Poder, periodismo y legalidad:
tensiones no resueltas

Juan Francisco Escobedo *

Con la aprobación de la Ley Federal de Acceso a la Información, la agenda del derecho a la información ganó terreno en el espacio público, y cada vez un mayor número de actores políticos, sociales y mediáticos tienen mayor conocimiento y establecen posiciones en relación con la temática en cuestión. No es ocioso insistir que la regulación federal del derecho de acceso a la información no se agota en el horizonte legal del derecho a la información.

Con la alternancia se ha creado una estructura de oportunidades que ha incentivado el debate acerca de las relaciones entre el Estado, los medios y la sociedad; precisamente porque con el desplazamiento del partido de régimen del poder presidencial, el viejo modelo de relaciones de subordinación que caracterizaba al campo mediático se ha debilitado. Como consecuencia de ello, medios, periodistas, autoridades y actores sociales se han visto obligados a revisar y gestionar bajo nuevas bases su inserción en esa trama. En este marco se inscribe el incipiente pero importante debate acerca del papel de los periodistas en una sociedad y régimen político que se democratizan.

En el contexto del orden político autoritario, el rol preponderante, pero discrecional y aleatoriamente asignado por el régimen a los periodistas, parecía imperecedero e intocable. El cambio político ha demostrado que no hay excepciones. La vieja trama de relaciones de conveniencia recíproca entre los medios, periodistas y élites políticas se está desplomando. Nuevos factores e imperativos han aparecido en el escenario.

Los medios y los periodistas tienen que responder a la audiencia y a los lectores, con más comedimiento del que históricamente le brindaron al poder público, salvo algunas excepciones. Los poderes del Estado y las agencias gubernamentales por su parte, tienen que responder a los problemas derivados de la pérdida o disminución de su naturaleza pública, así como a los efectos perniciosos que se generan con la falta o disminución de calidad de los bienes y servicios que ofrecen.

En este marco, el ejercicio de un periodismo más acucioso y profesional frente al ejercicio de las funciones públicas, ha suscitado tensiones adicionales que no podrán superarse si prevalecen viejas visiones y anacrónicas disposiciones jurídicas. Es el caso de los problemas que se derivan del no reconocimiento legal del secreto profesional del periodista, también denominado derecho de reserva de la identidad de las fuentes.

Noviembre del 2002 será uno de los meses más grises para los periodistas de investigación en México, por los requerimientos judiciales que recibieron algunos periodistas del periódico La Jornada y El Universal. Para acudir ante los jueces que llevan asuntos relacionados con la corrupción y el narcotráfico y revelar sus fuentes bajo la presión judicial y social que un citatorio de este tipo implica, tanto para los periodistas afectados, como para el periodismo del país. Como también había ocurrido con directivos y periodistas del periódico Reforma.

En México no existe ninguna referencia constitucional ni legal sobre el secreto profesional de los periodistas. La reivindicación de tal derecho se funda en el derecho internacional, en el derecho comparado y en la tradición del periodismo libre e independiente que se practica en las sociedades democráticas. Donde se reconoce en las normas jurídicas y en la práctica jurisdiccional, el derecho o deber de los periodistas a negarse a revelar la identidad de sus fuentes informativas a la empresa, a terceros o a las autoridades administrativas y judiciales.

Los países que reconocen en sus constituciones y normas legales el secreto profesional, lo han hecho porque se trata de un derecho indispensable y complementario, para hacer efectivo el derecho a la información en su acepción más amplia y de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, por el nexo indiscutible que existe entre el ejercicio de un periodismo libre e independiente con la democratización y la necesidad de establecer límites al poder y a su propensión de colonizar el espacio público.

Los instrumentos jurídicos internacionales reconocen el derecho al secreto profesional como condición necesaria, aunque no suficiente para colmar el derecho a saber de las personas, que se enmarca dentro del derecho a la información. Se regula el derecho al secreto profesional del periodista con el objeto de crear un entorno propicio, legal e institucional para que el derecho de las personas a recibir información mediática, veraz e imparcial, se realice de manera razonable. Los periodistas ejercen una actividad central de mediación informativa para poner a disposición del público, información que de otra manera no podría conocerse.

Por lo tanto, no es posible establecer sobre los periodistas una presunción generalizada y a priori de sospecha y complicidad, entre él y sus informantes. Tampoco se trata de instaurar una patente de impunidad. Los jueces deberían actuar sólo en los casos en donde hubiese evidencias notorias de un probable nexo ilegal entre el periodista y sus informantes. Al médico, al abogado y a los sacerdotes se les reconoce y dispensa la revelación de la identidad de sus fuentes, porque se admite que ejercen funciones socialmente útiles y aceptadas y no por ello se presupone que sus prácticas profesionales sean de suyo transgresoras de la legalidad.

Las leyes que protegen el secreto profesional lo hacen en atención al derecho a la información del público, que para hacerse efectivo es necesario que exista un ambiente propicio para el periodismo veraz e imparcial. En las constituciones políticas de España, Argentina y Perú se reconoce el secreto profesional del periodista. En Estados Unidos, los estados de la unión han aprobado leyes denominadas escudos, para proteger a las fuentes informativas.

En México, legalmente es posible, aunque políticamente sea incorrecto, citar a los periodistas para colaborar con el poder judicial en sus investigaciones. En el artículo 191 del Código Federal de Procedimientos Penales y en el 247 del Código Penal del Distrito Federal se establece la obligación de los particulares de colaborar, previo requerimiento del juez, con el desarrollo de un proceso judicial. Con base en estas disposiciones jurídicas son requeridos los periodistas. Legalmente es posible que un juez requiera a los periodistas, como ética y legalmente es posible que los periodistas requeridos se nieguen a revelar sus fuentes.

El atraso del derecho mexicano en ese punto es evidente. Corresponde a la fiscalía aportar las pruebas y a los jueces valorarlas y en todo caso formular las conclusiones pertinentes; pero lo que no es política y éticamente aceptable en la perspectiva de una sociedad democrática, donde funciona un Estado de Derecho moderno, utilizar los resquicios legales para coaccionar a los periodistas y suplir con sus informaciones los vacíos de las investigaciones policiacas y las resoluciones judiciales.

Las disposiciones jurídicas aludidas son ajenas a la perspectiva de los derechos humanos, que subyace en el derecho a la información, y exhiben un anacronismo que es indispensable superar. Las tensiones entre los periodistas y los poderes del Estado se acentuarán, mientras sigan vigentes las normas procesales aludidas y los funcionarios públicos sigan sin entender la importancia de incentivar un periodismo de nuevo tipo que no puede prejuzgarse y coaccionarse, como si se tratara de actos de desacato a la autoridad.

Es evidente que aún no permea con efectividad el discurso y la cultura de los derechos humanos, especialmente en la vertiente del derecho a la información. Llevará tiempo superar éste obstáculo ominoso para el periodismo, la democracia y el Estado de Derecho. En el pasado no se consideraba un problema, porque los conflictos derivados del ejercicio del periodismo se resolvían con discrecionalidad y en no pocos casos, arbitrariamente.

Es preciso definir bien la cuestión e inscribirla dentro del proceso de más largo aliento y amplitud que implica la democratización del país, la restauración del Estado de Derecho y la consecuente redefinición que deben hacer los actores políticos y sociales respecto de temas insoslayables, como el de la protección de las fuentes informativas y el ejercicio del periodismo de investigación.

La reforma a las leyes aludidas llegará cuando el debate y los consensos coincidan en torno a la necesidad de sustituir la anacrónica Ley de Imprenta de 1917 por una moderna, democrática y liberal Ley de Información. Actualmente, los medios y los periodistas padecen el atraso legal y la cortedad de algunos jueces, y los actores políticos y el gobierno, por su parte, tienen percepciones ambiguas y confusas sobre la cuestión.

Sólo una intensa, libre y constructiva deliberación pública permitirá esclarecer la cuestión, focalizar el ámbito preciso de regulación y gestionar los consensos indispensables para encauzar un asunto de incidencia preponderante en el curso y hondura de la democratización del régimen, como es el derecho al secreto profesional y reserva de las fuentes informativas. El pasado no se ha ido y las resonancias del autoritarismo imponen su fuerza sobre el comportamiento de los poderes públicos en un asunto fundamental para la preservación de las libertades públicas.

* Juan Francisco Escobedo es doctor en Ciencia Política. Coordinador del Posgrado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana y colaborador de SdP. Este artículo fue enviado por el autor para su reproducción.