Sala de Prensa

52
Febrero 2003
Año IV, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


La responsabilidad de la prensa en México

Miguel Carbonell *

La responsabilidad de la prensa en México debe examinarse a la luz de tres parámetros normativos de la mayor importancia: a) los artículos 6 y 7 de la Constitución, relativos a la libertad de expresión e imprenta; b) la vetusta Ley de Imprenta de 1917, y c) la interpretación que de tales disposiciones jurídicas han hecho nuestros tribunales. Vamos entonces por partes.

El artículo 6 constitucional establece que "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado".

El principio general es la libertad: todos somos libres de expresar nuestras opiniones y pareceres. Los límites constitucionales señalados en el mismo artículo 6 son: la moral, los derechos de tercero, el orden público o la comisión de algún delito.

Algunas de estas limitaciones tienen una marcada vaguedad y pueden ser interpretadas de forma ambigua, por lo que quizá sería bueno removerlas o redactarlas de forma que no dejaran espacios interpretativos que, en realidad, pudieran negar el ejercicio de la libertad de expresión. El caso de la "moral" (así en singular) es muy ilustrativo. Si se revisa la interpretación que ha hecho el Poder Judicial Federal de este término, se comprenderá su inadecuación a un contexto democrático. La Corte ha dicho que:

(...) Dado el carácter variable de la noción de buenas costumbres y de moral pública, según sea el ambiente o grado de cultura de una comunidad determinada, es necesario dejar a los jueces el cuidado de determinar cuáles actos pueden ser considerados como impúdicos, obscenos o contrarios al pudor público. A falta de un concepto exacto y de reglas fijas en la materia de moralidad pública, tiene el juez la obligación de interpretar lo que el común de las gentes entienden por obsceno u ofensivo al pudor, sin recurrir a procedimientos de comprobación, que sólo son propios para resolver cuestiones puramente técnicas, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Primera Sala, tomo LVI, p. 133.

En otra tesis sobre las limitaciones a los derechos del artículo 6 la Suprema Corte ha sostenido lo siguiente:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados. Novena Epoca, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XI, Abril de 2000, Tesis: P. LX/2000, Página: 74.

De este último criterio –reciente, por cierto- llaman la atención varios aspectos. Uno de ellos es que la Corte inventa limitaciones que no se encuentran en el texto constitucional; tal es el caso de los "intereses nacionales" o el "interés social". Si los Ministros hubieran leído a Ronald Dworkin se habrían enterado de que los derechos fundamentales son, justamente, triunfos frente a la mayoría, por lo que contra ellos no es posible invocar ningún tipo de interés suprapersonal para limitarlos, a menos que dicho interés esté recogido en una norma del mismo rango que la que establece el derecho, o que dicha limitación sea esencial para preservar otro derecho fundamental. Dworkin considera que: "Los derechos individuales son triunfos políticos en manos de los individuos. Los individuos tienen derechos cuando, por alguna razón, una meta colectiva no es justificación suficiente para negarles lo que, en cuanto individuos, desean tener o hacer, o cuando no justifica suficientemente que se les imponga alguna pérdida o perjuicio".1 En el mismo sentido, autores como Luigi Ferrajoli o Ernesto Garzón Valdés consideran que los derechos fundamentales conforman la esfera de lo no decidible por ninguna mayoría, puesto que constituyen una especie de "coto vedado", cuya limitación o afectación no puede llevar a cabo ninguna mayoría (ni siquiera por unanimidad, diría Ferrajoli), y mucho menos por cuestiones tan etéreas como lo pueden ser el "interés nacional" o el "interés social".2

De hecho, lo anterior, que vale para cualquier derecho fundamental, es especialmente importante en el campo de la libertad de expresión. Por ello algunos tribunales constitucionales han sostenido el "valor preferente" de tal libertad frente a otros derechos fundamentales. Tal es el caso del Tribunal Constitucional español que entiende que la vinculación que la libertad de expresión tiene con el pluralismo político le otorga "una valoración que trasciende a la que es común y propia de todos los derechos fundamentales" (Sentencia 104/1986). Francisco J. Laporta, recordando un argumento de Alexander Meiklejohn, escribe que "la libertad de expresión no es una libertad más que pueda ponerse en la balanza al lado de otras libertades posibles para pesarla y contrapesarla con ellas, prevaleciendo en unos casos y quedando limitada en otros... No es una entre otras libertades, sino el fundamento de todo el orden político".3

El artículo 7 constitucional recoge la libertad de imprenta en los siguientes términos:

"Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

"Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, 'papeleros', operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos."

Vale la pena subrayar que la publicación a la que se refiere la primera parte del artículo 7 puede hacerse bajo cualquier soporte que permita integrar y transmitir textos, incluyendo los de tipo informático o electromagnético. Esto significa, entre otras cosas, que la libertad de escribir y publicar alcanza también a proteger el ejercicio que de dichas actividades se haga a través de internet o de discos compactos (CD-Rom).

De nuevo, encontramos limitaciones poco precisas en la regulación que de la libertad de imprenta se hace por el artículo 7. Aparecen esta vez la vida privada y la paz pública, conceptos ambos de contornos poco precisos. Al interpretar las disposiciones de la Ley de Imprenta que hacen referencia a la vida privada, el Poder Judicial Federal ha sostenido la siguiente tesis:

ATAQUES A LA VIDA PRIVADA (LEY DE IMPRENTA). El artículo 1o. de la Ley de Imprenta se refiere desde su epígrafe a ataques a la vida privada, no obstante que en su texto la fracción I alude a que las manifestaciones o expresiones circulen en público, ello no desvirtúa su disposición de que tales expresiones se refieran a la vida privada. La ley no da un concepto de vida privada de una manera explícita, pero sí puede decirse que lo contiene implícito, toda vez que en los artículos siguientes se refiere a los ataques a la Nación Mexicana, a las entidades políticas que la forman, a las entidades del país y a la sociedad. Para determinar lo que es la vida privada puede acudirse al método de la exclusión y sostener que vida privada es aquella que no constituye vida pública. Precisando dicho concepto, puede afirmarse que la vida que observan los funcionarios con este carácter, es decir, en el desempeño de su cargo y que es lo que interesa a la sociedad, se opone a las actividades del individuo como particular, a sus actividades en el hogar y en la familia. Esto da la tónica para considerar cuales fueron los ataques que la Ley de Imprenta quiso reprimir en la fracción I y en la IV del artículo 1o. de la Ley de Imprenta. Allí se contiene una limitación a las garantías de los artículos 6o. y 7o. constitucionales, pero se refiere a la vida privada, no a la que observan los funcionarios en el desempeño de su cargo, pues esto interesa a la sociedad, y la crítica que la misma o sus componentes hagan, es legal si no se ataca a la moral, a los terceros o al orden público. El propio artículo 6o. de la Ley de Imprenta autoriza la crítica a los funcionarios o empleados públicos, pues no debe olvidarse que la opinión pública es el medio de controlar a los depositarios del poder y que la libertad de prensa es necesaria para la vida política y social y que debe interpretarse con criterio amplio atendiendo al fin que es el bien público, social, general. En estas condiciones, es indudable que no existe el delito, si los hechos imputados por el quejoso a las personas que menciona en sus publicaciones no se refieren a sus actividades particulares sino al ejercicio de su cargo en una institución descentralizada, pero por lo mismo, una institución de carácter público; y aun cuando, como en la inmensa mayoría de los actos ilícitos, esas actividades se realizaran en forma oculta, ello no les quita su carácter de actividad pública en atención a su relación con el cargo de funcionarios o empleados públicos de los presuntos ofendidos. Sexta Epoca, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Segunda Parte, VII, página: 10.

En otro criterio, la jurisprudencia ha precisado que en ejercicio de la libertad de expresión, los profesionales de la comunicación deben seguir ciertas reglas de diligencia antes de dar a conocer ciertas noticias. Los medios deben corroborar la veracidad de las notas que publican, porque de lo contrario, si dichas notas afectan a alguna persona, pueden causar un daño moral al afectar su prestigio, su honor o su reputación. El texto de la tesis es el siguiente:

DAÑO MORAL. PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS QUE LO CAUSAN. El artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, dispone que por daño moral se entiende la alteración profunda que la víctima sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, honor, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito; por su parte el diverso numeral 1830 del ordenamiento legal en cita, establece que es ilícito el hecho contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. En ese orden de ideas, para no incurrir en alguna de las hipótesis contenidas en tales preceptos legales, los medios de comunicación impresa están obligados a corroborar la veracidad de las notas informativas que pretendan publicar; es decir, deben verificar que aquello que van a hacer del conocimiento público se apegue a la realidad, para estar en aptitud de publicar una información objetiva y veraz, y no afectar el honor y reputación de las personas, causándoles un demérito en su prestigio, lo que de acuerdo con el artículo 1o. de la Ley de Imprenta vigente, constituye un ataque a la vida privada, única limitante a la libertad de expresión, prevista en los numerales 6o. y 7o. de la Constitución Federal; en consecuencia, dichos medios deben ajustar a la verdad sus notas informativas, cuidando además los términos que emplean al redactarlas, atendiendo a que no debe ser justificante que quien hace una publicación ignore el significado jurídico del término empleado, puesto que el desconocimiento de la ley no puede servir de excusa para un medio de comunicación que se presume cuenta con especialistas y profesionales en la labor informativa. Novena Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XI, Mayo de 2000, página: 921.

Quizá sea razonable exigir a los medios cierta diligencia al dar a conocer la información, pero exigirles que se apeguen a la verdad (de nuevo el singular totalizador, como en el caso de la moral) quizá sea un poco excesivo. Desde luego, la libertad de expresión no es libertad para decir mentiras o difamar a las personas, pero la obligación de que todo lo que se publique sea verdadero (cuando la verdad es algo que, de existir, puede ser muy relativo), quizá esté fuera de los alcances cotidianos de un ejercicio comunicativo profesional.

Comentando el tema de la veracidad de la información, Álvaro Rodríguez Bereijo afirma que:"Lo que el requisito de veracidad supone es que el informador tiene un especial deber de comprobar la realidad de los hechos mediante las oportunas averiguaciones y empleando la diligencia exigible a un profesional. Puede que, pese a ello, la información resulte errónea, lo que obviamente no puede excluirse totalmente... Información veraz significa, pues, información comprobada o contrastada según los cánones de la profesionalidad informativa".4

Para complementar el régimen constitucional de la libertad de imprenta, debe mencionarse que el artículo 20, apartado A, fracción VI dispone que: "En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior e interior de la Nación".

La Ley de Imprenta vigente hasta nuestros días entró en vigor el 15 de abril de 1917. Para ese entonces habitaban el país poco más de 15 millones de personas; casi cinco millones en las ciudades y once en las áreas rurales. No habían carreteras y los caminos se encontraban en muy mal estado, sobre todo durante la temporada de lluvias. La mayoría de los adultos no sabían leer ni escribir; tampoco la mayoría de niños. No existían partidos políticos de alcance nacional, tal como los conocemos actualmente. No había televisión. Los periódicos circulaban poco, infinitamente menos de lo que lo hacen en la actualidad, que ya es decir. Era otro México, muy distinto al que podemos ver a inicios del 2003.

Para ese otro México se hizo, precisamente, la Ley de Imprenta que nos rige. Aunque habría que hacer alguna matización, pues regir lo que se dice regir... La Ley de Imprenta no tiene vida ni entre sus destinatarios (los que se dedican, de una u otra manera, a los medios impresos de comunicación, aunque no solamente ellos) ni entre las autoridades (tanto la mayoría de los ministerios públicos como la de los jueces de este país simplemente no la conocen). En las escuelas y facultades de derecho no se estudia en ninguna materia en particular; si acaso, se hace alguna mención breve sobre su existencia en las clases dedicadas al estudio de los derechos fundamentales. Nada más.

Daría casi igual tenerla que no tenerla... si no fuera porque, estando vigente, siempre existe la amenaza de que a alguna autoridad (por ejemplo a alguna de esas que ha ingresado recientemente al gobierno y que se resiente de inmediato del "hostigamiento" de los periódicos) se le ocurra aplicarla sobre algún medio impreso o sobre algún comunicador.

Y entonces sí, el desbarajuste podría comenzar a ser mayor. Cuando se analizan los contenidos concretos de la Ley se observa su inadecuación profunda a cualquier tipo de sistema político mínimamente democrático. La Ley emplea términos que provocarían sonrojo de sólo oír que pudieran estar incluidos en una norma de rango legislativo: las ofensas al pudor, a la decencia y a las buenas costumbres (sic) realizadas en algún medio impreso o verbalmente se consideran como "ataques a la moral". También cae en el mismo supuesto alentar la práctica "de actos licenciosos o impúdicos", por los cuales deben entenderse (se encarga de precisar el artículo 2 de la Ley) "todos aquellos que, en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor". ¿Puede haber una norma más estúpida que esa? ¿quién define lo que existe o no "en el concepto público"?, es más ¿qué es el "concepto público"? ¿y qué tal la referencia al pudor? Haga el lector la prueba de salir a la calle y preguntarle a la gente lo que es el pudor; estoy seguro de que, si recibe alguna respuesta, será del todo distinta a la que pudiera aportar el propio encuestador o a la que le dará el siguiente encuestado. ¿En verdad se pueden definir ese tipo de términos en una "sociedad abierta" (Popper)? Más adelante la ley habla de "actos lúbricos", de "excitación a la anarquía" (así como suena, no es albur) y demás expresiones que quizá estuvieron en uso en el siglo XIX.

La Ley contiene aspectos claramente contrarios al texto constitucional y a varios tratados internacionales en materia de derechos humanos; así por ejemplo, considera como ataque al orden o a la paz pública: "Toda publicación prohibida por la ley o por la autoridad por causa de interés público, o hecha antes de que la ley permita darla a conocer al público". ¿Desde cuando la ley puede determinar que el "interés público" es una limitación a la libertades de expresión e imprenta? Es un término que no se encuentra en los artículos 6 y 7 de la Constitución, que regulan el ejercicio de las libertades mencionadas; al no estar expresamente incluido en la Constitución la Ley de Imprenta no puede incorporarlo, porque entonces estaría yendo más allá que el texto constitucional, al limitar indebidamente un derecho fundamental.

Las sanciones que establece la Ley de Imprenta no son, sin embargo, para dar risa. Pueden alcanzar los dos años de cárcel; hay también multas que van... de los cinco a los cincuenta pesos (artículo 31 por ataques a la vida privada), o de los veinte a los quinientos pesos (artículo 32 por ataques a la moral). Veamos con algo más de detalle el tema de las sanciones en la Ley.

Las penas privativas de libertad que establece la Ley son proporcionales a la investidura del funcionario público, para el caso en que se profieran injurias en su contra. Así por ejemplo, injuriar a instituciones tan nobles como el Congreso de la Unión, a la Suprema Corte o al Ejército puede suponer una pena de hasta dos años de prisión (artículo 33 fracción III). Sin embargo, vale la pena tomar nota de que si la injuria se pronuncia no contra la institución, sino contra alguno de sus integrantes en concreto la pena baja notablemente y puede ir de uno a seis meses de arresto y multa de cincuenta a trescientos pesos (artículo 33 fracción VI). Injuriar al Presidente "en el acto de ejercer sus funciones (no las fisiológicas, supongo) o con motivo de ellas" (idem) puede alcanzar una pena de hasta año y medio de prisión, y multa de cien a mil pesos (artículo 33 fracción IV). Hasta un año de prisión contempla la Ley por injuriar a algún secretario de Estado o a algún gobernador (artículo 33 fracción V).

También existe una sanción de uno a once meses de arresto y multa de cincuenta a quinientos pesos al que injurie a alguna "Nación amiga, a los jefes de ellas, o a sus representantes acreditados en el País" (artículo 33 fracción VIII). A las "Naciones enemigas" se les puede injuriar libremente.

Ahora bien, en el tema de las sanciones por injurias los cómicos televisivos y los moneros de los periódicos deben ser cuidadosos y no pretender pasarse de listos. La Ley tiene previsto el caso de que alguno de ellos pretenda hacer pasar por humor fino un insulto o una injuria; en su artículo 34 aclara que: "Siempre que la injuria a un particular o a un funcionario público se haga de un modo encubierto o en términos equívocos, y el reo se niegue a dar una explicación satisfactoria a juicio del juez, será castigado con la pena que le correspondería si el delito se hubiera cometido sin esa circunstancia. Si se da explicación satisfactoria no habrá lugar a pena alguna". Menos mal.

A la luz de lo anterior, parece urgente expedir una nueva ley de imprenta. La expedición de esa nueva ley debe enmarcarse en una estrategia de más largo alcance que genere un marco jurídico moderno para los medios, para los lectores, radioescuchas o televidentes y para las autoridades.

En dicho marco jurídico deben incluirse aspectos tan obvios como el derecho de rectificación,5 las reglas para la publicidad gubernamental, la cláusula de conciencia de los comunicadores, el secreto profesional de los mismos, el acceso y publicación de la información generada desde los órganos públicos o por personas que utilicen fondos públicos, etcétera.

La democracia mexicana es una criatura muy frágil. No debemos confiarnos. No se trata de un producto ni que se haya logrado completamente ni –en lo que ya se ha avanzado- que sea para siempre. Los medios juegan en la preservación de la democracia un papel esencial. Por ello deben estar sujetos a reglas claras. La información que transmiten, las posibilidades de generación de un mayor pluralismo social y la promoción de una opinión pública alerta y crítica no es algo menor dentro de los valores democráticos de un país. Por eso debemos ser muy exigentes con nuestros representantes populares al momento de demandar que se legisle a la brevedad en estos temas (dejando atrás regulaciones arcaicas como la Ley de Imprenta que ya se ha comentado) y que la nueva regulación se ajuste a los parámetros internacionales o a los que ya existen en los Estados más democráticos. No tengamos miedo a copiar modelos extranjeros. Tengámosle más miedo a seguir paralizados y sujetos a reglas viejas y autoritarias. Eso sí que daña a la incipiente democracia mexicana.

______
Notas:

1 Los derechos en serio, Barcelona, Planeta-Agostini, 1993, p. 37.
2 Ver Ferrajoli, Luigi, "Derechos fundamentales", "Los derechos fundamentales en la teoría del derecho" y "Los fundamentos de los derechos fundamentales" en Ferrajoli, Luigi y otros, Los fundamentos de los derechos fundamentales, edic. de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, Madrid, 2001; Garzón Valdés, Ernesto, "Representación y democracia" en su libro Derecho, ética y política, Madrid, CEC, 1993.
3 "El derecho a la información y sus enemigos", Claves de razón práctica, número 72, Madrid, mayo de 1997, p. 14 y p. 16 en la que define a la "posición preferente" del derecho a la información en materia de control de constitucionalidad como "aquella tendencia jurisprudencial que afirma que cuando el derecho a informar libremente entra en conflicto con otros derechos, aunque sean derechos fundamentales, tiende a superponerse a ellos. Esa posición es lo que explica que aspectos del derecho a la intimidad y al honor de las personas públicas deban ceder ante el interés de la información".
4 "La libertad de información en la jurisprudencia constitucional", cit., p. 4. Ver también las observaciones de Villaverde Menéndez, Ignacio, Los derechos del público, Madrid, Tecnos, 1995, pp. 78-81.
5 Ya contenido, dicho sea de paso, en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos (vigente en México desde 1981).


* Miguel Carbonell es colaborador de Sala de Prensa. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho constitucional y teoría de la democracia. Este texto es su ponencia presentada en el "Foro Internacional: responsabilidad jurídica de la prensa: ¿civil o penal?", celebrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Ciudad de México, el 27 de enero de 2003.


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