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A R T I C U L O S
Periodismo
independiente: el caso Proceso
Ernesto
Villanueva *
La
revista Proceso ha dejado de ser sólo un
vehículo de intermediación entre fuentes
informativas y receptores - aunque sólo sea por
estos días- para convertirse en objeto
noticiable en virtud de una reforma significativa
en las formas y modos de dirigir esta
publicación mexicana (N de la R: Se refiere
a la designación de un nuevo director del
semanario, el 23 de marzo). La trascendencia
social de Proceso ha hecho que un asunto interno
se haya convertido en un tema de interés
público, de ahí la pertinencia de hilvanar
algunas reflexiones sobre este hecho.
Uno de los
principales méritos de Proceso es su
contribución para que el derecho a la
información del público previsto en el
artículo 6º de la Constitución no sea letra
muerta. El derecho del público a saber no se
agota con las conferencias de prensa, los
boletines informativos y las declaraciones de
funcionarios. Hay que recordar que ese conjunto
de datos informativos únicamente expresa lo que,
de modo discrecional, desea dar a conocer la
autoridad pública. Se trata, en suma, de una
perspectiva parcial e interesada de la vida
colectiva, que responde únicamente a la visión
que desea propagar quien detenta el control de la
información. La otra cara de la moneda es
entonces imprescindible para que el ciudadano
pueda evaluar en su justa dimensión la marcha de
los asuntos públicos. Es esa otra mirada, que
atisba en aquellas cuestiones de interés
público que no salen a la superficie, donde
Proceso ha hecho un aporte capital para que el
receptor pueda transitar de la condición de
individuo a la de ciudadano.
El periodismo
independiente en una sociedad democrática tiene
como característica buscar más que el mero
reflejo de la luz, irradiar la oscuridad en donde
pervive la corrupción. Esa línea editorial ha
podido articular Proceso en todos estos años,
encarando las dificultades que ello ha supuesto,
si se toman en cuenta las características del
régimen jurídico de los medios de comunicación
en México. Y es que se trata de un conjunto de
normas jurídicas impermeable a todo signo de
apertura, transparencia y equidad que maximiza
las posibilidades del periodismo progubernamental
y minimiza el ejercicio de un periodismo
íntegro. Existen por supuesto elementos que
brindan sustento a esta afirmación: Primero, los
recursos públicos destinados a la comunicación
social son manejados en forma patrimonial por las
autoridades, en estricto apego a la ley,
circunstancia que condiciona de muchas manera el
suministro publicitario. Segunda, la falta de
reglamentación del artículo 6º constitucional
hace que obtener información de interés
público sea una verdadera odisea periodística.
Tercero, el secreto profesional de los
periodistas, que en los sistemas democráticos
está protegido por la ley para honrar el derecho
a la información, en México constituye un
delito en el código de procedimientos penales,
lo que constituye un riesgo adicional para el
trabajo del periodista independiente; y cuarto,
la Ley de Imprenta considera un delito con pena
privativa de la libertad emitir informaciones
sobre las actividades - no informadas
oficialmente- de la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Es justo decir
también que tanto en el presente como en el
pasado las bondades sociales de ejercer un
periodismo sin compromisos con los poderes
públicos o privados han sido reconocidas. Basten
tan sólo tres ejemplos de ello. Ya en el siglo
pasado John Stuart Mill afirmaba que:
"Revelar al mundo algo que le interesa
profundamente y que hasta entonces ignoraba,
demostrarle que ha sido engañado en algún punto
vital para sus intereses temporales o
espirituales, es el mayor servicio que un ser
humano puede prestar a sus semejantes"(Sobre
la libertad. Alianza Editorial.). A principios de
esta centuria Joseph Pulitzer no dejaba lugar a
dudas sobre el sentido que debe tener el
periodismo: "Somos democracia, y sólo
existe un medio para poner en pie la democracia
en cuanto a su conducta individual, social,
municipal, estatal y nacional, y ese medio es
mantener al público informado de lo que sucede.
No hay delito, no hay negocio, no hay ardid, no
hay estafa y no hay corrupción que no perdure en
el secreto". (An Adventure with a genius:
recolections of Joseph Pulitzer). Y ahora hace
apenas algunos años el informe MacBride ha
sostenido que: "El periodista inquisitivo
debe examinar las acciones de quienes tienen el
poder y exponer todos los abusos o
incompetencias. Su derecho a investigar la mala
administración y la corrupción burocráticas
tiene una importancia particular porque es una de
las pocas formas en que puede asegurarse que la
ineficiencia y la deshonestidad no contaminen
todo un sistema". (Un solo mundo voces
múltiples. FCE).
Después de 23
años de vida Proceso ha logrado adquirir
credibilidad de cara a la sociedad y frente a los
poderes públicos y privados. La credibilidad de
Proceso se ha construido sobre dos bases: a) Por
su independencia editorial, y b) Por la
honorabilidad de quienes encarnan el proyecto
periodístico. Las diferencias de percepción y
de criterio en la dirección de Proceso que se
han resuelto con la salida de dos (o tres) de sus
principales directivos son precisamente eso:
diferencias de percepción y de criterio. Por
ello mismo atienden a la forma, a los aspectos
instrumentales, pero no cuestionan - hasta donde
se sabe- el fondo del proyecto periodístico. Al
analizar este conflicto se ha dejado de lado un
hecho que por ser verdad no deja de ser esencial:
Tanto quienes han salido de la revista como
quienes han permanecido en ella tienen en común
una impronta de honestidad y reconocimiento
social.
No es un
patrimonio adquirible a la vuelta de la esquina
en el ámbito periodístico tan proclive a
negociar con el poder. Y es que es de dominio
público que ninguno de los directivos de Proceso
(de los seis primero y de los tres después) ha
sido jefe de prensa informal de líderes obreros
o campesinos, asesor de candidatos o dirigentes
partidistas, beneficiario de concesiones
gubernamentales, recipiendario de favores con
cargo al erario público o comerciante de
influencias en busca de un provecho personal. Ese
ha sido (sigue siendo) el capital moral de
Proceso que le distingue frente a propios y
extraños.
De cualquier
forma, el procedimiento observado para la
asunción de una nueva dirección unipersonal en
Proceso - con independencia de que se haya hecho
en el marco de las atribuciones que la ley otorga
a los consejos de administración de las
sociedades anónima- ha derivado en una crisis
que no debe desdeñarse. Crisis significa
oportunidad y cambio. Oportunidad para proseguir
en el acierto; cambio, para rectificar en el
error. El acierto está en el fondo de lo que es
Proceso: ejercicio periodístico independiente al
servicio único del lector. Los errores se
encuentran, por tanto, en las formas de ofrecer
información y opinión. También, en la notable
ausencia de un entreveramiento generacional de
temas y personas. La viabilidad de la revista
dependerá, por un lado, de la suma de voluntades
que pueda concitar la dirección en torno al
espíritu que anima a Proceso; y, por otro, de la
sensibilidad para actuar frente a los designios
del mercado editorial. El reto no es menor, pero
tampoco, por supuesto, imposible. Apostar por la
continuidad del proyecto es votar a favor de la
diversidad de puntos de vista, peculiaridad que
hace libre a la sociedad y le habilita para el
diálogo y el debate informado. No habría que
regatearle por ello un voto de confianza al nuevo
director en esta sinuosa tarea.
* Ernesto
Villanueva es profesor de
tiempo completo y coordinador del Programa
Iberoamericano de Derecho de la Información en
la Universidad
Iberoamericana. Preside la junta
directiva de la Asociación Latinoamericana de
Derecho de la Información y de la Comunicación;
dirige la Revista
Iberoamericana de Derecho de la Información; es miembro del Consejo Editorial del dossier de
Medios de Le
Monde Diplomatique, edición en español, y
es autor de 12 libros, el más reciente: Deontología informativa; códigos
deontológicos de la prensa escrita en el mundo (México, 1999,
Universidad Iberoamericana, Pontificia
Universidad Javeriana). Este artículo fue
publicado en el semanario mexicano Proceso, del que es
colaborador, y se reproduce con autorización
expresa de su director y del autor.
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