La
"Operación Cóndor" en democracia
Raúl
Lacretta Martelletti *
El
pasado miércoles 16 de marzo de 1999, mientras
un grupo de periodistas argentinos y uruguayos
que están realizando un reportaje sobre la
llamada "Operación Cóndor" (que
coordinó a los servicios de inteligencia de las
dictaduras del cono sur de América, en el
secuestro, traslado y asesinato de numerosos
opositores políticos) se preparaban a filmar una
nota frente a una casa ubicada en el pequeño
balneario de Parque del Plata (50 kilómetros al
este de Montevideo), uno de los habitantes de la
misma (hermano de un capitán del ejército)
tomó su auto e intentó atropellar a los
periodistas, luego bajó del auto y agredió al
camarógrafo. En esa casa permaneció
"protegido" o "secuestrado"
durante 1992 el químico y oficial del ejército
chileno Eugenio Berríos, requerido por la
justicia de su país para declarar en el caso del
asesinato del excanciller del gobierno de
Salvador Allende, Orlando Letelier.
Berríos
protagonizó un extraño episodio en noviembre de
ese año al escapar de sus captores y denunciar
su situación ante la Seccional de Policía de la
localidad. Los oficiales del ejército uruguayo
encargados de su custodia intentaron que el
científico les fuera entregado por la policía;
ante la negativa del comisario, arribó a la
localidad el jefe de policía del Departamento
(provincia) acompañado por un importante
contingente de soldados quienes obligaron al
comisario a entregar al científico a los
oficiales del ejército.
Esta fue la
primera de una serie de irregularidades
gravísimas que incluyó entre otras cosas,
secuestro, falsificación y destrucción de
pruebas; fue la demostración de que la
coordinación de los servicios de inteligencia de
los ejércitos del cono sur continuaba intacta en
plena democracia, que funcionaban al margen de
los poderes establecidos, y que culminó con la
muerte de Berríos, encontrado con dos tiros en
la nuca, enterrado en una playa cercana, tres
años más tarde. Fue la extensión de la
"Operación Cóndor" en democracia.
Toda la trama
del caso Berríos lleva siete años presente en
la política uruguaya y es seguida por muy pocos
medios desde entonces. Lo poco o mucho que sobre
el caso se conoce se lo debemos a contados medios
de prensa que, enfrentando múltiples presiones,
han llevado adelante la investigación.
Desde el
comienzo las dificultades para la prensa han sido
muchas, el tema de la vinculación entre los
servicios de inteligencia latinoamericanos es muy
delicado para el poder político en Uruguay.
Recordemos que esta fue una operación realizada
sin el conocimiento de las autoridades civiles
competentes, que se enteraron por medio de una
carta enviada a parlamentarios por un grupo de
policías.
Posteriormente,
un documento secreto de la Embajada Chilena en
Uruguay (divulgado por el semanario Brecha1)
revelaba que el canciller uruguayo Sergio Abreu
reconoció que "el gobierno debió
doblar el pescuezo" ante la presión de los
militares.
No es fácil
llevar adelante una investigación periodística
que roce estos intereses en ninguna parte del
mundo, pero quizás sea más complicado aún en
América Latina.
En Uruguay, las
presiones son muchas: las de los sectores
económicos, grandes avisadores, y agencias de
publicidad, que retiran sus pautas si se critica
su accionar o si no se informa favorablemente
sobre sus intereses o los de sus clientes. De los
grupos políticos, del sector que sean. Por
ejemplo, el caso de un periodista suspendido por
informar sobre actitudes de empresarios privados
que afectaron intereses de la comunidad; otro
ejemplo, el despido del presentador del
informativo central del principal canal privado
de Montevideo, por haber entregado un videocasete
a un diputado, con imágenes de la represión de
la policía a una manifestación de funcionarios
públicos. Del Poder Ejecutivo, por la
adjudicación de la publicidad oficial (el Estado
uruguayo puede revisar la concesión de las ondas
de radio y Tv y puede además distribuir la
publicidad oficial de manera que mejor le
parezca, "premiando y castigando" a los
medios), a todas estas hay que agregar una
presión muy especial, las presiones emanadas de
investigar temas relacionados al sector militar.
Esta última es
una presión real sobre los periodistas y los
medios; es además una presión que afecta la
forma de encarar la noticia. Todos actuamos,
quizás, con excesiva "prudencia"
cuando nos acercamos a un tema como el de
Berríos.
Hasta hace 14
años ser periodista en Uruguay era una
profesión de alto riesgo; clausuras permanentes,
censura, secuestros, detenciones, requisa de
ediciones, "censura previa", e incluso
"desaparición" de periodistas eran
prácticas habituales del régimen militar.
Desde 1985 a la
fecha las cosas han mejorado mucho, pero siguen
dándose casos de presiones a la prensa, casos de
espionaje telefónico, o el secuestro por algunas
horas de un periodista. Son hechos que comparados
con los ocurridos en el gobierno militar pueden
parecer menores, pero no dejan de ser una amenaza
constante.
El "caso
Berríos" es muy especial, pues enfrentó a
la institucionalidad del país a una fuerte
crisis, (el presidente Luis Alberto Lacalle
debió regresar de una gira oficial por Gran
Bretaña, se produjeron reuniones de alto nivel
político, presiones de los oficiales del
ejército, destitución del jefe de policía y
reuniones varias en el parlamento). El diputado
chileno Jaime Naranjo calificó de "golpe
de Estado técnico" el accionar de los
militares uruguayos en el episodio.
Los periodistas
que investigaron demostraron cómo sectores
enteros de los "servicios de
inteligencia" de varios países actuaban al
margen de las autoridades políticas que los
debían controlar.
Muy pocos medios
siguieron adelante con la investigación cuando
se descubrió el verdadero
trasfondo del
tema, muy pocos desconfiaron de las versiones
oficiales empeñadas en ocultar los
hechos, (el
canciller mostró ante una comisión
parlamentaria una carta escrita por Berríos y
una foto enviada desde Italia, donde aparecía
leyendo un ejemplar del diario Italiano "Il
Messagero", que llegó al consulado uruguayo
en Milán), obviamente falsa ante los
acontecimientos posteriores.
Los hechos
demostraron que quienes desconfiaron de esta
"historia oficial" acertaron.
Otro gran
obstáculo para profundizar en la investigación
fue la ausencia de fuentes y de testigos de los
hechos. Nadie vio nada ni recuerda nada. Es
llamativo que en una pequeña localidad como
Parque del Plata, de pocos cientos de habitantes,
nadie recuerde el formidable despliegue militar,
ni que en la Comisaría, ni en la Policlínica
donde fue trasladado Berríos halla testigos, ni
nadie halla visto la llegada del jefe de policía
acompañado por una caravana de autos oficiales.
En nuestra
sociedad, al no aclararse ninguno de los
crímenes ocurridos durante la dictadura, todo
hecho que roce al estamento militar genera miedo.
En este caso concreto la "prudencia" de
los habitantes de Parque del Plata no parece
exagerada, lo demuestran los hechos: Berríos fue
entregado a los militares, posteriormente fue
encontrado muerto, se difundieron pruebas falsas,
nadie fue procesado por el crimen a pesar de
estar plenamente identificados los militares
responsables del operativo, los expedientes
judiciales sobre el caso no pueden ser
consultados.
Es gracias al
trabajo de pocos medios de prensa y por la ética
y la valentía de un puñado de periodistas, que
siete años después siguen corriendo riesgos,
que el Uruguay y buena parte del mundo conoce
esta trama casi increíble.
_____________________________________
(1) Samuel Blixen, en "El
Poder bajo el quepis", semanario Brecha,
Página 3, Montevideo, 24 de enero de 1997.
* Raúl
Lacretta Martelletti
es un periodista uruguayo free-lance egresado de la Universidad de la
República en la carrera de
Ciencias de la Comunicación (opción Periodismo
Escrito y Audiovisual). Ha realizado notas,
trabajos de investigación, diseño y
compaginación de medios de prensa escritos en el
Departamento de Canelones desde 1992 a 1996. Esta
es su primera colaboración para Sala de Prensa.
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