Contextos jurídico, político y
social del defensor del lector

Gerardo Albarrán de Alba *

Josep María Cassasús está a media jornada de trabajo en la Universidad Pompeu Fabra. Desde su oficina no se ve la Rambla de Barcelona ni llega el ruido de una de las calles más concurridas de esta ciudad. Llevamos más de una hora conversando y tiene que salir a una junta en La Vanguardia, periódico del que es defensor del lector desde hace casi dos años. Pero antes, es hora de llamar a su buzón de voz para recibir las quejas y comentarios de los lectores, rutina cotidiana de la que nutre la supervisión deontológica en ese diario catalán. Sus dedos marcan los dígitos clave y su gesto y actitud corporal se agravan mientras escucha desde el auricular. "Hay un mensaje", me dice, y apresta papel y lápiz. Sus cejas se enarcan al oír una voz. Cuelga en silencio y en su cara se nota un dejo de decepción: "Era mi mujer".

En el cuarto piso del edificio uno de El País, Malén Aznárez acomoda aún papeles que saca de algunas cajas de cartón. Apenas lleva ocho días ahí y sólo ha publicado una columna como nueva defensora del lector del diario madrileño. Acaba de descubrir que comparte secretarias con los directivos del periódico y su cubículo todavía no refleja un solo rasgo de su personalidad. Camilo Valdecantos, su antecesor, se ha llevado sus archivos personales y cualquier otra cosa que colgara de la pared. Los estantes del librero están semivacíos y sobre el escritorio hay algunos papeles y libros con párrafos resaltados con marcador amarillo. Malén no tiene respuesta a casi ninguna de mis preguntas sobre la figura que ahora ella representa. "Acabo de llegar al puesto y nadie me dijo qué debo hacer ni cómo lo debo hacer", se excusa, mientras busca en el Libro de Estilo y en la Constitución española ("mis únicas guías") algún dato que me pueda ser útil, y mejor me pregunta cómo obtener su membresía en la Organization of News Ombudsmen y qué tiene que hacer para asistir al próximo congreso en Estambul, en mayo. "Ya nos veremos allá y podré decirte algo de cómo me las he ido arreglando acá".

Estas son dos estampas de defensores del lector en España –una que empieza apenas, otro que ya se acerca al final de su periodo– que reflejan la naturaleza solitaria y empírica de una actividad que se construye a sí misma a partir de la acumulación de experiencia diaria, pero que se desenvuelve en contextos jurídicos, deontológicos, políticos y sociales de los que no son ajenos y que, de país en país, marcan los derroteros por los que deberán ajustar su actuación, aun cuando no lo saben. Y es que, como me explica Germán Rey, asesor de El Tiempo, en Bogotá, "uno deja de ser defensor del lector justo en el momento en que está listo para empezar a serlo".

En el camino, los defensores del lector van descubriendo que su función deontológica no sólo enfrenta resistencias internas en la redacción e incluso entre los directivos, sino que les exige un elevado conocimiento de su propia realidad.

Contexto jurídico

La libertad de expresión y la libertad de información, pese a ser valores universalmente reconocidos,¹ encuentran límites claros particularmente en las leyes cuando se confrontan con otros valores y derechos. Especial desarrollo jurídico ha tenido la protección al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, así como la protección de la juventud y de la infancia.² En Latinoamérica, la difamación o injuria y la calumnia son punibles y acarrean sanciones penales y civiles, mientas que en democracias consolidadas³ la causa se restringe al ámbito civil.⁴ Aun peor, en nuestra región existen todavía algunas leyes que castigan el desacato.⁵ En casi todos los sistemas se tutelan los derechos de réplica y de rectificación.⁶

Las tensiones entre estos derechos deben ser resueltas por los jueces, que ponen en la balanza la prevalencia de derechos; sin embargo, las interpretaciones no pueden ser simples. ¿Los derechos antes mencionados son los límites naturales de las libertades de expresión e información o, por el contrario, las libertades de expresión e información constituyen el límite de otros derechos fundamentales? Abunda la literatura especializada donde se recoge este debate.⁷ Por lo pronto, conviene recordar que el Tribunal Constitucional español ha interpretado que el derecho a la libertad de expresión, cuando se ejercita en asuntos necesarios y trascendentes para la opinión pública, propios del Estado democrático, ocupa una posición preferencial en la colisión con otros derechos. (Aguilera Fernández , 1990, pp. 98 ss.) En esa lógica, cabe pensar que dicha preferencia desaparece cuando la información u opinión versan sobre cuestiones sin relevancia política.⁸

A fin de cuentas, hablamos de una cuestión de administrar libertades. En materia de libertad de expresión, y contrario a lo que opinan los absolutistas,⁹ este ejercicio sí tiene límites que están marcados no sólo por las leyes,¹⁰ sino por la ética periodística.¹¹

El dilema entre cuál de los dos sistemas –el jurídico o el deontológico– debe regular la actividad periodística no es menor: las leyes pueden ser más que restrictivas y eventualmente injustas, y la ética resulta un concepto inasible que, además, puede –y suele– ser fácilmente echa de lado. El primer caso se presta al abuso de poder de los gobiernos y a la persecución judicial de los periodistas; en el segundo, se abren las puertas a la irresponsabilidad, el sensacionalismo y la mercantilización de la información. En palabras de Exeni:

Regular el periodismo es un riesgo; no regularlo, un peligro. Temerosos del riesgo, legisladores y periodistas optan por el peligro. Y deciden abstenerse. El resultado es la ausencia, o incumplimiento, de normas. Así, el periodismo se sujeta únicamente a sus principios. La mejor ley, la más atractiva, es la que no existe. La apuesta «segura» —se afirma, se convence— es la autorregulación. Pero ésta, cuando logra abrirse paso, resulta insuficiente.¹²

En materia jurídica, las restricciones a la libertad de expresión también enfrentan el singular problema de que se trata éste de un concepto jurídico indeterminado, sujeto a la interpretación de legisladores y jueces según los valores sociales vigentes en cada país, y de acuerdo con otros derechos y bienes protegidos constitucionalmente. En todo caso, en las limitaciones jurídicas a la libertad de expresión –y, consecuentemente, a la libertad de prensa,¹³ que es su manifestación más clara en democracia– debe aplicarse el principio pro libertate, es decir, la limitación menor o la que resulte estrictamente indispensable para asegurar el ejercicio de otros derechos subjetivos fundamentales o preserven de peligro al Estado democrático, y, por supuesto, no deben ubicarse en lo impracticable, según las doctrinas española y alemana, (Aguilera Fernández, 1990, pp. 7 ss.) que en esta rama del derecho se encuentran entre las más avanzadas. Por cuanto a la ética, los límites a la libertad de expresión se encuentran relacionados con el hecho de que el periodista¹⁴ y los medios operan dentro de los marcos de un derecho humano esencial: la información.

Las leyes son de por sí particularmente puntuales para limitar la libertad de prensa, ya sea por el legítimo interés de preservar otros derechos básicos, o bien como mecanismo de control para sujetar a los medios a los estrechos márgenes del estatus quo.15 La ética, en cambio, obliga moralmente a periodistas y medios con bienes superiores que distinguen a un Estado social y democrático de Derecho.

Como toda moral individual, los valores éticos de los periodistas son una cuestión personal¹⁶ y tienen tantos matices como reporteros y editores ha habido desde que se inventó la imprenta. Sin embargo, es posible construir un entramado moral básico y común, mediante el diálogo ético en las redacciones.¹⁷ De hecho, existen ya un buen número de valores compartidos casi universalmente por periodistas y dueños de medios, mismos que han logrado arraigarse en las prácticas cotidianas de recolección, tratamiento y difusión de información periodística. Nos referimos, por supuesto, a enunciados comunes que podemos encontrar en la mayoría de los códigos deontológicos de la profesión en el mundo.¹⁸ Estos han sido la base normativa escrita de la autorregulación periodística¹⁹ desde hace casi un siglo.²⁰

Contexto político y social

La prensa que hoy conocemos tiene poco que ver con aquella que el filósofo francés Alexis de Tocqueville contempló con resignación en la joven democracia estadunidense, en el primer tercio del siglo XIX, consciente de que era una suerte de mal necesario.²¹ Y es que, en sus orígenes, los periódicos del mundo se asumían como abanderados de ideales e intereses en pugna; lo mismo defendían que atacaban posiciones políticas y tomaban partido abiertamente en cada diferendo ideológico. Algunos medios, incluso, eran subvencionados directamente por el gobierno o por partidos políticos.²² Aquella prensa respondía al espíritu libertario de la época que buscaba la máxima libertad posible fundada en la individualidad y en la diversidad,²³ pero que también propició tanto el atropellamiento de derechos de terceros que hoy consideramos fundamentales²⁴ como el surgimiento de una prensa sensacionalista y cínica, a finales del siglo XIX, capaz de mentir con tal de asegurar los primeros tirajes masivos.²⁵

No es sino hasta ya entrado el siglo XX que los periodistas se cuestionan la naturaleza de su función en sociedad e inician una autocrítica sistemática de sus métodos y contenidos.²⁶ Son varios los periodistas que inician la construcción de un discurso ético y llaman a la autocontención, particularmente en Estados Unidos,²⁷ prefigurando un sentido de responsabilidad profesional que habría de entrar en conflicto con la creciente influencia de los propios medios en la vida de sus comunidades e incluso de sus naciones. Esta práctica cobra la mayor importancia a partir del riesgo latente de que los gobiernos impusieran mecanismos de regulación que acotarían el ámbito de libertades hasta entonces disfrutado por la prensa, a mediados del siglo XX.²⁸

Uno de los paradigmas de la libertad de prensa ha sido, precisamente su independencia del poder político, la cual suele ser el estandarte más importante que blande la prensa estadunidense y europea. Sin embargo, los medios en esas regiones han sido mucho menos independientes de lo que quieren hacer creer. Particularmente durante guerras, o en graves conflictos sociales internos, la prensa ha sido un aliado abierto de sus gobiernos.²⁹ Tras la crisis desatada por los ataques a Nueva York y Washington, en septiembre de 2001, nuevamente se reproduce la contradicción y la prensa estadunidense abandona el papel del que gusta presumir como «perro guardián» frente al poder, y parecen más «perros falderos». Esto que fue dicho en 1991, al iniciarse la intervención estadunidense en el Golfo Pérsico, es igualmente aplicable a la actual ofensiva contra Afganistán, pues entonces como ahora, en los hechos, los medios sirvieron como agentes de propaganda del gobierno

difundiendo básicamente la versión oficial de la administración del presidente George Bush [padre del actual presidente de Estados Unidos] sin ningún contrapeso crítico y claramente callaron u omitieron voces discordantes. Esto dificultó la distinción entre la línea política gubernamental y la línea editorial, contribuyendo así a obtener un aplastante respaldo del público a la guerra.³⁰

Tal actitud corresponde plenamente con la postura adoptada por muchos medios que se consideran incluso por encima de la sociedad, como lo evidencia la tristemente multicitada expresión de William P. Hamilton, dueño del diario The Wall Street Journal:

Un periódico es una empresa privada que no le debe nada al público, el cual no le ha concedido ninguna franquicia. Por lo tanto, el interés público no tiene influencia. Enfáticamente, es propiedad de su dueño, quien vende un producto manufacturado bajo su propio riesgo.

En el otro extremo, la teoría de la responsabilidad social de la prensa, surgida de los embates de la Commission on Freedom of the Press,³¹ no acaba de dejar de ser una teoría y aún está lejos de ser una realidad. De hecho, muchas de las conductas aparentemente éticas de la prensa en Estados Unidos, Canadá y Europa están más bien determinadas por un sentido de autoprotección contra demandas civiles por difamación. Esta es quizá una de las mayores diferencias en las prácticas periodísticas estadunidense y latinoamericana, pues mientras los periodistas en aquel país viven bajo la mira de los abogados, en Latinoamérica son más los reporteros que viven bajo amenaza de muerte –tanto por parte de sus propios gobiernos como del crimen organizado y la guerrilla– que en riesgo de sanción judicial.³²

La historia de las relaciones prensa-poder en Latinoamérica no ha sido fácil. Marcados por décadas de dictaduras militares –a veces repetidas– en todos los países, excepto México, Colombia y Costa Rica,³³ los medios de la región han vivido etapas de censura abierta.³⁴ Y aun cuando todos estos países –con excepción de Cuba– cuentan en este momento con gobiernos electos, la situación de la prensa en general no ha mejorado sustancialmente. Como antaño –cuando era común ser sometidos a acoso, persecución, amenazas, desapariciones y asesinato–, los periodistas latinoamericanos han tenido que plegarse muchas veces al poder, aunque también han sabido enfrentarlo, aun a costa de su vida. Solamente entre 1988 y 2001, fueron asesinados 120 periodistas en Colombia, Perú, México, Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Argentina, Honduras, Venezuela, Chile, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Paraguay y Costa Rica.³⁵ En lo que va del año, se ha confirmado el asesinato de otros cuatro periodistas por causas relacionadas con su trabajo, dos en Colombia y uno en Brasil y Venezuela.³⁶

El panorama jurídico tampoco luce alentador. Hasta 2001, al menos 17 países Latinoamericanos sostenían en vigor leyes de desacato; otras acciones judiciales contra la difamación, la calumnia y la invasión de vida privada son observadas más como mecanismo de intimidación contra la prensa que como prácticas reales de impartición de justicia.³⁷ Dos ejemplos correspondientes a finales de 2001 lo ilustran: en Panamá, «la tercera parte de todos los periodistas en estos momentos enfrentan demandas penales por difamación», y en Costa Rica, «el 37% [de los periodistas] indicó que habían sido amenazados con demandas por calumnia, injuria y difamación».³⁸

A esta situación se agrega un hecho doloroso para cualquier periodista: en ocasiones, el enemigo está en casa. En efecto, las condiciones laborales de los periodistas latinoamericanos dista mucho de ser la óptima. En general, encontramos jornadas excesivas que rebasan con mucho las ocho horas de trabajo diario, sin pago extra, por sólo un día de descanso semanal; la «cuota» diaria que deben producir los reporteros va de cuatro a siete notas, cuando menos, cubriendo cinco o más fuentes; los salarios de la mayoría no rebasan los ingresos de un obrero calificado y, además, en el caso de muchos reporteros y fotógrafos, se ven mermados porque deben comprar ellos mismos sus herramientas básicas de trabajo –plumas, libretas, grabadoras, casetes, pilas, cámaras, rollos de película, celulares o localizadores, e incluso computadoras personales para trabajar en casa y el acceso a Internet– y pagar sus traslados y comidas. Esta situación se repite en la mayoría de los medios latinoamericanos, con excepción de los grandes diarios y televisoras de la región, aunque incluso en estos encontramos que existe una franja de periodistas en la base de la pirámide jerárquica cuyas condiciones laborales no distan mucho de las antes descritas. Esta explotación suele ser aún más grave en los periódicos del interior de cada país, muchos de los cuales trabajan aún en esquemas de propiedad familiar. Súmese a eso la falta de apoyo real en caso de conflicto, pues no es inusual que los intereses comerciales o extraperiodísticos de los dueños y directivos de los medios se impongan sobre el estatus profesional y la estabilidad laboral del periodista que, normalmente, significa la parte más delgada de un hilo que eventualmente debe romperse. Lo más desesperante, quizá, es la falta de opciones de trabajo debido a la creciente concentración de la propiedad de los medios, cuyas empresas controladoras reproducen los esquemas laborales y salariales en el conjunto de la propiedad mediática.³⁹

Este fenómeno abarca a todo el mundo y afecta a los procesos democráticos de todas las sociedades, pues los medios han sido despojados de una de sus principales características: representar la posibilidad de debate público. Esto preocupa a politólogos, sociólogos y comunicólogos, pues pone en manos de unos cuantos poderosos el control de la información global que se traduce ya en un discurso homogéneo a favor de sus intereses económicos y políticos.⁴⁰ A finales del siglo XX, 12 grupos controlaban la comunicación global: Disney Capital Cities-abc; aol-Time Warner (antes Time Warner-Turner, propietaria de cnn, entre otros muchos medios); News Corporation, del australiano Rupert Murdoch; el consorcio alemán Bertelsman; General Electric-nbc; cbs Inc. (antes Westinghouse-cbs); Newhouse/Advanced Publications; Viacom; Microsoft; Matra-Hachette-Filipacchi; Gannett, y el mayor controlador de televisión restringida, Tele-Communications Inc. (tci). Visto por países, la situación no mejora. Ahí están los casos de Italia, bajo el control de Silvio Berlusconi; o el de México, que padeció durante décadas el monopolio de Televisa y hoy el oligopolio que integra junto con TV Azteca; o el de Guatemala, cuyos canales de televisión 3, 7, 11 y 13 son propiedad del empresario mexicano Angel González.

La prensa escrita no se salva de esta tendencia. En Estados Unidos, ya desde mediados del siglo XX, la competencia entre diarios se había reducido a menos del 7% de las ciudades de ese país, y para 2002, prácticamente no quedaban diarios locales independientes, sino que formaban parte de algún grupo mediático. En Latinoamérica, cada vez es mayor la concentración de la propiedad de medios impresos, como claramente lo ejemplifica el caso mexicano.⁴¹

Si ya de por sí para los periodistas resulta difícil distinguir matices en la orientación editorial e ideológica de los medios controlados por corporaciones, lo es aún más para la sociedad que, generalmente, desconoce la composición empresarial de los medios que consume. La manipulación es un riesgo más que latente; ocurre con frecuencia.⁴²

Ante esto, la sociedad no está inerme, como pareciera en primera instancia. Tiene en sus propias manos la posibilidad de señalar públicamente a los medios que trabajan a sus espaldas, inspirados por posturas similares a la del dueño de The Wall Street Journal, o que hacen de su participación mediática el principal activo de sus intereses políticos y económicos, en los que, ciertamente la sociedad no juega otro papel que el de masa.

Lo que sigue es básicamente tarea del ciudadano. Resulta indispensable que éste abandone su papel de espectador acrítico de pseudorrealidades que le presentan los medios de comunicación –particularmente la televisión–, sucesos sin contenido ni explicación que son aceptados porque son vistos, aunque no se entiendan. Ante la sobreabundancia de información que caracteriza nuestra época, las redacciones transmiten hoy información sin sentido, y el espectador –ya no más receptor de información– contempla sucesos cuyo único significado descansa en la imagen o en la descripción. El ciudadano elude su responsabilidad social de pensar y, por lo tanto, de buscar información de calidad y de discernir entre la calidad de las fuentes de información. Hoy, Latinoamérica, los ciudadanos no pueden renunciar irresponsablemente al deber cívico de resistir, de pensar, de confrontar, de defender los espacios de libertad conquistados a lo largo de la historia y que, hoy en día, están en peligro de fosilizarse en modelos globalizados de información. Esto es más que una posibilidad individual, es una opción cívica frente a la difuminación del concepto de Estado, pues todavía puede ser cierto que

las instituciones constitucionales de la democracia de masas estatal-social cuentan con una opinión pública intacta, puesto que ésta sigue siendo la única base reconocida de la legitimación del dominio público. (Habermas, 1997, p. 262.)

Por supuesto, no toda la responsabilidad por la enajenación recae en el ciudadano. Los medios, por su parte, pueden elegir entre dos claras opciones: ser garantes e impulsores del desarrollo democrático, o ser meros agentes del control social global. En efecto, la prensa juega un papel determinante, ya sea para reproducir la estupidización de las masas⁴³ o para generar la demanda de información de calidad en la que prime el interés público, el contexto, la relevancia del hecho, la pertinencia social, es decir, la información veraz, el dato y el hecho comprobables, objetivables. El periodismo, nació de un ser social preocupado de saber, de comprender y de relacionarse. La información periodística le daba herramientas para ejercer ese papel social. Luego, el periodismo se convirtió en industria y la información en mercancía. Esto, junto con otros procesos culturales que alimentan el aislamiento individualista de nuestras sociedades, prácticamente cancelaron el debate público y lo sustituyeron por el entretenimiento, ilusión que nutre la pereza cívica y anula el pensamiento crítico en un receptor embrutecido, complaciente ante una comunicación unidireccional e ignorante de la existencia de información necesaria para su participación activa y eficaz en sociedad.⁴⁴

Asistimos a un espectáculo deplorable: los individuos que integran toda sociedad han sido reducidos a la condición de masa por un modelo predominante de libre mercado al que los medios se han ajustado cómodamente. La globalización financiera, comercial e informativa no considera al individuo como ciudadano, sino como simple consumidor.

Por eso el papel de la sociedad en el desarrollo de los medios no es menor. Es notorio que en países como México la prensa de la mayor parte del siglo XX se mantuvo un paso atrás de la evolución de la sociedad a la que supuestamente servía, y fue ésta la que arrastró tras de sí a los medios, forzándolos a la apertura.⁴⁵ Toca ahora a la prensa entender los cambios y transformarse rápidamente para asumir el papel que le corresponde en el largo proceso de consolidación democrática que le espera a Latinoamérica, en general, y a México, en particular. La posibilidad está abierta, si es que es cierto que «la prensa siempre toma la forma y matices de las estructuras sociales y políticas en las cuales funciona». (Siebert, Peterson y Schramm, 1956, p. 1)

Conclusiones

Sabemos que la autorregulación periodística es, por naturaleza, voluntaria. Implica el compromiso particular de un medio con la sociedad a la que sirve sin que exista coacción externa alguna. Es el reconocimiento explícito de la prensa de los límites a la libertad de expresión que ejerce; es la subordinación de su quehacer profesional y desarrollo empresarial al derecho fundamental a la información, de la que es titular cada individuo de la sociedad, y es la manifestación más clara de conciencia sobre su responsabilidad social.

Un escenario ideal no acepta gradación: el compromiso deontológico del periodista debería ser pleno. Sin embargo, la realidad nos muestra tantos niveles de conciencia ética como estadios de desarrollo social, cultural, económico y político existen. A fin de cuentas, el periodista no es sino un individuo y, como tal, parte de la sociedad en la que vive; no es inmune a su propio entorno. Así, es relativamente fácil encontrar periodistas que carecen de los referentes necesarios para compararse y a partir de los cuales corregirse. Pero no hay un solo periodista sin ética; afirmar lo contrario despojaría de sentido a esta profesión. Aun el moralmente peor reportero, fotógrafo o editor puede llegar al punto en donde diga «no», donde encuentre su propio límite. Y si bien éste puede quedar muy lejos de cualquier paradigma deontológico, ahí hay un dejo de ética, de resabio moral. Solamente por eso, deberíamos afirmar que no todo está perdido, que el desarrollo de la conciencia ética del periodista es un proceso acumulativo de experiencia, conocimiento práctico y estudio filosófico, que siempre será inacabado y cuya evolución depende incluso de buenas condiciones laborales objetivas y concretas. Sin todo esto, el desconocimiento deontológico de la profesión –propiciado por el empirismo y, más grave aún, por la deficiente formación profesional en las universidades– retroalimenta a los criterios morales más laxos. Esto constituye un serio obstáculo para el periodismo profesional, que sólo puede llamarse así cuando es moralmente ético y socialmente responsable. Pero no es insalvable. La divulgación de la deontología periodística aparece como condición sina que non para alentar el diálogo ético entre los periodistas, para la definición de los límites dentro de cada redacción y para la construcción axiológica de la profesión.

Esta tarea no puede ni debe dejarse sólo a los periodistas, mucho menos cabe que dependa de la voluntad empresarial mediática. El Estado juega un papel determinante como garante de los derechos fundamentales de la sociedad y tiene la obligación política y jurídica de arbitrar el derecho a la información y la libertad de expresión cuando entra en conflicto con otras garantías individuales, pero no debe atreverse a intentar legislar en materia deontológica, pues la conciencia de los periodistas está fuera del ámbito de su competencia. Por su parte, la sociedad tiene su propia responsabilidad frente a los medios: su derecho a recibir información va acompañado del deber de exigir y buscar información de calidad, y de exhibir públicamente los desvío y abusos de la prensa. Por supuesto, es cierto que «prensa y democracia se levantan o caen juntas». Por ello, Latinoamérica podría adoptar la Recomendación 1215 del Consejo de Ministros que hizo en 1993 al Consejo de Europa, de

promover la creación de asociaciones de usuarios de los medios y fomentar la enseñanza en las escuelas del uso de los medios de comunicación.

Finalmente, la calidad y pertinencia social de la información, en particular, y de los contenidos, en general, que ofrecen los medios de comunicación masiva guarda estrecha relación con la articulación de la sociedad civil, y puede ir delante o detrás de ésta, impulsándola o reteniéndola en sus procesos de gestión de relaciones e intereses, no sólo reflejándola, como todavía suelen alegar muchos periodistas que es su única función. La línea divisoria entre un círculo virtuoso de retroalimentación prensa-sociedad –con la mediación democrática del Estado que contenga la avidez del mercado y preserve los derechos fundamentales de todos–, y un círculo vicioso de autocomplacencia e irresponsabilidad mutua –con la tentación autoritaria gubernamental y las fuerzas del mercado desbocadas pendiendo sobre todos– es demasiado tenue para ignorarla y dejarla abandonada a su suerte. La construcción de un Estado social y democrático de Derecho se funda en la participación responsable de todos.

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NOTAS:

¹ La Organización de las Naciones Unidas consagró las libertades de expresión e información en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948.
² Cfr. Las Constituciones de los Estados de la Unión Europea (1996). Madrid. Centro de Estudios Constitucionales, especialmente el artículo 20.4 de la constitución española, p. 214.
³ En una conferencia realizada en el Instituto Federal Electoral, Luigi Ferrajoli sostuvo que "la democracia constitucional se configura como un sistema de reglas que, al consistir en la atribución en forma universal de derechos fundamentales, tiende a la igualdad". (2001) Para Michelangelo Bovero existen condiciones (algunos derechos políticos) y precondiciones (otros derechos fundamentales) que "forman el parámetro teórico con base en el cual se puede juzgar rigurosamente si un régimen político real (una forma de gobierno concreta) es democrático y en qué medida lo es. (2001) En cualquier caso, desde un punto de vista prescriptivo, la democracia es más que una forma de gobierno o un régimen político. Por ejemplo, para Tocqueville la democracia es un estado de la sociedad y no una forma de gobierno. (1980) Por su parte, Dahl reserva el término "democracia" al ideal del sistema que, entre otras cosas, procura la satisfacción casi total de todos sus ciudadanos sin distinciones políticas. (1989)
⁴ Varias organizaciones de protección a los periodistas, como el cpj, en Nueva York, pugnan porque los gobiernos latinoamericanos reformen sus leyes penales y abandonen la práctica de sancionar con prisión los casos de calumnia y difamación.
⁵ Cfr. «Informe del relator especial para la libertad de expresión, 2001» Comisión Interamericana de Derechos Humanos. oea. Específicamente se señalan 17 países latinoamericanos que mantienen vigentes leyes que sancionan la figura de desacato.
⁶ La doctrina francesa distingue entre derecho de réplica y derecho de rectificación, otorgando carácter privado a la primera y público a la segunda. Vid. Marc Carrillo. «Libertad de expresión y derecho de rectificación en la Constitución española de 1978. Comentario a la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo», Revista de Derecho Político de la UNED, no. 23, 1986, pp. 44 ss.
⁷ La Declaración Universal de los Derechos Humanos también advierte, en su artículo 29, que: «En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará sujeta solamente a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática». Límites similares se encuentran también en el inciso 3 del artículo 29 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (onu, 1966, en vigor desde el 23 de marzo de 1976) y en inciso 2 del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (oea, Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos).
⁸ Vid. s. tc, 104/1984 de 17 de julio, boe de 13 de agosto, Fundamento Jurídico 5. La sentencia del ponente Tomás y Valiente, leída ante el Tribunal Constitucional español, dice que [...] «el hecho de que el artículo 20 de la constitución ‘garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática’ (s. tc, 6/1981, de 16 de marzo), otorga a las libertades del artículo 20 una valoración que trasciende a la que es común y propia de todos los derechos fundamentales». Cit. en Aguilera Fernández, 1990, p. 99-100.
⁹ Ivo Duchacek refiere tres niveles de libertad de expresión: una, defendida por los absolutistas, que reclaman toda la libertad para expresar ideas de todo tipo; otra, defendida por los maximalistas, que estiman absoluta sólo la libertad de expresar ideas políticas, y la defendida por los relativistas, que aceptan límites tanto en la expresión política como en la relacionada a otros valores sociales. (1976, pp. 293 ss.)
¹⁰ Cfr. Las Constituciones de los Estados de la Unión Europea. Op. Cit. Hasta 1996, todas las constituciones europeas restringían el alcance de la libertad de expresión, fundamentalmente en relación con la protección de los menores y al honor de las personas.
¹¹ La ética es el estudio de la moral, de acuerdo con el Diccionario de Filosofía de Mario Bunge (2001, p. 70). Por lo demás, la ética «es la ciencia filosófica teórica y práctica que investiga la moralidad de los actos humanos y estudia los valores, la vida y la conducta moral de la persona y de la comunidad humana, teniendo siempre como fin la honestidad», según la tesis de Hartland Awann, defendida en El análisis de la Moral (Londres, 1960), citada por Luka Brajnovic (1978, p. 19). La ética periodística es una ética aplicada.
¹² Vid. José Luis Exeni, «Apuntes sobre autorregulación del periodismo», en Sala de Prensa, No. 30, abril de 2001.
¹³ Siempre que nos refiramos al concepto prensa, estaremos abarcando a todos los medios de comunicación, independientemente de la plataforma que empleen, sea ésta impresa, radiofónica, televisiva o Internet. Por supuesto, el acento estará marcado en los medios impresos por ser los más antiguos y abundantes en número, aun cuando ni de lejos su circulación alcance hoy a un volumen de lectores siquiera cercano a la audiencia de los medios electrónicos.
¹⁴ Es común que los estudios académicos sobre diversos aspectos del periodismo centren su atención en sólo tres figuras: el periodista, entendido como el reportero que recaba y redacta la información; el editor general, entendido como el personaje que toma las decisiones editoriales sobre qué y cómo se publica el material que le proveen sus periodistas, y el dueño, que contrata a ambos. Sin embargo, en toda redacción existen muchas otras funciones además del reportero y del editor general; ahí están los fotógrafos y camarógrafos, los redactores, los traductores, el personal de archivo, los correctores de estilo, los secretarios de redacción, los jefes de redacción, los jefes de información, los editores de sección (en los medios audiovisuales, además, los editores de sonido e imagen) e incluso los asistentes y los auxiliares de redacción, todos ellos –por lo general– periodistas realizando funciones periodísticas en un periódico. Consecuentemente, siempre que en este trabajo utilicemos el concepto periodista, nos estaremos refiriendo a todos ellos.
¹⁵ Una rápida mirada al histórico control del poder sobre la prensa en el mundo se encuentra en la introducción de Four Theories of the Press, Op. Cit.
¹⁶ En este punto coincidimos con periodistas, editores y capacitadores de 19 países, participantes en la Conferencia sobre Ética Periodística y Autorregulación organizada entre el 25 y el 27 de septiembre de 1999 por la Federación Internacional de Periodistas, en Tirana, capital de Albania, que llegaron a la misma conclusión.
¹⁷ Cuando usemos el término redacción, siempre nos referiremos al lugar donde trabajan los periodistas dentro de sus medios.
¹⁸ El concepto deontología, acuñado por Jeremías Bentham y discutido por Immanuel Kant, en el siglo XIX, se refiere al «ejercicio de la libertad individual apegada a la razón». Una recopilación amplia y aún actual se encuentra en Villanueva, Ernesto (1999). Deontología informativa. Códigos deontológicos de la prensa escrita en el mundo. México. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; Pontificia Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá.
¹⁹ Definiciones puntuales de este concepto se encuentran más adelante. Por lo pronto, a lo largo de este trabajo, por autorregulación periodística siempre entenderemos los mecanismos específicos de autocontención y de responsabilidad aplicadas en los medios.
²⁰ El primer código de ética periodística está documentado en 1910 y fue creado por la Asociación de Editores de Kansas, en Estados Unidos, aunque el antecedente más remoto se encuentra en 1690 y se conoce como la declaración de principios de Benjamin Harris, editor de un único ejemplar del Publick Occurrences Both Forreing and Domestick. (Aznar, 1999a, p. 18.)
²¹ Al reflexionar sobre la libertad de prensa en Estados Unidos, Tocqueville (2001, p. 198) escribió: «Confieso que no profeso a la libertad de prensa ese amor completo e instantáneo que se otorga a las cosas soberanamente buenas por su naturaleza. La quiero por consideración a los males que impide, más que a los bienes que realiza».
²² Cfr. Altschull, Herbert J. (1995, 2^nd edition). Agents of Power: The Media and Public Policy. Allyn & Bacon.
²³ Cfr. Mill, John Stuart (1996). Sobre la libertad. Undécima reimpresión. Madrid. Alianza Editorial.
²⁴ Antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el ámbito mundial de la libertad de expresión estaba sujeta fundamentalmente a la gracia de los gobernantes, que otorgaban libertad de imprenta, pese a existir como garantía en diversos textos constitucionales, mientras que apenas algunos derechos de terceros sólo eran protegidos en códigos penales y civiles.
²⁵ A finales del siglo XIX, una campaña orquestada en los periódicos sensacionalistas de William Randolph Hearst, encabezados por el New York Journal, terminó en la invasión militar de Cuba en 1898. Hearst había enviado a un reportero y a un dibujante a La Habana; éste último, Frederic Remington, telegrafió a su jefe pidiéndole autorización para regresar, pues no había nada que informar. "Todo en calma. No habrá guerra", le explicó a Hearst. La respuesta del empresario periodístico es célebre: "Ruégole se quede. Proporcione ilustraciones, yo proporcionaré la guerra".
²⁶ Los críticos de medios aparecieron temprano en Estados Unidos. El más destacado tal vez sea George Seldes (1890-1995), quien realizó uno de los cuestionamientos más consistentes sobre la industria mediática de su país a lo largo de casi todo el siglo XX.
²⁷ Son ampliamente conocidos los discursos de Joseph Pulitzer y Walter Lipmann, quienes, junto con otros, contribuyeron a la profesionalización del periodismo. Vid. Walter Lipmann, «Some notes on the press», en Rossiter, Clinton, y Lare, James (comps. 1963). The essential Lipmann. Nueva York. Random House, pp. 398 ss.
²⁸ Los primeros mecanismos de autorregulación nacionales –en la forma de consejos de prensa– surgen a mediados del siglo pasado bajo la presión gubernamental en Inglaterra y Estados Unidos, en 1947, y en Alemania, en 1952. Este punto se desarrollará ampliamente en el segundo capítulo de esta obra.
²⁹ Vid. Gerardo Albarrán de Alba, «Guerra mediática», en Información y sociedad, dossier de medios de Le Monde Diplomatique, Año 5, No. 51, 20 de diciembre de 2002, p. 1.
³⁰ Michael Morgan, «The Media and The Persian Gulf War», en Electronic Journal of Communication, Volume 2, December 1991, No. 1. (Paréntesis nuestro.) Para una visión ampliamente documentada sobre el papel de la prensa estadunidense y europea como agente de propaganda de sus gobiernos, debe consultarse Mattelart, Armand (1996). La comunicación-mundo. Historia de las ideas y las estrategias. México. Siglo XXI.
³¹ Cfr. Commission on Freedom of the Press (1947). A Free and Responsible Press. Chicago. University of Chicago Press. Ese organismo creado después de la II Guerra Mundial es mejor conocido como Hutchins Commission. Algunos autores sostienen que la teoría de la responsabilidad social de la prensa no es un mero ejercicio de abstracción académico, sino que la pauta de su esencia fue marcada mucho antes por algunos editores y dueños de medios particularmente responsables. Cfr. Siebert, Fred S., Peterson, Theodore, y Schramm, Wilbur (1956). Four Theories of the Press. New York. Books for Libraries Press.
³² Vid. Gerardo Albarrán de Alba, «Diferencias en el periodismo de investigación en Estados Unidos y Latinoamérica», en Sala de Prensa No. 32, junio de 2001. También en Razón y Palabra, No. 22, mayo-julio de 2001.
³³ En realidad, sólo Costa Rica es excepción plena. México vivió décadas de control gubernamental bajo los regímenes del Partido Revolucionario Institucional (pri) que degeneró en servilismo de la prensa, generalizado por lo menos hasta mediados de los años 70. Colombia ha vivido casi un siglo de guerra civil no declarada y violencia en ascenso que ha costado la vida a decenas de periodistas.
³⁴ Imposible olvidar la intervención de la dictadura militar argentina, el 25 de mayo de 1977, al diario La Opinión, de Buenos Aires, fundado y dirigido por Jacobo Timerman, por citar sólo uno de los ejemplos más conocidos.
³⁵ Datos obtenidos de los reportes emitidos por el Comité para la Protección de los Periodistas (cpj), en Nueva York, correspondientes al mismo periodo
³⁶ Ibid. El asesinato de otros cuatro periodistas en Colombia y dos más en México no se había vinculado aún a su actividad profesional.
³⁷ Cfr. «Informe del relator especial para la libertad de expresión, 2001» Comisión Interamericana de Derechos Humanos. oea. Cabe resaltar el caso de Chile, que en 2000 derogó la censura previa y el artículo 6b de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que contemplaba la figura de desacato.
³⁸ Marylene Smeets, «Balance regional: las Américas», en Ataques a la prensa, 2001. Nueva York. cpj.
³⁹ Un par de ejemplos: La Organización Editorial Mexicana –que se dice «la empresa periodística más grande de habla hispana y uno de los tres mayores grupos del mundo– controla 35 editoras, 60 diarios, una impresora comercial, una agencia de información, dos estaciones de radio y un canal de televisión, en los cuales encontramos todos los vicios mencionados. Su dueño, Mario Vázquez Raña, casi llevó a la quiebra a la agencia de noticias United Press International (upi), cuando adquirió la mayoría accionaria en ... e implantó su esquema empresarial y periodístico.
⁴⁰ Cfr. Alger, Dean (1998). Megamedia: How Giant Corporations Dominate Mass Media. Distort Competition, and Endanger Democracy. Maryland. Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
⁴¹ Véanse los grupos editoriales encabezados por los diarios Reforma, Milenio, La Jornada, El Sol de México y Novedades, que han adquirido o se han asociado con periódicos de casi todo el país, entre todos. Este fenómeno se reproduce en varios estados del país, como Sinaloa, con los diarios Noroeste y El Debate, o Sonora, con El Imparcial, que tiene un par de diarios más en el vecino estado de Baja California, por citar los casos más conocidos.
⁴² "En Guatemala por lo menos ocho candidatos presidenciales fueron a Miami a negociar con el publicidad en éstas últimas campañas." González ha extendido sus negocios con la adquisición de canales televisivos en República Dominicana, Ecuador, Brasil, Paraguay, Chile, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, según Gonzalo Marroquín, director editorial del diario Prensa Libre, su principal competidor. Prisma Internacional, en http://www.proceso.com.mx, 16 de junio de 2000.
⁴³ Cfr. Sartori, Giovanni. Homo videns. La sociedad teledirigida. Taurus. México. 1998.
⁴⁴ Vid. Gerardo Albarrán de Alba, «Saber para hacer», Conferencia Acceso a la Información, Universidad Realística de Puebla, 3 de junio de 2002.
⁴⁵ Ya desde 1968, el cuestionamiento social a la prensa caló hondo en muchos periodistas mexicanos que, menos de una década después, comenzarían a fundar revistas y diarios dirigidos más a la sociedad que al poder. La radio y la televisión tardaron algunas décadas más en abrirse, pero el proceso electoral de 2000, que culminó con la pérdida de la Presidencia de la República para el pri, sacudió muchas de sus inercias serviles hacia el poder.

* Gerardo Albarrán de Alba es director de Sala de Prensa, coordinador de proyectos especiales del semanario mexicano Proceso y coordinador académico del Curso Superior en Periodismo de Investigación en la Universidad Iberoamericana. Es miembro asociado de la Organization of News Ombudsmen. Este texto forma parte del proyecto con el que obtuvo la suficiencia investigadora en el Doctorado en Derecho de la Información en el programa compartido por la OdeO la UIA y el IIJ-UNAM, en septiembre de 2002.