América Latina, en el reto de
construir puentes con y entre las ciudadanías
El
derecho a la información como
práctica de formación y desarrollo
de la ciudadanía comunicativa
Carlos
A. Camacho Azurduy *
Amo la
palabra Hermano
que hace que tu vida
y mi vida unan sus manos y,
como balanzas busquen el equilibrio,
para que cuando tú bajes yo te alce
y cuando yo caiga tú me levantes.
Anónimo
Los
campos articuladores de nuevos escenarios
En
las últimas dos décadas valorizamos en los
países de América Latina la democracia
como régimen institucional, pero se constata que
aún falta mucho por avanzar para que se
constituya en evidentemente participativa y no
sólo representativa, y para que subsista como
una forma de vida cotidiana donde no exista una
brecha tan profunda entre la formalidad de la
ley, por un lado, y la conciencia y la práctica
de los derechos humanos en el marco del ejercicio
ciudadano, por el otro.
Esta grieta se
debe, entre otras razones, a que muy poco es lo
que se avanzó en cuanto a construir una gobernabilidad
esencialmente democrática —que
concierne a la relación entre el sistema
político y la ciudadanía— por la falta de
adecuación de la política y del Estado a las
transformaciones sociales y culturales en curso,
producto de acelerados procesos de cambio en la
configuración de sociedades informacionales y
del conocimiento donde convive, en permanente
conflicto y complementariedad, la (pos)modernidad
y la tradición. Entre otras cosas, estas
"deficiencias afectan la viabilidad
política de las estrategias de desarrollo y
pueden poner en peligro la legitimidad misma del
régimen democrático" (Calderón y Lechner,
1998: 12).
Estas
configuraciones y procesos requieren la
conducción de una nueva acción política
que tome en cuenta la mayor y mejor cooperación,
participación e incidencia efectiva de los
ciudadanos, como sujetos actores. De hecho,
resulta paradójico que hoy en día asistamos a
un auge de la "cultura del yo"
(privatización de actitudes y conductas) que
contrae drásticamente y cambia de forma el
ámbito integrador —en tanto espacio
compartido, de encuentro— que representa lo
público. Una interacción que en el
omnipresente espacio del mercado conforma ciudadanos-consumidores
o ciudadanos-espectadores; en ambos casos,
apartados en espacios privados e íntimos,1 bien demarcados en sus
intereses, pasivos en el juego político del
poder (pertenencia democrática).
Frente a esta
situación, Fernando Calderón y Norbert Lechner
se cuestionan si "¿No es el
estar-juntos-con-otros, esa comunidad de
semejantes, el espacio propiamente político de
la democracia?" (:26). Y si "¿puede la
población de nuestras sociedades (o sea,
nosotros) llegar a ser ciudadanos? Vale decir: la
gobernabilidad democrática presupone ciudadanos,
pero ¿qué hace la democracia para formar
ciudadanos?" (:38-39). A lo que le añado
inevitablemente, ¿qué hacen los medios y las
tecnologías de la información y la
comunicación (TICs), especialmente Internet,
para apoyar y fortalecer este proceso?
Precisamente, la
gobernabilidad requiere patrones de
corresponsabilidad y complicidad entre el sistema
político y los individuos como sujetos de
derecho convertidos en ciudadanos plenos —a
partir de prácticas sociales, sistemas
institucionales y representaciones
culturales— que comparten algo común en
libertad e igualdad. Todo esto está
profundamente ligado a procesos de
democratización, de educación y de
revalorización de los derechos humanos,2 tal como lo recalcan los
autores mencionados:
La
ciudadanía presupone que las instituciones
puedan garantizar a todos, como parte de los
derechos individuales, todos los derechos
sociales. En consigna, sólo si hay derechos
hay ciudadanos (:34).
¿Por
qué hablar de ciudadanía hoy?
De una manera
real se empieza a percibir, como fundamento para
la consolidación de los noveles sistemas
democráticos de América Latina, la urgente
necesidad de su legalidad y legitimación desde
la sociedad civil. No sólo en los ámbitos
académicos, sino cada vez con mayor ímpetu
entre las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, el tema de la ciudadanía va
cobrando especial importancia por una serie de
razones que provienen fundamentalmente de cuatro
vertientes:
a)
Política:
La falta de
reconocimiento y menosprecio, desde el tiempo de
la Colonia, de la cultura política de los
sectores populares debido a razones políticas e
ideológicas que impiden concebir al
"otro", en sus múltiples diferencias ¾ especialmente interculturales¾ , como igual (conciudadano). Esto
se manifiesta en desigualdad e injusticia social
producto de una profunda negación cultural
y de una serie de sentimientos y acciones
arraigados de discriminación e intolerancia.3
Paralelamente,
se observan marcados procesos de auto
negación, donde el "otro" se
siente y percibe como inferior (ciudadano de
segunda o tercera clase) y desestima su propia
identidad cultural.
Se siente el
agotamiento del sistema de partidos políticos.
La gente valora la política como necesidad de
participar y ocuparse del destino de la
comunidad, pero siente que esta actividad fue
"maleada" por un grupo minoritario
("politiqueros") que se aprovecha de
ella para lograr intereses personales o
partidarios y, además, no deja participar a
otros en la escena política (clientelismo,
nepotismo).
b)
Histórica:
Una modernidad
aún inconclusa en la que conviven multiplicidad
de sentidos de vida y pluralidad de culturas, en
cuyo seno se entrecruzan diferentes lógicas
de desarrollo que no logran ser
resignificadas y apropiadas por la gente debido a
las concepciones lejanas y alejadas desde las que
fueron pensadas y transplantadas.
Una larga etapa
histórica de gobiernos de facto
(militares) en diferentes países
latinoamericanos en la década de los años
’70 que avasalló las posibilidades reales
del ejercicio constitucional de derechos,
esencialmente los relacionados con la libertad de
expresión y opinión, y anuló las garantías
constitucionales de los ciudadanos. Todo ello,
sumado a violaciones de los derechos humanos por
medio del uso de aparatos de represión y muerte,
desgastó el sistema democrático y perfiló un
clima de injusticia en el que ¾ ahora en menor medida, pero con
clara evidencia¾ viven las mayorías alejadas o
aisladas del poder económico y político. Estas
jóvenes democracias tienen aún mucho camino por
recorrer para recobrar la esperanza perdida y el
sueño anhelado.
c)
Económica:
"Paradójicamente,
a pesar del crecimiento evidente de la miseria y
de la pérdida general de la calidad de vida en
muchos aspectos, el debate sobre la pobreza ha
quedado relativamente escindido de la discusión
sobre la ciudadanía" (Calderón y Lechner:
36). La pobreza es una "marca de
inferioridad" (que califica al otro como
carente, indigno, desprotegido, marginal) que
desconoce al "otro" —culturalmente
distinto— como sujeto de derechos legítimos
y, por lo tanto, impide la universalización, el
reconocimiento y el ejercicio de estos. En ese
marco, coincidimos con los autores abordados, no
puede existir el ciudadano.
Los altos
índices de pobreza llevan a que la gente ¾ fundamentalmente de los sectores
populares¾ se preocupe de
satisfacer, en primera instancia, sus necesidades
básicas más elementales antes que participar y
decidir públicamente. Estas condiciones de vida
extremadamente difíciles se reflejan, como
acertadamente apunta el pnud (2002: 188), en
expresiones de desilusión, fatalismo y pesimismo
muy fuertes, sensación de abandono y desamparo,
inseguridad y frustración respecto al futuro.
Empero, muchas
veces, ésta es razón sustancial para el
surgimiento de movimientos sociales agrupados en
torno a la identidad cultural, el género, el
consumo, etc., que exigen el cumplimiento de sus
derechos. Por otro lado, al tener estas
necesidades resueltas, los sectores más
acomodados se repliegan, cada vez más, en
ámbitos privados (individuales, grupales o
familiares) que los alejan de la construcción de
comunidad.
El pnud (2000:
31, 131) sostiene que la pobreza está vinculada,
en su dimensión subjetiva, con la incapacidad de
ejercer ciudadanía (condición pre-ciudadana),
que se manifiesta en relaciones sociales
excluyentes y desigualdad de oportunidades,
impidiendo afirmar los valores y traducir las
aspiraciones de todos los sectores de la sociedad
en proyectos de vida compartidos. En ese sentido,
Cançado (en Benvenuto: 20), Juez Presidente de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
plantea que en este inicio del siglo xxi la
erradicación de la pobreza extrema se constituye
en uno de los grandes desafíos de la protección
internacional de los derechos humanos.
d)
Social:
Si bien la
democracia ha tenido importantes avances, se
percibe un malestar y deterioro social que
repercute en una desconfianza generalizada. Esta
situación ocasiona que, tal como afirma el pnud,
"A mayor desconfianza, menor posibilidad de
ciudadanía, y por tanto mayor dificultad en
consolidar proyectos en la perspectiva del
desarrollo humano" (:185).
Se ha detectado
en segmentos sociales amplios una actitud
individual negativa que puede constituirse en una
enorme barrera para el desarrollo y la formación
de ciudadanía: el fatalismo.4 De hecho, "conlleva
resignación y conformismo y generalmente está
asociado con altos niveles de frustración y
bajas condiciones y oportunidades para
superarlos" (:224).
En mayores y
menores grados estas vertientes, entre otras,
muestran a la ciudadanía en Latinoamérica como
el resultado de un proceso sociopolítico que
pretende ¾ en pleno siglo XXI¾ la lucha por la igualación de
todos en pos del fortalecimiento de Estados con
plenas garantías para dar concreción y vigencia
a los derechos humanos en la consolidación de
sociedades verdaderamente democráticas, justas y
equitativas.
Por ello, la
urgente tarea de encarar un trabajo
multidisciplinario en la construcción de
ciudadanía desde diversos frentes. Este trabajo
se aproxima a la labor específica de los medios
de comunicación masiva en esta dirección. A
continuación, se detallan algunos rasgos que
permiten comprender los aspectos que abarca el
tema de la ciudadanía antes de que se analicen
los procesos masivos para su gestación activa y
responsable.
Hacia
la formación de nuevas ciudadanías
En el marco
esbozado se está configurando un nuevo
escenario político donde los medios masivos
adquieren una creciente influencia en el
ejercicio de la democracia y de la política
desde su cotidianidad. Por ello, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud,
2002: 131) propone la necesidad de "buscar
mayor congruencia entre comunicación y
política, a fin de que ambas esferas se
potencien para fortalecer, tanto en las
instituciones estatales como en la sociedad
civil, una cultura política deliberativa."
Jesús
Martín-Barbero (1998: xv) añade que la
comunicación y la cultura son el
"estratégico escenario que le exige a la
política recuperar su dimensión simbólica
—su capacidad de representar el vínculo
entre los ciudadanos, el sentimiento de
pertenencia a una comunidad— para enfrentar
la erosión del orden colectivo." Por lo
tanto, se teje una red de relaciones entre
comunicación, cultura y política articuladas
por un puente articulador fructífero: la
ciudadanía (Alfaro, 1997) o ciudadanías en
plural, respetando la diversidad (pluri-multi
cultural) de América Latina.
El
restablecimiento de la democracia en Bolivia
(1982), al igual que en muchos países
latinoamericanos, marcó el inicio de un proceso
de cambio orientado a crear las condiciones
necesarias para la edificación de una sociedad
justa, democrática y participativa, en el marco
del respeto a las garantías constitucionales de
las personas.
Sin embargo,
luego de más de 20 años de vida democrática se
constata que la cultura política de la
población —o, más bien, de cada grupo
sociocultural— se estancó e, incluso,
empobreció debido a que se la negó
sistemáticamente desde esferas de poder
tradicionales y conservadoras: lo
"otro" en cuanto tiene posibilidad de
ser y existir, es peligroso al sistema
establecido. Además, no se impulsó procesos de educación
política y ciudadana sobre la base de los
valores democráticos, una tarea educativa ligada
a incentivar el sentimiento de pertenencia a la
comunidad —en el marco del diseño de
modelos de sociedad y de Estado— y la
convicción de que la solución de los problemas
del país depende del protagonismo de las
personas, es decir, de la participación activa y
comprometida en la esfera pública
(Peñaranda, 2001).
Frente a este
panorama, Susana Peñaranda (2001) plantea la
urgente necesidad de trabajar desde todos los
frentes en la constitución de una nueva
cultura política ciudadana capaz de formar
una ciudadanía activa y responsable que estimule
la conciencia sobre los derechos y deberes que
tienen los seres humanos —por el hecho de
ser tales— y, asimismo, fortalezca el
sentimiento de pertenencia y compromiso con una
comunidad política y los conciudadanos que la
forman, ahora debilitado por la poca
participación e incidencia en el ámbito
público.5
Por lo tanto,
aquí planteo encarar procesos sociales
mediáticos de construcción de ciudadanías,
en definitiva, una gestación de las
subjetividades individuales y colectivas, de
aprendizaje de expectativas recíprocas y de
definición de un espacio de responsabilidad en
relación con los "otros", en general,
y con el Estado o la autoridad pública
("otro privilegiado"), en particular:
¿qué derechos tengo?, ¿cuáles son mis
responsabilidades (y las del otro hacia mí)?
Precisamente, el "desafío de la transición
actual está en la capacidad de combinar los
cambios institucionales formales con la creación
y expansión de prácticas democráticas y de una
cultura de la ciudadanía" en la
cotidianidad (Jelin, 1996: 114).
En esta línea,
los medios y las TICs adquieren una importancia
creciente, constituyéndose en escenario de
debate público y de construcción de
verosimilitud del hecho político y, asimismo, en
actores del proceso político: en la definición
de la agenda pública, en la influencia de
líderes mediáticos en la formación de la
opinión pública, en la fiscalización de los
actos del gobierno (control social), etc. Estas
"cualidades" se explican por la
pérdida de legitimidad y credibilidad de los
partidos políticos y el debilitamiento de sus
funciones típicas como mecanismos de expresión
de las demandas ciudadanas (pnud, 2002).
Empero, a pesar
de que los medios, y cada vez más las TICs, se
constituyen en el ámbito de representación
simbólica donde diversos grupos de la población
—por medio de la ocupación del espacio
público— (re)configuran su identidad
cultural, expresan sus demandas e intereses,
debaten los asuntos públicos y se reconocen como
miembros de una comunidad, estos no pueden
transformar estas demandas sociales —tarea
de representación institucional de la
política— en decisiones estatales:
políticas públicas (ibídem). Entonces,
la situación es altamente amenazadora y
preocupante, no sólo por la falta de
credibilidad y esperanza en la que se va
estructurando el tejido social y político, sino
por la falsa ilusión de que esos
"nuevos" espacios públicos pueden, o
deberían, solucionar los problemas estructurales
y cotidianos de las sociedades.
En
busca del poder ciudadano inteligente
Los cubanos,
por supuesto, no pretenden haber resuelto los
problemas de la libertad de expresión, de la
información y de la democracia
revolucionaria con los discursos de Fidel
Castro. Superadas las angustias de la
supervivencia, han empezado a trabajar en
esos problemas con la misma seriedad y el
mismo ahínco con que se enfrentaron a los
obstáculos de vida o muerte del bloqueo.
Gabriel García Márquez, 1975
Por todo lo
mencionado la presente propuesta se enmarca,
siguiendo la reflexión de James Deane y Denise
Gray-Felder (1999), dentro del campo de la comunicación
para el cambio social, concebida como un
proceso de diálogo privado y público a través
del cual se pretende que las personas,
fundamentalmente los grupos marginados tanto
política, cultural como económicamente, decidan
quiénes son, qué quieren y cómo pueden
obtenerlo, y en su empeño de tratar de lograrlo
—en un contexto donde se les facilite la
elección de opciones y oportunidades—
mejoren su calidad de vida guiados por los
principios de tolerancia, autodeterminación,
equidad, justicia social y participación.
Este enfoque
propone en los países latinoamericanos una nueva
agenda de la comunicación para el desarrollo
humano sostenible, trasladando el énfasis
del proceso a las personas y comunidades como
agentes protagonistas de su presente y futuro,
que se valen del acceso, el diálogo y la
participación6 para mejorar sus
condiciones de vida y la de sus hijos.
Por todo ello,
esta otra manera de entender e impulsar procesos
sociales de comunicación para el cambio permite
reflexionar e intervenir estratégicamente en la
política y el desarrollo desde un eje
fundamental: la creación de condiciones para el
pleno ejercicio del derecho humano a la
información, que no se reduce a permitir a
las personas saber lo que deberían pensar o
hacer, sino que otorga sentido y forma a sus
aspiraciones, permitiéndoles tomar el control de
sus propias vidas (ibídem): lo que una
persona conoce, cambia.
Sin duda que el
tema no gira sólo en torno al escaso acceso a la
información especializada y de calidad por parte
de las grandes mayorías sumidas en condiciones
de extrema pobreza, sino, también, en las
insuficientes habilidades educativas que no
permiten registrarla, sistematizarla, validarla e
integrarla adecuadamente con otros hechos o
fenómenos, en función de su transferencia,
aprovechamiento y transformación de manera
potencialmente significativa en conocimiento
informativo.
Éste
"modificado mediante procesos evaluativos
que le agregan valor (opciones, ventajas y
desventajas) pasa a constituir conocimiento
productivo, denominado por Páez Urdaneta inteligencia"
(Ponjuán, s.f.: 5). Son, precisamente, estas
estructuras informacionales internalizadas en
estructuras de conocimiento (sistemas de
reracionamiento simbólico) las que, siendo
contextualmente relevantes, conducen a la acción
permitiendo una intervención adecuada en la
realidad, en vías del tan demandado cambio
social del que se habló en párrafos anteriores.
Es por ello que
las personas "inteligentes",
adecuadamente informadas, tienen los suficientes
argumentos para opinar sustentadamente,
participar en la definición e implementación de
acciones de carácter público que afectan
directamente su calidad de vida, controlar
socialmente a las autoridades que las representan
y sobre las que han depositado responsabilidades,
debatir sobre problemas comunes y tomar
decisiones para su presente y futuro. Todo esto
supone, sin duda, ¡ejercer poder ciudadano
inteligente!
No sólo el
escaso acceso a la información poco relevante
para la acción y a las TICs ?que algunos han
bautizado como “brecha digital? es un tema
que se debe considerar en Am?rica Latina,
también los usos y utilidades que los diferentes
grupos socioculturales (audiencias) le asignan a
esta oferta en un contexto determinado en
función a sus necesidades, aspiraciones,
demandas, expectativas.
El
protagonismo de la ciudadanía comunicativa
El papel
estratégico de la educación, del conocimiento y
de las redes de información constituyen en la
actualidad uno de los principales elementos de
integración social al mundo moderno. Solamente
un grupo muy reducido de latinoamericanos tienen
acceso a redes de información y al manejo de las
nuevas formas de conocimiento. Resulta pues
fundamental que una renovación ciudadana busque
una expansión de las nuevas formas de conocer y
comunicar.
Fernando Calderón y Norbert Lechner, 1998
Manuel Antonio
Garretón (1995: 103) plantea una multidemsionalidad
ciudadana —ligada al acceso y la
calidad—, esto es, un conjunto de derechos y
deberes donde la persona ejerce su capacidad de
ser sujeto, es decir, de llegar a controlar o
decir algo sobre los procesos que definen un
determinado campo, por ejemplo, en relación al
mundo terrirorial, educacional, comunicacional,
de género, etnia, generación, etc. Por lo
tanto, en cada uno de estos campos se es titular
de derechos humanos inalienables de acuerdo a una
particular condición que proviene de la
diversidad.
Al respecto
Garretón (:104) considera que en el concepto de
ciudadanía moderna "estamos frente a una
extensión de derechos irrenunciables que
provienen precisamente de la diferencia y no de
la igualdad básica de los seres humanos",
lo que le otorga a cada persona o grupo la
posibilidad de definir y luchar por tales
derechos. Empero, esta potencialidad de la
expansión ciudadana —como la llama el
autor mencionado— se ve frustrada y negada
por la exclusión, marginación, descomposición
y fragmentación de las sociedades, la ausencia
de proyectos globales de sociedad, etc., que
caracterizan a los pueblos de América Latina,
especialmente, los sectores populares.
En este marco,
María Elena Hermosilla (1995: 180) sostiene que
los medios de comunicación masiva pueden aportar
en la constitución de ciudadanía estimulando la
autonomía (social, política, económica y
cultural) de los sujetos individuales y sociales
para que estos puedan gestionar, construir y
asumir su propio destino sobre la base del
desarrollo y perfeccionamiento de sus condiciones
de vida. Frente a la oferta de los medios, las
personas construyen una ciudadanía
comunicativa. A propósito, Claudia
Villamayor y Ernesto Lamas (1998: 224) plantean
lo siguiente:
El ejercicio
de ciudadanía es un proceso de aprendizaje
al que contribuyen las diferentes
instituciones presentes en la sociedad, entre
ellas los medios de comunicación. Desde un
medio de comunicación siempre se construye
ciudadanía: se puede ayudar al
fortalecimiento de una ciudadanía activa y
participativa o se puede fomentar una
ciudadanía pasiva vinculada únicamente con
el consumo.
Garretón
(:106-107) complementa el análisis con dos
dimensiones interdependientes en la relación
entre los medios de comunicación masiva y la
ciudadanía, como se aprecia en el siguiente
cuadro:
| Dimensiones de la Ciudadanía
Comunicativa |
PRIMERA
DIMENSIÓN
"También ejerzo mi ciudadanía
a través de los medios" |
SEGUNDA
DIMENSIÓN
"También aprendo a ser ciudadano en
mi relación con los medios" |
| En los medios las personas
expresan y ejercen su ciudadanía en
diversos campos, por ejemplo, a través
de diversas formas de control social del
poder. Sin embargo, los medios también
pueden sustituir de forma ilusoria la
participación a la que no se tiene
acceso realmente o se puede dar el caso
que los medios intenten sustituir a otras
instancias de participación (por
ejemplo, partidos políticos). |
Las personas definen y
(re)configuran su ciudadanía en la
relación que establecen con la oferta
mediática (consumo cultural) .7 Por ejemplo, la información
que estos producen aumenta el poder
ciudadano (control social). Asimismo,
aquí se plantea un tema de fundamental
importancia, cual es el control ciudadano
de los medios para la regulación
democrática de estos. |
En
esta línea, Villamayor y Lamas (:223) reconocen
que en la actualidad los medios juegan un papel
prácticamente insustituible en la construcción
y ejercicio de ciudadanía orientada a la
consolidación de una sociedad democrática, ya
que mediante el acceso8 y la participación en
estos, las personas pueden ejercer ciudadanía al
hacer uso de la libertad de expresión y acceder
al espacio público, al mismo tiempo que
controlar a las instituciones y ejercer presión
sobre ellas.
En todo este
proceso, la información es fundamental para
conocer y comprender la realidad actual. El
hombre moderno tiene necesidades informativas que
son satisfechas en gran parte por los medios de
comunicación masiva; empero, la selección que
estos hacen no siempre está acorde con las
aspiraciones, necesidades, exigencias y
expectativas de los receptores. La cada vez mayor
"avalancha de mensajes" coloca al
individuo, según Rivadeneira (1984: 37),
"en una situación de ‘observador’
de resultados en cuya producción él parece no
participar", lo que le lleva a un estado de
marginamiento social.
Información
de calidad: eje del proceso
Ya en 1949, la
Teoría Matemática de la Comunicación de C.E.
Shannon y W. Weaver concibió la información
como opuesta a entropía, caos o casualidad. Una
de las aportaciones más importantes al modelo
matemático es la de Eric Berne (citado por
Valbuena, en Benito: 758-759), para quien la
información es lo que conscientemente desea y se
propone comunicar (emisor) o recibir (receptor),
porque es lo que saben, lo que les da seguridad.
La actitud del receptor es, en última instancia,
la que otorga valor a la información, por tanto,
es quien determina si la considera como ruido
—lo que inconscientemente recibe sin
desearlo ni proponérselo— o como
información.
Cuando hablo de
una oferta informativa de calidad
necesaria para la formación de ciudadanía
comunicativa me refiero a la información
absoluta, normativa u objetiva que permite
describir y predecir este mundo, es decir,
"llenar los vacíos" y darle sentido a
la realidad. Esta se apoya, para Brenda Dervin
(citada por Valbuena, en Benito: 761), en una
serie de supuestos que parten de la afirmación
que la comunicación humana es el proceso
creativo de uso de la información:
a) la
información es un recurso valioso;
b) la información describe la
realidad;
c) la información reduce la
incertidumbre;
d) la información permite al hombre
enfrentarse más efectivamente con la
realidad.
Por otro lado,
Felicísimo Valbuena (en Benito: 763) habla de un
nivel óptimo de información, "el
que permite a las personas actuar como sistemas
homeostáticos, en equilibrio". De una infracarga
de información que se produce cuando la
persona no se encuentra con el conocimiento ni
las alternativas suficientes para hacer frente a
una situación. Y, finalmente, la sobrecarga
de información cuando la persona traspasa el
nivel óptimo de información necesario:
"los estímulos son excesivos y la persona
no está preparada para adaptarse a la
situeación."
A partir de lo
que Carlos Soria (1991: 14-15) llama la
"revolución jurídica" de 1948 con la
Declaración Universal de Derechos Humanos, él
deduce de la idea del derecho a la información
una serie de particularidades a partir de la
doctrina iusinformativa:
- La
información es un acto de justicia.-
Al investigar, difundir y recibir
información se está dando a cada
persona lo suyo, a lo que tiene derecho,
y en eso consiste precisamente la
justicia. El público está compuesto por
núcleos personales, libres y
responsables, que son titulares de un
derecho humano.
- La
información es una función pública.-
Nadie puede ejercitar el derecho humano a
la información si no es para dar
perfecto cumplimiento al derecho de los
demás, para realizar la justicia
informativa.
- La
información no es tanto un poder como un
derecho y un deber.- La información
tiene la posibilidad de ejercer control
social de los tres poderes clásicos del
Estado. Por ello, la información debe
ser considerada más como un derecho
humano (a la información) y un deber
profesional (informar), que como un
poder.
- La
finalidad de la información es formar al
hombre en su dimensión social para hacer
la comunidad.- El fin de los mensajes
informativos es conocer la realidad para
tomar decisiones prudenciales
(comunicación de hechos), inducir al
hombre a obrar la virtud y extenderla
(comunicación de ideas) y facilitar al
hombre cómo pensar formulando sus
propias opiniones (comunicación de
opiniones). En síntesis, la finalidad de
la información es formar al hombre en su
dimensión social para hacer la
comunidad. Para Juan Pablo II (citado por
Aspíllaga: 10), que ha merecido llamarse
"Papa de los derechos del
hombre", la finalidad última de la
información es la de "ofrecer a los
hombres de hoy el conocimiento adecuado y
continuo de los acontecimientos, que les
resulta necesario o útil para contribuir
eficazmente al bien común y para
procurar un progreso más rápido de la
sociedad." Para cumplir con esta
finalidad, el contenido de la
información debe ser siempre verdadero y
completo, respetando las normas morales,
los legítimos intereses y la dignidad
del hombre, tanto en la obtención como
en la difusión de noticias.
- La
información no es patrimonio exclusivo y
excluyente de los periodistas ni de las
empresas informativas.- La
titularidad universal del derecho a la
información pertenece a
todos-los-cada-uno. Los informadores y
las empresas informativas actúan en
virtud de una delegación o mandato
general, social y tácito que el sujeto
universal hace en ellos, administrando el
poder de informar de todas y cada una de
las personas.
Por ello es que
se plantea que la empresa informativa y los
periodistas son responsables ante el público: el
informador trabaja para la información
en, con y desde la empresa. La propiedad de un
medio o el ejercicio de la labor periodística no
conllevan el derecho de propiedad de la
información, sino el deber profesional de
informar, hacer posible y facilitar la
participación de los ciudadanos en los asuntos
públicos y constituir, en definitiva, la
comunidad.
Tiene hoy pleno
sentido la afirmación de Aspíllaga (:23-24)
cuando fundamenta que las actividades
informativas tienen una íntima conexión con la
justicia:
Al dar
información el periodista está dando a todos, a
cada uno, lo que es suyo, aquello a lo que tienen
derecho. Y en dar a cada uno lo suyo consiste
precisamente la justicia. De modo que se puede
informar que un periodista es justo o injusto
según informe bien o mal.
Por ello es que
se concibe que los profesionales de la
información —"comunicadores de la
palabra humana", como los llama Juan Pablo
II— no trabajan para la empresa, ni siquiera
para la información, sino para el público. Y,
precisamente, este trabajo debe ser realizado con
un sentido del bien común y de responsabilidad,
por medio de los cuales toda persona asuma
libremente mayor protagonismo respecto de los
destinos de la humanidad en función de la
comprensión plena, adecuada, exacta y fiel de la
realidad por medio de la información.
Además de estas
particularidades de la información, Desantes
(1990: 22) recomienda tomarla en su doble sentido
de agere (actuación informativa o proceso
de poner en forma) y de facere (mensaje o
producto resultado de tal actuación
informativa).
La
toma de medios y democracias por parte de la
ciudadanía comunicativa
Si tomamos en
cuenta que la información que circula
públicamente proviene fundamentalmente de los
medios y, cada vez más de las TICs, entonces
podemos hablar de una ciudadanía que también se
construye a partir del consumo cultural de la
oferta mediática, y la que hemos definido con
Hermosilla (1995) como ciudadanía
comunicativa.
En esta
dirección, en el presente ensayo esbozamos un modelo
teórico de construcción de ciudadanía
comunicativa (ver Gráfico) sobre la base del
ejercicio pleno del derecho a la información,
que incorpora los siguientes elementos:
formación de opinión pública, participación
ciudadana y deliberación pública, en el marco
de gestación de espacios públicos
democráticos.
Vista desde este
enfoque, la información como derecho fundamental
—reconocido en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, de 1948— puede coadyuvar
en la formación y ejercicio activo y responsable
de la ciudadanía en el marco del desarrollo
humano sostenible. Por lo tanto, aquí se diseña
y fundamenta un modelo teórico de ciudadanía
comunicativa, mediante la cual las personas
asumen, por medio del consumo cultural de la
oferta informativa noticiosa "de
calidad", una competencia política que
coadyuva en la generación de esferas públicas.
Esto es, un conjunto específico de roles
sociales a través de los cuales los ciudadanos
se interesan sobre un hecho de interés público,
forman un juicio al respecto y lo expresan
(opinión pública), además de que toman
decisiones, fiscalizan, demandan y ejecutan todas
aquellas acciones que los lleven a defender
intereses comunes en un contexto deliberativo
(participación ciudadana).
Sin embargo,
como se mencionó anteriormente, a pesar de las
múltiples posibilidades de acceso a mayor
cantidad y calidad de información y
oportunidades de difusión de visiones de mundo
diferenciadas que permiten las TICs9 en esta sociedad
informacional de principios de siglo, se percibe
una profunda "brecha informativa" entre
los que tienen posibilidades reales de acceso,
aprovechamiento y uso, y los que han sido
—¡y son!— marginados y excluidos,
continuando "sin voz" e
"invisibles" ante un mundo desarrollado
que parece avanzar sin ellos.
Modelo
Teórico de Construcción de Ciudadanía
Comunicativa
Fuente: Elaboración
propia.
Por todo ello,
la construcción de ciudadanía en pro de
la formación y fortalecimiento de los nóveles
sistemas democráticos en América Latina,
empieza a constituirse en un tema prioritario, no
sólo en el ámbito estatal y en sectores no
gubernamentales, sino especialmente en los
académicos, donde se carece de reflexión
científica que permita generar nuevos
conocimientos científicos al respecto para
explicar, comprender y actuar en estas
realidades.
Precisamente, a
partir de la reflexión generada por el Informe
de Desarrollo Humano – Bolivia 2002
(idh-bol/2002) —elaborado por el pnud
(2002)— considero que la ciudadanía es
donde se deben sintetizar los imperativos de la
democracia y del desarrollo, con un marcado
referente de lucha contra la pobreza. Porque
pobre, en su dimensión subjetiva, es también
aquel que no tiene ciudadanía, "a quien sus
derechos le están siendo arrebatados por un
sistema que no le permite ser ciudadano y le
niega la dignidad" (:185).
En los países
latinoamericanos, esta exigencia de dignidad
es también una demanda de justicia y equidad
directamente relacionada con el problema de la
pobreza, ya que los sectores excluidos reclaman
—en el plano de la subjetividad— ser
respetados y tomados en cuenta para transformarse
—con las suficientes oportunidades sociales,
económicas y políticas— en actores que
puedan configurar su propio destino en una
relación de mutua colaboración con los demás.
En esta línea se enmarca la propuesta del
idh-bol/2002 desde una capacidad política
considerada como crucial (la deliberación):
(…) que
como resultado de procesos deliberativos, los
pobres se conviertan en actores, sus
protestas en propuestas, y que tengan la
capacidad de acción y negociación en las
instancias respectivas. Fruto de este proceso
se debería llegar a consensos que sean
favorables a este sector (:187).
De esta manera,
se propone que la democracia deba asumir
responsablemente la tarea de restituir la
dignidad de los sectores sociales más afectados,
particularmente los pobres y excluidos y
vulnerables, expandiendo los espacios colectivos
de deliberación en los que se desplieguen
y amplíen las capacidades de decisión
política10 en torno a lo
público como una manifestación del ejercicio
ciudadano. Tal como aclara el pnud (:203):
En ese
sentido, sólo una salida deliberativa que
construya un espacio público en el que los
derechos ciudadanos sean igualitarios para
los distintos miembros de la comunidad
política (es decir, donde la palabra de cada
actor tenga el mismo valor y el otro sea
considerado como igual), permitirá un
intercambio libre, propositivo, en el que se
dé un ejercicio pleno de la ciudadanía por
parte de los distintos actores.
Para la
consolidación de la democracia en América
Latina es imperativo que los distintos grupos
sociales se asuman como ciudadanos, con
capacidad para convertirse —frente a la
exclusión y discriminación en que viven—
en sujetos capaces de ejercer y demandar derechos
y cumplir responsablemente deberes, buscando la
participación activa en los espacios donde se
toman decisiones (vida pública) y que afectan de
manera directa su vida cotidiana.
Del
derecho a la información al derecho a la
comunicación
La
democratización de la comunicación es, ante
todo, una cuestión de ciudadanía y justicia
social, que se enmarca en el derecho humano a la
información y la comunicación. Vale decir, es
consustancial a la vida democrática de la
sociedad misma, cuya vitalidad depende de una
ciudadanía debidamente informada y deliberante
para participar y corresponsabilizarse en la toma
de decisiones de los asuntos públicos.
Osvaldo León, 2002
Ya en 1969, Jean
D’Arcy (citado por Hamelink, Cees, 2002: 1)
planteó: "vendrá el día en que la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
tendrá que incluir un derecho más amplio que el
derecho del hombre a la información (…)
Este es el derecho de los hombres a
comunicarse". Hace unos años atrás, el Foro
Mundial de Derechos Humanos "Viena +5" (Ottawa,
Canadá, junio 1998) exhortó a la Organización
de las Naciones Unidas (onu) para que convoque a
una Conferencia Mundial de la Comunicación, que
contemple una amplia participación de la
sociedad civil, con el mandato de analizar y
sustentar el reconocimiento del derecho a la
comunicación para consolidación de la
democracia.
Es así como el
sueño de D’Arcy puede hacerse realidad, en
una primera instancia, en la Cumbre Mundial de
la Sociedad de la Información11 que —organizada por
la onu y encabezada por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (uit)— se realizará
en Ginebra, Suiza, en diciembre de 2003. Esta
Cumbre tiene el propósito de desarrollar una
visión y entendimiento común de la sociedad de
la información y diseñar un plan de acción
estratégico para adaptarse a esta
"nueva" sociedad. De la misma manera,
pretende sentar las bases para la Conferencia
Mundial de la Comunicación, a realizarse en
Túnez, África, el año 2005.
Nos encontramos
en una primera fase del derecho a la
comunicación, que es la consolidación del
derecho a la información. Por ello es crucial
trabajar en éste último con la intención de
lograr el pleno ejercicio del primero. Porque,
por ejemplo Antonio Pasquali y Romel Jurado
(2002) reconocen que el derecho humano a la
comunicación es condición sine qua non para
que toda persona participe en la vida
democrática de los Estados, así como para
ejercer su derecho al desarrollo. En esta
dirección, han formulado una propuesta sobre
este derecho, que engloba el ejercicio pleno e
integral de los siguientes derechos:
- Derecho
a la libertad de opinión.- Es la
potestad de las personas de formular y
emitir juicios propios sobre cualquier
asunto público o privado.
- Derecho
a la libertad de expresión.-
Consiste en la utilización de cualquier
medio, canal, forma o estilo para
exteriorizar ideas, sin que se ejerzan
formas de control o censura.
- Derecho
a la libertad de difusión.- Se
refiere a la realización de actividades
de comunicación en igualdad de
condiciones jurídicas, además de la
posibilidad de constitución de empresas
o entidades dedicadas a la comunicación.
- Derecho
a la información.- Es la potestad de
todas las personas para acceder,
producir, circular y recibir todo tipo de
información, salvo que afecte el derecho
a la intimidad de las personas o que
esté protegida por una cláusula de
reserva estipulada en el ordenamiento
jurídico.
- Derecho
al acceso y uso de los medios y
tecnologías de la información y
comunicación.- Se asienta en la
potestad para acceder y usar libremente
los medios y tecnologías de la
información y la comunicación en la
producción, circulación y recepción de
contenidos.
Justamente, el
planteamiento de Pasquali y Jurado es ratificado
por Pedro Farias (en Benito, Ángel, 1991:
338-339), quien concreta el derecho a la
comunicación como el "conjunto de
facultades, inherentes al hombre como ser
sociable, para intercambiar y poner en común
diversas formas de mensajes". Para promover
la "maduración social" y, así,
desarrollar las virtualidades de la sociabilidad,
el objeto de este derecho humano está integrado
no sólo por pensamientos, ideas y opiniones
(libertad de expresión), sino también por
informaciones (libertad de información). Por
eso, son indisociables el derecho a la
comunicación —como postulado de la
sociabilidad humana— y el derecho a la
información.12
Por su lado,
Cees Hamelink (2002) parte de una concepción
más englobante de todos los derechos reconocidos
y reivindicados en torno a la comunicación e
incorpora, de manera particular, los derechos
relacionados con el nuevo escenario de la
comunicación,13 que van más allá del
derecho a la información tal como fue plasmado
hace más de 50 años. De este modo, Hamelink
plantea una serie de derechos que deben ser
tomados en cuenta para el reconocimiento, trazado
y adopción de una declaración universal sobre
el derecho a la comunicación14: derechos de
información, culturales, de protección,
colectivos y de participación.
Con esta
óptica, la Plataforma por el Derecho a la
Comunicación —que aglutina a Organizaciones
no Gubernamentales (ongs) con actividades en el
ámbito de la comunicación para el cambio
social, a nivel local, nacional y global—
lanzó, en noviembre de 2001, la Campaña de
Derecho a la Comunicación en la Sociedad de la
Información15 (cris, por sus siglas en
inglés). Su propósito es abrir un amplio
espacio de debate en la sociedad civil sobre el
sentido y porvenir de la sociedad de la
información.
La Campaña cris
tiene una visión de la sociedad de la
información fundada en el derecho a la
comunicación, como medio para afianzar otros
derechos humanos y fortalecer la vida social,
económica y cultural de la gente y de las
comunidades. Entonces, cris propone que la
discusión en la próxima Cumbre Mundial de la
Sociedad de la Información no se puede centrar
exclusivamente en TICs, sino que debe tomar en
cuenta otras temáticas: derechos humanos, acceso
a la información, género, propiedad y control,
gobernabilidad y fiscalización, diversidad y
pluralismo, y derechos de propiedad intelectual.
A
manera de cierre para el inciio del debate
No cabe duda de
que la revolución electrónica entraña la
promesa de grandes y positivos avances con vistas
al desarrollo mundial; pero existe también la
posibilidad de que agrave efectivamente las
desigualdades existentes al ensanchar la brecha
de la información y las comunicaciones. ¿Cómo
podemos asegurar que la revolución de la
información y las comunicaciones, que tiene en
Internet su primer motor, promueva la
globalización del desarrollo y de la solidaridad
del hombre (…).
Juan Pablo II, 2002
Sin lugar a
dudas, se percibe que a principios de este siglo
los medios de comunicación masiva, al igual que
otras instituciones sociales, aportan a la
construcción de una ciudadanía comunicativa
—tal como la denomina Hermosilla
(1995)— que puede ser activa y participativa
o vinculada exclusivamente al consumo (Villamayor
y Lamas, 1998). Uno de los aspectos que favorece
en esta dirección es la participación que
permiten los medios, lo cual facilita a las
personas que puedan ejercer su libertad de
expresión y acceder al espacio público que les
fue negado en otras instancias (por ejemplo,
partidos políticos).
Fundamentalmente,
el consumo cultural —en el sentido asignado
por García Canclini (1991)— de la oferta
mediática y, especialmente, de la información
periodística (Gutiérrez, 1997; Macassi, 1994;
Calderón et.al., 1996) coadyuva en
la constitución y ejercicio activo y responsable
de la ciudadanía porque permite que las personas
se formen una opinión sobre algún hecho de
interés común (asunto público), la pongan a
consideración pública y deliberen sobre la
misma en busca de consensos que influyan o
determinen acciones hacia los sistemas de poder.
De este modo, se participa en la toma de
decisiones que afectan, de forma directa o
indirecta, la propia vida y la de la comunidad.
En este proceso
de constitución de la ciudadanía comunicativa
es nuclear la información periodística porque
se basa en el principio de reducción de la
incertidumbre o de la indeterminabilidad con
tendencia a cero, introduciendo certidumbre
objetiva, predictibilidad en un ambiente de
elección o evidencia que conlleva el fundamento
del asentimiento. Esta certeza, convencimiento o
seguridad se logra por medio del despliegue de
las facultades del derecho a la información que
influyen sobre la persona en alguna forma de
conocimiento y modifica o transforma su
comportamiento en un proceso de "maduración
social", donde desarrolla las virtualidades
de la sociabilidad.
_____
Notas:
1 Como exponen Calderón y Lechner (:38),
al no sentir el respaldo y reconocimiento del
Estado, al percibirse amputado de su inserción
comunitaria, el ciudadano se siente
extremadamente vulnerable y tiende a retrotraerse
al refugio de su intimidad. Es, como ellos la
llaman, la "estrategia del caracol", en
la que "ya no se trata de que el ciudadano
prefiera participar o no participar en la
política. El problema de fondo es si la
participación política todavía hace algún
sentido para el ciudadano".
2 "Los derechos políticos han de
ser iguales y comunes para todos los ciudadanos;
las diferencias entre los distintos grupos pueden
expresarse en los derechos civiles y sociales.
Diferencias en opiniones y creencias en el caso
de los derechos civiles y diferencias en las
necesidades y recursos en el caso de los derechos
sociales" (Calderón y Lechner, 1998: 36).
3 Esto se manifiesta, también, en la
desigualdad de oportunidades, ya que como se
puede observar en el caso de Bolivia, "la
exclusión social y una cultura de negación del
otro, el racismo y los prejuicios regionales,
pero también las desigualdades en las
oportunidades educativas y de acceso a los
códigos de la modernidad" (pnud, 2002a:
225).
4 La opinión pública en Bolivia
"se divide entre quienes creen en la
legitimidad y eficacia de construir planes de
futuro y están convencidos de que es posible
actuar sobre los procesos (51,9%) y quienes, por
el contrario, piensan que hacer planes para el
futuro es vano porque estos nunca se cumplen, o
que las cosas van a tomar su rumbo por sí mismas
y por tanto no creen ni tienen la convicción
necesaria para actuar sobre los procesos,
conformándose con lo que tienen o resignándose
a su suerte" (pnud, 2002: 224).
5 Mitchell Seligson (2001: 153) constata
en una encuesta nacional realizada en el año
2000 que la participación ciudadana en el
ámbito del gobierno local se ha reducido en el
marco de aplicación de la Ley de Participación
Popular, de 1994. Por ejemplo, en reuniones
municipales ha disminuido de un 18% (1998) a un
15% (2000); porcentajes que se incrementan en el
caso de las áreas urbanas, la menor edad, el
sexo —las probabilidades de que una mujer
participe son un 50% menores que las de un
hombre—, el bajo nivel de educación y de
ingresos. Una situación parecida se percibe en
la elaboración de presupuestos y la
planificación del plan operativo anual a nivel
local, donde la participación se redujo de 11.8%
(1998) a 8.8% (2000). Asimismo, las quejas ante
el Comité de Vigilancia declinaron entre 1998
(12%) y el 2000 (9.8%).
6 Estos constituyen los elementos
fundamentales sobre los cuales, según el
comunicólogo boliviano Luis Ramiro Beltrán
(1980), es posible construir una comunicación
más horizontal y democrática.
7 En palabras de García Canclini (1993:
34) el consumo cultural es "el
conjunto de procesos de apropiación y usos de
productos en los que el valor simbólico
prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o
donde al menos estos últimos se configuran
subordinados a la dimensión simbólica."
Por lo tanto, el estudio del consumo cultural
aparece, así, como un "lugar estratégico
para repensar el tipo de sociedad que deseamos,
el lugar que tocará a cada sector, el papel del
poder público como garante de que el interés
público no sea despreciado. Conocer lo que
ocurre en los consumos es interrogarse sobre la
eficacia de las políticas, sobre el destino de
lo que producimos entre todos, sobre las maneras
y las proporciones en que participamos en la
construcción social del sentido" (:42).
8 Al respecto, Alfaro (1995: 130)
sostiene que hoy la ciudadanía se construye
desde el ser público de los medios masivos de
comunicación. Estos, amplía la autora
(:130-131), se han formado como nuevas
instituciones culturales que definen lo público,
constituyéndose en escenarios donde se construye
el poder, donde se legitiman actores, personajes
y temas".
9 A propósito, Deane y Gray-Felder
(:21), comentan que "La actual revolución
en las tecnologías de la información [tic]
representa probablemente el conjunto más
profundo de desarrollos tecnológicos que la
humanidad haya experimentado desde la Revolución
Industrial. Las innovaciones de Internet, y del
correo electrónico, en particular, han
transformado la capacidad de comunicación en
países con infraestructuras de
telecomunicaciones a menudo dilapidadas, y han
posibilitado el acceso a mucha más información
sobre temas globales." Empero, "La
distribución de las nuevas tics no es más
equitativa. El 84% de los teléfonos celulares,
el 91% de los aparatos de fax y el 97% de los
usuarios de Internet se encuentra en los países
desarrollados" (:23).
10 De acuerdo con el pnud (2002: 207), las
capacidades políticas de una sociedad están
asociadas a la relación entre instituciones
(reglas), actores (ciudadanos) y cultura
política (valores, creencias y actitudes que
guían la acción de las personas en el espacio
público). Y el desarrollo, tal como lo
entendemos en este trabajo, justamente pretende
el incremento de capacidades de las personas para
lograr el tipo de vida que ellas prefieran.
11 Se puede encontrar mayor información
al respecto en el sitio de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información, [Internet],
en:
«http://www.itu.int/wsis/fr-es/basic/basic03.htm».
12 En una primera instancia se puede
afirmar que el Derecho a la Información implica
a nivel individual: el derecho a informar y ser
informado, la libertad de opinión y expresión,
la protección de la privacidad y el libre acceso
a la información; y a nivel institucional: el
derecho a publicar o emitir informaciones u
opiniones, la libertad de acceso a las fuentes de
información y el derecho a secreto profesional y
a la reserva de las fuentes; a nivel colectivo,
el derecho al libre y equilibrado flujo de la
información, el derecho de réplica y la
preservación de la integridad cultural.
13 El vertiginoso desarrollo de las ntic,
de la mano de la globalización de la economía,
ha transformado el mundo contemporáneo y, por
ende, los procesos sociales de comunicación a
nivel planetario. Nunca como ahora la humanidad
ha podido contar con un inédito potencial para
comunicar, sin embargo, se ha visto diluido por
la persistencia de desbalances en el acceso y
distribución incluso de la tecnología más
básica.
14 El Derecho a la Información es
resultado de un devenir histórico que comenzó
con el reconocimiento de derechos a los
propietarios de los medios de información, luego
a quienes trabajan bajo relaciones de dependencia
en ellos (periodistas), y, finalmente, a todas
las personas en 1948 con la Declaración
Universal. Medio siglo después se torna
ineludible incorporar un derecho más extensivo:
el Derecho a la Comunicación.
15 Se puede encontrar mayor información
al respecto en el sitio de la Communication
Rights in the Information Society, [Internet],
en: «http://www.comunica.org/cris/home_es.htm».
___________________
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de la radio comunitaria y ciudadana, 1.ª
ed., Quito, amarc, Fundación Friedrich Ebert
Stiftung, 258 págs.
*
Carlos A. Camacho Azurduy es profesor universitario en La Paz,
Bolivia. Doctorando del programa
"Comunicación, Derecho a la Información y
Ética en España y América Latina" de la Universidad Complutense
de Madrid. Coordinador del
Programa de Fortalecimiento Institucional de la
Fundación para la Investigación Estratégica en
Bolivia (pieb). Esta es su primera colaboración
para Sala
de Prensa.
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