La prensa en Uruguay
Informe
sobre la información
Hugo
Machín *
Cuando
"Bitácora" me invitó a ofrecer la
visión de la Asociación de la Prensa Uruguaya
(APU) sobre el tema, lo hago consciente de la
necesidad que existe en el Uruguay de informar
sobre la información, tomando el título del
conocido trabajo de Manuel Vázquez Montalbán.
Ya en 1999 los
trabajadores de los medios de comunicación
vivíamos uno de los peores momentos laborales de
las últimas décadas en los sectores de prensa y
radio, y así se consignó en la Memoria y
Balance Anual y Ejercicio 1998-1999.
Esa situación
caracterizada por "la persistente pérdida
de trabajo y envíos al seguro de desempleo, se
suma a la creciente precarización del trabajo
con contratos por períodos cada vez más breves
y en la mayoría de los casos con pérdida de
beneficios legales de aguinaldo, salario
vacacional e indemnizaciones por despido. Las
horas extras difícilmente se remuneren de
acuerdo a los términos de la ley vigente"
se sostenía en esa oportunidad.
| Lamentablemente
para el Derecho a la Información de la
ciudadanía y para Libertad de
Expresión, los hechos se agravaron
durante el año 2000. De unos 1.800
puestos de trabajo que existen
aproximadamente en Montevideo, cerca de
300 se perdieron entre trabajadores
despedidos y/o enviados al seguro de
desempleo. APU no cuenta con un detalle
de la situación en el interior aunque
maneja que se han perdido decenas de
puestos de trabajo.
Nueve
empresas periodísticas cerraron durante
el año pasado: El Diario, La Mañana,
Guambia, el semanario El Día, el
vespertino Primera Plana, Prensa de los
Viernes, semanario Causa Abierta y las
revistas semanales Tres y Posdata. Por el
momento, la emisora CX 44 Panamericana
dejó de constituir una fuente laboral.
En
muchas empresas se aplicó la rebaja
salarial que en algunos casos llegó
hasta un 50% de los sueldos y en otras
empresas se impuso a gran cantidad de
trabajadores la contratación mediante la
modalidad de empresas unipersonales que,
en numerosos casos, fueron derivados
desde la situación de empleados a esta
modalidad que se traduce en
precarización de puestos de trabajo,
cese de derechos laborales, contratos por
tres meses y pérdida de beneficios
jubilatorios.
EL
diario Ultimas Noticias envió al seguro
de paro a casi cien trabajadores, el
diario La República envió a 25
trabajadores al seguro de desempleo, el
diario El País, entre despidos y seguro
de paro, desafectó a más de veinte
trabajadores y aplicó una rebaja
salarial.
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Agresiones
La
APU dio a conocer en conferencia
de prensa realizada el miércoles
17 de enero el primer Relatorio
sobre agresiones a la libertad de
prensa y a los derechos de
información y de libertad de
expresión.
La
APU creó en enero del 2000 la
Comisión de Libertad de Prensa
que recopiló puntualmente los
hechos denunciados o no, ante la
comisión y que incluyeron
asesinato, atentado, agresiones
físicas, amenazas, coacciones y
censuras.
Con
el advenimiento del nuevo
gobierno en marzo del 2000, de
verificó una evolución positiva
en el clima de libertad en el
ejercicio de la función
periodística y un compromiso
mayor con la plena vigencia de
los Derechos Humanos. Salvo
alguna excepción sobre la que se
le pidió reserva a APU por parte
de los involucrados no se
registraron denuncias de
presiones directas desde el
gobierno sobre periodistas o
medios de comunicación. como las
que debió considerar APU en el
pasado y que son de publico
conocimiento
El
marco jurídico atentatorio
contra libertad de prensa sigue
sustentado en la existencia del
delito de Desacato, en aspectos
de la Ley de Prensa (Nro. 16.099)
en la inexistencia de Habeas Data
y en la distribución irregular
de la publicidad oficial.
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También
en el sector radio Nuevotiempo redujo fuentes
laborales con reducción temporal de salario, en
Setiembre FM, hubo envíos al seguro de paro y
reducción salarial, en El Espectador reducción
salarial, en Radio Nacional envíos al seguro de
desempleo y retraso en el pago de haberes. En
Sarandí, el año terminó con el despido de doce
trabajadores constituyendo un caso especial ya
que esta empresa había realizado su ajuste en el
año 1999 con numerosos despidos y rebaja
salarial, cambió de dueños en el verano
anterior y había logrado durante el año 2000
reposicionarse en materia de audiencia con
publicidad satisfactoria, según lo difundió la
propia empresa.
En televisión
el impacto fue menor, aunque hubo cinco despidos
en Canal 5 en el informativo 7 A.M.,
emprendimiento privado que se emitía por canal
oficial, cinco despidos en Señal 1y hubo dos
despidos en Teledoce.
La única
variable de ajuste -salvo muy pocas excepciones-
ha sido la masa salarial cuya reducción
notoriamente decreció.
Derechos
amenazados
Para la APU este
panorama atenta contra el mejor ejercicio del
Derecho a la Información por parte de la
ciudadanía y también incide negativamente sobre
la Libertad de Expresión. La inestabilidad
laboral se traduce en perdida de independencia
profesional por la incertidumbre y la amenaza
latente de la desocupación. Las habituales
presiones sobre la prensa adquieren mayor peso,
terminan por lesionar seriamente la independencia
de las empresas y esta consecuencia negativa se
traslada a los periodistas.
En forma
paulatina se reducen las áreas de cobertura
informativa con lógico deterioro del producto
periodístico, la información es trabajada por
menor numero de difusores y consecuentemente se
restringe la pluralidad de información y de
opinión.
¿Qué
hacer?
APU es
consciente de la recesión económica que se vive
en el país a la que se suma el recorte en la
publicidad privada -caída total del 27%- y
reducción en un 50% de la publicidad estatal1, pero también
sostenemos desde el gremio que así como lo
hicimos los periodistas mediante un censo en
Montevideo2, tanto el Estado como las
empresas periodísticas deben hacer transparente
el mercado en lo atinente a mediciones de
audiencias y tirajes como a la real situación
financiera de las diferentes empresas. Es la base
para encarar posibles caminos que detengan esta
sangría y recuperar un periodismo que corre el
riesgo de perecer con el consiguiente peligro
para la democracia uruguaya.
Si el Estado ha
considerado a la Salud, la Educación y la
Justicia como servicios esenciales y tomó parte
en la solución de las crisis existentes en esos
ámbitos de la sociedad, APU entiende que la
información y la comunicación no son menos
importantes. Reclamamos la instalación de una
mesa tripartita (Estado, empresarios y
trabajadores) que ofrezca transparencia al
mercado, libertad y competencia, traducidas en
mejores productos periodísticos, pero también
en garantías laborales cuya pérdida hasta hoy
ha sido el mayor costo de la crisis de la prensa.
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Notas:
(1) Una crisis detrás de las
noticias. El Observador, suplemento Café &
Negocios, 17 de diciembre del 2000.
(2) Primer Censo de Periodistas
de Montevideo, realizado con la Universidad de la
República. 1997.
* Hugo
Machín es
vicepresidente de la Asociación de la Prensa
Uruguaya-Sindicato de Trabajadores de la
Comunicación Social (APU-STCS). Este texto se
publicó en Bitácora, suplemento del diario uruguayo La República, y se reproduce en Sala de Prensa con la autorización expresa de su
editor, Carlos Santiago.
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