La prensa en Uruguay

Una "desregulación" laboral de hecho

Mónica Xavier *

Vivimos en un país donde uno de los caballitos de batalla de los economistas neoliberales, la "desregulación" de los derechos laborales, se está produciendo en el ámbito de la prensa, lo que aparece como un adelanto experimental, una especie de globo sonda. Aunque sabemos que medidas similares también han tenido lugar en otras profesiones. A esta situación de pérdida de los derechos establecidos por la legislación laboral se suma al índice de desempleo general, que bordea el 15 por ciento, el que marca a fuego a los que han propiciado y llevado adelante la actual política económica.

Pero, particularmente, queremos referirnos a la situación del sector periodístico, que atraviesa una grave crisis que ha llevado a la pérdida de más de 300 puestos de trabajo, en un gremio que no supera a las 2.000 personas en actividad (algo mas de 1.700 según un censo realizado - para Montevideo- por la Asociación de la Prensa Uruguaya y la Universidad de la República).

O sea, una realidad signada por el cierre de empresas, rebajas salariales, despidos -en algunos casos masivos-, envío de trabajadores al seguro de desempleo. Una tónica que eclosionó en los últimos meses, tanto en Montevideo como en algunos medios del interior.

En esta crisis -que se venía incubando-, jugó un rol importante la decisión del gobierno de suspender (o restringir al mínimo) la publicación de avisos oficiales. Ello determinó que hoy muchos trabajadores de este sector se encuentren en una situación dramática, similar –por supuesto- a la que viven otros trabajadores de éste país.

Pero también pensamos que en algunas empresas periodísticas se podrían estar acercando a lo que el periodista francés Ignacio Ramonet define: "Los métodos utilizados señalan el imperio de una lógica inherente al neoliberalismo: avance de criterios estrictamente gerenciales sobre los redaccionales, que pierden poder, con lo que la calidad y trasparencia de la información resulta afectada. Esta tendencia, objetiva en todos los grandes grupos multimedia, termina atentando contra la libertad de asociación y defensa de los trabajadores y, en última instancia, la libertad de expresión."¹

Los puestos de trabajo que se han perdido, el incremento de las prestaciones por seguro de desempleo y otras medidas, como las tercerizaciones, la aplicación del arbitrio de la "empresa unipersonal", que significa una "desregulación" de hecho de la actividad y, por supuesto, una pérdida de derechos laborales conquistados desde hace decenas de años por la lucha de nuestro movimiento sindical, así lo confirman.

Para dar al lector un elemento abarcativo que lo haga comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, es adecuado manejar algunos datos concretos. Se ha verificado el cierre definitivo de El Diario, La Mañana, El Día, Primera Plana y Guambia. Se han transformado publicaciones semanales en mensuales (Revista 3), con los consabidos despidos. También se verifica la tercerización de secciones enteras (deportes) en algunos medios, en los que los trabajadores pierden todos sus derechos, cobrando sus sueldos con un porcentaje de los avisos que los mismos trabajadores deben aportar. Ultimamente hemos sabido del despido de la mayoría de periodistas del emblemático programa "En Vivo y en Directo" que se emite por Radio Sarandí y de otros trabajadores del departamento de prensa, lo dejó fuera de la plantilla de trabajadores en actividad a alrededor de 11 trabajadores.

Otro fenómeno que ha aparecido con suma virulencia en varios medios es la aplicación del sistema de "empresa unipersonal", sobre la base de la cual los trabajadores ven retaceados sus derechos y pueden ser despedidos simplemente "denunciándose" el contrato respectivo, sin derecho a despido y sin la posibilidad de ser acogidos por el seguro de desempleo que paga ese beneficio por seis meses. Esa es una modalidad que está creciendo en forma exponencial en varias empresas periodísticas.

Entonces, estamos ante un panorama de despidos y rebajas salariales, pasajes al seguro de desempleo, tercerizaciones con pérdida de derechos y la contratación en diversos medios de periodistas bajo el mecanismo de "empresas unipersonales". Una situación que muestra el momento que viven los periodistas en particular y los trabajadores de la prensa en general, ya que también se han producido despidos entre gráficos, personal administrativo, de seguridad, etc.

No nos cabe la menor duda de la importancia de este sector para mantener en alto la libertad de prensa en Uruguay, en la medida en que sin esos trabajadores desempeñando sus funciones en los medios de comunicación ella no es posible, pues la información no tiene forma de ser recogida, trasmitida y analizada. No hay que ser ingenuos y bien entendemos que esa es una libertad de prensa relativa, ya que las empresas –violentando muchas veces la ética informativa- son las que marcan los rumbos y la información es retaceada, reducida, transformada o no publicada, por decisiones en las que no participan los trabajadores sino las empresas.

No cabe duda tampoco que la situación que atraviesan los periodistas ocurre en el marco de la crisis general que vive el país que, obviamente, que se refleja en ese sector en forma especialmente dramática.

Según manifiestan los trabajadores de la prensa: "el año 2000 se recordará por ser un año en el que perdimos el número más importante de fuentes de trabajo, se registraron decenas de ceses de trabajadores y envíos al seguro de desempleo, al tiempo que se operó una escalada de desregulaciones que demolió décadas de conquistas de nuestro gremio".²

A la hora de "ajustar los cinturones" por parte de las empresas, afectadas por la decisión del gobierno de suspender los avisos oficiales y por la menor facturación de publicidad privada, producto de la crisis generalizada, de la caída del producto, el "ajuste" afectó a la parte más débil: los trabajadores, que siempre se convierten en la variable de ajuste más utilizada por las empresas.

Nuestra aspiración al realizar el planteo en el seno de la Cámara de Senadores el día 13 de diciembre del año 2000, fue llamar la atención sobre la situación que vive este sector y solicitar a todos los actores (Parlamento, Poder Ejecutivo, empresas, trabajadores, etc.) que tomen cartas en el asunto realizando las gestiones conjuntas, necesarias para la búsqueda de medidas adecuadas a los efectos de solucionar una situación que se agrava día a día.

Es necesario entonces -en el ámbito parlamentario- que las comisiones respectivas llamen a las partes involucradas para en conjunto, encontrar salidas a una situación que aparece como catastrófica.

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Notas:

(1) Ignacio Ramonet, "La communication victime des marchands". Maniére de Voir Nº 3, publicación de Le Monde Diplomatique, Paris, noviembre 1988.

(2) Boletín Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) – Noviembre de 2000.

* Mónica Xavier es senadora, presidenta de la Comisión Permanente del Poder Legislativo y médica cardióloga. Este texto se publicó en Bitácora, suplemento del diario uruguayo La República, y se reproduce en Sala de Prensa con la autorización expresa de su editor, Carlos Santiago.