Libertad de expresión Vs. corrupción en América Latina

Un precio demasiado alto

Periodistas Frente a la Corrupción
- balance del 01 de enero de 2002 al 30 de abril de 2003 -

Las investigaciones y los reportajes periodísticos sobre el problema de la corrupción aumentaron significativamente durante el año 2002 en los países de América Latina. La cantidad de reportajes, su calidad y la persistencia que han mostrado los periodistas y medios de comunicación, los posicionan como la más potente fuerza anticorrupción de la región.¹ Esto a pesar de los numerosos riesgos, amenazas y obstáculos que enfrentan y del pobre y hasta insignificante reconocimiento y respaldo que reciben de las oficinas gubernamentales, los grupos cívicos organizados, los centros académicos y en muchos casos, de ellos mismos.

Sin duda, no todos los medios de comunicación ni periodistas asumen o responden a un rol fiscalizador frente a la corrupción. El rigor, la fidelidad y el balance informativo siguen siendo deficientes o son criterios ausentes en muchos medios de la región. En estos, las influencias políticas, los intereses económicos y otros conflictos de intereses son los que determinan la orientación, contenido y cobertura de los espacios informativos y de opinión. El espectro de medios alineados con el discurso oficial o plegados al estatus de autoritarismo, exclusión y oportunismo que prevalece en América Latina lamentablemente sigue siendo amplio.

Aún con la pesada carga que lleva la prensa latinoamericana por su problemática interna, las encuestas regionales de opinión revelan que la población tiene más confianza en los medios de comunicación que en sus gobiernos, los partidos políticos, el sistema judicial, los parlamentos, los cuerpos policiales, las fuerzas armadas o aún en los mismos ciudadanos. Solo la iglesia cuenta con una calificación mejor.²

En el año 2002 la exposición de los hechos de corrupción a través de la prensa fue y continua siendo un factor de creciente incidencia y determinante para frenar el flagelo. ¿Cómo?:

- Mantuvo este tema en la agenda pública, a pesar de la inseguridad y de la incertidumbre económica que monopolizan la atención de las sociedades latinoamericanas.

- Descubrió hechos irregulares e ilícitos que de otra forma quizás nunca serían conocidos.

- Llevó las definiciones superficiales y rígidas que prevalecen en la comunidad internacional acerca del problema de la corrupción, a conceptos aplicados que muestran las interacciones y complejidades históricas, culturales, políticas y socio-económicas en que éste transcurre, identificando a su vez los factores que lo alimentan y encubren.

- Y presionó a las instituciones fiscalizadoras y de justicia a acoger las denuncias y a abrir expedientes, y a través del seguimiento, vigiló que el paradero de los casos y cada vez en mayor grado, está logrando que estos sean investigados y resueltos diligentemente.

El impacto y trascendencia de la labor fiscalizadora de los periodistas y medios es mejor apreciada al considerar que:

La corrupción tienen un efecto devastador en la estabilidad política, en la productividad económica, en los niveles de pobreza y en la vigencia de los derechos humanos. Como lo destacó el informe anual de la organización internacional Human Rights Watch, publicado en enero 2003: en América Latina la corrupción ''más que ningún otro'' factor erosiona la confianza de la población en sus gobiernos, y en última instancia en la democracia.³

Y el fracaso o renuncia de los gobiernos en la aplicación de medidas anticorrupción, las inconsistencias y parcialidad de los líderes políticos al abordar el problema, las iniciativas dispersas y excluyentes de muchos grupos de la sociedad civil, la desidia de los empresarios para exigir reglas transparentes en los negocios, y el pobre resultado de los programas anticorrupción impulsados por organismos internacionales.

Sin embargo, como lo muestra este informe, el avance de la prensa latinoamericana en la exposición de la corrupción viene acompañado por un drástico incremento de represalias verbales, físicas, legislativas y judiciales contra los periodistas. Estos hechos han sido cometidos por funcionarios gubernamentales, empresarios y otros sectores que buscan intimidar a la prensa para atenuar y cesar sus investigaciones.

En el año 2002 se registraron 197 agresiones en los países latinoamericanos donde se habla español, superando las 114 registradas en el 2001. Y durante los primeros cuatro meses del 2003, los casos suman ya 77. Estas cifras excluyen a Cuba, país al que PFC aún no ha extendido su monitoreo.

Como se mencionó en el Informe del 2001, las cifras reales son mayores. Esto se debe a que muchos periodistas trabajan en zonas alejadas de los principales centros urbanos, como frecuentemente ocurre en México o Argentina, y no tienen conocimiento o confianza sobre dónde denunciar las agresiones y de quienes obtener apoyo. También, como es de conocimiento común, numerosos periodistas o medios desisten de revelar o denunciar las agresiones por temor a sufrir nuevas represalias.

Un informe reciente del Instituto Internacional de Prensa, coincidente con la conclusión de otras organizaciones internacionales que trabajan en favor de la libertad de expresión, señala que América Latina "sigue siendo la región más peligrosa del mundo para trabajar como periodista".⁴ Además, como lo destaca en su informe para el año 2002 el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estos "asesinatos, ataques, amenazas e intimidaciones no sólo silencian al comunicador social, también tienen un profundo efecto sobre sus colegas generando un clima de temor y autocensura".⁵

Sin duda, 2002 fue uno de los peores años de la última década para el ejercicio del periodismo en la región. Esto debido al crecimiento de las restricciones y ataques cometidos por parte de funcionarios y ex funcionarios, militantes de partidos políticos y grupos asociados a estos (como ocurre en Nicaragua con los ex contras, los partidarios del ex presidente Arnoldo Alemán y jerarcas de la iglesia católica, o con los menemistas en Argentina y los perredistas de México), empresarios implicados en corrupción, mafias criminales (como los carteles de la droga y los traficantes de armas y seres humanos), y grupos armados (como en Colombia, con los paramilitares y las guerrillas).

Es importante señalar que un factor que permite y alienta que se comentan tantas agresiones contra periodistas y medios es la impunidad persistente en la región. Es muy raro que las autoridades investiguen diligentemente las amenazas o ataques que sufre la prensa, y es menos frecuente que los implicados reciban castigos apropiados. Por supuesto, también contribuyen a este escenario la misma corrupción, los medios no independientes que fácilmente pasan de víctimas a abusadores, la indiferencia de la sociedad civil en relación a la problemática prensa, y el aún débil impacto y las divisiones entre las organizaciones internacionales y agrupaciones regionales o locales que monitorean, promueven o defienden la libertad de expresión.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH marca la ruta que deben seguir los países de la región para respetar y garantizar el pleno ejercicio de este derecho humano fundamental. Este instrumento es a su vez una declaración anticorrupción, en la medida que el libre flujo de información habilita la rendición de cuentas y el control social, que son condiciones básicas para frenar el flagelo. Los países de América Latina en lugar de irrespetar y violar persistentemente esta Declaración, deberían adoptar medidas para que cada uno de los principios contenidos en ella sean rigurosamente observados y que sus incumplimientos sean ejemplarmente castigados.

Metodología

Mediante un escrutinio diario de casi 100 fuentes noticiosas de América Latina, la recolección de información de redes virtuales e intercambios personales, PFC identifica a periodistas y medios de comunicación que sufren ataques debido a sus investigaciones o reportajes sobre hechos de corrupción. También monitorea, usando las mismas fuentes de información, las condiciones, normas y prácticas que frenan ó refuerzan la labor periodística.

La información recopilada por PFC es sistematizada y compartida diariamente con organizaciones internacionales, regionales y locales que trabajan en favor de la libertad de expresión, como un insumo para propiciar la intervención de estas en los casos que van surgiendo. Esto, como un ejercicio y ejemplo de cooperación mutua.

Para cada caso, PFC colecta y valida los datos necesarios y abre expedientes en el registro "Periodistas Perseguidos" o en el compendio "Legislación" del portal "Abogando por la Prensa Libre", según corresponda.⁶ En muchos de estos, PFC se comunica con las autoridades locales donde ocurre la agresión pidiendo que los incidentes sean investigados y que las víctimas sean protegidas, y en lo casos que los agresores son las mismas autoridades, para que cesen o reparen el hostigamiento.

Este informe es una síntesis de la información contenida en los expedientes antes mencionados, abiertos en el sitio web de PFC entre el 1ro. de enero de 2002 y el 30 de abril de 2003. Ha sido organizado conforme la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.

Se previene que este informe no considera las numerosas agresiones contra periodistas y medios de comunicación que han marcado las coyunturas venezolana y cubana durante el período que se informa, ni otras ocurridas en los demás países que nos están relacionadas a la exposición de la corrupción y delitos asociados (por depender de las influencias y sobornos a funcionarios gubernamentales), como el tráfico de drogas, armas y personas.

Sobre avances registrados en materia de libertad de expresión, debido a que son tan pocos y seguramente transitorios (considerando el historial de América Latina), no es apropiado destacarlos. Es mejor concentrarse y enfrentar las crueles realidades.

Ataques violentos e intimidaciones

El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. - Declaración de principios sobre libertad de expresión, CIDH.

Durante el año 2002, se registraron 4 asesinatos relacionados a la cobertura periodística de la corrupción en Colombia (2) y México (2). Hubo otros 2 en Brasil. En lo que va del 2003, 4 periodistas resultaron muertos en Colombia.

En el 2002, 24 periodistas recibieron golpes, ataques con armas de fuego o cortopunzantes, o fueron víctimas de explosivos, secuestro o destrucción de sus vehículos en Argentina (11), Bolivia (1), Costa Rica (2), México (5), Nicaragua (2), Panamá (1), Paraguay (1) y Perú (1). En el 2003, 15 periodistas más han sufrido agresiones similares en Bolivia (1), Colombia (1), Honduras (1), México (5), Panamá (4), Paraguay (1), Perú (1) y República Dominicana (1).

Hubo 66 ataques verbales, amenazas de muerte y campañas de amedrentamiento durante el 2002, afectando a 50 periodistas y 16 medios de Argentina (21), Bolivia (1), Colombia (8), Costa Rica (2), Guatemala (6), México (6), Nicaragua (4), Panamá (1), Paraguay (5), Perú (6), Uruguay (3) y Venezuela (3). Durante los primeros cuatro meses del 2003, hubo 17 de tales ataques, 13 contra periodistas, en Argentina (2), Chile (1), Ecuador (2), Guatemala (3), México (5), Nicaragua (1), Paraguay (1) y Uruguay (2). Más del 90% de estas intimidaciones fueron cometidas por funcionarios y ex funcionarios y en menor grado, por grupos asociados con ellos, como los menemistas (Argentina), arnolistas (Nicaragua) y los perredistas (México).

Cabe destacar, aunque el enfoque de PFC son los países de habla hispana, el caso del brasileño Felipe Santolia. Esto para reconocer que el periodismo en ese país enfrenta problemas similares a sus vecinos, y como ejemplo de las barbaries que muchos periodistas latinoamericanos sufren. En octubre de 2002 el periodista Santolia, quien trabajaba en una emisora de radio en Esperantina del estado de Piauí, recibió un disparo en la pierna y fue crucificado a un árbol, dejándole además con heridas en la mano izquierda por la punta con que fue clavado y con lesiones en la mano derecha de los alambres con que lo ataron. La agresión fue resultado de sus reportajes sobre una red para la compra de votos que iba a actuar en las elecciones presidenciales y legislativas de ese mes.

Detenciones y procesos judiciales

Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.
Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. - Declaración de principios sobre libertad de expresión, CIDH.

Debido a sus denuncias sobre corrupción, 58 periodistas y medios fueron querellados en el 2002. De estos, 55 fueron demandados utilizando arbitrariamente los tipos penales de difamación, calumnias e injurias, en Argentina (7), Ecuador (1), Honduras (1), México (16), Nicaragua (1), Panamá (21), Paraguay (5), Perú (1), República Dominicana (1) y Uruguay (1). Eduardo Yáñez, un comentarista de televisión fue demandado en Chile por desacato; Sandra Maribel Sánchez de Honduras fue demandada por espionaje y la periodista venezolana Patricia Poleo fue acusada de rebelión y traición a la patria. En el 2003, 11 periodistas y medios han enfrentado demandas por delitos contra el honor en Argentina (1), Bolivia (1), El Salvador (1), México (4), Panamá (2), Paraguay (1) y la República Dominicana (1).

Además, en el 2002 tres periodistas de Argentina, Panamá y Paraguay fueron amenazados con procesos judiciales. En el 2003, otros 3 periodistas y medios, de Argentina, El Salvador y Panamá, han recibido amenazas de juicios por difamación, y en el caso del último, un juez panameño ordenó arrestar Carlos Zavala quien lo había denunciado por supuesta corrupción.

El 94% de las demandas y amenazas de un proceso judicial fueron iniciadas por funcionarios. Empresarios y jerarcas de la iglesia católica presentaron las demás.

Siempre relacionadas a investigaciones sobre la corrupción, en el 2002 hubo 7 detenciones de periodistas de Argentina (2), México (4) y República Dominicana (1), y en el 2003, 6 más han sido detenidos en México (2) y Panamá (4). La mexicana Isabel Arvide fue detenida en el 2002 y nuevamente en el 2003. De los 13 casos, 5 estaban relacionados a demandas por difamación y calumnias; las otras detenciones fueron arbitrarias, muchas veces sin orden judicial y por eso los periodistas afectados fueron liberados.

En el 2002 hubo 3 condenas judiciales relacionadas a demandas por delitos contra el honor. En diciembre de 2002, Benjamín Fernández Bogado, periodista de Paraguay, fue condenado por el juez José Waldir Servín a pagar una multa de un poco más 1 mil 200 dólares y una indemnización de unos 1 mil 400 dólares en favor del querellante Adalberto Fox, en ese momento candidato a senador por Convergencia Colorada. Este caso se remonta a 1996, cuando en el noticiero "24 horas" de Canal 9, bajo la gerencia del periodista Fernández Bogado, se señaló a Fox de tener vínculos con la mafia. En octubre de 2002, debido a sus reportajes sobre la corrupción en el municipio de Vicente López, Argentina, Miguel Armaleo, director del diario Lo Nuestro recibió una sentencia de un año de prisión en suspenso por el delito de calumnias e injurias contra el Presidente del Concejo Deliberante del municipio, Ricardo Ortíz, quien optó por no aprovecharse de la invitación de réplica. Anteriormente este periodista había recibido insultos, amenazas telefónicas, intentos de agresión física y otras acciones perjudiciales para obligarlo a dejar sus investigaciones. Nicolás Lucár, director de La Revista Dominical en Perú, fue condenado a tres años de prisión condicional y al pago de cerca de 6 mil dólares de reparación civil, por difamación en agravio del ex presidente del Congreso Carlos Ferrero Costa, por haberlo vinculado con actividades ilícitas del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

En lo que va del año 2003, cinco periodistas más han sido sentenciados por sus denuncias de corrupción. Por desacato, el comentarista chileño Eduardo Yánez recibió una pena de 61 días de cárcel más el pago de 11 unidades tributarias mensuales (UTM). Por calumnia e injuria, recibieron sentencias Gaspar Arosemena y Marcelino Rodriguez de Panamá, Oscar Ubiría Pagés (Uruguay) y Luis Verón (Paraguay). Arosemena recibió un pena de 20 meses de prisión; Rodriguez de 16 meses conmutables con el pago de una multa de 1 mil 500 dólares; Ubiría Pagés, 7 meses de prisión con suspensión condicional; y Verón con una multa de un poco más 7 mil dólares.

Sobre legislación que facilita el acoso judicial, en Honduras, el nuevo Código Procesal Penal prohíbe que los periodistas transmitan o divulguen noticias sobre un hecho denunciado por otra persona si los tribunales no conocen del caso o no se han pronunciado sobre el mismo; el periodista que divulgue información falsa dada por terceros incurre en el delito de injuria en calidad de autor al igual que las personas que presentan la denuncia.

En Chile aún existen el desacato. El anteproyecto de ley para eliminar este y otros delitos relacionados con la prensa - No. 212-34 - presentado por el presidente Ricardo Lagos en agosto de 2002, sigue pendiente. Tampoco ha habido una respuesta positiva del presidente Vicente Fox de México al pedido hecho en noviembre de 2002 por el Relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, de emprender gestiones para la despenalización de las calumnias e injurias y la resolución de estos casos a través de instancias civiles.

En octubre de 2002, la Asamblea Nacional de Nicaragua conoció una propuesta de ley que establecía sanciones penales de uno a cinco años al periodista que con su trabajo criticara a los funcionarios públicos y que estas críticas -según rezaba la iniciativa- se convirtieran en desacato a los poderes de Estado. Ante la protestas de organizaciones locales e internacionales, la propuesta fue retirada.

Colegiación

Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados. - Declaración de principios sobre libertad de expresión, CIDH.

La colegiación o la acreditación obligatoria de los periodistas con base a un título universitario existe en Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

Además, en el 2002, anteproyectos de leyes que establecen la obligatoriedad de la colegiación periodística fueron presentados en la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos, Argentina, y en República Dominicana, a través de una enmienda a la Ley 6132. Además un anteproyecto fue reactivado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, Argentina, y el Colegio de Periodistas de República Dominicana promovió el reestablecimiento de la exigencia de tener una licencia para trabajar en un medio de comunicación, norma que fue declarada inconstitucional en 1989. Entre otras iniciativas, un diputado hondureño hizo una propuesta para nombrar una comisión dedicada a normar el ejercicio periodístico ya que, a criterio de éste, la prensa "comete algunos actos que lesionan la honra y la honorabilidad de muchas personas".

El partido oficial guatemalteco logró en noviembre de 2001 la aprobación legislativa de la colegiación obligatoria y la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística a través de la Ley de Colegiados. En enero de 2002, la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente algunos de sus artículos y aclaró que la Ley de Colegiados es obligatoria para todo profesional, menos para los periodistas. En junio, la Asamblea Legislativa de Panamá aprobó una ley que instauró la acreditación obligatoria de los periodistas y la exigencia de titulo profesional; el Poder Ejecutivo se negó a sancionarla. En diciembre de 2002, el presidente Alvaro Úribe devolvió con observación a la Cámara de Representantes de Colombia el proyecto de Ley del Periodista, por considerar que impone condiciones para ser reconocido como periodista y que por tanto limita la libertad de expresión.

Todavía está pendiente un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, promovido en julio de 2002 por representantes de diarios y canales de televisión, con el apoyo del presidente Enrique Bolaños, para declarar la inconstitucional de la Ley No. 372 o "Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua", aprobada en el año 2001.

Censura previa

La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. - Declaración de principios sobre libertad de expresión, CIDH.

En América Latina donde tantos medios de comunicación están vinculados o son presionados los partidos gobernantes, es difícil identificar los casos de censura y precisar quienes son los responsables. Lo que se induce de los pocos casos conocidos, es que la mayoría están relacionados a investigaciones y reportajes sobre la corrupción gubernamental.

En el 2002 esta fue la causa para el cierre de 4 programas de radio en Guatemala (1), Perú (2) y Uruguay (1), el intento de cerrar otro programa radial en Perú, y en el 2003, para la cierre de "Sin Censura", un popular editorial televisivo en El Salvador, y la suspensión de "Consensos", un programa de la Radio Korita en el estado de Nayarit, México.

La censura fue el factor que provocó los despidos de 3 periodistas en Argentina (1) y Uruguay (2) en el 2002, y de otros 4 despidos en el 2003 en Argentina (1), Bolivia (2) y México (1). Los casos de Bolivia, correspondientes a 2 periodistas de medios impresos y ocurridos en febrero del 2003, fueron por presión de sus superiores para favorecer a la administración del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Los denunciantes acusaron a la gubernamental Unidad de Comunicación (Unicom) de pretender imponer una sola línea informativa y específicamente al ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín. En un diario argentino se argumentó que el periodista despedido en julio 2002 desobedeció una orden del director para que una nota crítica de la justicia estatal no saliera.

En el 2002 dos medios argentinos y en el 2003 otro de Paraguay sufrieron interferencias en la difusión de reportajes sobre la corrupción provocadas por funcionarios. En la ciudad de Santiago del Estero, Argentina, dos ediciones completas del periódico “La Verdad”, una publicación de “Las Madres del Dolor”, fueron secuestradas y del Canal 4 de Cable Express fue secuestrado un video que contenía una investigación periodística de sobre el tráfico de bebés. En ambos casos la policía intervino sin orden judicial. En abril de 2003, una de las transmisiones de “El Informante”, programa periodístico del Canal 2 en Paraguay, fue interrumpida, según sus conductores después de que un candidato presidencial llegara a pedir la censura de una grabación hasta después de las elecciones.

Acciones para facilitar la censura incluyen una petición judicial de la Fiscalía paraguaya con el objeto de impedir la divulgación de una grabación de conversaciones entre senadores y miembros de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre de 2002 una jueza rechazó la solicitud y aclaró que la medida requerida no existe en el ordenamiento jurídico paraguayo.

Presiones y violaciones al secreto periodístico

Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. - Declaración de principios sobre libertad de expresión, CIDH.

En el 2002 14 periodistas fueron presionados a revelar sus fuentes de información sobre casos de corrupción en Argentina (2), México (11) y Nicaragua (1). Las violaciones al secreto periodístico han seguido en el 2003, afectando a 3 periodistas y a 2 medios de comunicación en Bolivia (2), Guatemala (1), México (1) y Panamá (1).

En México varios periodistas han sido citados por la procuraduría nacional y algunas estatales para divulgar sus fuentes y declarar como "testigos" en casos como el de Pemexgate y del ex presidente Raúl Salinas de Gortari.

Cabe mencionar que el anteproyecto boliviano "Ley de Necesidad de Reforma Constitucional" contenía artículos que obligaban a los periodistas a dar a "conocer la fuente de una información que puede ser considerada como violadora de los derechos y garantías indicadas en la Constitución Política del Estado" y no permitía el anonimato, que en algunos casos, significó la revelación de importantes casos de corrupción. La ley fue aprobada en julio de 2002 superando dichas observaciones.

En agosto de 2002 la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó la “Ley de Defensa Nacional”. El Art. 25 de la citada Ley establecía que "los funcionarios, las autoridades públicas o municipales y las personas naturales o jurídicas deberán proporcionar en lo que corresponda, la información requerida de manera oficial por la autoridad competente para los fines de la defensa nacional". Tal como estaba redactado podría obligarse a los periodistas a revelar sus fuentes de información. Después de protestas nacionales e internacionales, el presidente Francisco Flores devolvió la ley con observaciones para eliminar las amenazas al secreto periodísticos, y estas fueron atendidas por la Asamblea Legislativa.

Recortes de publicidad

La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. - Declaración de principios sobre libertad de expresión, CIDH.

En el 2002, 5 medios de comunicación sufrieron cortes de publicad oficial debido a sus reportajes sobre la corrupción, entre ellos, el periódico Provincia/23 en Tierra del Fuego, Argentina; el diario La Crónica de Baja California, México; y el diario El Tiempo, el Canal 13 y Radio Reloj, todos de Honduras, que acusaron públicamente al gobierno de "extorsión" por haberles suspendido la publicidad, luego que informaron de un viaje del presidente Ricardo Maduro para ver a su novia en Italia.

En el 2003 el diario argentino Río Negro sufrió una represalia del gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sobisch, quien ordenó cancelar la publicidad oficial luego de la difusión de un escándalo de cámaras ocultas que lo involucraban en un soborno. Debido a sus reportajes sobre irregularidades en la gestión local de la ciudad del Conurbano, Argentina, el diario Perspectiva Sur ha sufrido amenazas de juicios, el corte de la publicidad oficial por más de un año y presiones sobre los anunciantes para que suspendieran su publicidad en dicho medio de comunicación. Y otro diario argentino, Tiempo Sur, es víctima de recortes de publicidad oficial porque se resiste a dejar de reportar sobre anomalías en los gobiernos de la provincia de Santa Cruz y el municipio de Río Gallegos.

En México, el gobernador del Estado de Nayarit ocupó la asignación de publicidad oficial para censurar críticas a su gestión hechas por "Consensos", un programa de Radio Korita, que se transmitía simultáneamente por radio y televisión. Estas presiones del gobierno resultaron en la suspensión del programa.

Acceso a la información

El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. - Declaración de principios sobre libertad de expresión, CIDH.

En el 2002 y lo que va del 2003 se han discutido proyectos relacionados con el acceso a la información pública – positivos y negativos - en los congresos de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Como ocurrió con la anticorrupción, el tema del acceso a la información es actualmente una moda en América Latina y entre otras aspectos comunes, ambos están marcados de muchas contradicciones y agendas oscuras que amenazan con socavar la labor periodística y seguir protegiendo a los corruptos.

A finales de marzo de 2003 la Cámara de Diputados argentino se comprometió a iniciar la discusión del proyecto de ley de acceso a la información presentado por la Oficina Anticorrupción en conjunto con unas 200 organizaciones no gubernamentales. Desde el año 2002, estas ONGs vienen demandando sin éxito la discusión y aprobación del referido proyecto.

En mayo de 2002 un diputado ecuatoriano presentó el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública al presidente del Congreso Nacional. Cuatro meses después, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos entregó al entonces presidente Gustavo Noboa una propuesta de Ley para la Difusión y Acceso a la Información. Estas se encuentran en estudio.

En septiembre de 2002 el congreso boliviano aprobó la Ley de Transparencia que establecía la publicidad de la información gubernamental. Luego el Órgano del Ejecutivo la devolvió con observaciones, aduciendo errores en el procedimiento de formación de la ley, y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) presentó otra propuesta paralela, denominada "Ley del Derecho de Petición". Todavía se encuentran en estudio.

En El Salvador, en septiembre de 2002 la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas a la Ley de la Corte de Cuentas (la principal institución fiscalizadora) que incluye la modificación del Art. 46 en el sentido que "los informes de auditorías ... tendrán carácter público, una vez se haya emitido resolución exonerando de responsabilidades o haya sido declarada ejecutoriada la sentencia en el juicio de cuentas". Anteriormente el referido artículo no imponía ninguna restricción jurídica para que los informes de auditoría fueran del conocimiento de los periodistas y de los ciudadanos inmediatamente después de su emisión. Al siguiente mes, la Asamblea Legislativa conoció la propuesta de "Ley del Consejo de Salud Previsional", enviada por el Órgano Ejecutivo como parte de un paquete de reformas al sistema previsional de salud. Dentro de esa propuesta se contemplaba disposiciones que prohibían la difusión de información sobre los asuntos tratados en el consejo a crear. Debido a fuertes protestas la propuesta fue desestimada.

En Guatemala, en abril 2003 el partido gobernante presentó enmiendas a la Ley de Libre Acceso a la Información que modificaban por completo el sentido original de los artículos y cambiaban parcialmente algunos incisos o la forma de redacción, convirtiendo la ley en un obstáculo a la información pública. Debido a esa gestión, la ley fue sacada de discusión y regresó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del congreso para su estudio.

En México se han presentado o aprobado varios proyectos de ley. En junio 2002 el presidente Fox sancionó la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, la cual aún sigue pendiente de aplicación mientras se instala definitivamente el ente que velará por su cumpimiento. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal de México fue aprobada en diciembre 2002. Inicialmente la ley encontró el reparo del jefe de gobierno del Distrito Federal, argumentando falta de recursos para su implementación y objetando el aumento de la burocracia. Desde su presentación en diciembre 2002, la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información de Morelos ha sido rechazada por periodistas que la consideran como una ley mordaza disfrazada. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el estado de Coahuila actualmente está en la agenda legislativa; el proyecto de ley presentado por el PAN considera como información reservada aspectos que según especialistas en la materia no lo deben ser. En abril de 2002 aprobaron la Ley de acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En abril de 2003 se preparó una ley de acceso a información en Zacatecas y se espera la aprobación de otra en Guanajuato.

La Ley de acceso a la información pública fue aprobada por el congreso panameño en diciembre 2001 y sancionada por la presidenta Mireya Moscoso en enero 2002. El gobierno aprobó un reglamento que impusó restricciones no contempladas en ley, demostrando falta de voluntad para cumplir con ella y hasta la fecha la ley sigue sin debida aplicación.

En Paraguay fue presentado una nueva versión de la Ley de Transparencia, ahora denominada Ley de Acceso a la Información, elaborada por el diputado Rafael Filizzola, el Sindicado de Periodistas del Paraguay y varias organizaciones de la sociedad civil. El proyecto original, también presentado por Filizzola, fue alterado en el momento de su aprobación por el partido gobernante con una serie de trabas al acceso a fuentes de información pública y debido a las duras críticas nacionales e internacionales la ley fue derogada. Aparentemente la nueva iniciativa se mantiene en el olvido.

La Ley Nº 27806 de transparencia y acceso a la información aprobado por el congreso peruano en julio 2002 fue criticada por varios artículos que legitimaban la cultura del secreto, al restringir información por motivos de seguridad nacional y responsabilidad de funcionarios. En febrero de 2003 la modificaron. Mientras que en Uruguay, en octubre de 2002, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de derecho de información y acción de hábeas data.

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Anexos:

- Anexo A: Tabla de agresiones por país y año.

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Notas:

¹ PROBIDAD, la organización anticorrupción regional con sede en El Salvador, ha monitoreado la prensa latinoamericana desde enero 2001. Según su co-director, Jaime López, "en América Latina, la prensa va quedando como la única aliada confiable del público en la exposición de casos de corrupción, y por eso es vital apoyarla y fortalecerla". http://www.probidad.org
² Informe anual 2003, Human Rights Watch, http://www.hrw.org/spanish/inf_anual/2003
³ Latinobarómetro 2002, http://www.latinobarometro.org/ano2002.htm; Barómetro de Gobernabilidad 2002, del Consorcio Iberoamericano de Investigación de Mercados y Asesoramiento, http://www.probidad.org/regional/recursos/estadisticas/barometro_gob.html
⁴ World Press Freedom Review 2002, http://www.freemedia.at/wpfr/world.html
⁵ La Situación de la Libertad de Expresión en las Américas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), http://www.cidh.org/Relatoria/Spanish/InformeAnual/InfAnRel02/Indice2002.htm
⁶ Abogando por la Prensa Libre, http://www.portal-pfc.org/libexp

* Periodistas Frente a la Corrupción (PFC, con sede en El Salvador) es una iniciativa anticorrupción regional que contribuye a los procesos de democratización latinoamericanos, promoviendo y facilitando el papel fiscalizador de los medios de comunicación. Informe presentado el 30 abril de 2003.