Pronunciamiento de Periodistas Frente a la Corrupción

Represalias contra la prensa

Por 11vo. año consecutivo, el día 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha establecida por las Naciones Unidas para recordar la importancia de la prensa libre, independiente y pluralista. Por tal ocasión, Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), una iniciativa regional basada en América Latina, expresa su preocupación frente a condiciones prevalecientes en la región que laceran el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

Nuestro monitoreo diario de la región revela una escalada de agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación. La mayoría de estas están vinculadas con la corrupción desenfrenada que sufre América Latina y tienen por propósito frenar a aquellos periodistas y medios que investigan y exponen este flagelo. Coincidimos con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en que el hostigamiento y violencia sufrida por los periodistas latinoamericanos durante el año 2002 representan un "retroceso a la libertad de prensa".

Durante el año 2001, PFC identificó 114 represalias en contra de la prensa motivadas por investigaciones o reportajes sobre la corrupción, y en los primeros cuatro meses del año 2002, PFC ha registrado otros 57 casos. Siete periodistas fueron asesinados por la misma causa durante el 2001 y en el presente año dos más han caído.

Definitivamente las cifras reales son mucho mayores debido a los numerosos casos que no son reportados, ya sea por falta de conocimiento o confianza de los periodistas sobre dónde pueden encontrar ayuda o para evitar ser víctimas de nuevas represalias. También hay casos de periodistas y medios que PFC no registra: aquellos que no están relacionado a investigaciones y reportajes sobre la corrupción.

Aunque en América Latina las agresiones en contra de la libertad de expresión son una constante, sobresalen los casos de Colombia, Panamá y Venezuela. Colombia es el caso extremo con respecto al peligro de la profesión periodística. Allá diariamente periodistas y medios han sido víctimas de asesinatos o sufren amenazas de muerte por parte de las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes, que junto a cómplices gubernamentales ven en la prensa independiente un obstáculo para el logro de sus ilegítimos fines.

Mientras que Panamá tiene el mayor índice de represión judicial en contra de la prensa. De los 200 periodistas activos, 90 enfrentan querellas por delitos en contra del honor, muchas de ellas emprendidas por funcionarios gubernamentales y motivadas por la exposición de corrupción en los medios de comunicación. Para colmo, el parlamento de ese país actualmente estudia una propuesta de ley que busca regular el ejercicio de la profesión periodística exigiendo grados académicos a los comunicadores y su reconocimiento por parte de un Consejo creado por el Estado, entre otras disposiciones liberticidas.

Y el caso venezolano está marcado por las agresiones de funcionarios gubernamentales y de los partidarios del Presidente de la República en contra de la prensa, las campañas de difamación y amenazas que sufren los periodistas independientes, y las agendas politizadas de los dueños de los principales medios de comunicación que apoyaron al anulado golpe de estado del pasado mes de abril. Estos hechos han cerrado casi totalmente los espacios para el ejercicio independiente de la prensa y han desacreditado significativamente la labor informativa y de opinión en Venezuela.

Además de las agresiones individuales en contra de periodistas y medios, PFC ve con sumo temor y considera mucho más lacerantes los intentos gubernamentales para aprobar legislación que socava la labor periodística. Como se mencionó antes, Panamá es un ejemplo de tales iniciativas con la propuesta de ley de regulación periodística, conocida en ese país como "Ley 114". Entre otros ejemplos acontecidos durante los primeros cuatro meses del año 2002 se encuentran:

Provincia de Mendoza, Argentina: un grupo de legisladores de la Alianza y del Partido Demócrata reactivó en marzo el estudio de un proyecto de ley de ética periodística mediante el cual se busca imponer restricciones a los periodistas. En otras disposiciones, el referido proyecto de Ley contempla la creación de la Asociación Ética del Periodismo de Mendoza, el establecimiento de un código de ética periodística dictado por el Estado y la obligatoriedad de los comunicadores a revelar sus fuentes ante una orden judicial.

Bolivia: De ser aprobados, los artículos 20 y 25 del anteproyecto de Ley de Necesidad de Reformas a la Constitución Política del Estado obligarían a los periodistas a revelar sus fuentes y el anonimato quedaría prohibido.

Honduras: El Congreso actualmente estudia un nuevo Código Procesal Penal, el cual en su artículo 161 dispone que un periodista no podrá transmitir o divulgar una noticia sobre un hecho denunciado por otra persona si todavía los tribunales no conocen del caso o no se han pronunciado sobre el mismo. Además, si el periodista divulga una información falsa incurrirá en el delito de injuria en calidad de autor al igual que la persona que presentó la denuncia.

Honduras: En febrero, el diputado César Ham del Partido Unificación Democrática (UD) propuso el nombramiento de una comisión para normar el ejercicio periodístico ya que, a criterio del congresista, la prensa comete algunos actos que lesionan la honra y la honorabilidad de muchas personas.

Nicaragua: En marzo, la Asamblea Nacional se encontraba en proceso de aprobación el articulado del nuevo Código Penal. Algunas de sus disposiciones resultaban lesivas o violatorias a la libertad de expresión. Por ejemplo, el contenido de los artículos 196 al 202, donde se penaliza la obtención y publicación por terceros de documentos dirigidos a otras personas.

Perú: El Congreso peruano estudia un proyecto de ley que faculta a los jueces a levantar el secreto de las comunicaciones cuando se investiguen delitos de tráfico de drogas, terrorismo o tráfico de menores. Se estima que de aprobarse dicha ley se afectará el derecho al secreto de las fuentes periodísticas.

Venezuela: De aprobarse el anteproyecto de "Ley sobre la Responsabilidad Social en la Prestación de Servicios de Divulgación Sonora y Audiovisual", mejor conocida como Ley de Contenidos, preparado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), se facultaría al gobierno para interferir discresionalmente en las programaciones de los medios de comunicación.

Una área con avances positivos y que merece reconocimiento es el auge que está teniendo en la región la lucha por el derecho de acceso a la información pública, y que está siendo impulsada en varios países por grupos cívicos, medios de comunicación, cámaras empresariales y, aunque en menor grado, por los mismos gobiernos. En relación a esta condición de la libertad de expresión, entre los hechos más recientes caben destacar:

El Salvador: El 16 de abril el gobierno municipal de la ciudad capital, San Salvador, aprobó una ordenanza de transparencia y participación ciudadana donde regula los mecanismos y recursos para que los ciudadanos puedan accesar a las información de la comuna. Pocas semanas antes, el concejo municipal de El Carmen aprobó una ordenanza similar. Estas dos son las primeras normativas legales sobre la materia en ese país, donde los tres principales órganos del Estado mantienen una fuerte y sistemática resistencia a reconocer el derecho de información.

México: Pendiente únicamente de ratificación por la Cámara de Senadores se encuentra la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobada por unanimidad en el Cámara de Diputados el pasado 25 de abril. Por su parte, el 23 de abril el Congreso de Sinaloa aprobó la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública y otros estados están en proceso a aprobar legislaciones similares.

Panamá: Dos propuestas de ley sobre acceso a la información pública presentadas por Transparencia Internacional/Capítulo Panamá y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) fueron integradas en una sola por la Asamblea, que la aprobó en diciembre 2001. Sin embargo, argumentando falta de reglamentación o incumpliéndola abiertamente, el gobierno no ha mostrado voluntad política para implementar está Ley.

No puede omitirse la mención de otros graves problemas que afectan la libertad expresión y sobre los cuáles aún hay muy pocos avances para enfrentarlos, especialmente sobre:

La persistencia de la legislación que castiga penalmente los agravios contra honor y los mensajes considerados ofensivos para los funcionarios públicos. En contraste, vale reconocer a Costa Rica que derogó en marzo 2002 el artículo 309 de su Código Penal, el cual consideraba un crimen insultar la dignidad del presidente de la República y de otros funcionarios.

La excesiva concentración en la propiedad de los grandes medios de comunicación y los conflictos de intereses de sus dueños y editores por razones económicas o ideológicas, que resultan en la distorsión de sus líneas informativas y de opinión.

Y la utilización de la publicidad oficial y de los grandes grupos empresariales para recompensar ó castigar a los medios de comunicación en base al grado afinidad o complacencia que estos muestren con sus intereses políticos o económicos.

Finalmente, PFC reconoce el valor y entrega de aquellos periodistas independientes latinoamericanos, que a pesar de trabajar en condiciones laborales precarias, bajo peligro de sufrir represalias físicas y judiciales y en medio de insistentes acciones de censura interna y externa, cumplen a cabalidad con su labor informativa y que hoy por hoy son los más exitosos actores en el combate de la corrupción. El reconocimiento también es para aquellos medios de comunicación que han asumido con rigor e integridad su papel fiscalizador y de tribuna pública.

Nota: Los datos utilizados para la preparación de este pronunciamiento fueron recopilados de los recursos y referencias contenidos en el portal "Abogando por al Prensa Libre" de PFC que es actualizado diariamente a través actividades de monitoreo y redes. Las referencias a América Latina se refieren a los países donde se habla español, excepto Cuba y Puerto Rico.