M É X I C O

En el reino de la opacidad

Miguel Carbonell *

Uno de los rasgos permanentes de los sistemas dictatoriales y autoritarios es el control de la información. Cuanto más se puedan controlar los flujos de información, más posibilidades existen de perpetuar las condiciones de supervivencia del régimen en cuestión.

En México durante muchos años esto ha sido así: el gobierno ha controlado la información, la función pública se ha desarrollado en una especie de semiclandestinaje y los ciudadanos apenas han podido saber, si acaso, en qué se gastaban los gobernantes una parte menor del dinero de sus impuestos.

Por fortuna, la cosas parecen estar comenzando a cambiar. Hay un núcleo importante de periodistas, académicos, organizaciones no gubernamentales y simples particulares que lleva tiempo señalando la necesidad de contar con un mecanismo jurídico que haga en verdad transparente la función pública y permita que los ciudadanos y los medios de comunicación se puedan enterar de lo que realmente sucede dentro del enorme aparato estatal. Se trataría de llegar a una ley de acceso a la información como un primer paso para ir cumpliendo con lo señalado por la última parte del artículo 6 constitucional: "el derecho a la información será garantizado por el Estado". Dicha disposición fue introducida en el texto de la Constitución en 1977 y a la fecha todavía no se ha reglamentado por vía legislativa. Son ya 24 años de incumplimiento manifiesto y continúo de la Constitución por parte del poder legislativo.

El derecho a la información, a estar informados y a que esa información nos sea garantizada por el Estado no es algo que esté a discusión, ni se trata de una prebenda que pueden otorgar o negar las autoridades: es un derecho que está inscrito en el texto de la carta fundamental. Negarlo significa nada menos que violar la Constitución. La posposición de su regulación legislativa extiende una violación constitucional patente a cada minuto, cada hora, cada día en que ese derecho no deja de ser simple papel mojado. Los legisladores deben saberlo y asumir la responsabilidad que tienen de crear los mecanismos legales necesarios para hacer del derecho a la información una prerrogativa realmente actuable en la práctica.

Por supuesto que regular el derecho a la información significa acabar con una serie de prebendas y privilegios que existen hoy en día. Los derechos fundamentales, llevados a la práctica, no son cómodos para el poder; al contrario, les exigen a los funcionarios públicos unos estándares de actuación a los que, en muchas ocasiones, no están acostumbrados. El derecho de los particulares a pedir información detallada y puntual del quehacer público supone, en primer término, que las autoridades deberán de llevar a cabo todo lo necesario para proporcionar esa información. Supone también que si no cumplen con su deber el particular podrá recurrir ante su superior, ante un órgano especializado o incluso ante un juez federal para exigir que le sea proporcionada la información que requiere.

El derecho a la información, tomado en serio, va a terminar con el reino de lo opaco que es nuestra administración pública, incluyendo desde luego al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Pongamos un ejemplo de la opacidad reinante. Hasta hace muy poco, ni siquiera los propios funcionarios públicos sabían los montos de ese monumento a la oscuridad administrativa que son los famosos "bonos de productividad"; no se sabía si llegarían o no y, en caso afirmativo, de cuánto sería su monto. Hoy en día tampoco queda muy claro cuáles son los criterios con los que se asignan y los límites que pueden tener. Algunos funcionarios sostienen en privado que los sueldos publicados en el Diario Oficial de la Federación no son reales y que se complementan a través de diversos conceptos, los cuales terminan inflando de forma importante sus percepciones. Si hasta en el municipio de Tultitlán tenían una "nómina secreta" que le permitía a su folklórico presidente municipal embolsarse hasta 180 mil pesos al mes, qué no puede suceder en las grandes estructuras burocráticas de la SEP, de la Sedesol, del IMSS o en los oscuros pasillos de la Suprema Corte.

Con la regulación legislativa del derecho de acceso a la información va a terminar también, en el mediano plazo, la guerra de filtraciones y vendettas públicas que desde hace unos años libran las principales fuerzas políticas en los medios de comunicación: al ser toda la información de carácter público no habrá lugar para los grandes "descubrimientos" de los periodistas que nutren su trabajo en los bajos fondos de los secretos oficiales.

Si la democracia mexicana quiere en verdad consolidarse, si el cambio del 2 de julio es algo más que un simple relevo de membretes, si en vez del reino de lo opaco queremos que nuestro Estado sea una "casa de cristal", lo primero que tenemos que hacer es regular legislativamente el derecho a la información. Se trata de una pieza maestra de cualquier democracia. No nos demoremos.

* Miguel Carbonell es doctor en Derecho por la Universidad Complutense. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho constitucional y teoría de la democracia. Esta es su primera colaboración para Sala de Prensa.