Periodistas
y decisiones morales
Jesús
Urbina Serjant *
Cada
día, los periodistas y los medios de
información tomamos decisiones que constituyen
serios desafíos morales. La elección de un
título, el balance entre dos versiones
contradictorias de una noticia, la reserva de
identidad de una fuente controversial, el
tratamiento informativo de personajes afectos a
quien comunica. En todos estos casos hay una
constante: el delicado equilibrio entre lo
deontológicamente aceptable y lo que conviene a
los intereses particulares de la dupla
periodista-empresa informativa.
Sin
querer pontificar sobre una inmaculada moralidad
mediática y profesional, es preciso advertir que
el reto mayor de la función informativa
contemporánea se deriva de sus múltiples
implicaciones éticas. Es fácil convencerse de
esto si se considera la tensión que produce el
rechazo a la regulación estatal de la prensa y
de la labor periodística. Cuando se contesta
sonoramente con un firme "no" a las
tentativas de control legal por parte de los
poderes públicos, hay que estar listos para
proponer alguna alternativa de ponderación de
las conductas de periodistas y medios, con
frecuencia acusados, como somos, de graves
excesos y de cultivar cierta impunidad
comunicacional.
No resulta nada
cómodo responder a los llamados a nuestra
responsabilidad, porque el arreglo de la acción
informativa según criterios de justicia y de
íntegra honestidad le agrega un esfuerzo
inusitado a las exigencias del deber de informar.
Hace bastante
tiempo, sin embargo, que inventamos los
mecanismos de la autorregulación. Supimos
rodearnos de códigos de honor, tribunales
disciplinarios y comités de ética. Pero el
momento clave sigue siendo un asunto en extremo
solitario y absolutamente individual: la
escogencia entre el beneficio propio y la lealtad
a nuestros compromisos morales.
Responsabilidad
y autocontrol
En algunos de
sus textos más conocidos sobre la ética de la
información, el catedrático español Hugo Aznar1 se pregunta por la
titularidad de la regulación sobre el desempeño
de medios y periodistas. La interrogante ha
surgido, incluso mucho antes que Aznar, a
propósito de la misión fiscalizadora que los
informadores pretendemos cumplir, en nombre de la
sociedad entera, frente a los ejercicios
políticos del Estado.
Parece válida
la duda pues nada debería justificar que un solo
sector de la ciudadanía, por más legítimo que
sea su interés, obtenga una patente de corso
para escudriñar en la vida y milagros de los
demás sujetos, sin que nadie pueda cuestionar la
intencionalidad que le guía.
En un excelente
artículo acerca de la dimensión ética del
periodismo actual, el colega boliviano José Luis
Exeni2 apunta que si bien la
regulación de la actividad informativa es un
riesgo caro para la prensa y la comunidad misma,
no regularla puede convertirse en un peligro (una
similar amenaza, agregamos nosotros).
Los periodistas
y las empresas de noticias reclaman libertad para
informarse y luego informar al público. Esta
premisa es de indiscutible legitimidad. Pero
también es odiosa, vista desde un ángulo
estrictamente ético, si no está cruzada por su
valor gemelo en la deontología periodística y
mediática: la responsabilidad. Es éste
último el que le da su principal virtud a la
libertad de información. Sin responsabilidad, el
deber de informar se convierte en una suerte de
dictablanda incontestable y, a la larga, conduce
al peor de los destinos que puede esperar al
periodismo y a la prensa libre: la censura,
única defensa posible de los enemigos de la
libertad.
Está claro que
al focalizar el desideratum del
comportamiento profesional de los periodistas y
de las acciones de la prensa en el tema de la
responsabilidad, estamos proponiendo sin
ambigüedades la vía del autocontrol.
Pero no exactamente como hasta ahora, según
creemos, esto se ha planteado. Es decir, poco
vale que recojamos nuevamente la iniciativa
gremialista o corporativa como punto de arranque
de la reflexión ética.
Ese plano
grupalista en el que durante medio siglo se ha
gestado la búsqueda de soluciones normativas a
los problemas morales de la prensa, puede estar
en proceso de agotamiento. Y no porque haya sido
inútil; no nos contamos nosotros entre los
detractores de los códigos de conducta y las
otras figuras institucionales de la
autorregulación.
Lo que sí
criticamos es que el modelo deontológico
convencional apela básicamente a la potencia
correctiva del gremio o de la asociación, como
si las faltas de un solo miembro del cuerpo las
tuvieran que asumir sin resistencia los demás.
Eso no es muy realista.
Todos los meses
tenemos noticias de nuevos códigos
deontológicos, nombramientos de defensores del
público en medios impresos o radioeléctricos,
dictámenes ejemplarizantes de consejos de prensa
y publicaciones de novedosos estatutos de
Redacción. Junto con ello y en contraste,
también recibimos mensajes claros de las
audiencias que en todas partes muestran
preocupación por los abusos de muchos
periodistas y no pocos medios. Éste el penoso
trabajo que suelen hacer los colegas de la
organización no gubernamental FAIR (Fairness
& Accuracy In Reporting, Equidad y
Exactitud en el Reporterismo). En uno de sus
últimos trabajos, por cierto, ellos se han
dedicado a evaluar el patético espectáculo de
los medios estadounidenses ante la ejecución del
terrorista Timothy McVeigh, responsable del
bombazo de Oklahoma City que mató a 168 personas
en 1995.
El periodista
Exeni, antes citado, se atreve a optar por una
ética de las responsabilidades frente a la
tradicional ética de principios. Esto significa
que la práctica informativa ha de ser vista
principalmente a través del prisma de los
compromisos deontológicos, más que desde una
óptica basada en la formalización teórica de
postulados universales y estáticos. Hace mucho
que no se oye decir que la deontología es, en
esencia, el sentido común aplicado a un quehacer
compartido. Hace mucho, ciertamente, la ética
dejó de ser un apéndice de la filosofía.
La independencia
epistemológica de la ética es algo que ya no se
discute, pero la naturaleza del juicio moral
llano sigue siendo penetrada por argumentaciones
cuasi religiosas. Frecuentemente, esa
interferencia despersonaliza la asimilación de
las normas de conducta y complica en alto grado
el entendimiento de la razón que subyace en los
deberes profesionales. La deontología
informativa tiene que escapar de la trampa que,
sin querer, le ha tendido la filosofía de la
moral. Una cosa es la acción virtuosa del
periodista o el justo proceder de la empresa
noticiosa además de sus respectivas
antítesis; otra, la investigación
profunda y desinteresada de toda actividad
relacionada con la función de informar. Aquél
es el terreno arado de la deontología; este
último, el campo fértil de la ética.
La
introspección personal es el camino más largo,
aunque probablemente el único eficaz en la tarea
de construir lo que Luka Brajnovic3 llamó "criterio
ético" como estadio superior de la
conciencia moral del periodista. Está bien todo
aquello de la invocación de las obligaciones
gremiales o corporativas asociadas al deber de
informar, pero lo primero y fundamental es que
exista un convencimiento íntimo en cada
profesional. El compromiso es individual, el
juramento es público. La base del edificio moral
del periodismo hunde sus pilotes en el sentido
personal del deber, reforzado, eso sí, por las
instituciones gremiales que vigilan, en favor de
la profesión, el cumplimiento de las normas
deontológicas.
Esta es la
escala apropiada hacia la responsabilidad
efectiva. Perseguir el mismo fin desde la
trinchera de los formalismos, nos va a dejar sin
respuestas creíbles ante las demandas de
honestidad e integridad que expresan los
ciudadanos.
En tiempos como
estos, cuando la prensa venezolana comienza a
temer que el gobierno de la Quinta República
ceda a la tentación de la censura, nos parece un
mejor método y en todo caso, más propio
del talante libertario original de la prensa y el
periodismo para defender la libertad de
información, el fortalecimiento de la
proyección pública de los medios y los
periodistas con la revisión autocrítica y
franca de su conducta.
Retos
a la ética informativa
El desafío
primordial que encaran los periodistas y los
medios informativos, en el contexto de su
responsabilidad social, se concentra en la
superación de un abultado conjunto de vicios.
La tarea es
ardua, porque las faltas son numerosas y empiezan
a lucir patológicas. Pongamos en primer término
el problema de los conflictos de intereses. Ya es
cosa común que sepamos de colegas, e incluso de
empresas periodísticas, que fácilmente
sacrifican el postulado de la veracidad para no
comprometer prebendas particulares y las de sus
allegados. El compadrazgo y el clientelismo son
los antivalores que pudieran desplazar, con
descaro pasmoso, a la honestidad y el equilibrio.
Cada vez es más
frecuente, por otro lado, el ejercicio
simultáneo del periodismo diario y las
asesorías de prensa para potenciales o
asiduas fuentes informativas. Quienes así
obran y las empresas alcahuetas marcan distancia
del noble principio de la independencia
profesional, apoyado en la incompatibilidad de la
práctica periodística con los servicios
paralelos de publicidad y relaciones públicas en
cabeza de un mismo individuo.
Se resiente de
igual modo el precepto del respeto a la dignidad
humana cuando medios y reporteros extienden un
trato denigrante, violento o indiferente a los
derechos fundamentales de las personas que
eventualmente protagonizan hechos criminales o
situaciones infortunadas.
El frágil
balance entre lo público y lo privado
ámbito de derechos protegidos por la
ley es desajustado en las arbitrarias
invasiones a la intimidad de los ciudadanos por
parte de medios amarillistas y periodistas
amantes del escándalo.
A cualquier
precio se busca y se obtiene una noticia, una
"exclusiva", sin importar qué tan mal
parado resulte el honor profesional de algunos
periodistas y la seriedad de ciertos medios. El
periodismo, en oposición a la política, es un
arte en el que el fin nunca justifica los medios.
Por ello es que no se puede menos que abominar de
recursos como el engaño, el empleo de
información privilegiada, el soborno, el acoso a
la fuente, el encubrimiento de la identidad del
periodista y el uso de instrumentos para la
captura ilegal de información (cámaras y
micrófonos ocultos, webcams furtivas y
otros pertrechos).
El principio de
la presunción de inocencia es la primera
víctima de los excesos del llamado periodismo de
denuncia. Periodistas que se autoimponen de las
funciones de policías, alguaciles y carceleros,
atropellan los beneficios procesales de los
individuos sometidos a juicio e incluso se
arrogan la potestad de declarar culpabilidad y
dictar sentencia.
La tentación
amarillista es incontenible a la hora de cubrir
tragedias accidentales, catástrofes naturales o
simples espectáculos de la miseria social. Las
personas involucradas se convierten en objetos
sin derechos ni dolientes para una jauría
creciente de periodistas y medios con ávida
pasión por el morbo.
El discurso de
la violencia, o el culto de ésta, se ha
apoderado de la función informativa. Los
noticieros nacionales y locales de televisión
abren sus emisiones con hechos de ralea policial,
mientras los portavoces alternativos y las
noticias que recogen acontecimientos edificantes
son discriminados, desplazados.
Libertad
autocrítica
Hace poco se
conmemoró una década de la Declaración de
Windhoek, manifiesto que sirvió a la Unesco
para instituir el 3 de mayo como Día Mundial de
la Libertad de Prensa. Sigamos celebrando esa
novísima efemérides con ganas de mostrarle al
planeta el sacrificio que muchos periodistas
hacen en nombre del derecho a la información.
Pero guardemos un momento, al menos, para pensar
también en las bajas que los informadores
causamos entre quienes, por cierto, ni siquiera
son nuestros adversarios declarados: el testigo
tantas veces acosado, el funcionario señalado
injustamente, el público irrespetado en sus
derechos más sustantivos.
Nos duele mucho
la lista larga y trágica de periodistas
asesinados o ilegalmente encarcelados, y de
medios de comunicación censurados, clausurados o
hasta dinamitados. ¿Y qué tal si sumamos, por
puro ejercicio autocrítico nada más, las
víctimas de las noticias "montadas",
los presos inocentes que ayudamos a mantener
entre rejas por acción u omisión, las
reputaciones acribilladas por columnistas
vengativos, las verdades inmoladas a costa de la
autocensura, los abusos mediáticos cometidos por
órdenes del rating? Se adivina una lista
mucho más dramática que las estadísticas
publicadas cada 3 de mayo por Reporteros sin
Fronteras y las oficinas de comunicación de la
Unesco.
El parte de
guerra no resulta negativo sólo para la libertad
de infomación. Obviar esta verdad nos pondría
irónicamente en el lugar que ocupan esos a
quienes tanto combatimos por sus mentiras y su
hipocresía.
__________
Referencias:
1 AZNAR, Hugo. Comunicación
responsable. Deontología y autorregulación de
los medios. Editorial Ariel. Barcelona
(España), 1999. Y en Cuadernos Electrónicos
de Filosofía del Derecho
(http://www.uv.es/~afd/CEFD/1/Aznar.html), La
autorregulación de la comunicación: entre el
Estado y el mercado.
2 EXENI, José Luis. Apuntes sobre
autorregulación del Periodismo. En www.saladeprensa.org
3 BRAJNOVIC, Luka. Deontología
periodística. Pamplona, 1978.
* Jesús
Urbina Serjant es periodista y profesor de la Escuela de Comunicación
Social de la Universidad del Zulia, en Venezuela, y se especializa en
ética y Derecho de la Información. Es
colaborador de Sala de Prensa.
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