Ciudadanía y medios en América Latina:
alcances y proyecciones

Carlos A. Camacho Azurduy *

En América Latina se valoriza en las últimas dos décadas la democracia como régimen institucional, sin embargo diversos expertos coinciden en señalar que aún falta mucho por avanzar para que ésta subsista como una forma de vida donde no exista una brecha entre la formalidad de la ley, por un lado, y la conciencia y la práctica de la ciudadanía, por el otro.

Esta profunda grieta se debe a que muy poco es lo que se avanzó en cuanto a tener una gobernabilidad democrática —que concierne a la relación entre el sistema político y la ciudadanía— por la falta de adecuación de la política y del Estado a las transformaciones sociales en curso producto de acelerados procesos de modernización, en la que se ha venido a denominar “sociedad de la información”.

Esta “escasez” de gobernabilidad es fundamentalmente producto de una “deficiencia” comunicativa expresada en el escaso diálogo entre actores del sector público, privado y la sociedad civil tanto a nivel nacional como descentralizado (local) y la poca importancia asignada a estrategias de construcción de redes de actores y “pactos”, acuerdos de gestión compartida y agendas de responsabilidad común. Sin duda, todo ello afecta la viabilidad política de políticas públicas (e.g., reducción de pobreza, género, interculturalidad) encaminadas a un desarrollo cada vez más humano y solidario, lo cual puede poner en peligro la legitimidad del régimen democrático.

¿CIUDADANOS O CONSUMIDORES?

Se percibe que a principios de este siglo los medios de comunicación masiva, al igual que otras instituciones sociales, aportan a la construcción de una ciudadanía que puede ser activa y participativa o vinculada exclusivamente al consumo. Uno de los aspectos que favorece en esta dirección es la participación que permiten los medios, lo cual facilita a las personas que puedan ejercer su libertad de expresión y acceder al espacio público que les fue negado en otras instancias (e.g., partidos políticos, organizaciones sociales, etc.).

En este marco, los procesos de modernización requieren la conducción de una nueva acción política que tome en cuenta la mayor y mejor cooperación, participación e incidencia de los ciudadanos en las decisiones que afectan sus propias vidas. De hecho, resulta paradójico que hoy en día asistamos a un auge de la “cultura del yo” (privatización de actitudes y conductas) que contrae drásticamente y cambia de forma el ámbito integrador —en tanto espacio compartido— que representa lo público. Una interacción que en el omnipresente espacio del mercado y la globalización conforma ciudadanos-consumidores o ciudadanos-espectadores; en ambos casos, apartados en espacios privados e íntimos, bien demarcados en sus intereses, pasivos en el juego político del poder respecto a la pertenencia democrática.

Frente a esta situación, Fernando Calderón y Norbert Lechner (1993) se cuestionan si ¿no es el estar-juntos-con-otros, esa comunidad de semejantes, el espacio propiamente político de la democracia?. Y si ¿puede la población de nuestras sociedades latinoamericanas (o sea, nosotros) llegar a ser verdadera y plenamente ciudadanos? Vale decir: la gobernabilidad democrática presupone ciudadanos activos y participativos, pero ¿qué hace la democracia para formarlos?, ¿qué mecanismos y procesos de la sociedad de la información apoyan este proceso?

La gobernabilidad democrática requiere patrones de corresponsabilidad entre el sistema político y los individuos como sujetos de derecho convertidos en ciudadanos —a partir de prácticas sociales, sistemas institucionales y representaciones culturales— que comparten algo común en libertad e igualdad. Todo esto está profundamente ligado a los procesos de democratización, de educación y de revalorización de los derechos humanos, especialmente los económicos, sociales y culturales, que deben ser garantizados por las instituciones democráticas.

NUEVOS ESCENARIOS

En los gobiernos de la región se está configurando en este flamante milenio un nuevo escenario político donde los medios de comunicación masiva adquieren una creciente influencia en el ejercicio de la democracia y de la política. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Bolivia, propone desde hace algunos años atrás en su informe de desarrollo humano la necesidad de buscar mayor congruencia entre comunicación y política, a fin de que ambas esferas se potencien para fortalecer, tanto en las instituciones estatales como en la sociedad civil, una cultura política deliberativa.

A esta red de relaciones se suma la cultura conformando, según Jesús Martín-Barbero (1998), un estratégico escenario que le exige a la política recuperar su dimensión simbólica —su capacidad de representar el vínculo entre los ciudadanos, el sentimiento de pertenencia a una comunidad— para enfrentar la erosión del orden colectivo. Por lo tanto, se teje una red de relaciones entre comunicación, cultura y política articuladas por el puente articulador de la ciudadanía.

En el caso de Bolivia, el restablecimiento de la democracia, en octubre de 1982, marcó el inicio de un proceso de cambio orientado a crear las condiciones necesarias para la edificación de una sociedad justa, democrática y participativa, en el marco del respeto a las garantías constitucionales de las personas. Sin embargo, luego de 22 años de vida democrática se constata que la cultura política de la población se ha estancado e incluso empobrecido debido a que se abandonó la educación política sobre la base de los valores democráticos: una tarea educativa ligada a incentivar el sentimiento de pertenencia a la comunidad —en el marco del diseño de modelos de sociedad y de Estado— y la convicción de que la solución de los problemas del país depende del protagonismo de las personas, es decir, de la participación activa y comprometida en la esfera pública.

CIUDADANOS, SÍ... PERO, ¡ACTIVOS Y RESPONSABLES!

Frente a este panorama, la diputada boliviana Susana Peñaranda (2001) planteó la urgente necesidad de trabajar desde todos los frentes en la constitución de una nueva cultura política, capaz de formar una ciudadanía plena que estimule la conciencia sobre los derechos y deberes que tienen los seres humanos y fortalezca el sentimiento de pertenencia a la comunidad política, ahora debilitado por la poca participación en el ámbito público. A decir de esta autora, la nueva cultura política debe formar verdaderos ciudadanos, esto es, ciudadanos activos y responsables.

Por lo tanto, se plantea el reto de encarar procesos sociales de construcción y fortalecimiento de ciudadanía, o sea, responder a la interrogante sobre cómo los sujetos de derecho se convierten en tales a partir de prácticas sociales, sistemas institucionales y representaciones culturales. En definitiva, un proceso de gestación de las subjetividades individuales y colectivas, de aprendizaje de expectativas recíprocas y de definición de un espacio de responsabilidad en relación con los “otros”, en general, y con el Estado o la autoridad pública (“otro privilegiado”), en particular: ¿qué derechos tengo?, ¿cómo las instituciones estatales los protegen y aseguran?, ¿cuáles son mis responsabilidades (y las del otro hacia mí)?

Precisamente, como hace referencia Elizabeth Jelin (1996), el desafío de la transición actual está en la capacidad de combinar los cambios institucionales formales con la creación y expansión de prácticas democráticas y de una cultura de la ciudadanía en la cotidianidad. En esta línea, los medios de comunicación masiva adquieren una importancia creciente constituyéndose en escenario de debate público y de construcción de verosimilitud del hecho político y, asimismo, en actores del proceso político: en la definición de la agenda pública, en la influencia de líderes mediáticos en la formación de la opinión pública, en la fiscalización de los actos del gobierno. Esta doble cualidad de los medios se explica por la pérdida de legitimidad y credibilidad de los partidos políticos en Latinoamérica y el debilitamiento de sus funciones típicas como mecanismos de expresión de las demandas ciudadanas.

Empero, a pesar de que algunos medios “alternativos” —especialmente, los de carácter comunitario, educativo y popular— se han constituido en el ámbito de representación simbólica donde diversos grupos de la población por medio de la ocupación del espacio público, expresan sus demandas e intereses, debaten los asuntos públicos y se reconocen como miembros de una comunidad, estos no pueden transformar estas demandas sociales —tarea de representación institucional de la política— en decisiones estatales (políticas públicas).

UNA MIRDA DISTINTA A LA COMUNICACIÓN

En la formación de ciudadanía —o, mejor dicho, de “ciudadanías” en plural haciendo referencia a la diversidad étnica y cultural de los pueblos sudamericanos—, es imprescindible comenzar a entender y asignarle un lugar a la comunicación como factor fundamental para el desarrollo o, como han planteado algunos autores latinoamericanos desde la década de los años ’70, una comunicación para el cambio social de estructuras injustas de vida para la mayor parte de la población.

Aquí se plantea, entonces, la construcción de procesos de diálogo privado y público a través del cual se pretende que las personas —fundamentalmente los grupos marginados tanto política como económicamente— decidan quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo y, así, mejoren su calidad de vida guiados por los principios de tolerancia, autodeterminación, equidad, justicia social y participación activa de todos.

Este enfoque propone una nueva agenda para la comunicación en el marco del desarrollo, trasladando el énfasis del proceso a los individuos y las comunidades como agentes protagonistas de su propio cambio, hacia el apoyo al diálogo y el debate sobre temas claves de interés que afectan a determinados grupos, con miras a incorporar adecuadamente información a los diálogos y debates, en suma, hacia un modelo de comunicación horizontal, persona-a-persona, de muchos-hacia-muchos, de la gente-para-la-gente.

Por todo ello, la comunicación para el cambio social nos permite reflexionar e intervenir estratégicamente desde un eje fundamental: el derecho a la información, que no se reduce a permitir a las personas saber lo que deberían pensar o hacer, sino que otorga sentido a sus vidas y forma a sus aspiraciones. Es decir, tomar el control de sus propias vidas y ejercerlas con “poder”.

Las personas adecuadamente informadas tienen los suficientes argumentos para opinar sustentadamente, participar en la definición e implementación de acciones de carácter público que afectan directamente su calidad de vida, controlar socialmente a las autoridades que las representan y sobre las que han depositado responsabilidades, debatir sobre problemas comunes y tomar decisiones para su presente y futuro. Todo esto es, sin duda, ¡ejercer su ciudadanía de forma plena!

CIUDADANÍA LATINOAMERICANA

La construcción de ciudadanía, en función del fortalecimiento de los nóveles sistemas democráticos en América Latina, empieza a constituirse en un tema prioritario en el ámbito estatal y en sectores no gubernamentales, especialmente en los académicos, donde se carece de reflexión científica que permita generar nuevos conocimientos al respecto para explicar y comprender la realidad.

Precisamente, a partir de la reflexión generada por el Informe de Desarrollo Humano en Bolivia 2002 (PNUD) se considera que la ciudadanía es donde se deben sintetizar los imperativos de la democracia y del desarrollo, con un marcado referente de lucha contra la pobreza. Porque pobre, en su dimensión subjetiva, es también aquel que no tiene ciudadanía, a quien sus derechos le están siendo arrebatados por un sistema que no le permite ser ciudadano y le niega la dignidad.

En Bolivia, esta exigencia de dignidad es también una demanda de justicia y equidad directamente relacionada con el problema de la pobreza, ya que los sectores excluidos reclaman —en el plano de la subjetividad— ser respetados y tomados en cuenta para transformarse, con las suficientes oportunidades sociales y políticas, en actores que puedan configurar su propio destino en una relación de mutua colaboración con los demás.

La democracia debe asumir responsablemente la tarea de restituir la dignidad de los sectores sociales más afectados, particularmente los pobres y excluidos y vulnerables, expandiendo los espacios colectivos de deliberación en los que se desplieguen y amplíen las capacidades de decisión política en torno a lo público como una manifestación del ejercicio ciudadano.

CIUDADANÍA COMUNICATIVA

Si tomamos en cuenta que la información que circula públicamente proviene fundamentalmente de los medios, entonces, podemos hablar de una ciudadanía que también se construye a partir del consumo cultural (apropiación y uso) de la oferta mediática, y la que hemos definido con María Helena Hermosilla (1995) como ciudadanía comunicativa. En esta dirección, planteo un modelo teórico de construcción de ciudadanía comunicativa (ver Gráfico No.1) sobre la base del ejercicio pleno del derecho a la información, que incorpora los siguientes elementos: formación de opinión pública, participación ciudadana, control social y deliberación pública, en el marco de gestación de espacios públicos democráticos.

En este proceso de constitución de la ciudadanía comunicativa es nuclear la producción —por parte de periodistas éticos y responsables— y el consumo de información periodística porque se basa en el principio de reducción de la incertidumbre o de la indeterminabilidad con tendencia a cero, introduciendo certidumbre objetiva, predictibilidad en un ambiente de elección o evidencia que conlleva el fundamento del asentimiento. Esta certeza, convencimiento o seguridad se logra por medio del despliegue de las facultades del derecho a la información que influyen sobre la persona en alguna forma de conocimiento y modifica o transforma su comportamiento en un proceso de “maduración social”, donde desarrolla las virtualidades de la sociabilidad.

Sin embargo, a pesar de las múltiples posibilidades de acceso a mayor cantidad y calidad de información y oportunidades de difusión de visiones de mundo diferenciadas —con sus aspiraciones, necesidades, experiencias y análisis— que permiten las tecnologías de la información y la comunicación en esta “nueva” sociedad informacional de principios de siglo, se percibe una profunda brecha informativa entre los que tienen posibilidades reales de acceso, aprovechamiento y uso, y los que han sido —¡y son!— marginados y excluidos, continuando “sin voz” e “invisibles” ante un mundo globalizado que parece avanzar sin ellos.

Gráfico 1 – Modelo Teórico de Construcción de Ciudadanía Comunicativa

Fuente: Elaboración del autor.

A MANERA DE EPÍLOGO

Para la consolidación de la democracia en América Latina es imperativo que los distintos grupos sociales se asuman como ciudadanos, con capacidad para convertirse —frente a la exclusión y discriminación en que viven— en sujetos capaces de ejercer derechos y deberes, buscando la participación activa en los espacios donde se toman decisiones (vida pública) que afectan de manera directa su vida cotidiana.

Vista desde este enfoque, la información como derecho fundamental —reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948— puede coadyuvar en la formación y ejercicio activo y responsable de la ciudadanía en el marco del desarrollo humano.

El modelo teórico de ciudadanía comunicativa planteado en el presente ensayo, establece que las personas asumen, por medio del consumo cultural de la oferta informativa noticiosa, una competencia política que coadyuva en la generación de esferas públicas. Esto es, un conjunto específico de roles sociales a través de los cuales los ciudadanos se interesan sobre un hecho de interés público, forman un juicio al respecto y lo expresan (opinión pública), además de que toman decisiones, fiscalizan y controlan, demandan y ejecutan todas aquellas acciones que los lleven a defender intereses comunes en un contexto deliberativo (participación ciudadana).

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Fuentes:

- CALDERÓN, Fernando y LECHNER, Norbert. 1998. Más allá del Estado, más allá del mercado: la democracia, La Paz, Bolivia, Plural editores/CID, 88 págs.
- HERMOSILLA, María Elena. 1995. “La educación que viene de los medios: el aporte de los estudios de recepción” en aa.vv., Los medios, nuevas plazas para la democracia. 1ª ed., Lima, Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, págs. 179-186.
- JELIN, Elizabeth. 1996. “La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad”, en Jelin, Elizabeth y Hershberg, Eric (coordinadores), Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina, 1ª ed., Caracas, Nueva Sociedad, págs. 113-130.
- MARTÍN-BARBERO, Jesús. 1998. Las mediaciones de los medios en la construcción de ciudadanía, conferencia magistral presentada en el II Festival Internacional Radioapasionados y Televisionarios de América Latina y el Caribe, para Democratizar la Palabra y la Imagen, ALER, AMARC, Ciespal, Felafacs, FIP, PROA, RNTC, SCC, Videazimut, WACC, Santafé de Bogotá, 7 al 11 de octubre, 7 págs.
- PEÑARANDA DEL GRANADO, Susana. 2001. “La necesidad de una nueva cultura política ciudadana”, La Razón, suplemento Ventana, 7 de enero de 2001, pág. 2.

* Carlos A. Camacho Azurduy es comunicador social boliviano, vocal suplente del Directorio de la World Association for Christian Communication en América Latina y colaborador de Sala de Prensa.