A 25 años de la intervención contra Jacobo Timerman

Periodismo y dictadura: La agonía del
diario La Opinión, de Buenos Aires

Fernando Ruiz *

En este texto se describe la intervención que realizó la dictadura militar argentina al reconocido diario de Buenos Aires, La Opinión, fundado y dirigido por Jacobo Timerman. Este hecho truncó una experiencia profesional que había tenido un fuerte impacto en el país y que también la tuvo en otros países. El diario madrileño El País, fundado en 1976, reconoce una fuerte semejanza con lo que era el modelo de La Opinión, quién a su vez también se había basado en Le Monde, de París.

El 25 de mayo de 1977 la dictadura militar argentina designó como director del mejor diario de Buenos Aires a un general de la nación. Así terminaba una experiencia periodística que, desde el 4 de mayo de 1971, había sido la iniciativa más innovadora en el mercado periodístico argentino. Su fundador y director había sido Jacobo Timerman (1925-1999).

Timerman había sido detenido en la madrugada del 15 de abril de 1977. El cerco sobre el editor de La Opinión había crecido desde la desaparición hacía quince días del gerente técnico de su diario, el conocido periodista Edgardo Sajón. En horas de la noche, cuando varios autos de la policía de la provincia de Buenos Aires irrumpieron en la casa del subdirector Enrique Jara, en los suburbios de Buenos Aires, no estaban ni él ni su mujer, por lo que los policías se quedaron a esperar junto a su hija de nueve años y la suegra del periodista. A la una de la madrugada llegó el matrimonio Jara. Cerraron las esquinas con autos. A la mujer de Jara la llevaron adentro de la casa y a él se lo llevaron al domicilio de Jacobo Timerman, quién vivía en un barrio céntrico de Buenos Aires. Llegaron a la 1.30 de la madrugada. Despertaron al portero y subieron con Jara hasta el piso 15 donde vivía Timerman. El editor y toda su familia estaban durmiendo. Sin violencia, un oficial militar le explicó que lo detenía por la investigación sobre el caso de David Graiver, un financista que hacía pocos meses se había estrellado con su avión cerca de Acapulco. Mientras Timerman "aprestaba sus cosas", Jara esperaba en el living, y Rischa Timerman ingresó por un instante al living e intercambió saludos con el subdirector. Enseguida apareció Timerman y se lo llevaron junto a Jara en un auto a toda velocidad. La casa de Jara la abandonaron recién a las 3 de la mañana, y durante ese tiempo realizaron varias llamadas telefónicas y bebieron café. Antes de irse, arrancaron el cable del teléfono. Según Camps explicó años después, la orden de detención contra Timerman había sido dada a media mañana del 13 de abril por el general Guillermo Suárez Mason, jefe del poderoso primer cuerpo de ejército, pero ninguna de las comisiones que salió a buscarla pudo encontrarlo.

Timerman era consciente de la inminencia de su arresto. Había discutido largamente la opción de un exilio preventivo con su familia, con amigos, entre los cuales destacaba Abrasha Rotenberg, el administrador del diario. Y todos le habrían recomendado abandonar el país. "Yo soy de los de Masada", le escribió a un amigo israelí que le pedía que se fuera. Al volver de su último viaje a Madrid se reunió con Mario Diament, quién era uno de los periodistas de su mayor confianza, y le dijo que lo iban a detener por el caso Graiver. Diament le preguntó porqué no se iba y contestó: "porqué soy judío, y no les puedo dar la satisfacción de que tengan un judío que huye". Años después, Diament escribió que estaba acostumbrado a algunas actuaciones teatrales de Timerman pero no parecía eso algo similar. A Rotenberg le dijo que la presión internacional provocaría que su detención solo pudiera mantenerse por cuarenta y ocho horas. Unos días antes de su arresto, el historiador Robert Potash había visitado, junto al general Tomás Sánchez de Bustamante, al ex presidente Alejandro Agustín Lanusse y escuchó como este le comentaba a su colega sobre una visita que le hizo recientemente Timerman. Lanusse le había preguntado a Timerman por las novedades que tenía y este le respondió que la novedad era que todavía no había sido detenido ("The news is that I haven`t been arrested yet", en palabras de Potash). Una de sus secretarias, la exiliada chilena Irene Geis, le pidió también que se fuera del país. Timerman ya había hablado con Jara para que este asuma la conducción del diario si lo detenían.

La causa formal para detener a Timerman era su vinculación con David Graiver, pero la causa real era que estaban convencidos que La Opinión era un diario ideológicamente subversivo. Si bien en los interrogatorios se preguntó a fondo sobre la relación económica, los investigadores estaban interesados especialmente en la dimensión ideológica del diario y de su director. Un equipo especial de civiles, aportado por el gobernador Saint Jean, se dedicó a buscar "el verdadero trasfondo de la publicación a través del análisis del contenido de todos los números de La Opinión". Las secciones de cultura e internacionales eran especialmente revisadas. Lo consideraban "el apoyo periodístico más importante a las organizaciones extremistas, desde su aparición en el año 1971 hasta bien entrado 1974, año en que Timerman mitiga la prédica de su diario en la seccion dedicada a analizar la política nacional, manteniéndola en política internacional y en las ya citadas columnas de La Opinión Cultural". La conclusión de ellos era que el diario era "la empresa de disolución cultural más nociva con que cuenta el marxismo en nuestro país".

Durante el día siguiente a su detención, las autoridades militares no admitieron tenerlos, por lo que ambas esposas presentaron recursos de habeas corpus. Jara recordó para esta investigación sus pensamientos en esos momentos:

"Hasta mi secuestro yo me consideré un hombre valiente. Hoy pienso que en realidad yo no conocía el miedo. De manera magistral lo dice Borges: la muerte es algo que le ocurre a los demás. A mi no me va a tocar. El hecho de ser periodista significa que a mí no me va a tocar. Es una salsa que tiene un ingrediente de ignorancia, otro de soberbia, otra de ingenuidad, y también uno pensaba, para tranquilizar mi conciencia con respecto a mi familia, que si algo pasa yo voy a poder explicarle al coronel, al comandante revolucionario, que yo soy un hombre honesto, este hombre, al que no le presumo mala fe, va a entender que soy un hombre honesto, y me iba a dar la razón. Es un shock, adicional al voltaje de 220, a alguna patada, y algún simulacro de fusilamiento. Es un shock descubrir los lìmites de esa supuesta valentía. Descubrir que el diálogo tampoco se produce así: empieza con una patada en la cabeza, o en la noche en un silencio de un pozo. El diálogo inteligente no se produce jamás. Pero hasta esa etapa uno actúa con esa sensación de gran tranquilidad. Con la ignorancia del miedo."

A las pocas horas, la redacción de La Opinión sería impactada otra vez. Desapareció Enrique Raab, quién había sido uno de los periodistas más prestigiosos y que se había ido del diario en 1975. Fue secuestrado en su domicilio en pleno centro de Buenos Aires, junto con un amigo, el que fue liberado dos semanas después. En ese momento estaba preparando la edición de una publicación denominada El Ciudadano, la que estaba impulsada por la guerrilla. Raab había sido especialmente amenazado por la revista de la extrema derecha peronista El Caudillo, y había escrito fuertes críticas con respecto a la organización parapolicíal Triple A. Según Spunzberg, Raab era integrante junto con él del grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que en ese momento estaba ya prácticamente terminado. El jefe de la sección Economía, Cháves Paz, recordó cuando semanas atrás Raab había interrumpido una reunión de secretarios de redacción para informar que habían ingresado en su departamento, habían roto la máquina de escribir y habían quemado su ropa con cigarrillos.

Las crónicas del día siguiente sobre Raab eran incriminatorias hacia las fuerzas oficiales. La Opinión informó bajo el título Fue arrestado un periodista, que "según versiones confirmadas por los vecinos de la zona...luego de un amplio operativo de fuerzas de seguridad....(y que) las versiones indican que actuaron efectivos del Ejército, uniformados y fuertemente pertrechados". El diario La Prensa, bajo el título Otro periodista fue detenido ayer en la madrugada, informó de "un vasto despliegue de fuerzas de seguridad", para cerrar la crónica con la desmentida policíal sobre la existencia del procedimiento que hizo desaparecer a Raab.

La madrugada en que los detuvieron, Timerman y Jara fueron llevados a la jefatura de la policía en La Plata. Allí lo interrogaron en el despacho del Director General de Investigaciones, comisario Miguel Etchecolatz, donde estaba el coronel Camps. Timerman aseguró que lo reconoció pues él estudió un tiempo en esa ciudad, e hizo tramite para su documento en ese edificio. Esa misma noche le hicieron un interrogario de alrededor de una hora. Estaba el coronel Camps y varios policías. Timerman quedó convencido de que en esas horas cambió su suerte. Tenían decidido matarlo, pero cambiaron de opinión porque podían realizar un gran juicio, que les sería más útil:

"lo estuve pensando y quizás mis primeras respuestas de que era judío, sionista, reconocí que era socialista, y eso probablemente despertó su imaginación de un gran juicio ante una persona que confiesa esos crímenes."

La principal motivación de la detención era que tanto el diario como su director eran considerados subversivos, pero en los interrogatorios tanto Timerman como Jara se enteraron cuáles eran los últimos actos del diario que habían perturbado al poder militar. A Jara le preguntaron al día siguiente de su detención, cuando los militares todavía no habían reconocido su detención: "¿A que se debe la aparición reiterada en La Opinión de textos que hacían mención a la no aparición de Sajón?". Y recibieron la respuesta de Jara, bastante obvia: "Se debe a que nosotros queremos que Sajón aparezca". A Timerman le preguntaron: "¿Usted cree realmente que la iniciativa de crear una columna de Habeas Corpus favorece a las fuerzas que combaten a la subversión y en última instancia, a los intereses de la Nación?".

Mientras tanto, sin saber nada de lo que les estaba ocurriendo al director y al subdirector, los periodistas de La Opinión intentaban hacer algo. Habían desarrollado cierta gimnasia de gestiones para estas situaciones, aunque nunca les había tocado una de tanto voltaje político. Además de la mujer y el hijo mayor de Timerman, Héctor, varios de los más renombrados periodistas del diario comenzaron a realizar gestiones personales para everiguar el destino de Timerman y Jara. Ese mismo viernes a la madrugada, José Ignácio López despertó al ministro de Economía Martínez de Hoz, con quién tenía una buena relación pues cubría el área económica. El ministro llamó al Presidente. La mujer de Timerman le pidió ayuda al general Lanusse pero este sostuvo que si él actuaba sería peor pues tenía una pésima relación con las actuales autoridades militares. El periodista de mayor jerarquía después de los dos detenidos, Ramiro de Casabellas, se entrevistó con el subsecretario operativo de la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación, el capitán de navío Carlos Bonino. Roberto Garcia habló con el general Carlos Dalla Tea. Diament y Daniel Muchnik, que ahora era el jefe de Economía de Clarín, hicieron gestiones con la dirigencia de la colectividad judía para promover el aumento de la presión sobre el gobierno. Muchnik también se reunió junto con José Timerman, hermano de Jacobo, con el ministro de Economía, el que estaba preocupado por la repercusión negativa que podría tener el secuestro del director de La Opinión en los judíos de Nueva York frente a las negociaciones económicas que llevaba a cabo.

El primer objetivo del diario consistió en presionar para que las autoridades militares reconozcan no sólo la detención de Timerman (algo que hicieron veinte horas más tarde de haberlo detenido) sino también de Jara, del que sus captores nada decían. Las crónicas de la detención de los dos periodistas estaban centradas en informar y difundir que había sido un sólo operativo el que se los llevó a los dos, por lo que, si el general Suárez Mason lo tenía a Timerman, también lo tenía a Jara. Los periodistas de La Opinión sabían que si los militares no admitían una detención esa persona podía convertirse en un nuevo desaparecido. Eso era algo que el general Dalla Tea, de frecuente relación con los periodistas, le había dicho al periodista Roberto García. La agencia Latin-Reuter, creada por Jara siete años antes, difundió en un cable fechado en Washington que Jara, según fuentes de la OEA "es firme candidato a ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". Las mismas fuentes -agregó ese cable- informaron que Timerman había sido invitado por el Congreso de los Estados Unidos a comparecer a mediados de mayo próximo en una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en el país. El diario completó esa información recordando el intercambio epistolar entre Timerman y el legislador estadounidense, Donald Fraser, presidente de la subcomisión de organismos internacionales, de la Cámara de Representantes.

El segundo objetivo del diario fue reflejar el fuerte impacto que causó la detención de Timerman y de Jara. Según el diario, el episodio "conmocionó a los medios periodísticos, políticos y diplomáticos del país y del exterior, las agencias extranjeras despacharon desde las primeras horas de ayer extensos informes sobre los sucesos mencionados, destacando la prestigiosa personalidad de los periodistas detenidos". Editores que habían tenido relación con Jara durante el proceso de formación y desarrollo de la agencia Latin-Reuter promovieron artículos en su defensa. El periodista Federico Branco escribió en O Estado de Sao Paulo, un elogioso artículo sobre Jara; el prestigioso editor mexicano Julio Scherer Garcia expresó que fue "un ataque frontal contra uno de los diarios más independientes de América"; El Nacional, de Venezuela, informó sobre las gestiones que se estaban realizado en la OEA para designar funcionario a Jara.

Pero hubo más reacción en el exterior que en el país. La detención de Timerman y Jara no produjo protestas en los diarios de Buenos Aires, más allá del diario en idioma inglés Buenos Aires Herald. La Prensa informó el sábado 16 de abril sobre la detención de Timerman, pero no aclaró que en el primer comunicado militar nada se decía del subdirector Jara. El Buenos Aires Herald y El Día, de La Plata, relacionaron de algún modo la desaparición de Sajón con lo sucedido con Timerman y Jara. La Nueva Provincia también lo hizo, pero de un forma incriminatoria para Sajón, al decir que "preso Jacobo Timerman, la supuesta inocencia de Edgardo Sajón -que tan machaconamente ha venido repitiendo el teniente general Lanusse (...)- comienza a diluirse". Clarín fue el primero en informar, el sábado 16 de abril, que toda la investigación se había originado en una confusión de un miembro de la familia Graiver.

El Día de La Plata publicó una editorial en defensa de los periodistas Jara y Robert Cox (actual presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, 2002), pero nada dijo de Timerman. El diario La Prensa publicó una editorial sobre la libertad de prensa, donde ocho párrafos fueron dedicados a Cox, que estuvo 24 horas preso, y sólo uno a Timerman. El 2 de mayo, ADEPA protestó por el arresto de Cox, pero nada dijo del de Timerman. El Buenos Aires Herald y La Opinión criticaron al resto de los diarios de Buenos Aires por su actitud frente al caso Timerman. Diament explicó años después que, en las gestiones que realizó con los dirigentes de la colectividad judía y la embajada de Estados Unidos, los interlocutores parecían dudar sobre la culpabilidad de Timerman y eso hacía que no se comprometieran en forma activa.

Durante el día sábado los militares tampoco reconocieron tener a Jara. A las 20.30 el secretario de Información Pública, capitán Carlos Carpintero, difundió un comunicado en el que afirmó que "no se conoce el paradero del señor Enrique Jara". Enseguida agregó algo desconcertante: "inmediatamente de conocida la desaparición del señor Jara, los organismos militares y de seguridad han iniciado la investigación del hecho y hasta el momento no están en condiciones de brindar información al respecto". En su edición del domingo 17, La Opinión insistía que Jara y Timerman fueron detenidos en el mismo operativo y por la misma gente, y que incluso la mujer de Timerman lo vió a Jara en el living de su departamento junto a los oficiales militares. Se publicó un suelto titulado ¿Dónde está? en el que se desconfía del punto dos del comunicado oficial que afirmó que la investigación oficial ya estaba en marcha: "hasta anoche las esposas del señor Timerman y del señor Jara no habían sido citadas para que atestiguen sobre lo que vieron y oyeron durante los procedimientos". El texto terminó preguntando: "¿dónde está el señor Jara?".

La estrategia política pública del redactor de política, José Ignácio López, y de La Opinión en general, consistió en sugerir que los duros estaban utilizando el caso Graiver para avanzar sobre el presidente Videla, en no demostrar ningún interés en entorpecer la investigación, y en criticar las arbitrariedades y actitudes macartistas. El último componente de la estrategia política defensiva del diario consistía en alertar con la caída de la imagen internacional del país y con el eventual despertar de un gigante político que comenzaría a cansarse de su propia prudencia, la Iglesia Católica.

Después del Buenos Aires Herald, el medio gráfico que más defendió a Jacobo Timerman fue el semanario de circulación restringida Ultima Clave, vinculado a sectores del ejército opuestos a los duros. Incluso el director de esa revista, Rodolfo Fernández Pondal, lo visitó en el Departamento Central de Policía. Sobre la situación de Timerman, este semanario dijo que "si hay cargos, que se den a conocer claramente para que el país tome cuenta de ellos; y si no los hay, que se lo deje en libertad, para que nos confirmemos de que la justicia no anda al garete en medio del vendaval de pasiones que agita en forma por demás preocupante al país". De inmediato, Ultima Clave inquirió con dureza sobre un tema por demás sensible:

"Contribuiría además a aliviar el estado de inestabilidad y de angustia, que algún funcionario se adelantase a decir algo sobre las indagaciones que se están realizando para dar con el paradero de Edgardo Sajón, de Oscar Smith [sindicalista desaparecido], o del hermano Julio San Cristobal, perteneciente a la Congregación Lasallana, quién ha pasado a engrosar desde el 5 de febrero la lista de desaparecidos de quienes no se vuelve a tener noticias en nuestro país, cuando seís encapuchados lo sacaron por la fuerza del hotel de Rosario donde se hospedaba. ¿Cómo es que si la organización erp está reducida a un 10 por ciento de su capacidad, y la de montoneros al 20 por ciento -de acuerdo con datos oficiales que las consideran en estado de regresión y limitadas a la aptitud de poner algunas bombas- se producen todavía estas frecuentes, misteriosas desapariciones?"

A partir del martes 26 de abril, el diario La Prensa comenzó a citar declaraciones de Timerman obtenidas bajo el interrogatorio, otorgándoles el mismo carácter autoincriminatorio que sus captores militares y policíales. El resto de los diarios empezó a publicar también revelaciones sobre el caso Graiver. Esa afluencia de información off the record en los diarios coincidió con el momento en que se sacó la investigación de manos de los militares duros. El control pasó del trío Saint Jean- Suárez Mason- Camps a la órbita del Comando en Jefe del Ejército, donde reinaban los militares blandos. El nuevo director de la investigación fue el general Bartolomé Gallino. Al perder el control de la investigación, probablemente los militares duros intentaron difundir al máximo los resultados para evitar que se silenciara. Esa cantidad de información sobre las investigaciones y el tratamiento que la prensa realizó sobre ella provocó una reacción de la publicación Ultima Clave. El jueves 28 de abril escribió:

"Algunas de las acusaciones formuladas han sido terriblemente crueles. El cuadro que se pintó sobre Jacobo Timerman, el fundador de La Opinión, por ejemplo, trae a la mente el recuerdo de aquellos procesos en los países de Europa Oriental en los que la gente confesaba 'crímenes contra el pueblo'. Pero, aún en esas noticias filtradas (provenientes de fuentes desconocidas), el señor Timerman no ha sido acusado de estar involucrado en forma alguna con la subversión. Los juegos malabares financieros denunciados suenan como sospechosos; pero se nos suministra acusaciones, no pruebas. Algunas de las cosas de las que es acusado, o se alega que ha confesado, son absolutamente ridículas. ¿Qué hay de malo en ser un sionista de izquierdista? Pareciera ser una de las bromas del señor Timerman. ¿Podría ser que la fuente de donde provienen estas cosas las hubiera confundido un tanto? ¿Es malo haber establecido un periódico a tono con los lineamientos de Le Monde? (seguramente esto no era un secreto para nadie). Y porqué la confesión no incluye el otro lado de la Historia de Timerman -uno de los momentos de gloria de La Opinión cuando el ya fallecido y descollante Heriberto Kahn, arriesgó su vida al informar la verdad sobre López Rega, por ejemplo. Si el señor Timerman es sospechoso de haber cometido un crimen, debiera ser juzgado ante un tribunal. Lo que está sucediendo con él recuerda aquellas terribles palabras de Erlichmann: 'Dejadlo balancearse lentamente, lentamente al viento'".

Al día siguiente, en una reflexión en la tapa, La Opinión dijo:

"Para el momento en que la Justicia se expida respecto de los implicados en el caso Graiver, las sentencias tendrán el efecto de una gota de agua en un océano. Porque la mayor parte de los medios de difusión que se han ocupado del tema ya han producido sus propias sentencias."

El diario justificó su poco activismo en defensa de su director y de las acusaciones recibidas por que La Opinión "está envuelta en una campaña intencional en la que no debe ingresar, para que la acción psicológica no la desvíe de su cometido democrático". La estrategia consistió en hacer hablar a otros, en especial al Buenos Aires Herald, cuya principal critica fue contra los grandes diarios de Buenos Aires, a los que comparó con "una manada de hambrientos lobos". Mencionó "algunos salvajes ataques personales en diarios que han tenido un sabor a venganza, o el intento de saldar viejas deudas". El editorial del Herald expresó:

"A medida que las fuentes de información se han ido secando, los diarios con aparente desesperación por mantener vivo el affaire Graiver, han estado publicando más desmentidos, que informaciones. (...). Los diarios deberían tener más ética y normas más exigentes. El periodismo no se limita a vender más ejemplares o crucificar los enemigos mediante la palabra impresa. Es necesario detenerse y reflexionar. Se suponía que el 24 de marzo de 1976, señalaba un cambio en moralidad. En cuanto a responsabilidad periodística, nada ha ocurrido. Las fuentes siguen sin ser reveladas. La gente arrestada es vilipendiada."

Un editor venezolano, Jorge Olavarría, de Resúmen, entregó una carta a Videla cuando este viajó a Caracas. Olavarría reconoce estar asombrado por "las escasas protestas que se han hecho por la prisión del señor Timerman, en la Argentina y en todo el continente". Escribió Olavarria:

"debo insistir en aclarar en que no estoy pidiendo para el señor Timerman una absolución, pero sí un juicio en el cual él pueda alegar y probar su conducta y sus derechos, pudiendo por otra parte ejercer la libertad de expresarse para sostener lo mismo en el campo público, para la defensa de su honor y reputación personal. Ignoro si el señor Timerman es culpable o inocente, y aún desconozco las acusaciones que se han hecho en su contra o las razones que tenga el Gobierno que usted preside para haberlo sometido a prisión."

Olavarría no defendió la inocencia de Timerman sino sus derechos y su talento:

"Lo que sí sé, señor Presidente, es que la creación y existencia de La Opinión de Buenos Aires es uno de los fenómenos editoriales más sobresalientes del mundo hispanoamericano; tanto más, como que fue creado y editado en momentos de intensa y a veces desconcertante conmoción política. Un diario que rechaza el sensacionalismo y la pornografía, que halaga la inteligencia y sirve a la imaginación con el alarde de no publicar gráficas y que capea temporales, presiones, amenazas y violencias en la forma como lo hizo La Opinión, figurará en un lugar honroso en la historia del periodismo hispanoamericano. Y es unánime la creencia que señala al señor Jacobo Timerman, como la figura central de este hecho."

Mario Diament se sumó a la crítica de la actuación de la prensa argentina en el caso Graiver:

"el país se ha llenado en las últimas semanas de culpables sentenciados por veredictos producidos en las páginas de los diarios y revistas. Ningún juicio legítimo puede atemperar los efectos de esta sanción, las fotografías y los nombres se han grabado en la retina y en la conciencia pública, manipulados con una ligereza sospechosa. ¿Qué ocurrió con los implicados en el caso Graiver? Han desaparecido de las páginas de los diarios como los papeles que se echan al piso al cabo de un juicio. Estos diarios y estas revistas han colocado al gobierno ante la incómoda necesidad de producir hechos. No hechos de justicia -que son los que pueden asegurar el triunfo del proceso- sino hechos políticos, destinados a llenar el vacío editorial."

Nadie parecía dispuesto a apostar fuerte en la defensa del editor. Jara, a quién Timerman le había negado toda participación de Graiver en el diario, realizó declaraciones incriminantes contra él una vez que fue liberado. Casasbellas no realizó una defensa pública, y en los interrogatorios en los que participó su posición era similar a la de Jara. El periodista James Neilson, también del Buenos Aires Herald, defendió a La Opinión y expresó que los "enemigos de la libertad de prensa" parecen tener ahora "menos escrúpulos y menos inhibiciones que antes". El 3 de mayo, La Opinión publicó otro artículo del Buenos Aires Herald en defensa de Timerman, esta vez de su director Robert Cox, bajo el título La otra cara de la medalla en el caso Jacobo Timerman. En la presentación de esa nota, La Opinión aclaró que "asumió el riesgo de que su silencio fuera confundido con blandura, en la convicción de que la serena posición de las autoridades que tiene a su cargo las investigaciones era la prueba más contundente de la falta de fuentes que avalasen los presuntos cargos". La gran prensa no intentó defender a Timerman. Cox escribió años después: "El lado más triste del caso Timerman es la falta de defensa que sufrió de la prensa".

No hubo actores políticos o sociales que asumieran actitudes de defensa con respecto a La Opinión y menos con respecto a Timerman. El domingo 30 de abril se realizó la primera marcha de las que después serían mundialmente conocidas como las Madres de Plaza de Mayo. Se estaba dando un proceso de aprendizaje entre los familiares de detenidos y desaparecidos por medio del cual buscaban nuevas formas de lograr visibilidad en un espacio público tan restrictivo. Cuando comenzó mayo, se comenzaron a producir otros hechos conmocionantes que alejaron al caso Timerman de la agenda pública. Los primeros días de mayo, el gobierno argentino se enteró de que estaba por perder un fallo arbitral internacional con Chile sobre un asunto fronterizo entre dos dictaduras militares. El gobierno militar difícilmente admitiría un fallo contrario y esa situación podría producir la escalada de un conflicto limítrofe. Enseguida, otra noticia espectacular contribuia al silencio sobre el caso Graiver y Timerman: el 8 de mayo, el canciller argentino sufrió un atentado terrorista que lo dejó paralizado. El 5 de junio, el gobierno anunció que había sido muerto el "dirigente máximo de los montoneros en el país", Julio Roque. Despues de haber surgido el 1 de abril junto a la desaparición de Sajón -treinta días atras- el caso Graiver comenzó a bajar de temperatura hasta desaparecer. Todo eso coincidió con la estrategia de los nuevos directores de la investigación de bajar el ruido público y liberar a algunos detenidos. El coronel Camps pretendía seguir a cargo de la investigación, pero el 6 de mayo el general Videla lo reemplazó por el general Gallino. Esa misma tarde, Camps, el general Suárez Mason y el asesor civil Alberto Rodriguez Varela fueron a la residencia presidencial de Olivos a hacer firmar un decreto de clausura del diario La Opinión, redactado por el asesor, por su vinculación con Graiver. Según Camps, "el presidente no se opuso, pero explicó que hacía falta reunir a la Junta Militar y a la CAL". En un libro posterior, Camps escribió:

"Cuando terminé de hablar esperaba que se me instase a seguir investigando, pero el comandante en jefe y presidente de la Nación señaló la necesidad de nombrar un general preventor, según lo establecido por la ley 21.460."

Un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, John King, envío a sus superiores el siguiente informe:

"El escándalo Graiver fue un intento de la línea dura del Ejército –Suárez Mason y el general Saint Jean, gobernador de Buenos Aires, y su brazo ejecutor, el vil coronel Ramón Camps- para destruir a los moderados, el tándem Videla-Viola. Videla logrará quitar el caso de las manos de Camps y pasarlo al G-4 (Logística) que dirige el general Oscar Gallino."

Para mediados de mayo de 1977, La Opinión, dirigida por la mujer de Timerman, no hacía campaña por la liberación del editor. Su estrategia pública consistía en no provocar males mayores. Las tapas de la revista semanal La Opinión eran favorables al gobierno: con respecto al viaje del presidente Videla a Caracas, titularon Presidente Videla, Argentina en Venezuela. Había más defensa del general Lanusse que de Timerman en las páginas de La Opinión. O la familia no creia tanto como él en la fuerza de la pluma, o él mismo les pedía en las ocasionales visitas que fueran moderados.

El 22 de mayo, José Ignácio López en su panorama político semanal interpretó que había "indicios de que quedó atrás lo que quiso ser una tormenta política". Sin mencionarlo expresamente, López sugería que el grupo de Saint Jean había sido políticamente derrotado:

"si a favor del río revuelto hubo pescadores que procuraron abrir resquicios aún en la misma cúspide del poder; hay indicios de que retiraron el anzuelo sin la presa deseada y, lo que es peor aún, también sin la carnada. Tal vez el fin de la semana anterior haya marcado, si se quiere, uno de los puntos más álgidos. Mientras en Caracas el presidente de la República cosechaba uno de los éxitos políticos más rotundos -y no solo por mejor ubicar a la Argentina en el concierto internacional sino también por la incuestionable repercusión interna de aquel logro- en Buenos Aires, algunos caían presa de la confusión y creían en la inminencia de cambios fundamentales."

Dos días después, se terminó abruptamente una experiencia política y periodística de gran importancia en esta década argentina. La dictadura militar intervino a La Opinión. La familia de Timerman fue desplazada del control de la empresa y de la dirección del diario.

Los motivos que podrían haber desencadenado esta decisión del poder militar fueron tres:

1. La edición del día anterior publicó un artículo extenso sobre una nota que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) entregó al ministro del Interior. La APDH agregó 212 casos de desapariciones a los 413 que se adjuntaron a una petición a la Corte Suprema del pasado 11 de abril.

2. Hubo una importante difusión en los días previos de la situación del general Lanusse con bastante presencia de los abogados del general.

3. La columna política dominical de José Ignácio López revelaba una fuerte puja interna en el poder, y eso podía ser interpretado como una forma de dividir al ejército.

El Poder Ejecutivo intervino La Opinión por medio del decreto 1515/77. El mismo decreto intervino la Editorial Olta, editora del diario, y Establecimientos Gráficos Gustavo, empresa impresora del diario. Al día siguiente, a Timerman se le levantó la incomunicación. También el 25 de mayo, el New York Times publicó una editorial sobre Argentina, donde acusó al general Saint Jean, cuyas repercusiones duraron varias semanas. Cuando asumió el interventor de La Opinión, otros temas ocupaban la actualidad. Solo quedaba en la memoria una nueva renuncia de la gran prensa de Buenos Aires a defender los estándares profesionales mínimos que, en sus elocuentes discursos y editoriales, decía profesar.

El Consejo de Guerra resolvió que no había ningún cargo contra Timerman. La acusación principal había sido sobre el ingreso de dinero montonero en las empresas de Timerman, pero la documentación que los militares revisaron determinó que los aportes de capital de David Graiver se habían realizado antes de que los Montoneros comenzaran a utilizar al banquero como financista. La absolución del Consejo Especial ocurrió en septiembre de 1977 y le fue comunicado el 13 de octubre de ese año. A pesar de la absolución, la Junta de Comandantes, el 10 de noviembre de 1977, por resolución número 6/77 le sacó todos los bienes.

La mujer y el hijo de Timerman condujeron una campaña internacional por su liberación. Mientras tanto, Timerman había perdido toda duda sobre las bondades de la publicidad de su encierro. Años después escribió en la Columbia Journalism Review que "cuando estuve en prisión comprendió que unas pocas líneas en The New York Times, un artículo en Le Figaro, o una declaración en Il Corriere della Sera tenía inmediatas repercusiones en nuestras condiciones de vida y tratamiento como prisioneros". El embajador de Israel lo visitó en la cárcel y le sugirió que una campaña pública demasiado sonora podía afectar su libertad, pero él rechazó esa idea. "No hay ningún ex prisionero político ni ningún prisionero político que esté todavía en la cárcel que acepte la ideología del silencio", escribió pocos años después. La dirigencia local judía reclamó su liberación pero se separaba de la presión internacional contra la dictadura. En su discurso en la reunión donde fue reelegido como presidente de la DAIA, en 1978, Nehemias Reznitsky dijo que "aclarar la situación de Timerman [liberarlo] será una contribución inestimable a la lucha contra aquellos que, ajenos a los intereses de la comunidad, usan el nombre de Jacobo Timerman para manchar la imagen de la Argentina en el exterior". La diplomacia estadounidense fue una de las presiones más decisivas –sino la principal- que recibió la Junta Militar por la liberación de Timerman. La funcionaria Patricia Derian, en su segunda visita al país, en agosto de 1977, en una reunión con el ministro del Interior protestó por los malos tratos contra el editor:

"Yo le recordé que en mi primer visita había visitado al diario La Opinión y hablado con el señor Timerman, que en ese momento ya estaba desaparecido, y dije que había información de que había sido torturado y nadie sabía su paradero. Se irritó mucho y me dijo que estaba dispuesto a traer a Timerman ante mi presencia para que le hiciera las preguntas que quisiera. Yo me negué a entrevistar a un detenido que después sufriría represalias por lo que dijera. Le dije a Harguindeguy que él era el ministro del Interior y por ende responsable de lo que sucediera con Timerman y otras personas cuyos nombres le di."

Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que visitó el país en 1978 informó a la asamblea anual de la organización, que se realizó en Miami entre 18 y el 25 de agosto de ese año, que "Timerman fue juzgado y absuelto por un tribunal militar por delitos subversivos y sin embargo sigue bajo arresto". El diario La Nación rechazó el informe pues "parecería que en vez de ir a la Argentina a cerciorarse de si existe libertad de prensa se ocupó esencialmente del caso de Jacobo Timerman, quién se encuentra a disposición de la Justicia por hallarse supuestamente mezclado en el affaire Graiver".

La puja por lo que debían hacer con Timerman siguió siendo un punto de fricción entre los militares duros y los blandos. Estos querían evitar escándalos internacionales, mientras que los primeros querían una represalia ejemplar para quién según ellos había cometido tantos males al país. Timerman pasó en ese tiempo por varios lugares de detención, la mayoría clandestinos, hasta concluir el 17 de abril de 1978 con un arresto domiciliario. El argumento para tenerlo en cárceles clandestinas era doble: evitar "ataques terroristas", pero tambien el de evitar que se movieran influencias para sacarlo. Los duros percibían que combatir a Timerman era el paso necesario después de derrotar a las guerrillas. "Hemos combatido victoriosamente los efectos de un mal dejando intactas las causas", escribió Camps.

En 1979, el presidente Videla había recibido la presión internacional de varios modos, y finalmente aceptó frente al vicepresidente de los Estados Unidos, Walter Mondale, permitir que una comisión de juristas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hiciera un informe in situ sobre los derechos humanos. El gobierno de Carter había trabado varios créditos de organismos multilaterales para Argentina, a la que también se le estaba aplicando un embargo militar. Según un académico, las relaciones entre ambos países habían llegado a su nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. Mondale se encontró con el general Videla en Roma, durante la asunción de Juan Pablo I, y allí convinieron la visita. El vicepresidente de Carter, además, habría aceptado que Patricia Derian no fuera enviada más al país. El gobierno argentino habría pensado que la visita de la comisión de la OEA sería más bien protocolar.

La visita quedó programada para septiembre de 1979 y para esa fecha se cerraron apresuradamente varios de los centros clandestinos de detención. El 21 de julio de 1979 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Timerman. La noticia produjo un fuerte malestar en las filas militares. Según un investigador que tuvo acceso a dialogar con importantes fuentes militares "la actitud de los supremos jueces de la Nación, nombrados por los propios uniformados, produjo el mismo efecto de una bomba puesta por la subversión". El martes 25 de septiembre de 1979 Timerman fue expulsado del país. Unas horas antes había abandonado el país la misión de la OEA "que estaba particularmente interesada" en escuchar a Timerman, y de la cual uno de los integrantes se había reunido con él. Si el gobierno liberó al periodista para obtener cierta buena voluntad con la OEA su fracaso fue evidente cuando a las pocas semanas se dio a conocer su muy contundente y nada protocolar informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El operativo para llevar a Timerman desde su departamento al aeropuerto se hizo con las máximas medidas de seguridad, para evitar un posible ataque de los militares duros. Estos realizaron un conato de rebeldía pero fueron disuadidos. Un helicóptero se lo llevó sin avisar a la estación aérea, frente a la incertidumbre de Timerman que no sabía en manos de quién estaba y adónde se lo llevaban. En el aeropuerto lo esperaban funcionarios de la cancillería israelí que viajaron con él a Rio de Janeiro y desde allí viajaron a Tel Aviv. El decreto de la expulsión (nº 2398) decía:

"Viaja en el vuelo 116 de Aerolíneas Argentinas con destino a Israel, vía Roma, provisto de pasaporte de No argentino y con visa del Estado de Israel."

* Fernando Ruiz es profesor del Seminario de Periodismo y Democracia, y de Historia y Cultura de la Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral (Buenos Aires- Argentina). Es licenciado en Ciencias Políticas, y obtuvo un doctorado en Comunicación Pública en la Universidad de Navarra. Escribió Las palabras son acciones: historia política y profesional del diario La Opinión, de Jacobo Timerman, 1971-1977 (Perfil libros, Buenos Aires, 2001). Esta es su primera colaboración para Sala de Prensa.