Uruguay: el Habeas Data
Aprobado en la Cámara de Representantes
Ref. 0599-C0173-00

Artículo 1°.- Todos los habitantes de la República tienen derecho a solicitar y recibir información. Este derecho comprende la libertad de búsqueda y de investigación, de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento.

Artículo 2°.- Cualquier persona podrá solicitar a los organismos estatales o personas públicas de derecho privado, nacionales o departamentales, que se le permita consultar o se le expida copia auténtica de los actos administrativos que hayan dictado y de los fundamentos que de ellos emanen, hayan sido éstos publicados o no.

En el caso de que la información pudiera afectar el derecho a la intimidad, sólo podrá solicitarla el titular de un interés directo, personal y legítimo.

Artículo 3°.- Toda persona podrá solicitar a los organismos estatales o personas públicas de derecho privado, nacionales o departamentales, sin necesidad de mandato judicial, que se le permita consultar o se le expida copia auténtica de los documentos de cualquier naturaleza que obraren en poder de aquéllos, conteniendo información relativa al solicitante.

Los Ministerios de Defensa Nacional e Interior, la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva podrán negarse a proporcionar información, con resolución fundada dictada por sus jerarcas, cuando la investigación desarrollada por sus servicios refiera a conductas presuntamente ilícitas, cuya difusión pueda constituir una alteración del orden público, poner en riesgo los intereses de la población o frustrar el resultado de la misma.

Artículo 4°.- En los casos en que la información archivada en poder de organismos estatales o personas públicas de derecho privado, nacionales o departamentales, comprometa intereses generales o intereses difusos, cualquier persona estará legitimada para formular la petición referida en el artículo 2°.

Artículo 5°.- Toda persona podrá requerir a las personas privadas, que por la índole de sus tareas reciban y archiven información sobre particulares, datos referidos exclusivamente a sí mismo.

Artículo 6°.- La reserva legal sobre cualquier documento público caducará a los treinta años de su expedición.

Cumplidos éstos, el documento adquiere carácter histórico, podrá ser consultado por cualquier persona y la autoridad que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande, copia auténtica del mismo.

Artículo 7°.- Fuera de los casos comprendidos en el artículo 6° de esta ley, el organismo requerido, ante la petición que recibiere deberá expedirse en un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles de recibida la misma.

El acto que resuelva sobre la petición deberá emanar del jerarca máximo del servicio o de quien éste haya delegado atribuciones y deberá franquear o negar el acceso a la información que obrare en su poder relativa al solicitante, salvo que indicara carecer de la información requerida.

Si la petición no se hubiera dirigido a la autoridad competente, pero ésta conociera el destinatario adecuado, deberá indicar al gestionante el organismo o dependencia pública idónea para dar respuesta a la misma.

Artículo 8°.- En caso de que las personas privadas o los organismos requeridos resuelvan favorablemente las peticiones formuladas, autorizarán la consulta de los documentos pertinentes en las oficinas que determinen, o en su caso, expedirán copia auténtica de los antecedentes que posean relativos al caso planteado.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las peticiones que se formulen, correrán por cuenta de los interesados en todos los casos.

Artículo 9º.- El organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución fundada del jerarca del servicio que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones constitucionales y legales expresas en que se base.

Artículo 10.- Constituye falta administrativa el incumplimiento de cualesquiera de las disposiciones aquí consignadas.

Artículo 11.- El peticionante podrá ejercer la acción de "habeas data" en los siguientes casos:

1) Cuando hayan transcurrido quince días corridos a contar desde la resolución denegatoria de la información solicitada.

2) Cuando se haya agotado el plazo a que refiere el artículo 7° sin pronunciamiento de la autoridad referida.

En ambos casos, la acción caduca a los quince días hábiles a contar desde que se tiene derecho a ejercerla.

La posibilidad de entablar un recurso administrativo no inhibe la interposición del recurso de "habeas data".

Artículo 12.- Una vez conocida por los interesados la información relacionada con su persona y archivada por organismos estatales o personas públicas de derecho privado, nacionales o departamentales, ya sea por resolución de los mismos o por orden judicial, aquéllos, si consideraren que la información es errónea o su recolección y archivo fuera ilegal, o la posesión o uso de la misma pueda causar perjuicio, lo harán saber a los organismos o personas antes indicados en plazo que no podrá exceder los quince días hábiles a contar desde el siguiente al de su conocimiento.

Vencido el plazo sin contestación, o si ésta fuere negativa, los interesados podrán promover la acción de "habeas data" con el fin de modificar o eliminar la información errónea o ilegal, la que se interpondrá dentro de los plazos y se sustanciará según las formalidades previstas en esta ley.

Artículo 13.- Serán competentes para el conocimiento de la acción de "habeas data", los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la materia contencioso-administrativa del lugar de radicación del organismo contra el que la misma se dirija.

Artículo 14.- En los casos en que el sujeto pasivo de las obligaciones previstas en esta ley sea una persona privada, serán competentes para conocer la demanda aludida en los artículos 11 y 12, los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la materia civil del lugar de radicación de la persona requerida.

Artículo 15.- La demanda se presentará con las formalidades prescriptas por la Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso) y modificativas.

Artículo 16.- Serán aplicables al proceso de "habeas data" lo dispuesto por los artículos 6°, 7°, 10 y 12 de la Ley N° 16.011, de 19 de diciembre de 1988. Las normas procesales contenidas en la Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso) tendrán el carácter de supletorias en los casos de oscuridad o insuficiencia de las precedentes.

Artículo 17.- La sentencia que recaiga en dicho proceso, decidirá si acepta o no la petición formulada o si ésta se debe atender parcialmente. Si hace lugar a la acción, total o parcialmente, deberá contener:

A) La identificación exacta de la autoridad a quien se dirija y contra cuyo acto se falle acogiendo la acción.

B) La determinación concreta de la documentación cuya consulta, o en su caso copia auténtica, deberá franquearse al accionante.

Cuando la entrega de la documentación o sus copias autenticadas generen gastos, el Juez resolverá quién se hará cargo de éstos.

C) En su caso, la indicación precisa de la información a rectificar o a cancelar del registro correspondiente.

D) El plazo para el cumplimiento de lo dispuesto, que no podrá exceder de veinticuatro horas continuas a partir de la notificación.

Sin perjuicio de lo establecido, la sentencia podrá disponer las sanciones pecuniarias dispuestas por el Decreto-Ley N° 14.978, de 14 de diciembre de 1979.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de octubre de 2002.

GUILLERMO ÁLVAREZ
Presidente

HORACIO D. CATALURDA
Secretario