Voz e información en una sociedad democrática

Juan Francisco Escobedo *

La demanda histórica -satisfecha razonablemente- para universalizar el derecho al voto y convertirlo en un instrumento irremplazable y fundamental de la legitimidad de la representación política, ha contribuido a modificar la percepción favorable que los actores sociales y políticos le otorgan a la libertad de los ciudadanos para expresarse y hacer oír su voz.

La boleta electoral, de ser un objeto de disputa en México, se transformó en un objeto de confluencia, insustituible para verificar el sentido de la voluntad de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo propició la disminución de la atención pública hacia el ejercicio de las libertades de expresión y de información en el ámbito cotidiano de los ciudadanos. La antigua dualidad: voz y voto, tantas veces proclamada en las batallas protodemocráticas, se ha sesgado hacia el ejercicio preferente del voto. Los ciudadanos votan y lo hacen cada vez en mayor número; pero después del proceso electoral guardan silencio y las voces de los pocos que se atreven a expresarse se vuelven inaudibles entre el ruido estruendoso del aparato gubernamental y de sus integrantes.

Los gobiernos y los funcionarios habitualmente tienen problemas para oír a los ciudadanos. Los oyen mal y, cuando se da el caso de que los escuchen, atienden mal sus demandas, salvo que éstas se formulen a través de un interlocutor previamente reconocido por el gobierno, o bien, porque el tema ha entrado en la agenda pública.

No es un avance menor que, en los tiempos que corren, el voto de los ciudadanos se respete con mayor frecuencia que en el pasado. El voto, por sí mismo, no colma el horizonte de los derechos y libertades públicas que los ciudadanos de una sociedad en transformación deberían ejercer. Los procedimientos e instituciones democráticas instaurados en un período de transición requieren para consolidarse de una ciudadanía en crecimiento, que no se restrinja al cumplimiento del derecho a votar.

Los votos definen a los ganadores y perdedores temporales de las batallas por las parcelas de la representación y el poder políticos, pero no tienen mayor peso para influir en la definición de las modalidades y contenidos que adoptarán las políticas gubernamentales, y sus efectos tampoco inciden en el comportamiento y ejercicio razonable de las funciones de los gobernantes.

El voto libre y respetado constituye la piedra angular de las democracias representativas. México tiende hacia la consolidación de una democracia representativa. Pero en efecto, para consolidar y hacer duradero un régimen democrático es preciso que los ciudadanos recuperen la voz en su acepción más amplia, que combina una dimensión político democrática que se manifiesta en torno a los procedimientos electorales, con la dimensión político liberal que alude a las libertades de pensamiento, expresión, imprenta e información.

El voto es la manifestación más evidente del grado de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, pero no es el factor más eficaz para introducir correctivos y límites a los gobiernos y a los funcionarios. Los votos no nos informan acerca de las opiniones, percepciones, ideas y valores que los ciudadanos y los grupos sociales tienen acerca de los asuntos y poderes públicos, una vez que se ha superado el momento electoral. Es necesaria la voz de los ciudadanos para que su voto no se convierta en la coartada de nuevos gobernantes autoritarios, que con la cobertura de una legitimidad difusa se dispongan a gobernar sin límites y sin proyecto.

La voz de los ciudadanos importa para la democracia. Si los asuntos de interés público suscitan la emisión de opiniones por parte de los ciudadanos y éstos a su vez buscan que su voz tenga mayor resonancia, entonces los asuntos del gobierno también son asuntos de la sociedad de ciudadanos en torno a la que se articula y despliega un orden político cuya naturaleza y componentes tienden a ser predominantemente democráticos. Si el orden o régimen político en transformación otorga preeminencia a los derechos políticos asociados a los procesos electorales, entonces las posibilidades de que el régimen político en transición consolide sus reglas e instituciones democráticas, disminuye.

Con votos libres y respetados se legitiman los poderes públicos y la élite gobernante. Se hace posible la alternancia y el desplazamiento de gobiernos ineficaces. Pero sólo con voces sonantes y disonantes, escuchadas, contrastadas y discutidas, se hace posible la consolidación del naciente régimen democrático. Participar y deliberar son los verbos claves de la democracia. Cuya importancia crece, especialmente si se trata de regímenes políticos en transición como es el caso de México.

La transición a la democracia tiene fases. La instauración de las reglas e instituciones democráticas es decisiva, porque permite que los actores políticos aprendan a dialogar y establecer acuerdos bajo nuevas condiciones. En la fase de instauración se hacen visibles las contrahechuras del régimen que declina, al mismo tiempo que aparecen las dificultades para arraigar las nuevas instituciones en un contexto de cultura política autoritaria. En esta fase juegan un papel decisivo los actores políticos y afloran las tendencias acerca del cambio. Los acuerdos entre los reformistas del viejo régimen y los moderados de la coalición política emergente son determinantes. Pero la persistencia de las instituciones y reglas de nuevo cuño no queda garantizada con los acuerdos entre las élites. Son los ciudadanos, la compleja y diversa constelación de grupos y organizaciones sociales y los medios de comunicación, quienes adquieren mayor relevancia en la fase culminante de la transición, que es la de consolidación.

Los acuerdos de la fase de instauración no exigen a los actores profesión de fe democrática. Las transiciones se inician y avanzan sin demócratas, pero la consolidación de la naturaleza del régimen, así como de sus componentes nuevos o renovados, requieren de demócratas y del impulso de la cultura democrática para consolidarse y durar. Es en ésta fase donde la voz de los ciudadanos y de los actores colectivos es irremplazable.

El concepto de "voz" en este contexto, alude al ejercicio sin restricciones de las libertades de pensamiento, expresión e información de los ciudadanos, que no disponen de los recursos necesarios para hacerse escuchar como interlocutores atendibles por el gobierno y relevantes para los medios. Las organizaciones sociales, independientemente de su naturaleza y fines, siempre tienen mayores dispositivos para expresarse y ser escuchados, en comparación con los ciudadanos comunes. De ahí que su actividad fundamental en un proceso de transición como el que aún vive México, radica en la gestión de nuevos términos de relación e interlocución con el gobierno y con el emergente orden político.

La transición introduce incertidumbre, porque debilita y cuestiona los intercambios y las mediaciones políticas y comunicativas establecidas por el régimen autoritario. Y no ofrece esquemas sustitutivos en el corto plazo. No por ineficacia del gobierno o de los nuevos actores, sino porque los intercambios y las mediaciones inéditas y la continuidad de los intercambios tradicionales se realizan gradualmente y con el trato sucesivo. La incertidumbre no se despeja con nuevas leyes, sino con la validez de la legalidad y el establecimiento de nuevas pautas para dialogar. Hay que negociar para poder negociar. En esta dimensión los ciudadanos no juegan ningún papel. Su voz es irrelevante, salvo que -insisto- consigan llevar a la agenda pública los temas que les interesan.

La alternancia en el gobierno fue posible por los votos de los ciudadanos, no por sus voces. La alternancia no cierra la transición, la hace posible. El cambio de régimen político será posible con la voz y el voto de los ciudadanos. La combinación de voto y voz debe lubricarse con información. Especialmente la que recogen y reciben de cuatro fuentes básicas: 1) información mediada, 2) información pública, 3) información educativa, y 4) información sociocultural.

La voz de una persona en cuanto tal transporta consigo y denota información recogida previamente en el mundo privado. La voz de los ciudadanos además de la carga que deviene del mundo personal, se convierte en una voz que trasciende en la medida que exhibe opiniones, percepciones y valores relacionados con el mundo de la política, que ya se sabe que no se agota en la frecuencia de lo gubernamental. La voz de los ciudadanos que recoge componentes del mundo político y público, es la voz que incide en los procesos múltiples que confluyen en el proceso de transición a la democracia o de cambio de régimen político. Esa voz necesita de información. Especialmente de la que es mediada por los medios de comunicación y de la información pública en manos del gobierno.

En un proceso de transición democrática los actores sociales y políticos están en condiciones de gestionar y procesar acuerdos para establecer nuevas reglas e instituciones acerca del mundo de la información mediada por los medios y de la información pública. La estructura de oportunidades que se abre en una transición le otorga relevancia a los acuerdos en torno a las reglas jurídicas e instituciones públicas que regulan el ámbito de los medios y el derecho de acceso a la información pública, dado que están directamente relacionados con el ejercicio de las libertades públicas y los derechos humanos.

La formulación de regulaciones nuevas o la reforma de la vieja trama de leyes del régimen autoritario son viables porque dependen de los acuerdos básicos entre los actores de la transición. En cambio, el establecimiento de nuevas modalidades y contenidos, por ejemplo, en la educación formal queda reservado al ámbito de las políticas públicas, donde tiene autonomía relativa el gobierno en turno.

El nexo entre el derecho de acceso a la información pública y la actualización de la legalidad en materia de medio de comunicación con la posibilidad de que los ciudadanos hagan oír su voz, es muy estrecho. El voto está garantizado en México por el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE) y el Instituto Federal Electoral, pero el ejercicio de la voz en sus variadas posibilidades: ¿qué norma jurídica e institución estatal la garantiza? La historia del ejercicio de las libertades de pensamiento, expresión, imprenta e información es la historia de la aplicación e interpretación discrecional de las leyes por parte de los gobiernos de la era priísta. Las leyes al servicio de la discrecionalidad sólo han permitido voces oficiales y silencios dóciles. Las voces disonantes que se expresaron antes de la alternancia, lo hicieron por encima y a pesar de la ley, de la cooptación o de la represión. El autoritarismo aceptó voces múltiples e incluso plurales, pero sin conexión con votos diferenciados y distintos a los otorgados legal o ilegalmente al PRI. La democratización del régimen necesita votos, voces, información veraz de los medios y acceso efectivo a la información pública.

* Juan Francisco Escobedo es coordinador del Posgrado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en México. Esta es su primera colaboración para Sala de Prensa.