Democracia digital y ciudadanización
de la política: problemas y desafíos

Rolando Palacios *

Introducción

La relación entre democracia y redes tiene sus orígenes no sólo en las características de arquitectura abierta y descentralizada de las redes sino también porque la inteligencia (software) se ha ido construyendo gracias al aporte desinteresado de los ciberciudadanos.¹ La Internet es una sociedad abierta tal como la democracia es un sistema político abierto al juego político de las diferencias. Ambas realidades podrían tocarse, no sólo virtualmente.

La telemática tiene 20 años de existencia, sin embargo sólo en estos últimos años se ha producido una suerte de fiebre de la Internet, la red está en expansión tanto como el universo y no hay fuerza en este mundo que la detenga. Demás está señalar el volumen de transmisión de datos que desde los ochenta reportan una vertiginosa expansión.

La Internet nace en los países más desarrollados, pero debido a su formato interactivo y descentralizado, plantea la posibilidad de que individuos e instituciones de diversos países —aún los subdesarrollados— accedan a ella. En un mundo donde "la información" va constituyéndose cada vez más en un bien de gran valor, la posibilidad de acceder a ella sin tener que pasar por el filtro de los que manejan el poder, aparece así como una gran posibilidad de democratizar el poder.

La Internet estaría, para algunos, potenciando una democratización del poder, donde el acceso a la información y la comunicación se abre —supuestamente— para todos. En este sentido, nos hablan de la Internet como el medio que nos está entregando la posibilidad de que una nueva sociedad civil emerja (Canogar, 1994; Harasim, 1993; Martínez, 1997).

Es decir, estar en la Internet significa pertenecer a la cultura de la "sociedad de la información", esta sociedad es leída por algunos como una sociedad donde sus beneficios están repartidos para todos los integrantes de esta sociedad. Lejos de eso, las redes de transmisión de datos acusan, ya desde los setenta, una fuerte concentración del saber, del conocimiento y de la tecnología, hacia formas de dominación y dependencia culturales.

En este sentido, el mito de la tecnología como elemento liberador del hombre no ha tenido el efecto esperado. La generalización del acceso a ella no se ha dado, sino que ha ocurrido de manera diferenciada, de acuerdo a países y clases sociales. La Internet no ha escapado a esta situación, a pesar que se indicara que la globalización iba a traer igualdad y homogeneización en todos los rincones. El desarrollo sigue siendo desigual y, para quienes vivimos en América Latina, esto se hace patente día a día.

El "encapsulamiento" urbano (auto, mall y la "cabaña electrónica"), la mala distribución del acceso, el aumento de las Intranet corporativas, la creciente concentración de información y oportunidades de decisión por parte de las empresas transnacionales; son consideradas como "tendencias [que] muestran perturbadoras pistas respecto de la manera en que la telemática puede ser usada para apoyar una mayor fragmentación y polarización social dentro de las ciudades" (Graham, 2000:14). Esto evidencia que la tecnología misma no asegura ninguna transformación per se sobre las condicionantes del desarrollo, la ampliación de los bienes culturales y la educación, ni necesariamente una mejor calidad de vida. Tan sólo anuncia la posibilidad de incorporar a la telemática dentro de una estrategia nacional en cual los tecnoutópicos, los infoanalfabetas, los tecnofóbicos y los pesimistas pueden aprovecharla para comprender y utilizar la mundialización de la producción discursiva.

Democracia política y ciudadanía

La democracia sigue siendo un tema recurrente de reflexión, sin lugar a dudas el solo hecho de que se discuta sobre ella nos habla de la necesidad de alcanzar algunas o todas las condiciones básicas de un régimen democrático, según sea la experiencia histórica de cada caso nacional. Hoy día entendemos la democracia política constituida por la vigencia del estado de Derecho, la división de poderes, el sistema competitivo de partidos y la autonomía de las instituciones sociales frente al Estado. A estas condiciones habría que agregarles algunos elementos más, tales como un gobierno representativo elegido por medio de un sufragio igualitario y universal, en donde cada ciudadano pueda votar por varias opciones de voto sin ser intimidado por el aparato de Estado. Sin embargo, el tema es bastante más complejo que la simple enumeración de los ingredientes de la receta para una democracia perfecta, básicamente porque "en todas partes se cucen habas" es decir, hay de democracias a democracias.

Lo que queda claro es que la democracia política, tal y como la conocemos hoy, tuvo que pasar por un largo proceso histórico que asegurara, por lo menos, el sufragio universal. Si bien durante la revolución francesa se constituyó la separación de poderes, el voto dependía de la propiedad; con lo cual se restringía a la clase no propietaria. En pleno siglo XIX, la restricción se aplicó a los grupos étnicos y a los géneros, y en el siglo XX se privilegió la restricción a la opinión política, en la forma de prohibición de algunos partidos políticos. La historia de la democracia es la historia de las ciudades-Estado y en ellas se produce el reconocimiento de los derechos burgueses por parte del poder, esto es, aparece la función institucional entre dos grandes ámbitos del espacio social: el "ambito estatal de lo público" (funciones gubernativa, legislativa y judicial), y el "ámbito social de lo privado" (sociedad civil que acepta las obligaciones contractuales del mercado). Progresivamente se introdujo la temática de la legitimación consensual del poder político a través de las urnas para, de esta forma, transformarse en ciudadanos electores. Esto marca el nacimiento de lo político-estatal en su forma moderna (Arditi, 1991).

De manera diferencial, los mecanismos de representación de la voluntad pública se fueron haciendo cada vez más participativos, más amplios, más eficaces; no sólo se restringeron al ámbito territorial, sino que abrieron sus canales de expresión a ámbitos extraterritoriales y a nuevos actores sociales. Esto último es resultado de la decadencia del sistema de partidos como forma dominante de la participación en el sistema político, participación que se ha entendido no sólo según los principios de representación territorial y parlamentaria, sino que también ha dado pie a nuevas prácticas políticas, desde los movimientos sociales, los grupos de interés, el corporativismo hasta el terrorismo, los procesos de lucha armada, tales como ETA o las Brigadas Rojas.

Estas manifestaciones se fueron dando dentro del capitalismo avanzado de los años de la posguerra, en donde el Estado de Bienestar se había asumido como una concepción básica del Estado y de su práctica pública. Sin embargo, en los setenta, se producen cambios sustanciales (el shock petrolero, los conflictos Este-Oeste, la revolución microelectrónica, los gobiernos conservadores de Margareth Thatcher y Ronald Reagan, etc.) que tuvieron como consecuencia que: la clase obrera redujera sus demandas a un cierto crecimiento económico y a condiciones de seguridad; la desradicalización de la ideología de los partidos; la desactivación de los miembros de su grupo y la disolución del sentido de identidad colectiva. Es decir, se produjo una mercadización de la oferta política y una politización de la economía privada (Offe, 1982). El marketing político conformó el espectáculo teatral y ritual del poder, el cual busca que los bienes simbólicos se agreguen a los bienes materiales y juntos circulen en el mercado político. Esta mediatización de la identidad colectiva cobra mayor importancia en la producción de sentidos, creencias y valores en un pacto nacional.

En los ochenta, también llamada "década perdida" o "crisis", se instala el neoliberalismo (con su corolario modernizador-globalizador): adelgazamiento estatal, privatización económica, apertura al comercio exterior y superespecialización de los mercados regionales. Lo cual, por un lado, ha tenido como resultado un sobreendeudamiento externo y la radicalización de la protesta social; por otro, un esquema de democracias restringidas y de francos modelos autoritarios orientados hacia el exterior. Dichos modelos fueron obligados a ceder su espacio a procesos de transición a la democracia, sobre todo en la segunda mitad de la década de los ochenta. Esta situación de crisis puso el problema democrático en una discusión sobre el tipo de órdenes sociales (individuo y mercado), más que en una discusión sobre las formas de gobierno.

En los noventa, el escenario parece no haber cambiado de manera radical. El neoliberalismo, que ha buscado en sus milagros "chileno", "brasileño", "mexicano", el paradigma del equilibrio macroeconómico, la salud de las finanzas públicas, la concepción del mercado como medio privilegiado del intercambio social; presenta hoy dos enormes rezagos: la democratización del Estado y los límites de las políticas de bienestar social. En el primer caso, se presenta la paradoja de que países que no han transitado por procesos de dictadura-democracia, hoy presentan enormes rezagos en el manejo de reglas y procedimientos electorales (por ejemplo, México). En el segundo caso, países que han experimentado la aplicación del modelo neoliberal durante un régimen autoritario, presentan deudas sociales importantes en la medida en que se ha privatizado la educación, la salud, la previsión, el transporte público, etcétera (por ejemplo, Chile).

Al respecto existen dos grandes posturas teóricas sobre las relaciones entre el modelo de desarrollo económico y la democracia. La primera, sostiene que la forma democrática es la más adecuada para el desarrollo, y por lo tanto, debe promoverse la descentralización, la democratización del poder y la autogestión. La segunda, plantea que el incremento de la participación obstaculiza el crecimiento natural de la economía, de tal manera que la democracia "choca" con la eficiencia. De manera polar, algunos analista opinan que una excesiva democracia genera problemas de gobernabilidad, en cambio, el otro polo sostiene que una mayor democratización frena las prácticas violentas y anómicas. De fondo subyace la idea de que la democracia es un juego agonístico, una competencia alentada por pasiones prestas a estallar, pero violar sus reglas sería caer en el "pecado". De tal forma, la virtud política consiste en la capacidad cultural de dominar las propias pulsiones agresivas fundamentales, para no violar el derecho de los otros.

Tal como se afirma anteriormente el sistema de representación parlamentario-territorial está en crisis, no sólo por el desgaste de la eficacia de los partidos políticos como agentes de control público de las políticas públicas, sino porque los procesos de identidad colectiva se han complejizado producto, entre otras cosas, de la creciente globalización cultural del planeta. Emergen "proyectos y demandas que no se basan en una posición contractual colectiva sobre mercancías o mercados de trabajo (como los partidos de clases tradicionales), sino que su organización y acción consiste en cierto sentido de identidad colectiva (edad, género, "nación" o "género humano"). No piden representación, sino autonomía" (Offe, 1982).

El circuito político-partidario sigue vigente pero, en un escenario más amplio como el de la transnacionalización, ha sido rebasado así como también el espacio Estatal hasta convertirlo en un Estado post-nacional. En este Estado-post-nacional no sólo emergen otros circuitos políticos como los grupos de interés, los movimientos sociales o las iniciativas nacionales, sino también las diversas instancias internacionales que tienen competencia local: FMI, DEA, BM, OMC, GATT, etcétera. Este conjunto de actores han producido una dislocación de las fronteras entre lo público y lo privado, lo que significa que las fronteras entre estos espacios se han vuelto más permeables y que están "apareciendo espacios públicos nomádicos que rebasan la delimitación institucional del ámbito de la política" (Arditi, 1995:40).

En ese sentido la política entendida como la esfera política compuesta por el Estado, el sistema político y la sociedad civil, sigue vigente en el sentido que el sistema parlamentario-representativo no ha cambiado radicalmente sus reglas del juego. Pero lo interesante consiste en la oportunidad de actualizar la concepción de lo político, es decir, como "una forma de relación entre grupos antagónicos dentro o fuera del sistema político" (Schmitt, 1984). El aporte de Annah Arendt (1958) a la visualización del espacio público es esencial ya que se niega a equiparar la polis o ámbito público con el espacio físico de la ciudad-Estado. Lo público es un espacio de aparición de la acción y el discurso, es un espacio donde éstos se vuelven visibles. La acción y el discurso crean un espacio entre los participantes que puede encontrar su propia ubicación en todo tiempo y lugar (Op. Cit., p. 263). En resumen el espacio público es un ámbito en donde circulan discursos y se forman identidades, por tanto, el territorio no es fundamental para dar cuenta de la lucha de intereses (opiniones, acciones, identidades) en el plano de lo político. Arditi plantea que los espacios nomádicos o los contornos móviles no son escenarios anormales o excepciones en un marco estructural claro y estable, sino son formas normales de darse el espacio en sociedad complejas (Arditi, 1995:64).

Esta propuesta teórica le asigna al ciudadano una participación mucho mayor frente a la esfera política sin embargo no se desconoce la función del Estado en tanto capaz de localizar la participación y dar continuidad a ésta mediante la representación, como tampoco se obvia la capacidad estatal de descargar responsabilidades de decisión para los que se ocupan de los asuntos públicos; sino más bien se trata de pensar la política sin reducirla al sistema político (Op. Cit., p. 69-70).

Surge en algunos países una creciente preocupación por la ciudadanización de la política. Por ejemplo, en México este proceso fue esencial para entender desde 1994 los cambios en la cultura política mexicana tanto en lo que se refiere a la reforma del Estado, la constitución del Instituto Federal Electoral, la legislación sobre las Agrupaciones Políticas, la vigilancia ciudadana y civil de los gastos de campaña, la observación electoral y la calificación de las elecciones. Por tanto, "la ciudadanía también es un recurso que permite a los desposeídos aumentar su competencia política y defender sus intereses con mayor efectividad" (Leca, 1985:20). La ciudadanización de la sociedad comprende en una primera instancia, la "ciudadanía primaria" pero la trasciende a su expresión clásica a través del sufragio y la representación político partidaria. En segunda instancia, la "ciudadanía secundaria" que se traduce en una "protesta con propuesta" que supera lo estrictamente reivindicativo y se posiciona en circuitos paralelos y complementarios al del quehacer de los actores que operan en el terreno (Arditi, 1995:73).

En resumen, la ciudadanización de la política abre enormes posibilidades para que la sociedad civil participe de múltiples maneras en la conformación del espacio público. Si Internet es considerado como un espacio público a construir, claramente la democracia electrónica no sólo puede operar como un eficaz instrumento eleccionario sino también como la intersección de significados sociales que dan cuenta de las construcción de identidades desterritorializadas o nomádicas.

Tecnología y democracia

Joseph S. Nye, antiguo alto responsable en el Pentágono, sostiene en un artículo de 1996 que la geopolítica se define cada vez más como el medio idóneo para controlar el soft power, "el poder inmaterial", es decir, las tecnologías de la información que dibujan las fronteras del ciberespacio. Esa opinión se basa en el ejemplo de la Guerra del Golfo, modelo embrionario de lo que la potencia cibernética permitirá realizar en el futuro.

Pero hay otro tipo de soñadores. Se trata de los que tienen una visión libertaria de la comunidad cibernética, que no tienen en cuenta más que a los cibernautas, los ciudadanos de la Red, que ignoran los signos de identificación tradicionales como la nacionalidad, la pertenencia a una etnia, la religión, el sexo o el arraigo geográfico. John Perry Barlow, cofundador de la Fundación de la Frontera Electrónica de Davos, ha publicado una "Declaración de Independencia del Ciberespacio" que comienza con estas palabras:

"Gobiernos del mundo industrializado, gigantes obsoletos de carne y acero, escuchadme: llego del ciberespacio, de la nueva morada del espíritu... No os queremos entre nosotros; en el terreno donde nos reunimos no sois soberanos.[…] Vuestros conceptos jurídicos de propiedad, de expresión, de identidad, de movimiento y de contexto no se aplican a nosotros. Están basados en la materia, y aquí no hay materia." (Falk,1998:87)

La tarea de la Fundación consiste en "crear una civilización del espíritu en el ciberespacio". Desde esa óptica el Estado no es fuente de poder, de identidad ni de autoridad legal. Los gobiernos en lugar de mantener ante todo sus relaciones tradicionales con el pueblo, se ven tentados a poner el mundo al servicio de formas transitorias de desarrollo bendecidas cada día por las imágenes que los medios de comunicación hacen llegar a todas partes predicando el evangelio consumista. La implicación cibernética de esa estrategia consiste en convertir el mercado mundial en un gigantesco centro comercial en el que la electrónica funcionaría como sistema nervioso.

En el ciberespacio coexisten diversas maneras de entender qué hacer con la propia red, como por ejemplo, la construida por los mercaderes de la aldea global, los usos militares, las concepciones anarco-libertarias, etc., todas ellas coinciden en la capacidad de manipulación de las tecnologías de la información. Por tanto, se desprenden tres posibilidades para el futuro de la red de redes: a) un control geopolítico a la antigua; b) una comunidad de tipo libertario definida cibernéticamente; o, c) un omnipresente mercado sordo a los gritos de los pobres y ciego frente a los signos desastre ecológico. Estas alternativas tienen al sector público como actor fundamental, sitiado en todo el mundo. Los contribuyentes de todas partes quieren un Estado mejor y más barato. El mensaje es sencillo: hacer pequeños ajustes no basta. Lo que hace falta es re-inventar enteramente el Estado (Tapscott, Brünner, Ramonet, Mattelart).

Instalar la tecnología en un cuerpo político disfuncional no resolverá el problema, pero si se conciben adecuadamente las redes, pueden ser cruciales para mejorar la tarea del gobierno. Los programas gubernamentales se pueden distribuir electrónicamente a través de la red y así mejorar la calidad y reducir los costos. Se puede facilitar el acceso a la información oficial y crear así un gobierno más abierto. Los departamentos virtuales pueden combinar el trabajo de muchos organismos para ofrecer una ventanilla única a los ciudadanos, es decir, no sólo hacer la declaración de renta, consultar el domicilio de las casillas electorales y verificar el saldo de la cuenta bancaria, sino también realizar trámites relativos al registro civil, revisar la situación de derechos y deberes de la atención en salud, formular quejas en organismos públicos de defensa del consumidor, etc. A través de las redes, se puede reducir la burocracia.

La red se está convirtiendo en la infraestructura de la economía del conocimiento, en donde el aprendizaje forma parte de la actividad económica cotidiana y de la vida, y tanto las empresas como los individuos han descubierto que tienen que asumir la responsabilidad de aprender, simplemente si quieren funcionar. La red se ha convertido en un ordenador más poderoso que cualquier máquina, y la inteligencia humana en red aplicada a la investigación contribuye a la creación de un orden superior de pensamiento, de conocimiento —y quizá incluso de conciencia "internizada"— entre las personas.

Esto nos lleva a una nueva era de promesas, la Era de la Inteligencia Interconectada (Tapscott), no sólo la interconexión de las tecnologías sino la interconexión de los seres humanos a través de la tecnología. No es una era de máquinas inteligentes, sino de seres humanos que, a través de las redes, pueden combinar su inteligencia, su conocimiento y su creatividad para avanzar en la creación de riqueza y de desarrollo social.

Por tanto, abandonar en manos de las grandes corporaciones internacionales la decisión del gobierno de Internet es simplemente ominoso. Supone una cesión de soberanía no sólo de parte de los gobiernos, sino de la sociedad toda, y una inadmisible atribución de poder a aquellos que no tienen legitimidad de ningún tipo para ejercerlo. Por eso es tan importante impedir, de todas las formas legales, el uso del anonimato, a fin de poder exigir responsabilidades concretas y personales a quienes vulneran la libertad ajena en el abuso de la propia (Cebrián).

El Estado ha tenido que hacer frente a las diversas manifestaciones de la libertad de expresión a través de las redes. En algunos casos, no sido suficiente esgrimir una buena política de comunicación social para enfrentar sus conflictos políticos más importantes sino que ha intentado frenar de múltiples formas la publicación electrónica de sus hábiles opositores. Tal fue el caso de los gobiernos de Perú, México y Chile, que se enfrentaron al hecho de que los simpatizantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los mapuches hacieron uso de la libertad de expresión virtual a través de decenas de páginas en la web, repletas de propaganda, que convirtieron en su momento en un lugar de moda para visitar. Cuestión que sobrepasa con creces la capacidad de censura o persecusión como ocurrió en México, contra el EZLN. Es decir, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional utilizó con audacia la máxima de Mao Tse Tung: "los comandos deben estar centralizados para los propósitos estratégicos y descentralizados para los propósitos tácticos" (Martínez, 1997).²

Queda claro que el ciberespacio puede perfectamente convertirse en un lugar de batalla, sin embargo la democracia directa no se puede transformar en un golpe de "click". Es decir, en un mundo en que todo sucede a la velocidad de la luz, la democracia debe saber adaptar sus métodos, habitualmente necesitados de un distanciamiento y un tiempo de meditación. La cuestión fundamental sigue siendo la misma: qué papel tienen los Estados nacionales ante un fenómeno global que, por lo demás, es gobernado progresivamente por un sistema de corporaciones económicas y que no responde a los cánones clásicos de la autoridad política.

Esto significa que la profundización democrática o la transición a la democracia política clásica no es un proceso que dependa de los distintos modos en que se encare el problema de la incorporación de las nuevas tecnologías en la vida ciudadana, sino que dependerá nuevamente de las condiciones y relaciones que se establezcan entre los diversos actores sociales y políticos para conformar un pacto que tienda a poner como sujeto de la historicidad política a la ciudadanía con todos sus derechos.

Algunas empresas privadas han puesto a disposición del mercado poderosas tecnologías de encriptamiento de datos, que permiten garantizar un total secreto en las comunicaciones, pero los gobiernos se oponen a autorizar su exportación, y permitir con ello su instalación y uso en el sistema global, so pretexto o con motivo de la eventual utilización criminal de esas tecnologías. Este es el caso del programa PGP (Pretty Good Privacy), que codifica la información mediante el uso de contraseñas de uso personal. Pero si no somos capaces de cifrar los mensajes, al estilo de los espías, en principio todo lo que circula por Internet se puede copiar por un tercero. Quienes controlan los servidores de acceso están en condiciones, naturalmente, de leer nuestro correo electrónico y los piratas de la red no tendrán muchas dificultades en penetrarla (Cebrián,1998:103-110).

Con relación al tema de las libertades públicas, John Perry Barlow (cofundador de la Fundación de la Frontera Electrónica), declara que:

"El término propiedad intelectual es contradictorio. La información es relación, un intercambio de significado que existe como una banda continua en el espacio entre las mentes... cuando tú tomas mi idea, la tienes, yo sigo teniéndola, ambos la tenemos. Ha aumentado su valor para ti y para mí." (El País, 4 de enero de 1997; citado por Cebrián,1998:113)

Se puede compartir la idea de que la información más que intercambio es participación; lo cual se traduce en el carácter transnacional de Internet, y la necesidad de determinar códigos de conducta que obliguen a los proveedores y sirvan de garantía a los usuarios. La extensión de la televisión vía satélite y la compleja maraña de las telecomunicaciones deben ayudar a que los integrantes de áreas con autoridades supranacionales, como a la Unión Europea, adopten acuerdos para poner en pie una legislación internacional referida al conjunto de los problemas planteados en la sociedad global de la información.

Pero el papel del Estado no se limita a regular o establecer normas. Es también la representación de la soberanía, entendida como voluntad colectiva de los ciudadanos. La red contribuye a la identificación de una nueva categoría, una especie de ciudadanía del ciberespacio, con capacidad de autoorganización, reglas particulares, comportamientos comunes. Todo eso permite imaginar la existencia de un Estado virtual con sus propios ciudadanos, sus propias relaciones de poder, sus propios objetivos y su propia y legítima soberanía. Esta República Virtual puede servir de modelo a las tradicionales a la hora de reformar o reconvertir sus instituciones. El debilitamiento del Estado, que ocurre "por arriba" en beneficio de las instituciones internacionales, también será minado "por abajo" dado el progreso del autogobierno local o regional, que se verá ayudado por las nuevas tendencias. Cada vez es mayor el número de sitios relacionados con la administración pública o con organizaciones religiosas u otras que contribuyen activamente a la gobernación de la sociedad.

El Estado, demasiado grande para las cosas chicas y demasiado pequeño para las grandes —según Daniel Bell— tendrá que asumir que una parte de sus actuales atribuciones será absorbida por instituciones de otro tipo y que existirá una transferencia de poder real, en el plano nacional y en el internacional, a las grandes corporaciones. Quizá no se trate sólo de una transferencia, sino del nacimiento de un nuevo tipo de poder, con manifestaciones y formas novedosas y con una tendencia cada vez mayor a la concentración. De modo que los derechos privados y constitucionales de los ciudadanos se vean respetados en el ciberespacio. La protección de esos derechos, así como la lucha contra la delincuencia de cualquier género en las redes, precisará de acuerdos y organismos internacionales de nuevo cuño. Los partidos democráticos y las agrupaciones ciudadanas han de velar porque esos acuerdos no establezcan un renacimiento de la censura.

Los límites del Estado para frenar las iniciativas de libre expresión en las redes, son evidentes; pero lo que interesa es su presencia en el sentido de asegurar un acceso equitativo a los servicios de las redes, impulsar el desarrollo de una infraestructura nacional de telecomunicaciones, propiciar el desarrollo de las redes educativas nacionales haciendo uso de las nuevas tecnologías educacionales a distancia, favorecer las relaciones entre sociedad civil y gobierno, abrir espacios de concertación y debate públicos, etc. Algunas de las iniciativas anteriores ya se han propuesto, como por ejemplo en Chile, a través de la Comisión de Infraestructura Nacional de Información (Comisión Presidencial Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, 1999, en http://200.28.221.159/infotec.html). Iniciativas de esta índole son ya una preocupación de los Estados latinoamericanos por crear las condiciones políticas para utilizar la tecnología de las redes para impulsar el desarrollo y la modernización del Estado, frente a los retos del próximo milenio. Todavía queda por verse el alcance y la concreción de estas iniciativas a la luz de las contradicciones que suscitan los problemas de monopolios, acceso, desigualdad y percepción del fenómeno en los distintos estratos sociales. No hay que olvidar que estamos hablando de una población usuario que no alcanza en promedio, en América Latina, más del 1.5% de la población de la región.

Democracia civil vs democracia económica

La acción coordinada de grupos de "tele-conectados" ligados al poder civil, frente a hechos tales como el asesinato de Chico Mendes (1988), la detención de tres sindicalistas rusos en 1993 y el Foro Global durante la Cumbre de la Tierra (1992); estos tres sucesos, escogidos entre toda una gama, son otros tantos ejemplos de utilización política por la sociedad civil de las redes telemáticas de información. Los emisarios y receptores son Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) y el objetivo de sus conversaciones consiste en la defensa de los derechos de los ciudadanos.

En los tres casos, esas ONG´s recurrieron a la red mundial de la Association for Progressive Communications (APC). Entre 1987 y 1990 aparecieron las redes IGC (Estados Unidos), Greenet (Reino Unido), Pegasus (Australia), Web (Canadá), Nicarao (Nicaragua), Nordet (Suecia) y Alternex (Brasil), piloteadas todas ellas por ONG´s que colaboran para tejer una malla internacional e intercambiar mensajes al menos dos veces al día. Se trataba fundamentalmente de difundir informaciones de carácter ecológico.

En mayo de 1990, esas siete redes decidieron crear formalmente una cooperativa internacional para desarrollar en otros países, de forma descentralizada y solidaria, nuevos sistemas de comunicación con los mismos objetivos. Así nació la APC, que cuenta actualmente con 16 redes nacionales en activo: Sangonet (Sudáfrica), Comlink (Alemania), Wamani (Argentina), Ecuanex (Ecuador), Histria (Eslonevia), Laneta (México), Glasnet (Rusia), Gluk (Ucrania), Chasque (Uruguay), más las siete antes mencionadas; y IGC (Estados Unidos) que reúne a su vez a las redes Peacenet, Econet, Conflicnet, Labornet y Homenet (Afonso, 1998:134).

La red APC reúne a una comunidad internacional virtual de unas 20 000 organizaciones no gubernamentales de casi un centenar de países. Gracias a APC se constituyen a lo ancho del mundo, grupos de debate y reflexión sobre todo tipo de temas que interesan al desarrollo humano: trabajo, infancia, sindicalismo, medio ambiente, derechos humanos, urbanismo, infancia, salud, etcétera.

La información presentada en el cuadro 1, tiene por objeto respaldar la hipótesis de la creciente participación de la sociedad civil latinoamericana en la difusión, coordinación y constitución de comunidades virtuales de acción para diversos propósitos.

En general, prima una actitud por parte de los analistas de los fenómenos de comunicación tecnológica en considerar que la red sólo es utilizada por las grandes corporaciones multimedia. Esta manera de ver las cosas proviene del desconocimiento de las prácticas de las ONG´S en el mundo telemático, por un lado y por otro, por la lectura sobredimensionada acerca de la enormes dificultades en el acceso a Internet y más aún en la publicación electrónica. Sin embargo, su uso es creciente.

Cuadro 1

Sitios de Internet latinoamericanos de la sociedad civil, mayo del 2000

Fuente: elaboración propia, 2000.

Gracias a su accionar descentralizado, Internet ha sido puesta de ejemplo como un hecho democratizador de la sociedad. Dos características de la democracia son el igualitarismo y la participación de los individuos. Los elementos de participación que Internet comporta son visibles, aunque la actitud de los usuarios sea muchas veces mayoritariamente pasiva. Es dudoso, en cambio, el reconocimiento de sus efectos igualitarios. Bastantes analistas imaginan la posibilidad futura del voto por la red, como uno de los grandes avances que ayudarán a resolver problemas prácticos en la realización de elecciones. Lo que nos devolvería —dicen— a los orígenes de la democracia ateniense, que era asambleísta y no representativa (Cebrián,1998:97).

Durante décadas las democracias se han esforzado por garantizar los derechos de las minorías. El respeto a éstas, es esencial en la configuración del sistema. Algunos arguyen, no sin razón, que las minorías están representadas mejor que nadie en la Web, donde prácticamente cualquiera puede tener su sitio, y de ahí deducen otras indudables aportaciones democráticas de Internet. Se asistiría así a la generación de una especie de sociedad virtual, con su propia democracia interna, con sus leyes, policías y demás, todo vedado para quienes no quisieran integrarse en un mundo cuya característica fundamental consistiría en la ausencia de tradición propia. La sociedad global de la información tendrá efectos determinantes en el poder político y en la concepción clásica de la soberanía como fundamento de los estados y de los gobiernos, pero no es algo que vaya a suceder de improviso. Los mítines no se limitan a reproducir la doctrina oficial de quienes lo organizan, sino que se constituyen verdaderos foros de debate (Ibid., pp. 99-100).

La controversia más seria de la "ciberdemocracia" se verifica a nivel del debate con la demanda por una mayor participación ciudadana en los problemas públicos. La participación es una de las demandas fundamentales de los impulsores del cibervoto y de la democracia virtual. En esto es posible que hayan convergencias, con algunos matices, entre distintas posiciones políticas.

Desde una óptica similar sobre la ciberdemocracia o bien sobre la "democracia económica", se advierte una campaña que intenta convencer que las computadoras son, quiéralo uno o no, indispensables y en todo caso inevitables; lo cual ha estructurado el paisaje ideológico de los Estados Unidos. Wired, la biblia de los "conectados", es uno de sus órganos más activos, al servicio de esta nueva fe. Después de vender mercancías, Wired busca celebrar el desarrollo y el futuro de las nuevas tecnologías de la información. Dicen,

"De pronto la tecnología nos dio los poderes que nos permiten manipular no sólo la realidad exterior, el mundo que nos rodea, sino también y sobre todo, a nosotros mismos. Usted puede llegar ser todo lo que quiera ser. [...] los partidos no serán más necesarios si las redes abiertas permiten a los individuos organizarse directamente en vez de estar amarrados en un grupo rígido." (Schiller, H.,1997:85)

Esta idea, es vieja. Wired se proclama anti-estatista, resueltamente hostil a toda forma de intervención social. El magazine se mueve sin problemas entre la ideología dominante que asimila autoridad pública y represión.

"Las redes de información contribuyen de manera decisiva a confrontar el poder de los que lo detentan: grandes empresas, armada, servicios de información, policía. ¿Quién decide (el gobierno de Internet)? Nadie... si las políticas escogidas no son las buenas, el mercado lo sancionará inmediatamente. Estoy totalmente de acuerdo con tal democracia económica." (Wristin,1996:140).

Esa es entonces la definición moderna de la "democracia económica" en donde la atribución del poder electoral será determinada en función de la superficie financiera. Y Wired hará todo lo posible para hacer creer a sus lectores que la era de la información que se abre, mayoritariamente al servicio de una "democracia" censitaria (patrimonialista), presenta trazos de radicalidad, y de modernidad (Schiller, H.,1997:84-85).

El resultado, en un par de décadas, será que un ciudadano activo de cualquier país de desarrollo se encontrará ligado a ese universo a través de un cable o de una antena parabólica —o un terminal inalámbrico cercano a un repetidor—. Gracias a esas ataduras podrá sentirse miembro de una comunidad ampliada y muchas veces virtual, con límites geográficos difusos o inexistentes, jerarquías sociales por establecer y normas por estatuir.

El temor (sobre la red) es que en vez de producir una super-conciencia colectiva como temía Orwell, se acelere la fragmentación y la divergencia. Por un lado la pérdida de las funciones integradoras de la cultura y el florecimiento de una gran diversidad de diferentes estilos de vida. Por el otro lado, el surgimiento de un principio de control "políticamente correcto" de ese pluralismo de las diferencias, consistente en una creciente codificación y rigidización de las relaciones comunicacionales entre los individuos y los grupos (Brünner,1998:106).

Sea como fuera, la universalización de la democracia es un hecho político decisivo a finales del siglo XX. Ocurre coetáneamente con el desplome de cualquier alternativa al capitalismo y la consiguiente pérdida de legitimidad de las formas políticas distintas de la democracia. Menos visible, aún, es la transformación de la democracia por la revolución contemporánea de la comunicaciones. Inicialmente, la democracia de las élites pasó a democracia de masas; ahora, ésta va en curso hacia una democracia de públicos. Ahora, la opinión pública se constituye a partir de la oferta de asuntos o temas (issues) movilizados por los media y opera como una expresión evaluativa de la sociedad civil, que oscila entre la dependencia y la autonomía; la manipulación y el descontento; el conformismo y el bienestar.

Conclusiones

Este panorama un tanto contradictorio de visiones encontradas es propio de un fenómeno nuevo que provoca todo tipo de susceptibilidades. Evidentemente que la pantalla de la computadora no va a reemplazar la socialización necesaria para la constitución de comunidades de acción. Eso es confundir el medio con el fin. Sin embargo, el voto electrónico en países con un prestigio de transparencia y eficacia en el manejo de los resultados electorales tendrá mejores resultados que en sociedades en las cuales ese aspecto del sistema político se encuentra claramente deslegitimado. Es decir, no será la incorporación de la tecnología la que resuelva o proponga caminos ligados a la democratización o ciudadanización de la política sino que dependerá de las condiciones y relaciones que existan entre los distintos sectores políticos y sociales para fundar un acuerdo que garantice la elección o referéndum electrónico.

Las experiencias de voto electrónico en el mundo son pocas. Quizá el tema candente es cómo distribuir democráticamente el acceso a las tecnologías de comunicación e información. Sin embargo, es no invalida la experimentación como por ejemplo, la de San Paulo (Brasil), que en 1997 se han hecho algunas experiencias de voto electrónico, sin embargo su formato debiera permitir todos las opciones de voluntad política: elegir candidatos, votar nulo o blanco; cuestión que en esa época no se podía realizar.

Hay que vencer innumerables desafíos en cuanto a equidad, es decir, en democracia los ciudadanos son iguales ante la ley y sólo necesitan de un lápiz grafito para votar, además de estar informados y contar con identificación (ciudadanía primaria). Por tanto, la planeación de un proceso de esta naturaleza exige un adecuada puesta a punto de una estrategia nacional en ese sentido. Así mismo, se debe asegurar la confirmación de la autenticidad del acto eleccionario, la imposibilidad de la adulteración, la previa legalidad de la firma electrónica, etcétera.

No todas las iniciativas tienen como piedra de tope la legislación o la tecnología, también es menester revisar las características de la cultura política del país en cuestión, cualquiera que este sea. Internet es un espacio abierto y democrático por tanto, a través de él se expresarán las más diversas formas y maneras de entender el sujeto político en el siglo XXI de manera tal que el reto de la aceptación de la diferencia, la tolerancia política y la diversidad como componentes constitutivos de sociedad complejas, hetorogéneas y multipensantes; son cuestiones previas a considerar al momento de impulsar iniciativas de esta naturaleza. El Estado, el mercado, el sistema político y la ciudadanía interactúan en una misma horizontalidad (ciudadanía secundaria); de esta premisa básica depende el éxito de la democracia electrónica.

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Notas

1 Linus Torval, alumno del MIT creó el sistema operativo Linux, equivalente al poderoso UNIX pero gratuito, con una licencia pública, configurado como protocolo abierto y con copyleft, opuesto al copyright.

2 En su momento más álgido se trató de una "guerra del ciberespacio" (Cyberwar) y de una "guerra de redes" (Netwar). En la citada ponencia, se concibe la "Netwar" en el sentido que a escala societal, los conflictos ideacionales se mueven en parte a través de modos "interneteados" de comunicación. Se refiere a la percepción de guerra que se tiene entre naciones o sociedades, es decir, se trata de la noción que la gente tiene acerca de sí misma y del mundo que la rodea. La "Cyberwar" se refiere a las batallas que se dan en el nivel militar, se trata de la forma de la guerra en la que el conocimiento es clave: quién sabe qué, dónde, cuándo, porqué, y además, que tan segura es la información que los militares o la sociedad, tienen acerca de sí mismo y de sus adversarios (Martínez, 1997, op. cit., p. 19).

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* Rolando Palacios es docente en el Postítulo en Comunicación y Educación y en la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad Diego Portales, Santiago, Chile. Autor del libro La telaraña cultur@l en América Latina y México: oportunidades y desafíos, Fonca/IISUNAM, México, 2000, 167 pp. Esta es su primera colaboración para Sala de Prensa.