resolver esta comunicación con lo que ellos llaman "el justiciable" (léase imputado), pues han llegado a darse cuenta de que el lenguaje no es uno solo y que las palabras son metáforas que cada cual cargará de sentido según su posición social. Y más aún se profundiza este agujero semántico si se trata de procesos enmarañados que anulan, nada más y nada menos, la libertad (y en muchos casos, la vida) de las personas implicadas (léase justiciables).
• Al mismo tiempo, y no ya como estrategia en los términos apuntados, sino como fatalidad, los magistrados y/o funcionarios del Poder Judicial se enfrentan a otro nuevo problema: soportar el (o, según el caso, disfrutar del) abordaje periodístico. Y aquí también, según el buen saber y entender de cada uno y según el mayor o menor interés que le adjudiquen, se las arreglarán para explicar de qué se trata, poniéndole ellos mismos el cuerpo a la situación, delegando la tarea en un vocero de su juzgado o abriendo el expediente a la vista de esos personajes molestos llamados periodistas. Esto, en el mejor de las casos. En el peor de ellos (las más de las veces), sólo hablarán por sus sentencias y durante el proceso se mantendrán inexpugnables.

Ambas problemáticas (la comunicación con el justiciable y la comunicación con el periodista) tienen un común denominador: cada cual se las arreglará (o no) como pueda o como quiera, porque no hay políticas orientadas a su abordaje. Aunque esto bien podría suponer una política, si uno fuera mal pensado. Para no serlo, para no caer en el prejuicio, es preciso indagar:

• ¿Cuál es la estrategia comunicacional, implícita o explícita, del Discurso del Orden, en tanto cultura ejemplar producida en el campo jurídico?
• ¿Cómo recepta el Sentido Común este Discurso del Orden?
• ¿Se producen brechas?¿Cuáles son?¿Cómo se producen?
• ¿Dónde ubicarlas?¿Cuáles son sus efectos sociales?
• ¿Qué correspondencias pueden observarse entre el Poder y el Discurso del Orden?
• ¿Qué lógicas pueden observarse entre estas correspondencias (Poder-Discurso del Orden) y aquellas brechas comunicacionales (Discurso del Orden-Sentido Común)?

El caso, entonces, es que la construcción social del sentido de justicia es producto del cruce traumático entre las dos situaciones descriptas y que, entre ambas, el protagonismo se corporiza en la figura del periodista. Así, es su discurso el que prevalece. Y, encima, es creíble. Sabemos de la justicia lo que el periodista quiere que sepamos. O, para que no suene tan conspirativo, lo que el periodista considera valioso para el bien común.

CONTEMOS OTRA HISTORIA

La mera descripción de una praxis aparece como injusta por los efectos sociales que esa praxis efectiva o potencialmente provoca. Porque siendo una mera descripción no alberga el objetivo de trascender su objeto y sólo se presenta como un discurso justificador, tenga tal descripción un sentido crítico o apologético.

La cuestión central es qué hacer con esta praxis, cómo transformarla o cómo conservarla, desde las necesidades y expectativas de quienes y cuáles son esas necesidades y expectativas. Surge aquí la pregunta por el sujeto de esta historia: ¿el periodista?, ¿el magistrado?, ¿el pueblo?

Se supone -y así queda marcado en todos los discursos políticos- que el destinatario de los actos de gobierno del Poder Judicial es el pueblo.

Se supone -y así queda marcado en todos los discursos mediáticos- que el destinatario de los actos informativos del periodismo es también el pueblo.

Se supone -y así queda marcado en todos los discursos comunicacionales- que cuando uno habla del otro, lo hace para un tercero que está (o debería estar) interesado en conocer los actos del otro y no los dichos de uno.

Si no es así, cabe concluir, entonces, que destinatario es metáfora o analogía de recipiente (es decir, objeto) y que eso es lo que viene a ser el tercero (léase pueblo). De allí que en estos casos cuando uno habla del otro y el otro habla de uno, lo que hace cada uno es hablar sobre sí mismo.

Si es así -esto es, de ser destinatario analogía o metáfora de actor (es decir, sujeto)-, cabe advertir, entonces, que el tal tercero aparece en escena en tanto actor sólo cuando ya no puede en tanto recipiente contener más gotas y los zapatos de los unos y los otros comienzan a humedecerse.

Para que el pueblo sea respetado y alentado como sujeto de la historia, es preciso que antes sea respetado y alentado como destinatario de mensajes políticos, económicos e ideológicos capaces de vertebrar su sentir, su pensar y su actuar en aquella dirección. No “leemos” en los medios solamente noticias que responden al concepto de “construcción” o “descripción” de la realidad. Lo que “leemos” en los medios es, fundamentalmente, un sentido de la realidad. Vale también esta observación para cualquier institución social, como, en el caso que nos ocupa, el Poder Judicial.

Así, para esta historia -el abordaje periodístico del campo jurídico- podemos usurpar el modelo actancial de Greimas: destinador y destinatario es el pueblo, sujeto es el periodista, objeto deseado es la Justicia, ayudantes y oponentes (poder político, poder económico, poder ideológico) se entremezclan según los intereses que defienden en cada caso. Y lo que nunca hay que olvidar o minimizar es el hecho de que la empresa de la que el periodista recibe su paga está atravesada por aquellos poderes e intereses.

El oficio de este sujeto consiste en adquirir el conocimiento y la experiencia de tácticas y estrategias que lo conduzcan a la obtención de información que merezca ser publicada. Y no parece la receta más eficaz para un “correcto” abordaje periodístico del campo jurídico que el periodista sea también abogado, sino que profundice aquel oficio acotándolo a este campo específico, lo que no significa ignorancia del derecho, sino capacidad para organizar su realidad social y hacerla comprensible para el sentido común del pueblo, orientado este sentido común en la dirección más arriba apuntada.

El programa para esta profundización temática del oficio de periodista no puede conformarse sólo con la traducción del léxico jurídico al lenguaje cotidiano, sencillamente porque este es el punto de partida y no el punto de llegada, ni puede tampoco ser tributario de una política de comunicación organizada desde el Poder Judicial, sencillamente porque ninguna institución social -y mucho menos un poder político del Estado- incluye en sus estrategias de comunicación autocríticas centrales y menos aún la posibilidad de abrir fuentes habitualmente cerradas, porque su objetivo es fortalecer la imagen pública de esa institución.

Una especialización universitaria desde estos parámetros es lo que tratamos de impulsar, para que los futuros periodistas no se pierdan en la maraña de los herméticos códigos tribunalicios ni en los laberintos de los inmutables intereses empresarios, habitualmente funcionales ambos a las políticas públicas dominantes. O, al menos, para que no ignoren todo esto si tienen que entrar en su juego.

Porque entrar en el juego ignorando sus reglas y regularidades o aceptándolas como únicas posibles -el peor y el más común de los casos- supone que la incidencia política que tiene el periodismo sobre la sociedad no podrá ser controlada por los periodistas y los periodistas ni siquiera se darán cuenta de ello.¹⁰

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Notas:

¹ Apelamos a Pierre Bourdieu para definir el concepto de campo: un conjunto de elementos homogeneizados por sus interacciones y conflictos, que podemos identificar según los productos que crea y las finalidades que persigue. Todo campo es también lugar de relaciones de fuerza y, por lo tanto, de luchas que buscan transformarlas o conservarlas.
² Cuando hablamos de “complejo institucional”, estamos hablando de la estructura de correspondencias entre el campo de las relaciones políticas, el campo de las relaciones productivas y el campo de las relaciones sociales. Cada uno de estos campos tiene su propia finalidad, produce sus propios medios materiales e ideológicos para alcanzarla y contiene sus propias fuentes de poder, lo que supone la existencia de contradicciones y conflictos internos y entre sí. La finalidad del primer campo (relaciones políticas) es el poder, que se organiza en torno de la capacidad de sus actores de instituir la propia naturaleza de ese poder: cómo decidir el régimen de selección y circulación de las élites, cómo establecer las relaciones entre gobernantes y gobernados, quienes deben hacer la ley y quienes deben obedecerla, qué perfil productivo se pretende y cuáles son los criterios básicos para la producción y distribución de la riqueza. La finalidad del segundo campo (relaciones productivas) es el lucro. Su fuente de poder se organiza en torno de la posesión de los medios de producción y de cambio y del consecuente modo de producción de los bienes y servicios que se consideran necesarios. La finalidad del tercer campo (relaciones sociales) es la libertad. Su fuente de poder se organiza en torno de la capacidad de sus actores de elegir qué tipo de protagonismo se asignarán en el complejo institucional, en tanto sostenedores materiales de los campos económico y político, o de seguir aceptando la asignación de sus diferentes posiciones en la comunidad (estratificación en clases), según las necesidades de esos campos. Los imperativos materiales e ideológicos del complejo institucional que nos ordena condicionan nuestra calidad de vida. Sentimos, pensamos y actuamos dentro de los límites de este complejo institucional, signado por su forma jerarquizada de vinculación entre grupos dominantes y dominados.
³ Tomamos de Raymond Williams su definición conceptual de sentido común: las relaciones sociales, sus conflictos y sus crisis, tal y como son vividas y estructuradas por las personas en significaciones, imágenes y valores.
⁴ Sostiene Cornelius Castoriadis (y lo compartimos) que el objetivo de la política debería ser la libertad. Y se pregunta: “¿Cómo se puede ser libre si se está colocado obligatoriamente bajo la ley social?”. Compartimos también su respuesta: “Existe una primera condición: es necesario que se tenga la posibilidad efectiva de participar en la formación de la ley (de la institución). No se puede ser libre bajo una ley si no se puede decir que esa ley es propia, si no se ha tenido la posibilidad efectiva de participar en su formación y en su institución, incluso cuando las preferencias propias no han prevalecido (...) Libertad bajo la ley -autonomía- significa participación en el posicionamiento de la ley”.
⁵ Contra el sentido común, debemos decir que la ley (las reglas colectivas, el orden jurídico) no prohíbe ninguna conducta. La ley no dice: “está prohibido robar”. Lo que dice la ley es: “quien robe, tendrá tal castigo”. ¿Qué ganamos y qué perdemos obedeciendo la regla? ¿Qué ganamos y qué perdemos desobedeciéndola? Ante cada situación concreta en que la regla se nos aparezca como un límite material, aparecerán estas preguntas y las respuestas en acción estarán condicionadas por nuestra posición en el complejo institucional. Con lo cual comprobamos la veracidad de aquella frase que dejó escrita Max Weber: “Los agentes sociales obedecen a la regla cuando el interés en obedecerla la coloca por encima del interés en desobedecerla”.
⁶ Decimos de la antinomia justicia/injusticia que es subjetiva, dado que definir con claridad y precisión qué es lo justo y qué es lo injusto dependerá de nuestro posicionamiento ideológico. Contrariamente, decimos de la antinomia legalidad/ilegalidad que es objetiva, dado que está definida con claridad y precisión en el orden jurídico. Ciertas legalidades pueden resultar injustas y ciertas justicias pueden resultar ilegales. El orden jurídico no es otra cosa que la síntesis política de un choque de intereses cuyos orígenes son ideológicos. De allí que su destino sea el cambio constante y no la petrificación.
⁷ “El texto periodístico es uno de esos relatos que circulan en la sociedad, a partir de los cuales armamos modelos para volver a definir el mundo, a partir de los cuales conocemos las formas destacadas de explicarnos a nosotros mismos en la cultura contemporánea y las formas ortodoxas de actuar. A partir de los cuales nos volvemos a lanzar a la acción, pero cambiados: nutrimos nuestra subjetividad, narrativizamos nuestra experiencia, exploramos nuestra capacidad de juzgar sobre la bondad o la maldad de los actos, adquirimos un lenguaje con el cual reconstruir los marcos referenciales que tornan inteligible nuestra manera de comportarnos y con el cual revelamos la teoría moral que, implícita o explícitamente, sustenta nuestra propia vida. A partir de los cuales nos enteramos acerca de la trama de las acciones humanas que definen el espacio público en el que comenzamos o recomenzamos a actuar, a partir de los cuales tomamos ejemplo de libertad y de solidaridad, comprendiendo cómo las instituciones o las personas pueden ser crueles con el prójimo, enriqueciendo el léxico mediante el cual podemos imaginar y construir nuevas estructuras sociales, más inclusivas, más solidarias” (Damián Fernández Pedemonte, “La violencia del relato - Discurso periodístico y casos policiales”, Buenos Aires, 2001, La Crujía Ediciones).
⁸ No hablamos de medio de comunicación social, como lo indicaría el sentido común, porque compartimos la caracterización señalada por el profesor Alfredo Torre: Medio de difusión masiva: empresa conformada para ganar dinero (y a veces para consolidar el poder de alguien, o las dos cosas en forma simultánea) vendiendo información a un público amplio y heterogéneo. “Medio de difusión masiva” y no “medio de comunicación social”, por cuanto no existe diálogo ni decisión consensuada con el cuerpo social en la mirada sobre la realidad y menos en su valor noticiable. Las noticias, consideradas como “algo nuevo, a tiempo y dinámico”, no se seleccionan sino que se construyen, y dicha construcción es la obra conjunta de los periodistas y de las fuentes. La prensa, por más que sea espectadora, hace la noticia, construye el suceso, lo dispone y le da un sentido. La producción de noticias -según considera Félix Ortega- se rige por intereses económico-empresariales, mentalidad profesional y oportunidad. Es así que los medios se comportan como jueces: algo se publica o no se publica según propio (o ajeno) criterio en el momento más propicio (En “La Negociación”, documento de la cátedra “Periodismo de Investigación” de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP).
⁹ Definimos el poder como la fuerza de los intereses económicos, políticos e ideológicos que se articulan (no sin conflictos internos) para transformar o conservar el dominio y el control social.
¹⁰ Todo lo dicho aquí tiene como marco de referencia a la República Argentina.

* Carlos A. Sortino es periodista y colaborador de Sala de Prensa. Es miembro fundador de la organización no gubernamental Justicia sin Fronteras (www.justiciasinfronteras.tk) y docente de la cátedra de Periodismo de Investigación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (provincia de Buenos Aires, República Argentina).