La madre de
todas las pedofilias
(Sobre periodismo investigativo,
libertad de expresión y libre mercado)
El escándalo
es la sombra inseparable de la política.
León Trotsky
Juan
Jorge Faundes *
No es
posible analizar en forma seria el tema de la
libertad de información, de crítica y de
expresión puesto hoy en boga en Chile a
propósito de Chilevisión y el caso Spiniak, sin
reflexionar sobre libertad de expresión y
libertad de mercado, sobre ética y prensa de
clases, y sin destapar el mayúsculo escándalo
que constituye la marginación de las mayorías
explotadas del derecho a la información, a la
generación de un pensamiento propio, a la
crítica y a la expresión.
Denunciar las
aberraciones sexualopatológicas de empresarios,
jueces y políticos, es saludable cuando el
derecho a la integridad sexual, física y
sicológica de los niños indigentes está
involucrado. Pero más saludable aún es la
denuncia del sistema capitalista de explotación
que está en el origen de la indigencia y la
pobreza de esos niños. Es saludable denunciar a
jueces, funcionarios o empresarios corruptos,
pero más saludable aún es denunciar a los
aparatos jurídico-político e ideológico que
sostienen, defienden y contribuyen a reproducir a
este sistema perverso fundado en la propiedad
privada de los medios de producción, en el
supuesto libre mercado y en una democracia
cupular y no participativa.
Y no sólo
denunciarlos; asumir con energía la
transformación radical de la sociedad es lo
saludable.
LIBERTAD
DE EXPRESION Y LIBRE MERCADO
La supuesta
"libertad de mercado" es una entelequia
ilusoria. El mercado es libre para quienes son
dueños del capital que les hace posible producir
y para quienes poseen el suficiente dinero
que les hace posible comprar. En la sociedad
capitalista, las grandes mayorías que viven en
la indigencia o en la pobreza, o sólo reciben un
salario que les permite sobrevivir y
reproducirse, no están habilitadas para ejercer
su libertad de expresión y crítica, ni para
ejercer su libertad de acceso a la información.
De allí que suelan vivir bajo el bombardeo
informacional de los dueños del capital a
través de sus medios de información masivos
(TV, radio, prensa escrita, Internet), pero sin
posibilidad real de ser ellos mismos emisores en
igualdad de condiciones. Es tal el interés de
los dueños de los medios masivos de amordazar la
información, la crítica y la opinión generada
en y desde el pueblo, que por ejemplo en
Chile a través de sus legisladores, han
impuesto leyes que restringen las posibilidades
de financiamiento y amplitud de emisión de las
radios comunitarias o populares. Así como
impidieron el derecho ciudadano a la
información.
Esta dependencia
de la libertad de información, crítica y
opinión respecto de la supuesta libertad de
mercado, otorga a los medios masivos un necesario
carácter de clase. En efecto, la clase social de
los dueños de los medios de producción tiene el
privilegio, que le otorga el dinero, de ir con
tremenda ventaja en la generación de aquella
representación social que son los hechos y
opiniones sobre los hechos que el público
de los medios considera como "el mundo"
y toma en consideración para sus decisiones. La
clase social de los dueños de los medios de
producción, a través de sus medios de
información masiva, instala en el público
creencias, estereotipos, conocimientos,
opiniones, valores, modelos acerca de la realidad
societal que son funcionales a sus intereses. Lo
que en la vieja (y dizque obsoleta) sociología
marxista era denominado ideología dominante.
En este contexto
que es absolutamente pertinente para la
realidad chilena cabe inscribir la
investigación periodística de los medios
mercantiles como funcional al remozamiento y
perfeccionamiento de la sociedad capitalista, en
la medida que se investiga desde el consenso de
lo investigable según quienes detentan el poder
mediático-periodístico, o desde aquello que no
es consensual pero no pone en crisis el sistema.
Los medios de la clase dominante jamás
investigarán aquello que ponga en crisis sus
fundamentos: como el propio sistema capitalista;
jamás investigarán las causas primarias de la
explotación económica (siempre asignarán a la
pobreza causas secundarias o ajenas al sistema)
ni pondrán en cuestión la plusvalía ni su
derecho a la propiedad de los medios de
producción, a la banca, al gran comercio. Jamás
crearán las condiciones objetivas y subjetivas
de una verdadera libertad de expresión, de un
verdadero acceso a la información, de una
verdadera libertad de crítica. Como clase social
estarían cavando su propia tumba. La ignorancia,
el error, el silencio y la pasividad del pueblo
es una de las fuentes de su poder. La otra el
control de la política y el aparato represor.
EL
CORO INQUISIDOR
Así y todo,
aún cuando un medio del sistema, como
Chilevisión, investigue en un área tan
consensual como la pedofilia (o paidofilia)
y en la medida que personajes vinculados a
las esferas del poder aparezcan
involucrados se verá acosado por
controladores sistémicos como el Poder Judicial
y el Consejo Nacional de Televisión (Poder
Estatal), la Comisión de Ética de los Medios
(Poder Empresarial o clase dominante) y (a pedido
de la Corte Suprema de Justicia) por el propio
Colegio de Periodistas (Sociedad Civil) sumado
ingenuamente (así lo creemos) al coro
inquisidor.
¿Qué
estímulos tendrán los medios y sus periodistas
para investigar al poder, aún sin poner en
cuestión al sistema, cuando corren el riesgo de
que se les venga encima tamaña jauría? Pero los
cancerberos del sistema guardan silencio (lógico
por lo demás) ante la falta de ética de la
banalidad y superficialidad cotidiana que
contribuye a mantenerlos en el trono de los que
justifican, reproducen y gozan de la explotación
económica, de la marginación social, de la
discriminación de las minorías, condición y
caldo de cultivo, madre de todas las pedofilias y
corrupciones, madre de todas las violaciones a
los derechos humanos individuales y colectivos,
económicos, sociales y culturales. Los doctores
de la ética periodística postulan una ética
dentro de los límites de la prensa de clases.
LA
NECESIDAD DE LOS FUERA DE LA LEY
Cuando en una
sociedad no hay ninguna certeza de que la
Constitución, las Leyes, los reglamentos y
demás normativas resguarden en su plenitud los
derechos individuales y colectivos de las
personas y grupos que la componen, ni que lo
hagan tampoco los magistrados, legisladores y en
general los burócratas cuya misión es hacerlos
valer, es decir, cuando no existe certeza de que
el aparato jurídico-político de una sociedad
cualquiera esté operando claramente en beneficio
de la realización plena como seres humanos de
todos los individuos y grupos, sin favorecer a
unos en desmedro de otros, se hace necesario la
existencia de individuos, grupos o instituciones
cuya tarea sea instalarse por fuera de los
límites del sistema societal, más allá
inclñusive de las clases, y ejercer funciones de
vigilancia y denuncia de todo cuanto a ellos les
parezca contrario al género humano, así como
proponer correcciones.
Como suele haber
disparidad de pareceres y criterios es imposible,
pues sería contradictorio, postular una
institución única que asuma este rol vigilante
que desde sus respectivas posiciones enunciativas
más o menos comprometidas con intereses
particulares suelen ejercer filósofos,
religiosos, partidos e intelectuales en general.
Sin perjuicio de ello, ni del papel que compete
al Ombudsman o Defensor del Pueblo en los países
donde se ha institucionalizado, esta es una tarea
que deben asumir con coraje organizaciones del
pueblo (o de la llamada sociedad civil) y, sobre
todo, escritores y periodistas.
Es en este
sentido y considerando que muchas
normativas suelen estar dirigidas de hecho a
obstaculizar, reprimir y sancionar la libre
expresión del pensamiento crítico y
disidente que los escritores y periodistas
(lo que en ningún caso excluye a opinantes de
otras disciplinas que opten por la crítica y la
disidencia) deben actuar al margen, por encima o
por fuera de la ley. Ninguna ley de ninguna
sociedad debe restringir el ejercicio de la
libertad de información, crítica y expresión
bajo ningún pretexto, ni menos reprimirlas. Y si
así ocurriere, habrá que afrontar las
consecuencias.
Aún más, una
sociedad realmente igualitaria, justa y
democrática, debería garantizar, aportando
societalmente los respectivos financiamientos, el
ejercicio de esta libertad, tanto para los
efectos de producir medios de expresión
críticos, como para distribuirlos. Porque es
contrario a la igualdad de producción y
distribución de medios que estos queden sujetos
a la disponibilidad económica de cada cual y a
la competencia en el llamado libre mercado.
* Juan
Jorge Faundes M.
es colaborador de SdP, periodista y académico de la Escuela
de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de Artes y
Ciencias Sociales (ARCIS)
en Santiago de Chile.
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