Reflexiones de periodistas y académicos mexicanos *

Debatiendo la iniciativa de ley de comunicación

Durante los últimos dos meses del año pasado estalló la polémica sobre la pertinencia y viabilidad de una reforma jurídica en materia de comunicación social en México. Algunos periódicos emprendieron entonces una andanada desinformadora con el objeto de descalificar los afanes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, cuya iniciativa se cuestionó y calificó de Ley Mordaza sin haberse concluido siquiera.
En ese contexto, la Revista Mexicana de Comunicación y el programa El fin justifica a los medios, que se transmite por Radio Educación, convocaron a una serie de debates a fin de analizar y desentrañar las diversas facetas, lagunas, contrariedades, perspectivas o ventajas y desventajas de una iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social como la que venían discutiendo y redefiniendo varios legisladores de los distintos partidos políticos.  
Se contó con la participación de representantes gremiales del ámbito reporteril, periodistas políticos, y estudiosos de la materia: Francisco Ortiz Pinchetti, presidente de la asociación Reporteros en Proceso; Salvador Guerrero Chiprés, presidente de la Fraternidad de Reporteros de México; Pedro Enrique Armendárez, director de Periodistas de Investigación; Rogaciano Méndez, secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa; Virgilio Caballero, periodista de Canal 40; Carlos Marín, codirector de la revista Proceso; Beatriz Solís, investigadora y asesora de la Comisión de RTC de la Cámara de Diputados; y Ernesto Villanueva, reconocido especialista de derecho de la información y catedrático de la Universidad Iberoamericana.
Enseguida se ofrece una versión abreviada –y organizada temáticamente– de lo expuesto a lo largo de las emisiones radiofónicas, conducidas por la periodista Gabriela Granados y el director de RMC Omar Raúl Martínez, bajo la producción de Graciela Ramírez.

—El tema del derecho a la información no es nada nuevo en México. ¿Cómo se ha dado el debate al respecto desde su aparición como tema medular en materia de medios?

Beatriz Solís: En efecto, esta historia ya tiene un largo trecho andado. Desde la campaña del Presidente Presidente López Portillo se plantea la posibilidad de agregar al artículo constitucional la frase “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. A raíz de ese agregado en 1977, la Cámara de Diputados convoca a la sociedad a plantear sus opiniones acerca de cómo reglamentar el derecho a la información. Se despierta una inquietud en los ámbitos académico y periodístico.: En efecto, esta historia ya tiene un largo trecho andado. Desde la campaña del

Esa primer consulta rebasa los límites mismos de la propia convocatoria. Por primera vez se hace pública una demanda social, una inquietud, una inconformidad latente en muchos miembros de la sociedad respecto a la situación general de los medios de comunicación en México. Se habla del monopolio en la televisión, de las reglas poco claras en las relaciones Estado-Prensa, de la necesidad de participación más amplia del Estado en los medios, en fin.

So pretexto del derecho a la información, en tal consulta comienza a darse una serie de demandas que hacen crecer ese enorme concepto.

Con ello surgen los intereses encontrados y el asunto se vuelve inmanejable hasta cerrarse la posibilidad de reglamentación en 1980, después de la frase tristemente célebre de Luis M. Farías, entonces líder de la Cámara de Diputados: “No le encontramos la cuadratura al circulo”. Así queda suspendida la primera etapa de un gran debate que, en mi opinión, no ha terminado.

—¿Qué ha ocurrido en esa materia a lo largo y ancho del mundo durante los últimos 20 años?

Ernesto Villanueva: Ha habido un cambio fundamental: la transición a la democracia en los países europeos del Este, donde ya cuentan con una legislación moderna y a imagen y semejanza del Consejo de Europa que se ocupa de las principales legislaciones. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en Sudáfrica y Liberia. Desde los años ochenta en varias Constituciones se han incorporado importantes figuras jurídicas en materia de derecho a la información.

El mundo ha cambiado, pero México se ha quedado al margen en ese desarrollo jurídico y ello se explica por un modelo cerrado a experiencias de otras latitudes hasta fechas recientes. Nuestro país se ha quedado en el pasado, con un sistema jurídico que se ubica en el séptimo lugar de atrás para adelante de los 189 países del mundo. Por tanto constituye una de las asignaturas pendientes.

Rechazo a la iniciativa

—¿Por qué varios medios rechazaron la iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social (llamada Ley Mordaza con el fin de desacreditarla) que se venía trabajando en el seno de la Comisión de RTC de la Cámara de Diputados?

Pedro Enrique Armendárez: Por los intereses creados. Pero además porque el status quo también se beneficia de la impunidad, la mediocridad y la falta de profesionalismo de los periodistas mexicanos. No quiero generalizar, pero muchos reporteros se oponen a cambiar el estado actual de cosas porque así pueden actuar con impunidad.

Por tanto, no solamente los medios “malvados” evitan que se afecten sus intereses, sino también las inercias arraigadas entre los propios periodistas. En un contexto tan limitado como el mexicano, muchos de nuestros compañeros no están haciendo periodismo, sino relaciones públicas.

Carlos Marín: Quienes digan que la iniciativa atenta contra la libertad de expresión, ignoran que la propia Constitución la garantiza. Yo estaría dispuesto a escuchar razonamientos anti-ley, pero sus opositores rehuyen el debate ¿Por qué diablos rehuir la posibilidad de conversar?
A lo largo de 20 años, los mismos intereses nefastos quieren que persista la inmovilidad y la relación viciada, viciosa y orgánica.

Ernesto Villanueva: Definitivamente existe una profunda ignorancia. Una ley mordaza supondría una violación inconstitucional. La propia Constitución en los artículos sexto y séptimo establecen la prohibición expresa de la censura previa. Una ley mordaza restringiría el ejercicio de las libertades y sería persecutoria, algo absurdo a fin de siglo.

La iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social, por el contrario, establece los parámetros por los que debe pasar la nueva transición a la democracia en materia de medios. Me parece un despropósito llamar a la iniciativa como ley mordaza, pues lo persecutorio es lo que tenemos ahora. Justamente, la idea es transitar a una relación civilizada que apele a la responsabilidad social, y con sanciones más ajustadas a imagen y semejanza de un Estado democrático de derecho.

Por tanto, ese manejo artificial efectivamente se da con base en la ignorancia, pues desconocen lo que existe y lo que se quiere proponer.

Beatriz Solís: No hay mejor margen para abusar del poder que la ausencia de normas claras y la carencia de una instancia plural que vigile el respeto a esas normas. Hemos visto que el poder se  ejerce con una enorme discrecionalidad, lo cual no ocurriría si se definieran claramente y respetaran las reglas del juego. Creo que ningún poder, salvo el de los medios, carece de reglas. Ningún poder en una democracia puede carecer de normas porque entonces se vuelve un poder absoluto.

Aunque no en todos los medios, el derecho a la información volvió a caer víctima de la desinformación. Sin embargo, hay mayor preocupación que hace 20 años. El tema del derecho de la información empieza a generar inquietud en las facultades de comunicación, fenómeno que antes no sucedía. En ese sentido hemos ido dando pasos mínimos.

Virgilio Caballero: Me parece que en toda sociedad hace falta establecer cuál es el papel que juegan los protagonistas de un hecho social. Las normas que hoy día tenemos son antiquísimas: la Ley de Imprenta de 1916 y la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, ¿pueden ser útiles a la comunicación moderna? Desde luego que no. La reglamentación de un derecho amplía la libertad, pues define garantías y responsabilidades.

—¿Cuáles son los objetivos concretos de la iniciativa de ley?

Beatriz Solís: Busca definir tres conceptos fundamentales de la comunicación social: las libertades de información y expresión y el derecho a la información. En ese sentido, constituye una ley que marca fronteras para todos los ámbitos de la comunicación social.

Es absolutamente un contrasentido entrar al próximo siglo con una ley de principios de siglo. Me parece urgente, prioritario y fundamental, modernizar lo que debemos entender por libertad de expresión y por derecho a la información.

Abramos el derecho de réplica en los medios de comunicación, garanticemos mínimamente algunas de las garantías de los trabajadores de los medios, pidámosle al Estado que transparente su relación con los medios para creerle un poquito más, y a éstos exijámosles mayor responsabilidad. Creo que así ganamos todos.

Aristas de la relación medios-Estado-sociedad

—A nivel político, la historia de corporativismo durante la conformación del país, ¿tendrá que ver con el inmovilismo jurídico avalado por los medios?

Ernesto Villanueva: Por supuesto, yo creo que eso lo explica. El régimen jurídico mexicano en materia de medios es imprescindible para mantener un sistema presidencialista de corte autoritario, ajeno por entero a los sistemas democráticos. Las fuerzas que han sido usufructuarias de ese sistema están en contra de una reforma legal porque ésta afectaría sus intereses creados desde 1929.

Virgilio Caballero: Considero que estamos ante una pertenencia orgánica de la prensa al poder de un partido hegemónico. La larga permanencia del régimen político en nuestro país, sólo se explica por un aparato de prensa prácticamente entero para servir a esa reproducción. Las excepciones desde los años treinta hasta nuestros días en algunos medios, no han hecho sino confirmar la regla.

Hay dos fundamentos por los cuales se puede explicar una permanencia tan larga de un partido político en el poder: uno es el mismo PRI y el otro es la comunicación. Uno explica al otro. El monopolio de los medios electrónicos explica y fundamenta al monopolio del poder político. El monopolio del poder político explica el fenómeno de la comunicación de masas.

Carlos Marín: La proliferación de publicaciones y de programas periodísticos en radio y televisión ha creado la ilusión de que en México existe una gran posibilidad y una gran apertura en materia de información y de derecho a la información. Sobre todo en los medios electrónicos, la información se da de manera superficial, atomizada en función de intereses económicos y casi siempre sirviendo a intereses políticos deleznables, fundados en valores tan obscenos como el inmovilismo.
Todas las personas e instituciones que en los últimos 20 años han dicho que el derecho a la información y su reglamentación atentan contra la libertad de expresión, no sólo están equivocados, sino que la mayoría miente deliberadamente. Lo único que han logrado en 20 años es abortar la posibilidad de que el Estado esté obligado por la sociedad a proporcionar información.

—Un planteamiento para transparentar las relaciones prensa-Estado es la posibilidad de que se legislen apoyos públicos, abiertos y claros a los medios. ¿Cómo se da esto en otros países?

Ernesto Villanueva: No se trata de que se elimine la publicidad oficial, sino de que se transparente con reglas claras y equitativas ¿Cómo? Pues definiendo requisitos: mínimo de tiraje, años de antigüedad, cierto número de trabajadores, perfil no comercial y de interés cultural, etcétera. En México de pronto vemos empresas pobres y empresarios ricos. En muchos países europeos ese presupuesto público tiene como propósito fortalecer las libertades de expresión y de información a través del impulso a la independencia.

En el caso mexicano no hay reglas y por ello el manejo es discrecional: “te doy publicidad sólo si me apoyas”. La idea es que con reglas claras esa ayuda sea incondicional, transparente, sujeta a criterios objetivos de selección.

Responsabilidades

—Pero aún hay quienes persisten en posturas anquilosadas y corruptas...

Carlos Marín: La manipulación de conciencias mediante la información es un  pase para el enriquecimiento ilícito. Abundan los casos individuales e institucionales en que el oficio de periodista se utiliza como el doble pasaporte de Raúl Salinas: se consiguen placas de taxi y hasta licencias para abrir giros negros, cantinas, tiendas de abarrotes o conseguir casas de interés social, boletos de avión...

Virgilio Caballero: La idea de que una supuesta ley mordaza pueda prender en algunos sectores cuando ocurre exactamente lo contrario, habla precisamente de una despolitización. Planteo el asunto al revés: si nuestros medios informaran realmente, México sería el país mejor informado del planeta. ¿Cómo se explica que con tanta información haya tal despolitización?

—¿La falta de autocrítica en el ámbito periodístico se da porque no se ha planteado al interior de los medios la necesidad de discutir y reflexionar sobre sus responsabilidades?

Virgilio Caballero: ¿Qué responsabilidad tienen los periodistas? ¿Por qué habrían de ejercerla? ¿Qué necesidad tienen los medios de preguntarse cuál es su función social si no viven de su relación con la sociedad? Los medios no viven de sus lectores o de sus televidentes, salvo la revista Proceso.

Francisco Ortiz Pinchetti: Resulta de la mayor importancia que en una reglamentación del derecho a la información se incluyan las responsabilidades de los medios. Porque de nada serviría que el gobierno hipotéticamente abriera sus archivos y permitiera el acceso de los reporteros a los mismos, si sus propios medios censuran, distorsionan o tergiversan las informaciones. Muy a menudo los reporteros son ajenos al manejo final de sus notas.

Una reglamentación también debería mencionar la obligación de los medios de transparentar su gasto publicitario, así como su circulación o audiencia real a través de un organismo confiable.

Pedro Enrique Armendárez: Estamos de acuerdo en que la Ley debe contemplar tanto las obligaciones y responsabilidades del Estado y de otras entidades de interés público, como de los medios y los reporteros... Pero la iniciativa habla de “objetividad”: esa es una de las responsabilidades que le adjudica tanto a los medios como a los reporteros. Yo quiero que me digan: ¿quién va a medir la “objetividad”? ¿Quién va a determinar si alguien deja de ser “objetivo”? ¿Cuál sería la sentencia por no ser “objetivo”?

Salvador Guerrero Chiprés: Quizás a mucha gente no le gusta hablar de la responsabilidad de medios y periodistas porque está acostumbrada a jugar con la especulación, lo cual se puede notar claramente en las columnas políticas.

Con el cumplimiento de principios básicos como la veracidad y la imparcialidad avanzaríamos muchisimo, y ello se complementaría con la obligación del Estado de informar.
Hay un conjunto de elementos relativos a la técnica, a la ética profesional, a la reglamentación y al entorno sociopolítico que exige el fin de vicios que permiten la impunidad, la baja calidad del periodismo o el abuso de la credibilidad.

Creo indispensable que se avance por la vía de la ley, por la autorregulación o con la combinación de ambas.

Efectos legales y ética periodística

—¿Cuál debe ser la relación entre los empresarios de la comunicación y los periodistas para que se fortalezca el medio informativo?

Virgilio Caballero: Que nos paguen bien y respeten la libertad de conciencia de los periodistas. En un medio hay una política general, pero también debe haber la posibilidad de enriquecer esa política con las iniciativas y las aportaciones de los informadores. Pero lo principal es que no se hagan dependientes económicos del gobierno. Que la nomina de los empresarios la paguen ellos y no el Estado ni otras empresas.

—¿Debería o no haber efectos legales cuando los medios o periodistas incumplen con ciertas responsabilidades?

Pedro Enrique Armendárez: Pienso que el costo por no cumplir con nuestra responsabilidad debe ser un costo social entre nuestros pares y el público. La tendencia hacia un mejor periodismo estaría más apoyada por la presión –en el mejor sentido de la palabra– de los colegas y de los lectores, que por los posibles temores a represalias legales o administrativas.

Rogaciano Méndez: El número de citatorios ante un juez para revelar fuentes o por demandas va en incremento y eso es lamentable, pero la legislación así lo permite. La ambigüedad jurídica da manga ancha para que el supuesto afectado ponga una demanda a fin de intimidar.

No deberíamos privilegiar la vía penal o coercitiva. En todo caso sería preciso que retomáramos la experiencia de Europa donde hay órganos de autorregulación en que participan editores, sociedad civil y trabajadores de los medios de comunicación que valoran y enjuician el trabajo periodístico.

Salvador Guerrero Chiprés: Van en aumento los casos en que se citan a reporteros. Eso requiere análisis. ¿Es por un afán de intimidar a los reporteros por parte de los actores políticos y sociales que los acusan de difamación? ¿Es porque hay cambios en esa circunstancia de relativa indefensión en que se encontraban grupos de ciudadanos ante el ejercicio presuntamente profesional de los periodistas?  ¿Es también por fallas profesionales?  ¿Es una combinación de todo ello? Caso concreto: el asunto de unos periodistas tapatíos que dos días antes de las elecciones publicaron datos de una encuesta. Ellos violaron la ley, a sabiendas o no. Otro caso distinto es el de los compañeros de Proceso citados por un juzgado militar para que revelaran sus fuentes.

Francisco Ortiz Pinchetti: Las calumnias que se cometen a través de los medios están tipificadas en el código penal. Independientemente de una reglamentación al derecho a la información, creo que una nueva ley no debe suplir tal penalización.

Tradicionalmente, durante muchos años, los periodistas y los medios se han amparado como coartada en la libertad de prensa para gozar de una impunidad absoluta, los columnistas en particular.

Otro hecho que está favoreciendo todo ese alud de denuncias o acusaciones o citatorios es indudablemente la apertura informativa en los medios, pero también ha favorecido un libertinaje indudable y el llamado “periodismo ficción”: las versiones sin fundamento, sin fuente identificada, que recrean acontecimientos, hechos,  entrevistas, reuniones que podrían ser inventadas. El periodismo serio en México se daba a partir de citar fuentes. No se valía –o era muy poco frecuente– la utilización de “fuentes no identificadas”, “fuentes que pidieron el anonimato”, “fuentes de muy alto nivel”. Eso es un nuevo fenómeno.

Carlos Marín: A mí me conmueve que una parte del falso gremio periodístico coincida con los intereses mercantiles y políticos para dejarnos paralizados. Mejor que los medios se autorregulen, dicen, lo cual es un atentado no sólo a la madurez de la sociedad mexicana, sino un atentado a la razón.

Virgilio Caballero: Si, porque si se proclama la autorregulación de un sector tan importante de la vida colectiva como el deber por cumplirse, imagínense todos los otros sectores sociales que pueden proclamar también su derecho a autorregularse.

—Pero ambos aspectos no son excluyentes: el hecho de que haya códigos de ética al interior de los medios, no excluye la posibilidad de que se legisle en materia de comunicación...

Carlos Marín: Una sociedad que renuncia a la posibilidad de dar marco legal a cualquier actividad social es una sociedad condenada –diría Carlos Darwin– a la extinción. Los dinosaurios desaparecieron no por la caída del cometa aquel que dicen, sino porque no tuvieron un marco legal que les permitiera construirse un refugio anticósmico.

—Sí, pero ningún daño hace el hecho de que se planteen códigos de ética al interior de los medios...

Carlos Marín: Todos los periodistas y medios actúan con una determinada ética, aunque sea en la mayoría de los casos una ética mercachifles de tráfico de influencias.

Virgilio Caballero: Todo mundo tiene una ética. La ética es quizás la parte más personal de los seres humanos: se dirime internamente y tiene que ver con las cuentas que nos entregamos a nosotros mismos y entregamos a los demás en relación con nuestra conducta. De manera que aunque no se declare, hay una ética regulando la actividad periodística. La ética puede ser manifiesta o solapadora, hipocritona, delictiva, cínica, pero existe siempre. Esa ética es la que permite la autorregulación: todos los medios se autorregulan en el momento en que siguen una política en tal o cual sentido. Ni la autorregulación ni la ética pueden sustituir al derecho. El derecho puede contener a las dos y precisa definir lo que nos corresponde a cada quien.

Derecho a la información y secreto profesional

—¿Por qué, cómo y bajo qué criterios debería legislarse sobre el derecho a la información?

Francisco Ortiz Pinchetti: Hay que establecer una serie de normas no para coartar la libertad de expresión, sino para garantizar el derecho de los mexicanos a recibir la información que necesitan y a la cual constitucionalmente tienen derecho.

El sector público en nuestro país ha manejado la información como patrimonio propio, sobre todo en temas particularmente delicados, o la da a cuentagotas o simplemente la niega para preservar sus intereses políticos.

Un factor fundamental en la transición a la democracia es la reglamentación del derecho a la información, el cual no podrá darse cabalmente sin una democratización interna de los propios medios.

Salvador Guerrero Chiprés: Desde el asesinato de  Manuel Buendía en 1984, es muy claro que la información a veces es mucho más importante que la defensa sin criterio de la libertad de expresión.
Hoy día resulta más importante saber los datos duros de procesos básicos que explican nuestra transición democrática, o presuntamente democrática. Menciono temas claves: grupos armados, relaciones entre narcotráfico y policía política, vínculos ilegítimos entre empresarios y partidos políticos a los cuales se financian campañas, fraudes que involucran a banqueros y grupos políticos. En fin: son datos fundamentales que deben estar sustanciados y que permiten liberar la potencialidad completa a la libertad de expresión como derecho.

La única demanda importante ganada por un organismo no gubernamental relativa al derecho a la información fue una de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, cuando exigió a la Presidencia de la República le informara cuál era el sueldo de su titular. Es destacable que no haya sido un grupo de periodistas el que haya ganado una demanda semejante, lo cual ilustra el rezago en el desarrollo de reporteros, de su trabajo y de lo que están ofreciendo en términos generales.

Rogaciano Méndez: Lo fundamental es la obligación que debe tener el Estado a proporcionar información de carácter publico. El reportero en muchas ocasiones necesita ir a fuentes insuficientemente documentadas –sin que con ello justifique a quienes no hacen una indagación adecuada– porque tienen el acceso vedado. No defendemos la irresponsabilidad de algunos compañeros, pero si queremos una reglamentación clara que precise obligaciones –frente a la sociedad– tanto al Estado como a periodistas.

Pedro Enrique Armendárez: Una cosa muy buena dentro del proyecto de ley es que no sólo pretende garantizar el acceso a la información en poder del Estado, sino también la que está en manos de otras entidades de interés público. Eso es fundamental.

—Si es que entra en la Ley Federal de Comunicación Social, ¿bajo qué parámetros debería concebirse el secreto profesional?

Salvador Guerrero Chiprés: El secreto profesional tendrá necesariamente que incorporarse en una legislación. Pero debería tener una corresponsabilidad de quien ejerce el periodismo.

Pedro Enrique Armendárez: Tenemos que marcar la diferencia entre dos cosas: el secreto profesional se maneja, por ejemplo, al citarse alguna fuente documental del gobierno o de una empresa privada: en tal caso, el reportero no está obligado a revelar quién le dio el documento, pero debe referir la fuente con precisión. Lo otro es lo que está proliferando en nuestro medio y ocurre frecuentemente cuando se citan fuentes de manera ambigua o “fuentes anónimas” y con poco sustento, por lo que se emplaza al reportero a revelar quién le aportó dicha información. Eso no es secreto profesional: es mal periodismo.

Carlos Marín: Es una perversión del periodismo. El mejor periodismo es el que remite a una declaración o a un testigo, al testimonio del propio periodista o a un video o a un documento y no el que se remite a fuentes no confesadas.

—¿Cuáles, entonces, deberían ser las fronteras o los límites en torno al secreto profesional y a la vida privada?

Carlos Marín: No hay fronteras: nadie tiene derecho a hurgar en las peripecias que hacemos los periodistas para obtener información. Nadie. Finalmente, el secreto profesional –que yo sepa– a nadie se lo han sacado ni en el pocito ni cortándole las orejas. Por lo que concierne a la vida privada, lo que haga el Presidente de la República o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en su recámara, es asunto de ellos.

Virgilio Caballero: La vida privada es una de las grandes conquistas de la civilización moderna...

Carlos Marín: A menos que el acto privado se realice en un escenario público: ahí deja de ser privado.  

Cláusula de conciencia

—¿Qué piensan acerca de la pertinencia de incluir en la legislación la cláusula de conciencia de los periodistas, que implica dos cuestiones: la posibilidad de separarse de un medio informativo si está cambiando su línea editorial y la posibilidad de rechazar un trabajo que vaya en contra de sus convicciones éticas, sin necesidad de sufrir represalias?

Pedro Enrique Armendárez: Son dos cosas diferentes. Una ya funciona: cualquier reportero inconforme con la línea de su periódico puede irse a otro lado. Por más que pongamos la cláusula como una garantía en la nueva legislación, no la vamos a lograr por imposición, entre otras cosas porque las empresas privadas tienen el derecho de liquidar a quien quieran.

Francisco Ortiz Pinchetti: Cuando un medio desvía su comportamiento editorial, el periodista tendría derecho no sólo a irse, eso por supuesto, sino –según lo entiende, por ejemplo, la legislación española que incorporó tal cláusula– también debería tener derecho a rescindir su contrato y a ser indemnizado como si hubiera sido despedido. Esa es la diferencia.
La cláusula de conciencia en algunos países ya está contemplada. Yo la entiendo como parte de un conjunto de instrumentos que garantizan los derechos profesionales del reportero concretamente: es muy valiosa para garantizar su libre albedrío, su conciencia, sus convicciones, el respeto a esas convicciones.

Una propuesta que han compartido algunos organismos integrantes de la Red de Protección a Periodistas es la creación de asociaciones o consejos de reporteros en cada medio, independientemente de la existencia de sindicatos. El sindicato defiende los derechos laborales de sus agremiados, en tanto que las asociaciones o consejos de reporteros tienen el objetivo de defender sus derechos profesionales. Ello permitiría a los reporteros participar organizadamente y ser tomados en cuenta, incidir en la definición editorial de su medio y en el destino final de sus propias informaciones.

Consejo nacional y garantías al oficio

—Un punto muy polémico de la iniciativa de ley es el referido a la creación de una Comisión Nacional de Comunicación Social, cuya tarea sería evaluar y sancionar moralmente el quehacer de los medios cuando incumplan sus responsabilidades...

Virgilio Caballero: En muchos países del mundo hay entidades así y no se han caído los periódicos ni las televisoras: han funcionado de manera ordenada, racional, inteligente y propiciando o respaldando la libertad de quienes protagonizan el fenómeno de la comunicación.
¿Por qué en México suena peligroso? Porque estamos acostumbrados a vivir fuera de la ley. Al Estado de derecho lo evocan todos los días como si fuese a aparecer por el solo hecho de mencionarse y lo invocan porque no existe casi en ningún aspecto de nuestra vida cotidiana. Vivimos fuera de la ley en casi todos los aspectos de la vida colectiva, incluyendo el periodismo. De manera que cuando se discute la posibilidad de reglamentar los derechos y los papeles de todos los protagonistas de la comunicación, aparece como si quisiera limitarse la libertad, cuantimás si se refiere una Comisión que vigilaría el cumplimiento de esa ley.

Yo pienso que es un asunto por debatir. Quizás no hace falta una Comisión sino una especie de ombudsman o grupo de personas que pudiera actuar de manera independiente –y nombrado por el Congreso–, cuya tarea fuese mediar entre la sociedad y los otros protagonistas de la comunicación: empresarios, periodistas y Estado. Un ombudsman que no dicte sentencias sino que haga recomendaciones. Un ombudsman que examine las grandes violaciones que se cometen a los derechos de las personas y de las colectividades en una tarea tan delicada como la comunicación.

-—¿Qué opinan sobre la posibilidad de que en la Ley se haga  referencia a las garantías  profesionales del trabajo periodístico? Algunos dicen que eso significaría un estado de excepción para el oficio informativo. ¿Qué piensan al respecto?

Rogaciano Méndez: Habría dos maneras muy puntuales de considerar la protección del ejercicio profesional dentro de la ley: creando un ombudsman y propiciando la organización de los trabajadores de los medios en el sentido de su autodefensa.

Difícilmente puede incluirse en la Ley que se prohíba la agresión a los periodistas, pues eso se contempla en la Constitución como derecho a la seguridad y a la vida. Pero  sí se puede incorporar la protección de sus derechos dentro de sus propios medios, donde también sufren agravios cotidianos.

Salvador Guerrero Chiprés: No es tanto un régimen de excepción lo que buscan los reporteros, sino convertirse en algo que sí es excepcional en México y en América Latina: ser ciudadano. Si el reportero no trabaja para un medio importante o si no forma parte de algún grupo periodístico de presión, su caso de atentado a la libertad de expresión puede ser ignorado o descalificado. Claro, hay un piso mínimo de seguridades que se patentizan en la Constitución. Pero la otra parte se refiere a la necesidad de que hubiera un conjunto de garantías alrededor del trabajo reporteril en los entornos de conflicto o en aquellos lugares donde sólo el Estado puede ayudar a desarrollar el oficio periodístico.

Puntos polémicos y prospectivas

—Cuáles son los temas que de alguna manera están deteniendo el avance de la iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social?

Beatriz Solís: Uno de los ejes que generan mayor preocupación es el temor a la seguridad jurídica de las concesiones radiofónicas y televisivas, pero ello ocurre por desinformación. En la iniciativa de Ley no se toca tal tema porque no es su ámbito de competencia en términos formales.

—¿Pero en el futuro habría de tocarse?

Beatriz Solís: No necesariamente. En el futuro no sabemos lo que va pasar. El otorgamiento de las concesiones es ámbito de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de Telecomunicaciones. Ese tema en todo caso sería tocado en una segunda iniciativa, que todavía no está siendo revisada.
Al respecto, la Comisión de RTC de la Cámara de Diputados propone la creación de un comité Técnico –equivalente a la COFETEL– que opine y dictamine sobre el otorgamiento de concesiones. En la iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social se pretende que el uso discrecional del Poder Ejecutivo en materia de comunicación, desaparezca o se haga más difícil y se transparente. Se pide al Estado que comparta con otras entidades –fundamentalmente con los actores mismos del proceso– la toma de decisiones en ese terreno.

Ernesto Villanueva: Si alguien se toma la molestia de revisar experiencias de otros países, advertiría el estancamiento de nuestro país. Mientras en México el Presidente –en los términos de la Ley de Radio y de Televisión– decide de manera discrecional a quién otorgarle una concesión de radio y televisión, en Estados Unidos eso lo determina una Comisión Federal de Comunicaciones.

En México, las concesiones se pueden dar hasta por treinta años, y en Estados Unidos sólo por diez. Las condiciones son iguales en Colombia, Chile y Argentina. Con la reforma a la Ley de Radio y Televisión se daría, ahora sí, seguridad jurídica porque hoy día el Presidente tiene facultades para otorgar la concesión pero también para revocarla, lo cual sí genera cierta inseguridad.

Con la nueva ley se pretende que las decisiones publicas en torno a medios, sean tomadas por un mayor número de personas. Esos valores están en el fondo del rechazo a la iniciativa. La Cámara de Diputados no debe convertirse en rehén de algunos intereses creados representados por la  parte más conservadora y retrógrada de los medios de comunicación.

—Pero a la andanada anti-ley del año pasado también se sumaron varios medios impresos...

Beatriz Solís: Hay un capítulo interesante en la iniciativa sobre el gasto gubernamental en los medios, que propone definir y transparentar con mucha precisión las partidas presupuestales destinadas a publicidad.

Muchos medios viven precisamente de la poca transparencia en su relación obscura con el gasto público, que al normarse y transparentarse afectaría intereses. Muchos periódicos viven de ese subsidio vergonzoso y no de sus lectores.

—¿Qué vertientes podrían ganar aceptación y consenso entre las fracciones partidistas?

Ernesto Villanueva: Lo ideal sería establecer una ley marco para impulsar una verdadera reforma de fondo, pero no pueden ignorarse las circunstancias políticas que vive el país.

Por lo pronto quizás sea preferible avanzar a través del método de aproximación. Así, uno de tales temas es transformar los medios del Poder Ejecutivo en medios realmente públicos. Al respecto podrían lograrse algunos consensos importantes. El derecho de acceso a la información pública sería otro asunto que vendría a clarificar, materializar u optimizar el derecho del público a estar informado. Creo que esos dos temas podrían tener una propia normatividad específica que pudiera aterrizarse.

—A partir del panorama reseñado, ¿qué posibilidades hay de que esta iniciativa prospere?

Beatriz Solís: Todavía queda un buen trecho por avanzar. Pero hace años hubiera resultado difícil, sospechoso e inverosímil que varios diputados dialogaran con estudiantes, o que académicos fueran llamados por el Poder Legislativo para ser consultados, o que hubiera una abierta y permanente relación entre estos dos sectores que hasta hace pocos años eran incluso antagónicos.

Ya no podemos seguir trabajando con cincel y martillo en materia normativa. En términos de futuro inmediato, si permitimos que los legisladores se queden solos, difícilmente van a poder sacar una ley, no por falta de voluntad sino por el momento político del país. Si el Poder Legislativo se queda aislado en dicho esfuerzo, creo que tendrá una tarea difícil. Pero si hay legisladores acompañados por una fuerte presión social, podrán avanzar.

Ernesto Villanueva:  Lo único seguro es que el tema se convertirá en un debate recurrente. Cada vez hay mayor información, interés y concientización. Más temprano que tarde se va aprobar una legislación de medios. Ignoro si será exactamente la referida iniciativa, pero estoy convencido de que muy pronto habrá resultados concretos.

* Este texto fue publicado en el número 57 (enero-marzo de 1999) de la Revista Mexicana de Comunicación. Lo reproducimos con autorización expresa de su director, Omar Raúl Martínez.