Periodismo
en El Salvador:
una fiscalización pendiente
Mario
Alfredo Cantarero *
Resulta
curioso cómo los medios de
comunicación de masas, que son tan
agresivos para examinar el desempeño
del resto de los actores sociales y
políticos, no lo son con ellos
mismos, menos aún existen pautas
para evaluar sus efectos más allá
de asuntos circunstanciales. (Raúl
Trejo Delarbre: 1995:8)
En
los últimos años, como resultado de la apertura
política posibilitada por los Acuerdo de Paz,
los medios de comunicación social han estado
dando muestras de un ejercicio más profesional y
con mayores libertades políticas, especialmente
la televisión y la prensa, a través de sus
espacios de discusión o de sus suplementos
dominicales, puestos que han sometido muchos
temas de trascendencia nacional al debate
público.
Con este hacer
pública la información sobre lo que ocurre, lo
que ha ocurrido o lo que ocurrirá, los medios de
comunicación social, desde su labor específica,
han estado ejerciendo presión social y política
para que las instituciones de gobierno funcionen
normalmente. Ejemplos de presión informativa han
sido los casos de Katya Miranda, Los Casinos, la
explosión del polvorín en un cuartel de la
Fuerza Armada, la delincuencia dentro de la PNC,
el espionaje telefónico, etc. De no haber
circulado públicamente la información sobre
estos temas, quizá los temas o los problemas
nunca se hubieran asumido seriamente en las
instituciones competentes.
Sin embargo, se
manifiestan algunas informaciones cuyo contenido
y enfoques llaman a la reflexión sobre el papel
del periodismo en la sociedad, específicamente
sobre los límites al derecho de informar y sobre
quién debería fiscalizar a los medios de
comunicación social, para que funcionen
"como deben" en una democracia moderna.
Se considera
importante el punto porque no puede ser que los
periodistas por sí mismos se atribuyan
facultades omnipotentes al decir cualquier cosa
sobre cualquier persona o institución con el
pretexto de la libertad de expresión, sin
importarles que en varios casos se destroza la
vida de personas inocentes, se atropella
injustamente el trabajo o la imagen de alguna
institución o se somete a psicosis colectiva a
la población con imágenes amarillistas o
espectacularizantes.
LA
IMAGEN MEDIÁTICA, RECONOCIMIENTO SOCIAL
No considero a
los medios de comunicación social como entidades
omnipotentes, capaces de cambiar opiniones o
comportamientos de las personas mecánica y
unidereccionalmente; pero sí creo que
actualmente los medios son parte constitutiva de
la cultura y que son capaces de determinar los
márgenes de discusión en la sociedad. Como dice
Rodrigo Miquele Alsina, prestigioso académico
catalán, los medios son capaces de imponer su
agenda en el proceso de construcción social de
la realidad (1989) Pero, ¡gracias a Dios!, no
deciden cómo debemos pensar y actuar en la vida
cotidiana.
En este margen
de posibilidades de los medios, como fuentes para
la construcción del ambiente público, disponen
del poder necesario para favorecer el bien común
y procurar el respeto de los derechos
individuales y colectivos; además, pueden
maniobrar discursivamente para estropear o dañar
los derechos individuales y colectivos, en el
espacio público.
Como he dicho en
otras oportunidades, la imagen mediática, es
decir, la representación que crean los medios en
la sociedad es una viñeta imborrable. Ante los
ciudadanos, el imputado aparecido en la
televisión o en los periódicos no es
"presuntamente ladrón", sino
"ladrón al que hay que temerle porque de lo
contrario los dejará sin cartera". Por esta
característica imperante de la imagen de los
medios, con la disculpa o el perdón no se puede
resarcir el daño. Queda una mancha social
imborrable.
Pero también,
la imagen que crean los medios de comunicación
social puede beneficiar a los sujetos o
instituciones sociales. En este sentido, la
información de los medios puede promoverlo al
estrellato o lanzarlo para que se estrelle.
Por esta razón
mediática, los actores sociales o políticos
piensan sus acciones desde la comunicación
pública; más que pensarlas desde el punto de
vista de la pertinencia y beneficio para la
nación. Ver su información en el espacio
público es sinónimo de éxito de sus
actividades.
ENTRE
PRIORIDADES, LO PRIMERO ES COMERCIAR
En la actualidad
a los medios de comunicación colectiva se les
reconoce, además de las de entretener, informar
y orientar, otras tres funciones claves en la
sociedad posmoderna: la de comerciar, la de
fiscalizar y la de arbitrar socialmente.
Indudablemente, en el país, la función de
comerciar también es la que determina en primera
y última instancia a los medios de comunicación
social.
El negocio en
las comunicaciones es clave en la medida que se
constituye en el sustento de las empresas y el
que posibilita la independencia comunicativa. Un
medio de comunicación cuya función comercial
ande mal tiene pocas posibilidades de subsistir
en la competencia comunicacional. Los medios
subsidiados tienen menos oportunidades de
independencia profesional. En ambos casos, se
cierran los espacios que permitan ofrecer
productos comunicacionales, pertinentes cultural,
moral y técnicamente hablando.
En el caso
contrario, los medios que abusan del componente
comercial, cometen el pecado de inutilizar las
otras posibilidades o de subyugar la
información, la orientación, la fiscalización
o el arbitraje social. Esta degeneración lleva
al amarillismo informativo, al desequilibrio en
el contenido redaccional y publicitario, al
amarre de la información a los intereses
mercantilistas de algunos anunciantes.
EMPUJANDO
A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
La función de
fiscalizar, en sociedades como la nuestra, se
torna imprescindible, en la medida que sirven
para diagnosticar permanentemente el
funcionamiento de las instituciones públicas,
con la finalidad de posibilitar de que trabajen
adecuadamente en pro de la instauración de la
democracia. Se trata de aquella información a
través de la cual los medios de comunicación
social dan cuenta del funcionamiento y la
gestión social de las instituciones del Estado.
Por ejemplo: manejo de los fondos públicos, el
servicio médico hospitalario del ISSS, la
emisión fraudulenta de títulos en algunas
universidades privadas o estatales, aprobación
de leyes en la asamblea legislativa, los
cuestionables servicio en todas las instituciones
del gobierno. Etc.
En esta
dirección es loable el trabajo de muchos medios,
especialmente en el área de prensa y
televisión, con la fiscalización mediática en
los sonados casos: FINSEPRO e INSEPRO, Katya
Miranda, casinos, espionaje telefónico y otros.
Tal ha sido el beneficio proveído que, sin la
intervención de los medios informativos, las
instituciones responsables de solucionar los
problemas no hubiesen actuado como lo han hecho
en cada uno de ellos.
PROVEEDORES
DE INFORMACIÓN O ÁRBITROS PÚBLICOS
Además, los
medios han estado actuando como intermediarios
entre los sectores sociales como proveedores de
información. Significa que la información se
constituye como en un espacio donde los actores
sociales o políticos se informan, dialogan,
discuten, actúan, modelan y se promueven
políticamente. Sobre esto es frecuente oír de
los funcionarios públicos: "yo no lo
sabía; me he dado cuenta a través de los
medios..."
Asimismo, las
instituciones privadas o públicas obtienen de
ellos la referencia sobre lo que ocurre no sólo
en su entorno social sino en su propio ámbito de
acción, a partir de la cual pueden pulsar la
calidad el servicio que están ofreciendo,
diagnosticar los problemas de su competencia para
luego ofrecer soluciones o alternativas viables,
etc. Un caso ejemplar fue lo del estallido del
polvorín en un cuartel de San Salvador: mucha de
la información que situó a la Fuerza Armada y a
todo el gobierno provenía de la información
periodística. Del buen ejercicio del arbitraje
social de los medios de comunicación social se
benefician todos los sujetos que tienen que ver
con los problemas del país. Sin embargo, como
todas las esferas de la vida cotidiana, el
trabajo periodístico es una actividad humana, en
la que se pueden cometer errores, que pueden ser
benéficos o nefastos para los sujetos o las
instituciones sociales.
INFORMACIÓN
PERIODÍSTICA, ABANICO DE POSIBILIDADES SOCIALES
Como hemos
señalado anteriormente, la imagen que difunden
los medios de comunicación se constituye en un
reconocimiento social, que en el espacio público
tiene dos posibilidades favorecer el bien común
o atentar contra los derechos individuales o
colectivos; que su prioridad no es necesariamente
informar a la población para servirla sino
comerciar como cualquier negocio; que tiene
suficiente poder público en su función social
de fiscalización para empujar a las
instituciones públicas en el cumplimiento de su
función constitucional; y que, modernamente, se
han convertido en una suerte de proveedores de
información en la sociedad, con lo que se han
constituido en el espacio predilecto del debate
político o el soporte de datos necesarios para
que dichas instituciones diagnostiquen y actúen
socialmente.
En ese abanico
de posibilidades sociales que tienen los medios
de comunicación social a través de la
información periodística, en unos casos pueden
actuar responsablemente a favor de los intereses
comunes de la sociedad, como cuando se presiona
políticamente para ejercer, agilizar y procurar
justicia, por ejemplo en la cobertura de la niña
Katya Miranda; en otros, por su propia
naturaleza, pueden actuar irresponsablemente en
contra de intereses colectivos y en beneficio de
pocos, como cuando se acusa, se culpa y se
condena a los sujetos, a las instituciones o a
sectores sociales, por ejemplo, en la cobertura
del movimiento social de los médicos, a los
cuales se los responsabilizó subrepticia o
abiertamente como los malos de la película sobre
la crisis del sistema de salud en el país, o de
las muertes que ocurrieran durante la duración
del movimiento laboral.
Por sobre estas
posibilidades de la información periodística,
es necesario aclarar teóricamente y situarlas en
su justa dimensión en el debate público, de tal
forma que, si es necesario normar el ejercicio
informativo, particularmente creo que es una
necesidad, se lo haga considerando la complejidad
del asunto y se beneficie a todos los
involucrados y a la sociedad en su conjunto.
LEY
DE LA SELVA PERIODÍSTICA, UN QUEBRANTO SOCIAL
Algunos
reporteros, bastantes editores y muchos
propietarios de medios creen, como fieles devotos
de la tesis de la SIP, que "la mejor ley que
existe para regular el ejercicio periodístico,
es ninguna ley..." Al revisar todos los
factores que configuran la práctica
periodística en este país, esta postura no se
sostiene teóricamente por las siguientes
razones:
- Se
trata de un planteamiento falaz.
Cuando en lógica se niega algo se afirma
en tanto que se trata de negar algo que
existe o se supone que existe: "La
mejor ley es la que no existe" es
porque "existe" o
"posiblemente existe". Más
parece que con esta tesis se está
tratando de negar una realidad por
conveniencia comercial o política.
Podría ser también por desconocimiento
del tema.
- Se
niega un derecho humano fundamental.
Implícitamente se propugna por un
argumento bastante grotesco en tiempos de
pos-modernidad: la ley de la selva. En la
sociedad actual se tiende y se pretende
actuar conforme a derecho. Tratándose de
una actividad humana, con enormes
responsabilidades sociales y políticas
en una sociedad dominada por la
información, la práctica periodística
no puede estar exenta de las normativas
legales. Incluso en la selva se respeta
una normativa.
- Se
trata de una postura parcializada.
De entre los sujetos que participan en el
proceso informativo (las fuentes, los
medios, los periodistas y los usuarios),
en este planteamiento se privilegia la
visión de los empresarios de los medios,
quienes, aún cuando son un importante
sujeto en el proceso de comunicación, no
pueden tener toda la potestad de juzgar a
quienes quieran porque sí,
apriorísticamente, sin posibilitarles a
los imputados mediáticos el derecho de
defensa o el de presunción de inocencia.
- Se
irrespeta a los derechos universales.
Todos los salvadoreños, cualquiera que
sea su condición social, su posición
política o su situación jurídica,
constitucionalmente tienen el derecho a
que se los presuma inocentes hasta que se
les demuestre lo contrario. Por otra,
cada uno de nosotros tiene el derecho
universal a que se nos informe
profesionalmente con apego a la verdad y
de acuerdo con las necesidades
informativas de toda la población; no
sólo a las necesidades de los
empresarios de la información.
CAMBIO
DE CINTA: DEL LIBRE EJERCICIO A LA INFORMACIÓN
VERAZ
Cuando
empresarios de los medios de comunicación o los
periodistas hablan sobre el tema de "la
libertad de prensa" o de "la libertad
de expresión", tratan de entender a toda
costa que el ejercicio libre del periodismo está
marcado, en los fundamental, por la presencia de
restricciones y limitaciones a los periodistas y
a las empresas.
Se ha entendido
durante mucho tiempo que la actividad
periodística es unidireccional, pues la empresa
encarga a los periodistas la búsqueda y
recolección de las noticias, con el propósito
de trasladársela al público receptor.
En este sentido,
las empresas, más que los periodistas, han
decido qué se difunde, cómo se difunde, dónde
se difunde y cuándo se difunde. Los criterios de
esas decisiones no devienen del reconocimiento de
las necesidades informativas del receptor, sino
en función de vender más ejemplares o captar
más públicos. Como consecuencia de estos
criterios, los medios en su tratamiento
informativo diario se han centrado en el
escándalo político, económico y social-,
o en pasiones del ser humano. Con base a esto, se
puede afirmar que el periodismo actual, con
especial en el salvadoreño, vive en su lógica
cotidiana del espectáculo, de la calamidad y de
la desgracia de las personas y de la sociedad en
general.
En esta
perspectiva, José María Casasús (1992:42-43)
reflexiona sobre la creciente desvinculación del
trabajo de los periodistas con respecto a las
necesidades de los receptores y respecto a las
cuestiones que afectan a su cotidianidad. Se
trata esto de los llamados "eventos
periodísticos", cuya relevancia procede de
haber sido construidos como relevantes por el
propio discurso periodístico, como ocurrió la
información sobre la Guerra del Golfo, en enero
de 1991, en la cual se simuló o se virtualizó
el discurso noticioso, modelado por las ficciones
audiovisuales.
Otro ejemplo de
la creación de realidades ficticias,
desvinculadas de lo cotidiano, es la cobertura el
Fin del Milenio y el inicio anticipado del siglo
XXI. Sin ser cierto, orquestaron y reiteraron en
sendos espacios y tiempos el espectacular hecho
histórico del cierre de milenio y del inicio de
otro decenio.
Se ha llegado al
extremo que los medios informativos crean sus
propias noticias. Se trata de la contratación
directa de sus propias encuestas de preferencias
electorales. Los periódicos con mayor tiraje y
los telenoticieros con mayor cobertura
patrocinaron en las últimas dos elecciones
sondeos de opinión electoral, que a todas luces
se trataba de una intromisión parcializada en el
proceso político.
Se cree que los
usuarios de la información (televidentes,
radioescuchas, lectores) pasivamente tienen la
obligación de exponerse a cualesquiera de esos
temas y con cualquier enfoque según cualquier
idea que se les ocurra a los empresarios o a los
periodistas, o, en primera instancia, de las
genialidades de los publicistas y los
anunciantes.
En el país
algunos sectores involucrados ( gremios o grupos
de periodistas, defensores de los derechos
humanos, asociaciones de empresarios de medios)
no comprenden que el ejercicio profesional del
periodismo conlleva en su esencia garantizar al
público receptor el derecho de estar debidamente
informado.
El problema de
las restricciones y las limitaciones al ejercicio
periodístico, es un problema que le incumbe al
receptor de la información periodística, en
tanto que pueden constituirse en obstáculo para
que esa información sea veraz, precisa y libre.
Además de que
la información sea veraz, satisfaga el interés
general y no viole el ejercicio de otros derechos
humanos fundamentales, tales como la vida
privada, el honor, la reputación, la imagen y el
principio de presunción de inocencia.
Sin embargo, en
pleno siglo XXI, plantear la información como
derecho de recibir información periodística en
forma veraz, conlleva limitar el poder de las
empresas y exigir que la información no sea
manipulada, distorsionada y ocultada.
LAS
PRESIONES CONTRA LA INFORMACIÓN VERAZ
Hemos
establecido que el problema del ejercicio
informativo no sólo debe plantearse como asunto
de restricciones y limitaciones desde la
perspectiva de los empresarios de las
comunicaciones, o desde el enfoque de periodistas
"ofensivos" de instituciones políticas
y sociales, sino a partir de una concepción que
implica a los demás sujetos involucrados en el
proceso informativo. Nos referimos a las fuentes,
a los periodistas, a los propietarios de los
medios y a los usuarios de la información. Verlo
desde otra perspectiva es limitar la realidad del
periodismo. En este sentido, la discusión debe
pasar del "cacareado" libre ejercicio
del periodismo al tema de la información veraz.
En nuestro país
la información no acaba de ser del todo
profesional, precisamente por las exacerbadas
ataduras, condicionamientos o presiones exógenos
que ejercen una serie de sectores sobre el
contenido noticioso de los medios de difusión.
Esta situación invita a reflexionar sobre qué
hacer para atenuarlas en beneficio del desarrollo
de la profesión y de los usuarios de la
información periodística. Entre otras, se
encuentran las siguientes presiones
fundamentales:
La
"Cherocracia" política
Todavía privan
las estructuras de poder de manera directa y
sustancial por medio del sistema tejido de
"compadrazgos" partidarios, sectoriales
o personales sobre el compromiso de servir a la
población con noticias rigurosas. Refiriéndose
al periodismo de investigación en El Salvador,
Mario Ernesto Morales y otros( 1999:91) recogen
el testimonio de varios periodistas en el que se
patentiza la determinación de "los
compadrazgos" sobre el ejercicio
periodístico: "cuando se realiza una
investigación, en la que se implica a sectores
afines al medio de comunicación, se cancela de
inmediato". Incluso se percibe en los
periodistas "mecanismos de defensas" o
"estrategias" -para usar el término
utilizado por Gaye Tuchman (julio de 2000),
prestigiosa investigadora de fenómenos
periodístico-, con los cuales actúan
rutinariamente para evitarse complicaciones con
"esas amistades de los jefes o de los
dueños de los medios", como dice un
reconocido periodista del medio escrito. Saben
entonces sobre quién no hablar en contra, sobre
quiénes elogiar y a quiénes desprestigiar para
coexistir en este ambiente de
"compadres". Esto es nocivo para la
democracia y para la veracidad de la información
que se trabaja diariamente.
"Fuerzas
económicas"
Los medios de
comunicación social están determinados por los
rasgos distintivos del funcionamiento del mercado
de las comunicaciones en nuestro país: existen
enormes presiones precisamente debido a la
orientación exageradamente
"mercantilista" de algunos medios de
comunicación masiva. Esta característica
resulta de la limitada concepción del mercado de
la información periodística, que reduce el
contenido del medio de comunicación a los
tópicos publicitarios de modo indiscriminado, y
margina, consecuentemente, a la función
informativa a un plano de "segunda
categoría".
En primera y en
última instancia, la razón económica es la que
posibilita los "compadrazgos
políticos" y determina las rutinas
informativas. Para convivir con esta razón
"omnipotente", los periodistas han
aprendido a "cundundiar" diariamente a
las empresas o a los políticos que más
invierten publicitariamente en el medio, es
decir, hacen de los actos publicitarios de
grandes empresas "hechos noticiables".
Las empresas o los políticos esperan que los
periodistas los "cundundeen".
Contradecir esta regla en el país significa
"un suicidio" para el medio o un
"fracaso para la carrera profesional"
de cualquier periodista. Coexistir con ella, una
actitud de inteligencia para sobrevivir en el
ambiente, o "andar en la jugada", como
dicen los periodistas más experimentados..
Asumirla a plenitud como buen guerrero, una de
las mejores razones existenciales "para
dejar de ser maceta" y "alzar
vuelo" a la condición humana de la
comodidad, como dicen los periodistas que fueron
entrevistados.
LAS
"IRRESPONSABILIDADES" EN LA COCINA DE
LAS SALAS DE REDACCIÓN
Hablando de
ataduras también las hay endógenas, aquellas
que se cuecen en la cocina de las rutinas
productivas de las salas de redacción, devenidas
de criterios que pueden fundamentarse en la falta
de formación profesional, en la amistad, en la
costumbre, en la experiencia vital de saberse
"guardar las espaldas" en la estructura
organizativa al interior del medio y de otras
"prácticas cuestionadas", las cuales
van perdiendo vigencia, por
"seductoras" que parezcan en esta
profesión generalmente tan mal remunerada. Se
trata de las siguientes:
- Acusaciones
porque sí. Amparándose
en la "objetividad", en la
"neutralidad", en varias
ocasiones se les da cobertura a
"hechos", en los que se culpa a
personalidades o a instituciones, porque
a los "conferencistas
convocantes" -de "esos poquitos
pero bullistos" que andan por
allí-, se les ocurre "acusar a
medio mundo" de no pensar o de no
hacer las cosas como ellos. Los medios
difunden esas declaraciones, sin disponer
de los datos que las consoliden. Sin
duda, estos tienen intereses políticos o
personales, a partir de los cuales
acusan, muchas veces, sin tener pruebas
contundentes. Sin contrastación o
verificación se publican las
declaraciones, por supuesto con los
entrecomillados correspondientes. Aun
cuando tradicionalmente en la práctica
periodística se ha justificado esta
forma de producir la noticia argumentando
que es responsabilidad de las fuentes. Me
parece que sólo entrecomillar las
declaraciones no es la evidencia
probatoria de sus noticias. De cara al
"reconocimiento social" de la
imagen que difunden los medios y al
principio constitucional de
"presunción de inocencia",
esta costumbre profesional es atentatoria
contra los procesos legales establecidos
en las leyes penales de la República, y
violadores de los derechos humanos
fundamentales.
- Débiles
evidencias probatorias. Hay
noticias que no presentan las evidencias
complementarias para sostener un
"hecho" noticiable. En muchas
ocasiones, se le da vuelo a cualquier
"rumor" o "chambre"
que se diga de parte de esos prominentes
sujetos públicos que aparecen todos los
días en los medios como "expertos
de todos los temas habidos y por
haber". ¿Qué ha pasado con las
personas que fueron imputadas,
procesadas, encontradas inocentes y
liberadas, sobre cuyos casos los medios
difundieron públicamente sus imágenes e
identidades? ¿Quién resarce su
honorabilidad mellada por aquellas
noticias difundidas? ¿Tienen derecho los
medios a divulgar indiscriminadamente
cualquier información? ¿Quién debe
normar el ejercicio profesional para no
caer en esa suerte de irresponsabilidad
legal?
- Abuso de
las "prominencias". Sin que
muchas "organizaciones de la
sociedad civil" representen a la
sociedad civil, los medios informativos
les ofrecen demasiada representatividad
política, como ocurre con algunos
gremios de medio ambientalistas, de
defensores de los derechos humanos, de
los consumidores, etc. Así los espacios
informativos o de opinión se
constituyen, como dicen algunos
periodistas entrevistados, en
"Ruedas de caballitos". Es
común encontrar noticias difundidas que
no presentan las opciones de verdad en
conflicto, sino que solamente publican
las versiones de los
"todólogos" especialistas de
la realidad nacional. Parece ser que las
nociones de "prominencia de las
fuentes informativas personales"
imperantes entre los periodistas en las
salas de redacción se limitan a dos
condiciones que deben cumplir las
personas proveedoras de datos sobre
determinados acontecimientos noticiables:
1) que las apadrine una institución de
siglas conocidas; mientras más
"famosas", mejor; y 2) que
tenga la capacidad de organizar
financiera y comunicacionalmente la
convocatoria. Las excepciones a estas
nociones se ubican en el lindero del
espectáculo o del accidente
espectacular. "Los
desconocidos", "los no
apadrinados" y "los que no
convocan a conferencia de prensa" no
existen ni pueden existir como sujetos
noticiables.
- Descontextualizaciones.
Por desconocimiento técnico en el manejo
del discurso de las fuentes o muchas
veces por mala fe o por encomienda, las
declaraciones de la fuente se sacan de
las circunstancias sociales donde se
emitieron, con lo cual se le crean
sentidos diferentes a los datos ofrecidos
por los sujetos entrevistados.
- Creación
de ficciones. Por el tradicional
criterio periodístico de que la muerte y
el espectáculo venden periódicos y, en
consecuencia, publicidad, en muchos casos
se "crean las noticias" o se
"espectacularizan hechos", como
son: Los patrocinios de reiteradas
encuestas en épocas de elecciones y la
"deificación" de la selección
nacional de fútbol en las eliminatorias
mundialistas,"las noticias de los
movimientos tectónicos". Sin duda,
"la virtualización" de la
realidad atenta contra el desarrollo de
la historia de una manera
"irresponsable".
- Marginación
de los públicos en los hechos
importantes. Rara vez se consulta la
opinión o la declaración de los
sectores sociales en general o de los
involucrados en especial sobre temas de
trascendencia nacional, en los cuales
todos están involucrados, como ocurre
con los casinos, el funcionamiento del
PARLACEN, los aumentos de salarios de los
diputados, el funcionamiento de la
"Promocionada Reforma
Educativa", la seguridad ciudadana,
el sistema de salud, etc.
DUROS
CON LOS DEMÁS, BLANDOS INTERNAMENTE
Tanto por
presiones externas y ataduras internas en el
propio proceso de producción de la noticia, los
periodistas cometen una serie de "acciones
irresponsables", que de no superarlas en la
práctica cotidiana parecería que se acepta que
los medios de comunicación están por encima de
la sociedad y de cualquier entrega de cuentas.
Es de reconocer
que en muchos casos los medios han asumido
posiciones críticas, reflexivas y, varias veces,
inquisidoras sobre acontecimientos importantes en
este país. En esta dirección, me parece muy
responsable la posición del Diario de Hoy, al
que se le han sumado otros, sobre "el
despilfarro de los dineros de todos los
contribuyentes en salarios injustificados a
"cuestionados asesores técnicos" de
algunos diputados. Posturas sin las cuales la
población no se hubiera dado cuenta de los usos
que están haciendo de su dinero, ni
políticamente no se estuvieran actuando sobre
ellos.
Sin embargo,
generalmente los medios de comunicación no son
autocríticos. Al respecto, Raúl Trejo Delarbre
(1995:8) dice: "Resulta curioso cómo los
medios de comunicación de masas, que son tan
agresivos para examinar el desempeño del resto
de los actores sociales y políticos, no lo son
con ellos mismos, menos aún existen pautas para
evaluar sus efectos más allá de asuntos
circunstanciales."
RESPONSABILIDAD,
COMPROMISO ESENCIAL
La libertad de
información como derecho fundamental estará
mejor garantizada si los trabajadores de los
medios "se esfuerzan por tener el más alto
sentido de responsabilidad, y se hallan
profundamente compenetrados en las obligaciones
morales, de ser verídico y de buscar la verdad
en el relato, en la explicación y en la
interpretación de los hechos" (Código de
la comisión de Derechos Humanos de la ONU)
Sumariamente,
dicho código contempla cinco artículos: Primer
artículo: establece que el personal de prensa y
de información debe hacer "todo lo que
esté a su alance por asegurarse de que la
información que reciba el público sea exacta en
cuanto a los hechos" y debe comprobar sus
fuentes.
Segundo
artículo: considera como no compatibles con una
conducta profesional la "búsqueda de
ventajas personales y la promoción de intereses
privados contrarios al bienestar general",
condena como delitos profesionales la calumnia,
la difamación, el libelo deliberado, las
acusaciones infundadas y el plagio. "Toda
información publicada que resulta ser
perjudicialmente inexacta debe ser rectificada en
forma espontánea e inmediata", los rumores
y noticias no confirmados deben ser indicados y
tratados como tales.
El tercer
artículo: sugiere que sólo sean asignadas por
el personal de prensa e información, tareas
compatibles con la integridad y dignidad de la
profesión y quienes publiquen una información,
asuman completa responsabilidad por ella, a menos
que en su momento la hayan rechazado
explícitamente.
Esa
identificación entre libertad de información y
responsabilidad de los informadores, se llevará
a cabo cuando se busquen garantía para la
primera, o cuando se discutan obligaciones de los
segundos.
No basta con
penalizar los abusos en su funcionamiento o el
diseño y transmisión de los mensajes que
ofrecen. Debe reconocerse la importancia de los
medios y de quienes trabajan en ellos.. Si se
reconoce que se han cometido errores
profesionales, que han afectado a personas de
carne y hueso, a instituciones públicas y a los
usuarios de la noticia, debe asumirse con
responsabilidad el compromiso de superar las
dificultades, no dándose golpes de pecho sino
superándolas con las acciones pertinentes y
duraderas.
RESPETO
POR LA VERDAD: RECONOCIMIENTO Y COMPROMISO
Como partes
constitutivas y esenciales de las sociedades
modernas, los medios de comunicación social no
pueden concebirse como una suerte de
"Semidioses" omnipotentes. Deben de
regirse y estar regidos por las leyes
establecidas y por las normas de la connivencia
humana.
Pero no se trata
de revivir el viejo debate sobre si es pertinente
o no la censura, el control legal o el
libertinaje ( "que la mejor ley es la que no
existe". Se propone ver el asunto en una
perspectiva más realista y menos utópica o
romántica.
Según el
Código de la comisión de Derechos Humanos de la
ONU, formulado en 1952, por un grupo de
intelectuales especialistas en la materia, la
libertad de información como derecho fundamental
estará mejor garantizada si los trabajadores de
los medios "se esfuerzan por tener el más
alto sentido de responsabilidad, y se hallan
profundamente compenetrados en las obligaciones
morales, de ser verídico y de buscar la verdad
en el relato, en la explicación y en la
interpretación de los hechos"
Siguiendo el
tenor del articulado de este código, los
periodistas deben reconocer y asumir en la
práctica los siguientes compromisos:
- Elaborar
y difundir noticias exactas. Deben
hacer "todo lo que esté a su alance
por asegurarse de que la información que
reciba el público sea exacta en cuanto a
los hechos", "deben comprobar
sus fuentes" y contar con la prueba
material del hecho.
- Separar
los intereses personales. Una
conducta profesional no es compatible con
la "búsqueda de ventajas personales
y la promoción de intereses privados
contrarios al bienestar general",
- Evitar
los delitos profesionales. Por
respeto a las leyes penales y a la
honorabilidad de las personas, se debe
evitar la calumnia, la difamación, el
libelo deliberado y las acusaciones
infundadas. Esta corrección debe hacerse
tanto en el ámbito superficial como en
el profundo.
- Reconocer
y rectificar los errores. "Toda
información publicada que resulta ser
perjudicialmente inexacta debe ser
rectificada en forma espontánea e
inmediata". Aunque en el país
existe legalmente el derecho de
respuesta, en la práctica los medios se
hacen del "ojo pacho". Debe ser
un compromiso profesional hacer público
la expresión del derecho a respuesta
como las disculpas por la información
difundida con imprecisiones.
- Nombrar
correctamente el tipo de información
dudosa. Los rumores y noticias no
confirmados deben ser indicados y
tratados como tales. Como he dicho ya, no
basta, en una actitud Pilatos, con citar
indiscriminadamente los famosos
complementos adverbiales "según
fuentes cercanas a la institución
X..." o "según fuentes
anónimas...", sino denominar
adecuadamente la calidad de la
información y la identidad de la fuente
informativa, según la disponibilidad de
datos probatorios y de las circunstancias
de seguridad para la fuente.
CONCILIACIÓN
ENTRE LIBERTAD Y REPONSABILIDAD INFORMATIVAS
Como dice
Delarbre, "esa identificación entre
libertad de información y responsabilidad de los
informadores, se llevará a cabo cuando se
busquen garantía para la primera, o cuando se
discutan obligaciones de los segundos".
Cuando se aborda
el tema de cómo garantizar la responsabilidad de
los informadores, surge la no tan genial
sugerencia "deben penalizar los abusos en el
funcionamiento de los medios", para que
"no se salgan del carril", y que deben
establecerse controles férreos sobre el diseño
y la transmisión de mensajes periodísticos,
especialmente de los que son
"amarillistas" como los publicados por
CUATRO VISIÓN. La instancia que debe controlar
esto es Unidad del Espectáculo Público, del
Ministerio del Interior.
Desde una
perspectiva más seria y responsable, se puede
afirmar que no basta con penalizar los abusos en
el ejercicio periodístico con censuras estatales
al estilo de la GESTAPO o de la KGB, propio de
regímenes tiránicos. Esta afirmación lleva a
otra pregunta: ¿Cómo hacer entonces para
conciliar el libre ejercicio del periodismo con
la responsabilidad de informar exactamente sobre
los hechos, según las necesidades de los
usuarios de la noticia, con respeto a las leyes
penales y a la dignidad humana?
Sin pretender
agotar el tema, someto a consideración las
siguientes acciones estratégicas:
- El
reconocimiento del enorme compromiso
social del periodismo. Los
propietarios y los periodistas deben
reconocer que los medios informativos
tienen una importancia en el desarrollo
del país, en la cultura y en la
convivencia social. Esto supone admitir
que se han cometido errores profesionales
en el ejercicio de la labor informativa,
que han afectado a personas de
"carne y hueso", a
instituciones públicas y a los usuarios
de la noticia. Con base al
reconocimiento, debe asumirse con
responsabilidad el compromiso de superar
las dificultades, no dándose golpes de
pecho en rezos públicos, sino
superándolas con las acciones
pertinentes y duraderas.
- El
otorgamiento de las condiciones básicas
para el ejercicio. Internacionalmente
hay consenso, "del diente al
labio", que deben facilitarse las
condiciones necesarias para garantizar la
libertad de información. En el terreno
de los hechos concretos no hay un acuerdo
generalizado en el cómo posibilitar esas
circunstancias favorables, para que los
periodistas puedan ejercer sin las
restricciones y limitaciones actuales su
labor de trasladar la noticia veraz al
público usuario.
No hay visos
cercanos de querer discutir el asunto, porque
ofrecer esas condiciones básicas implica por lo
menos: 1) Que los empresarios de los medios
deberán reconocer la importancia social de la
profesión con un salario adecuado al costo de la
vida en El Salvador; 2) Que los políticos
deberán asumir realmente que los periodistas
deben ser profesionales independientes que tienen
derecho a acceder a los datos relativos al manejo
de la cosa pública; 3) Que, como parte garante
de las dos anteriores, legalmente debe
consignarse la libertad de información y la
profesionalización de los informadores en la
Carta Magna.
Hemos dicho que
la manera de conciliar el libre ejercicio del
periodismo con la responsabilidad de informar
exactamente sobre los hechos debe ser conforme al
derecho, respetando la dignidad humana y dando
respuesta a las necesidades de información de
los usuarios de la noticia. Asimismo, que supone
(re)conocer el deber social del periodismo y
otorgarle las condiciones básicas en el orden
socioeconómico a los periodistas para que
desempeñen sus funciones profesionales
dignamente.
Además, para
posibilitar esa conciliación, el gremio de
periodistas debe pensar y ejecutar otras acciones
de tipo estratégico como la asunción de reglas
de garantía jurídicas y sociales, es decir, la
promoción de una reforma constitucional referida
al derecho de información y al establecimiento
de la figura de un procurador de los derechos del
usuario de la información.
COMPROMISO
PROFESIONAL, UN DEBER DE TODOS
Se trata de
contar con pautas que permitan un desempeño
profesional orientado por normas consensuadas por
todas las organizaciones de periodistas
existentes y asumidas individualmente por todos o
la mayoría de los periodistas, asociados o no.
De no ser así, cualquier "intento" por
desarrollar profesionalmente el periodismo en el
país "caerá en saco roto" o, como
diría Don Marquis, "... tirar un pétalo al
Gran Cañón y esperar a que suene el eco".
En esa
dirección, conviene optar por una normativa
profesional, cuyas reglas no sólo
"cacareen" el libre ejercicio del
periodismo o el etéreo "deber ser",
sino que se comprometa a respetar las leyes, los
principios penales y los derechos humanos. Esto
debe estar contemplado en un código
deontológico moderno, en el que se contemple el
respeto al ser humano, al principio de inocencia
y a la sostenibilidad de naturaleza, y que
promueva los derechos individuales y colectivos,
el bien común, la cultura, los principios
democráticos, desde una perspectiva salvadoreña
y desde una enfoque de nación.
No conviene al
país, desde ningún punto de vista, seguir con
el pleito inútil entre los discursos de
"oposición" y de la
"burguesía", de "cultura
hegemónica" y "cultura popular",
de "periodismo revolucionario" y
"periodismo burgués", porque es una
discusión estéril que nada aportó en la época
de contención política, ni aportará al
entendimiento crítico de la realidad del
periodismo en estos momentos de distensión.
Tampoco ha beneficiado a los trabajadores de la
información que, dicho sea de paso, siguen con
su angustia existencial diaria del "salario
que no alcanza" y de "la inseguridad
laboral en los trabajos".
El poder de una
profesión en un Estado _su dignidad, su
responsabilidad y su legitimidad sociales_ no
se alcanza con discursos
"ideologizados", sino con la capacidad
de entender y orientar su trabajo en un terreno
democrático. De lo que se trata es de competir a
través de las ideas y de la inclusión, no de
las demagogias prometéicas y exclusionistas. Su
esfuerzo debe encaminarse a "examinar el
poder y superarlo, de instigar, empujar y
también de proponer creativamente, tiene que ser
tan impertinente con el poder como consigo
mismo", como dice Todd Gitlin refiriéndose
al paradigma de la crítica social (CIC, No.3,
julio de 2000)
Esto supone
políticamente superar la debilidad y la
fragmentación actuales del gremio,
profesionalizarse en términos cualitativos,
encontrar su identidad social honesta y sin
prepotencias y vivezas mezquinas, negociar
pragmáticamente y establecer alianzas con otros
actores sociales relacionados con la información
y crear propuestas viables de políticas
formativas para los colegas, informativas para
los medios y culturales para una nación
hambrienta de propuestas, en beneficio de toda la
nación y con respeto de los derechos ajenos.
CIMIENTOS
DE UN ESTILO PERIODÍSTICO VIGOROSO
En este nuevo
milenio, me supongo que los medios de
comunicación salvadoreños cuentan con un libro
de estilo bien definido (expresión
de la política informativa y concreción de una
manera de pensar y de decir adecuadamente lo que
pasa en la sociedad salvadoreña. Sin
embargo, con toda modestia y respeto me permito
sugerir los siguientes ejes de contenido de la
reglamentación profesional del trabajo
periodístico:
- La
determinación de los hechos que se
abordarán: previsibles y no previsibles,
históricos y de actualidad, finitos y de
seguimiento, enfoques, dimensiones y
otros.
- Definición
de lenguajes con que se designarán los
hechos, en los que se establezcan las
normas básicas en el uso de términos
referidos a la geografía, a la
traslación o transliteración de lenguas
extranjeras, la designación de fuentes y
otros.
- Contrastación
de fuentes informativas y establecimiento
de políticas de democracia informativa,
para superar las "ruedas de
caballitos", que muchas veces no
responden a los intereses informativos
del público sino que son convenientes a
los intereses de determinados grupos de
poder.
- Disposición
del material probatorio para poder
difundir informaciones delicadas
jurídica, política, moral y
socialmente.
- Diferenciación
entre intereses personales,
institucionales y periodísticos dentro
de una noticia de modo manifiesto o
velado para evitar los compadrazgos
políticos o económicos entre medios y/o
periodistas y sectores sociales o
políticos.
- Identificación
de valores noticiables más apegados a la
dimensión cívica de la información
-como la seguridad social, la memoria
histórica, la identidad cultural, la
necesidad de orientación social o
educativa, la educación sexual, los
servicios básicos, la democracia
participativa, los derechos humanos, la
solidaridad, la historia mediata y otros-
y menos a la dimensión exageradamente
comercial y espectacular de la noticia,
como los chambres políticos, la sangre
corriendo por los arriates, el
despedazado brutalmente o el accidentado
espectacular. En todo caso habría que
equilibrar.
- Establecimiento
de la independencia profesional de las
salas de redacción, en el sentido de
posibilitar toda la libertad y las
condiciones de trabajo necesarias para la
elaboración técnica de la información
de acuerdo con las necesidades
informativas. Esto evitaría las
posibilidades de corrupción y de
conflicto de intereses.
CORRECCIÓN
CONSTITUCIONAL EN FAVOR DE LA INFORMACIÓN
Si no hay una
norma constitucional que asegure específicamente
la libertad de informar y de ser informado
exactamente, en este país no se podrá hablar de
otras perspectivas profesionales que garanticen
otras acciones en favor del desarrollo del
ejercicio periodístico honesto y profesional.
La Constitución
Política debe reformarse, para ubicarla en el
concierto de las sociedades modernamente
democráticas, de tal manera que ese
"ambiguo" y "confuso"
artículo 6 sea superado por otro u otros
jurídicamente más precisos, en los que se
reconozca el libre acceso a las fuentes
informativas, la profesionalidad del empleo, el
respeto a los derechos constitucionales por parte
de los periodistas y la garantía socioeconómica
de los mismos.
Como se ha
establecido en su oportunidad, actualmente la
legislación salvadoreña adolece de vacíos,
imprecisiones y de ambigüedades con relación a
la información periodística. Por ejemplo, el
artículo 6 de la Constitución se refiere sólo
a la libertad de expresión, término amplísimo
que no puede ni debe confundirse con el libre
ejercicio periodístico; es más el mismo
artículo está redactado en un estilo
cantinflesco del "Sí, pero no". Lo que
se contempla en la normativa penal existente,
más que posibilitar la información exacta y
profesional, es un retraso para un trabajo
profesional, que, por la excesiva
discrecionalidad otorgada al juez, en casos
"extremadamente etéreos de seguridad
nacional", puede llevarlo a cometer
arbitrariedades en contra del periodista y del
derecho ciudadano a estar debidamente informado.
Solamente con
una ley fuerte, precisa y específica de la
profesión, que posibilite y facilite el libre
ejercicio periodístico y la elaboración de una
información veraz, se puede generar un
periodismo más profesional y responsable. Con
ambigüedades jurídicas no hay posibilidad de
nada en favor del gremio de periodistas y de los
usuarios de la información.
PRCURADOR
DE LOS DERECHOS DE LA INFORMACIÓN
Se trata de una
figura jurídica y concreta que proteja los
intereses del usuario de la noticia, con el
propósito de garantizar una información exacta
y respetuosa de las necesidades informativas de
la población y de los derechos de la fuente de
información. En estos momentos, todos los
usuarios de la información noticiosa no tenemos
ninguna posibilidad y el espacio de reclamar a
los medios por nuestros derechos. Sin ningún
contrapeso en el proceso informativo, los
usuarios de la información periodística no
podemos solicitar o demandar informaciones
diarias de acuerdo a nuestras necesidades, no
podemos reclamar para que por lo menos haya
disculpas públicas por los errores en el manejo
de datos o por el tratamiento de los temas.
Completamente,
los medios informativos deciden, a partir de una
suerte de "sabiduría periodística" o
de "olfato propio", como suelen
llamarle, qué debemos consumir en las noticias.
Las cartas al director o los espacios para que la
comunidad opine, y en raros casos los sondeos de
opinión, están bien como posibilidades
válidas; pero deben crearse otros espacios más
constantes y más seguros donde se esté
fiscalizando social y profesionalmente a los
medios informativos.
Así como existe
en el país un procurador de los Derechos Humanos
que, supuestamente, defiende los derechos de los
salvadoreños frente a los abusos de poder del
Estado, debe incorporarse una procuración de los
derechos de los usuarios y de las fuentes
informativas frente de a los abusos de los medios
de comunicación social.
Planteo la
medida de la instauración de la figura del
Procurador de los derechos de la información en
dos direcciones:
- Una parte
que sea asumida por la Procuraduría de
la Defensa de los Derechos Humanos, en
donde por medio de una unidad
especializada se procuren los derechos de
los usuarios de la noticia frente a los
abusos de los medios de comunicación,
por medio de consulta permanentes a la
población sobre el servicio informativo
que ofrecen y, además, la
administración de quejas y procuración
de justicia.
- Otra parte
que sea asumida por el propio medio de
comunicación, en cuya estructura
organizativa se cree la figura del
procurador, quien administre las quejas
de los usuarios y procure justicia
informativa. Esto supone que este
procurador interno, además de cumplir
con la idoneidad profesional en el ramo,
debe contar con independencia, con un
espacio para publicar información sobre
su procuración.
RECUENTO
DEL ENORME RETO PROFESIONAL
El "cambio
de cinta" (pasar de la discusión del libre
ejercicio a la información veraz), en el marco
del reconocimiento de la trascendencia de la
práctica periodística en la sociedad
salvadoreña (pasar de la razón comercial de la
noticia a la razón social de la proveeduría o
del arbitraje social de la información), supone
un cambio estratégico en la actuación de los
medios y de los periodistas del país.
Superar las
presiones externas contra la información
("la cherocracia", los sobornos
económicos y la todavía presente intolerancia
política), las irresponsabilidades en el manejo
de las nociones de "objetividad" en la
elaboración de la noticia ( acusaciones
infundadas, las faltas de evidencia probatoria,
el abuso de las "prominencias", las
descontextualizaciones, las ficciones
informativas y la marginación de los públicos
usuarios), para establecer un ejercicio realmente
profesional, implica la búsqueda y
consolidación, por una parte, del poder de la
unión del gremio y, por otra, el establecimiento
de una política informativa más moderna.
Asumir el
compromiso de seguir un código deontológico
integral y realista como un proyecto personal (en
el cual se concilie la libertad de informar con
la responsabilidad de hacerlo profesionalmente y
con apego a las leyes), así como facilitar las
condiciones básicas a los periodistas (en las
que puedan ejercer "con el estómago lleno y
el corazón contento" y con el futuro
asegurado), supone que todos y cada uno de los
miembros del gremio opten personalmente por ser
honesto en cada una de las acciones del proceso
productivo de la noticia.
Además, se
necesita que las autoridades pertinentes
(Asamblea Legislativa y todo el sistema judicial)
establezcan normativas esenciales (crear
normativas para el ejercicio profesional en
condiciones adecuadas) para garantizar la
ejecución de la ley cuando se trate de abusos en
el manejo de la información periodística.
Solamente así se puede establecer un estilo
periodístico vigoroso, de acuerdo con las normas
profesionales y con respeto a los derechos
humanos de los implicados y de acuerdo con las
necesidades informativas de la población
salvadoreña.
El cumplimiento
de esas opciones, compromisos y
responsabilidades, sin duda alguna, requiere de
un control y autocontrol de la práctica por
medio de una procuración interna y externa del
trabajo informativo, de acuerdo con las
exigencias informativas de la población
salvadoreña. Obliga, también, a disponer de una
legislación pertinente y a respetar los derechos
humanos de los implicados en los hechos.
Reconociendo nuestra idiosincrasia en las
relaciones sociales ( popularmente se dice que,
además, de "mentirosos" y "mala
paga", somos "incumplidores de las
promesas"), se necesita de una normativa
encaminada a garantizar el acatamiento de esos
compromisos informativos.
DE
UNA CULTURA DE LA ANARQUÍA A UNA CULTURA
PROFESIONAL
Lo anterior
habría que concebirlo de modo que sea un
proyecto que perdure en el ejercicio
periodístico. Pienso que supone, por los menos
las siguientes acciones a largo plazo:
- Adecuación
de los planes de estudio en las
instituciones de educación superior.
Debe buscarse la introyección y
asunción del respeto a los derechos
humanos, del conocimiento de la
legislación pertinente, y, además,
simularse su práctica en la producción
periodística profesional. Estos supone
"descapsularse" y abrirse a
modificaciones curriculares más
modernas, que ubiquen la amplitud de la
profesión periodística a formas de
producción, distribución y consumo de
la información, y al manejo de los
lenguajes de los medios y de sus nuevas
tecnologías. Además, tienen el
compromiso de superar el modelo teórico
de la profesión como un simple amanuense
o leedor de noticias, o preparador de
excursiones. Significa ubicar la
profesión desde la perspectiva
trasdisciplinar, en donde se expliquen
todas sus características desde las
diferentes ciencias humanas, políticas,
éticas y económicas. La modernización
de las universidades, en esta área
profesional, requiere la búsqueda de los
estándares de eficiencia académica.
Esto supone establecer el rigor
científico tanto al profesorado como a
los estudiantes. Sólo así se pueden
acercar al vasto conocimiento acumulado
por las ciencias de la comunicación y
por los niveles de complejidad que supone
comprender el fenómeno comunicativo.
También, como parte de sus funciones,
las universidades deben convertirse, por
medio de la ejecución de políticas
serias de investigación de las
comunicaciones en el país y la
socialización de los resultados, en
proveedoras de información científicas
a la comunidad profesional; obviamente,
esto se convierte en algo así como en
una conciencia crítica del
funcionamiento de los medios y una fuente
de propuestas para superar las
dificultades profesionales. En esta misma
dirección, el Ministerio de Educación
está llamado, ¡No imponer un único
modelo educativo!, a incorporar en la ley
de Educación Superior ejes fundamentales
sobre los conocimientos y habilidades que
debe poseer un comunicador, desde la
perspectiva científico-profesional. Y,
por supuesto, dejar la libertad de
enfoques y de mercados objetivos, como
ocurre en la educación superior de
España. En nuestro país actualmente
varios planes de estudio adolecen de
conocimientos básicos necesarios para un
profesional de la comunicación, hasta el
extremo de ofrecer libertades para
cualquier tema como "conocimientos
culinarios" y "prácticas de
asados de carne y promoción de
excursiones".
- Incorporación
en las rutinas productivas de los
periodistas. En el "día a
día" del ejercicio periodístico
supone concretar las siguientes acciones:
buscar la identidad de la profesión y
propugnar por el respeto de los colegas
en las relaciones intra e
interorganizativas como en las relaciones
con las fuentes informativas. La
identidad de la profesión y el
establecimiento de las condiciones
básicas para ejercer cómoda y
honestamente el trabajo no se consiguen
con unas relaciones laborales donde el
peor enemigo es el propio compañero:
"el pone dedo", "el
trinquetero", "el
lambiscón", "la
serpiente", "los prepotentes
pavos reales", etc. Debe buscarse la
cohesión el gremio: un conjunto de
profesionales que desempeñan una misma
profesión, con los mismos problemas y
con las mismas expectativas, solidarios
en las buenas y en las malas,
cooperadores para el bien común, como
miembros de una misma familia. Esto
implica ser autocrítico del propio
trabajo y crítico del trabajo de los
demás, con sentido propositivo en la
consecución de la libertad de informar y
del derecho de ser informado verazmente.
- Adecuación
jurídica. Potenciar y consolidar las
libertades en el ejercicio periodístico
supone la obligación de ser veraz con la
información ofrecida. Para establecer
esta coherencia entre la libertad y la
obligación, las fuentes y de las
instancias judiciales deben actuar
decisivamente, desde un cambio de
mentalidad hasta la actitud de promover
una legislación adecuada y moderna.
Instancias como la Corte Suprema de
Justicia, el Ministerio de Justicia y la
Asamblea Legislativa deben involucrarse
en la solución de la problemática:
discutir, consensuar y aprobar un
planteamiento jurídico encaminado a
definir correctamente en nuestra
legislación primaria y secundaria el
derecho a informar y el derecho a ser
informado adecuada y profesionalmente.
Esta participación activa conlleva la
formación de leyes modernas, la
profesionalización de abogados expertos
en el tema y la vigilancia por el
cumplimiento de los derechos relacionados
al ejercicio periodístico.
_________________
Fuentes consultadas:
- Código de la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU (1952),
citado por Martínez de Souza, José (1981): Diccionario
general del periodismo, Madrid.
- Trejo Delabre, Raúl (1995): De la
Crítica a la ética. Medios y Sociedad. El nuevo
contrato público, México.
- Alsina, Rodrigo Miquele (1989): La
Construcción de la noticia. Barcelona.
Piados.
- Casasús, José María (1992)": Set
hipòtesis de treball sobre història de la
recepció del text periodistic", ANÀLISI,
nº14, pp 33-46.
- Tuchmann, Gaye (2000): "La objetividad
como ritual estratégico: una análisis de las
nociones de objetividad de los periodistas";
en CIP DIGITAL, No.4., España.
- Gitlin, Todd (2000): "La política de la
comunicación y la comunicación de la
política", en DIGITAL, No.3,
España.
* Mario
Alfredo Cantarero
es master en comunicación social por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Investigador,
profesor de Metodología de la Investigación y
coordinador de postgrados e investigaciones de la
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad "Dr.
José Matías Delgado",
El Salvador, Centroamérica. Fue director de la
Escuela de Periodismo de la Universidad de El
Salvador y periodista del
año 1998 en la rama de artículo, otorgado por
la Asamblea Legislativa. Es colaborador de Sala de Prensa. Este artículo fue publicado en Razón y Palabra, junio de 2001, y fue enviado para su
reproducción en SdP por el autor.
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