Políticas
de comunicación y democratización:
El caso de Guatemala
Hans
Koberstein*
1
El eslabón olvidado
En el marco de un proceso aparentemente mundial,
trece países latinoamericanos volvieron a la
democracia a comienzos de los años noventa.
Estas democracias se consideran aún en proceso
de consolidación (cp. Nohlen/Thibaut: 1994). Los
estudios sobre los procesos de democratización
realizadas hasta la actualidad han ignorado casi
en su totalidad el papel de los medios de
comunicación, a pesar de que la libertad de
expresión y de información se consideren
condiciones previas para una democracia
(Filgueira/Nohlen: 1994, 11; Schmitter/Karl:
1993, 45; Waisbord: 1995, 209).
Las ciencias de
la comunicación en América Latina sí se
dedicaron a partir de los años sesenta a
estudiar la relación entre los medios de
comunicación y la democracia. Entre sus filas se
creó la así llamada escuela latinoamericana o
la teoría militante, que abogaba por una
democratización de la comunicación a través de
políticas de comunicación (Díaz Bordenave:
1976, 147; Fuentes: 1989, 114f; Motta: 1989,
148). Sin embargo, esta corriente tampoco
investigó a fondo la relación entre medios de
comunicación y los procesos de democratización
latinoamericanos.
En la época
autoritaria, la libertad de expresión y de
prensa quedaron constitucionalmente garantizadas
tanto en Guatemala como en la mayor parte de
América Latina, aunque en la práctica estas
libertades no llegaran a respetarse (Buckman:
1996, 7; Peleg: 1993, 133). En vez de una censura
abierta o restricciones legales los regímenes
autoritarios recurrían en la mayoría de los
casos a aplicar las llamadas políticas de
comunicación informales, tales como amenazas de
muerte, secuestros y asesinatos. (Scarone: 1996,
26).
En base a ello,
una democracia se considera consolidada si en la
práctica se establecen unas políticas de
comunicación formales y democráticas, mientras
que las políticas de comunicación informales
pierden importancia. Por tanto, es conveniente
analizar las políticas de comunicación
formales, y las políticas informales, para
determinar el desarrollo y los cambios que se
produjeron durante el proceso de
democratización. Este modelo es aplicado en el
presente estudio para el caso de Guatemala
durante el proceso de democratización de 1986 a
1998. En este estudio se llevaron a cabo 35
entrevistas con expertos en Guatemala, a la vez
se registraron y analizaron 321 agresiones contra
periodistas y medios de comunicación en ese
período.
2
El caso de Guatemala
2.1 El panorama comunicacional
Durante el proceso de democratización,
persistieron graves problemas en el campo de los
medios de comunicación: La mayor parte de los
medios informativos seguían concentrados en la
capital, tanto a nivel de información como de
difusión. La profesión de periodista seguía
sin existir fuera de las grandes ciudades
(Barrera et al.: 1992, 139) y los medios de
comunicación ignoraban casi en su totalidad los
idiomas y las culturas indígenas.
Se produjeron
dramáticos procesos de concentración de
propiedad. Así, en 1998 más que el 90% del
tiraje de la prensa diaria estaba controlado por
dos consorcios - Prensa Libre y Siglo
Veintiuno. El mexicano Remigio Angel
González y González llegó a controlar todos
los canales de televisión con difusión
nacional. La radio estaba controlada por un
oligopolio, compuesto por siete grupos, entre
ellos la iglesias católica y sectas
evangélicas.
2.2 Las
políticas de comunicación formales
Al comenzar el proceso de democratización en
1986, las bases legales relacionadas con los
medios de comunicación apenas cambiaron. No se
produjeron reformas ni debates públicos o
semipúblicos encaminadas a la adaptación de la
legislación a las peculiaridades y necesidades
de un país en proceso de democratización. Las
políticas de comunicación formales no se
establecieron como un campo especializado dentro
de la política nacional (1). Ningún partido
político representado en el congreso en 1998
había elaborado un programa que contemplara las
políticas de comunicación formales, ignorando
así la importancia de este campo político. (cp.
Barrera: 1989, 45)
Por esa razón,
las leyes elaboradas durante el proceso de
democratización carecían de coherencia. Ejemplo
de ello era la Ley General de Telecomunicaciones
(LGT) que regulaba indiscriminadamente tanto las
frecuencias de teléfonos móviles como las de
radio y televisión. Con la LGT las frecuencias
ya no eran otorgadas por el Estado sino
subastadas permitiendo la inversión extranjera.
El Estado perdió definitivamente el control
sobre las frecuencias. Contrastando con esta ley,
las demás iniciativas legislativas siguieron la
línea tradicional de políticas de comunicación
formales, atribuyendo al Estado una amplia gama
de funciones que apenas puso en práctica.
Ejemplos de esto son la ley de televisión por
cable de 1992 y el aumento en los salarios
mínimos para periodistas en los años noventa.
En los acuerdos
de paz firmados entre gobierno y guerrilla en
diciembre de 1996, el gobierno se comprometió a
fomentar la divulgación "de las expresiones
culturales indígenas", a facilitar
frecuencias para proyectos indígenas y a
"reglamentar y apoyar un sistema de
programas informativos, científicos, artísticos
y educativos de las culturas indígenas en sus
idiomas" tanto en la televisión, la radio,
como en la prensa (Acuerdos de Paz, 12). Esto se
arcordó en marzo de 1995. Casi dos años
después entró en vigor la LGT, con lo cual se
imposibilitó el otorgamiento de frecuencias a
proyectos indígenas. Asimismo, el anteproyecto
de ley de reforma a la Ley de Radiodifusión
ignoró completamente los contenidos de los
acuerdos de paz.
2.3 Las
políticas de comunicación informales
2.3.1 Agresiones contra periodistas y medios
de comunicación
Un instrumento importante de las políticas de
comunicación informales lo constituyeron las
agresiones contra periodistas y medios de
comunicación. El hecho de que los autores
intelectuales de estas agresiones gozaran de
impunidad reforzó la autocensura entre los
periodistas (Altolaguirre: 1994, 104).
El análisis de
321 casos de agresiones que se produjeron entre
1986 y 1997 demuestra que en 1986 el nivel de las
agresiones era muy bajo (3 casos), para crecer en
los años siguientes de forma cíclica hasta
llegar a los 65 casos de 1993. Posteriormente, el
número baja hasta 15 en 1997, tasa aún muy por
encima de la de 1986.
Los incrementos
más significativos no coinciden con las
campañas electorales sino con otros
acontecimientos políticos, como el frustrado
golpe de Estado en 1998 que conllevó una ola de
violencia dirigida contra periodistas y algunos
medios de comunicación recién establecidos
(Koberstein: 1990, 48f). El decenso pronunciado
en los años 1996 y 1997 se debe a la firma de la
paz de 1996 entre gobierno y guerrilla.
En el caso de
las agresiones con consecuencias graves, que
implican la muerte o el exilio de periodistas y
en el caso de los medios de comunicación el
cierre temporal o definitivo de estos, se observa
una curva de incidencia sin mayores altos y
bajos, que no desciende a pesar de la firma de
paz de 1996.
Un análisis de
los datos considerando los períodos de gobierno
evidencia que estos tienen poco impacto en el
desarrollo de las agresiones. Las fuerzas de
seguridad (2), miembros del gobierno (3) y
funcionarios públicos se cuentan entre los
principales supuestos autores intelectuales de
las agresiones, apareciendo las fuerzas de
seguridad como responsables de la mayor parte de
las agresiones. Esta situación cambia durante el
gobierno de Alvaro Arzú. En este período se
observa un auge de autores civiles en
comparación con los militares. Es difícil
deducir de ello una desmilitarización de las
políticas de comunicación informales, ya que la
inteligencia militar seguía manteniendo un
control estrecho sobre los periodistas y los
medios de comunicación.
2.3.2
Control informal de radiodifusión
El Estado siguió controlando la concesión de
las licencias de frecuencias para radio y
televisión. Las licencias se solían otorgar o
prorrogar poco antes de las elecciones generales.
De esta forma, el gobierno de turno recibía una
cobertura informativa favorable y buenos precios
para la propaganda política. Las emisoras que no
cooperaban o abiertamente se oponían al gobierno
aún en el poder se arriesgaban a que no se les
prorrogara la licencia (Koberstein: 1990, 36).
Este instrumento de control desapareció con la
entrada en vigor de la LGT en 1997, ya que las
frecuencias ya no se concedían por el gobierno
sino se subastaban. Sin embargo, quedó vigente
la Ley de Radiodifusión (Decreto 466) de 1966
con sus instrumentos de control y presión.
2.3.3 La
trama de González
El mexicano Remigio Angel González y González
inició sus actividades en Guatemala en los años
ochenta para convertirse en el hombre fuerte de
la televisión guatemalteca, sin encontrarse con
mayores obstáculos políticos, a pesar de que la
legislación prohibía a extranjeros la
adquisición de medios de comunicación (4). A
finales de los años noventa, González
controlaba todos los canales de televisión de
cobertura nacional incluyendo los noticieros.
Igualmente se adueñó de 22 frecuencias de
radio, entre ellas, la única radio puramente
informativa del país, Radio Sonora.
González estaba
empeñado en mantener buenas relaciones con el
gobierno de turno. Ordena en los telenoticieros
un trato favorable a los candidatos
presidenciales con más posibilidades de ganar y
ofreciéndoles condiciones especiales para la
propaganda política, de forma que ninguna
campaña electoral pueda funcionar sin el apoyo
de González. Si el presidente de turno se
mostraba descontento por la emisión de
informaciones perjudiciales para el gobierno,
González se encargaba de suprimir estas
informaciones. Este mecanismo se ha vuelto casi
rutinario en algunas redacciones.
2.3.4 Otros
instrumentos de control informal
A comienzos del proceso de democratización, la
práctica de la corrupción en el periodismo
seguía inamovible, persistiendo hasta en el año
1990 un sistema informalmente establecido de
tarifas de sobornos (5) (Koberstein: 1990, 60f;
cp. Heise et al.: 1987, 26).
A medianos de
los años noventa, debido a los fuertes
incrementos en los salarios mínimos para
periodistas, aumentó la contratación de
profesionales universitarios no propensos a
sobornos. Este cambio se dio tan sólo en algunos
medios impresos de la capital, mientras que en la
radio y la televisión, así como en los
departamentos, no se notaron mayores cambios en
el pago de salarios, la profesión de periodista
seguía estando en manos de periodistas
'empíricos' con sueldos bajos y conservándose,
de esta forma, el sistema de sobornos (Bolaños:
1996, 41; Klee: 1996, 95)
El presupuesto
de la Secretaría de Relaciones Públicas de la
Presidencia se cuatruplicó durante el proceso de
democratización. Los gobiernos democráticos
empleaban, al igual que sus antecesores
autoritarios, la publicidad oficial para influir
en el periodismo. Medios de comunicación
declarados ingratos por el gobierno fueron
excluidos de la tarta presupuestaria. En cambio,
el gobierno financiaba, y por tanto controlaba,
en su totalidad alrededor de cien
radionoticieros. Como casi nadie en Guatemala
pagaba impuestos directos, la amenaza de un
examen fiscal a la empresa se utilizaba como un
medio de presión (García: 1990, 66). El
presidente Alvaro Arzú amenazó a empresas con
inspección fiscal en caso de volver éstos a
publicar anuncios en medios críticos al
gobierno.
Con Arzú, que
pertenecía a las familias más poderosas de la
oligarquía económica del país (cp. Dosal 1995,
6f), el gobierno reunió el poder político y
económico. Arzú empleó este poder en contra de
los medios críticos, organizando un boicot de
publicidad. Los medios afectados ufrieron bajas
en su balance comercial de hasta el 50% (5). El
boicot comercial aparecía como un elemento casi
diario en el periodismo guatemalteco, siendo un
instrumento de presión usado además por
empresas privadas y, en menor grado, por la
iglesia católica. (Altolaguirre: 1994, 105)
3
Conclusiones
En los doce años de democratización, los
patrones de las políticas de comunicación
formales e informales han cambiado poco. Tanto el
ejército como la oligarquía económica, ligada
al gobierno desde el nombramiento de Alvaro Arzú
como presidente, representan los grupos fuertes
de presión sobre los medios de comunicación.
Las leyes que regulan los medios de comunicación
siguen sin apenas cambiar o aplicarse.
Las políticas
de comunicación formales no se han establecido
como tales en los partidos políticos,
instituciones y organizaciones, a pesar de los
grandes problemas que aún persisten en Guatemala
en el campo de la comunicación. Problemas como
la exclusión de idiomas y expresiones culturales
indígenas, la concentración regional de los
medios de comunicación y los procesos acelerados
de concentración en la propiedad de los medios.
En vez de
establecerse políticas de comunicación formales
y democráticas y aplicarse las leyes
respectivas, las políticas informales han
sufrido pocos cambios. Estos cambios no se rigen
por principios democráticos sino suponen una
adaptación del gobierno, del ejército y de la
oligarquía económica para mantener sus
posiciones de poder. Por todo esto, el proceso
analizado en este estudio puede denominarse una
transición sin democratización. Un proceso de
democratización no se ha podido constatar. En
este contexto político, la puesta en práctica
de políticas de comunicación formales dirigidas
a apoyar la democratización se presenta como una
tarea extremadamente difícil de realizar.
Bibliografía
- Acuerdos de Paz (1997):
Guatemala, Univ. de San Carlos.
- Altolaguirre, Marta (1994):
expresión". En: "Límites formales y
no formales a la libertad de Periodismo,
derechos humanos y control del poder político en
Centroamérica. Jaime Ordóñez (ed.). San
José, IIDH. 101-106.
- Barrera, Byron (1989): "En Guatemala no
hay ninguna política de comunicación
social". En: Revista Mexicana de
Comunicación 2, 7, 44-46.
- ibid.; Recinos, Mario y Joaquín
Medina (1992): "La Asociación para el
Desarrollo de las Comunicaciones Sociales".
En: Democracia y medios de comunicación en
Centroamérica. ADCS/Fundación Manuel
Buendía (Eds.). Guatemala, ADCS. 135-144
- Beltrán, Luis Ramiro (1976): "Alien
promises, objects and methods in Latin American
communication research". En: Communication
Research 3, 2, 107-133.
- Bolaños G., Gerardo (1996): "La
situación de los medios en Centroamérica".
En: Medios de comunicación y poder político
en América Central.
Konrad-Adenauer-Stiftung (ed.). San José, KAS.
23-46.
- Buckman, Robert T. (1996): "Current status
of the mass media in Latin America". En: Communication
in Latin America. Journalism, mass media, and
society. Richard R. Cole (ed.). Wilmington,
Scholarly Resources. 3-35.
- Díaz Bordenave, Juan (1976):
"Communication of agricultural innovations
in Latin America. The need for new models".
En: Communication Research 3, 2,
135-154.
- Dosal, Paul J. (1995): Power in transition.
The rise of Guatemala's industrial oligarchy,
1871-1994. Westport, Praeger.
- Filgueira, Carlos H y Dieter Nohlen (comp.)
(1994): Prensa y transición democrática.
Experiencias recientes en Europa y América
Latina. Frankfurt/Main, Vervuert.
- Fundación Myrna Mack (ed.) (1997): "Hacia
un paradigma democrático del sistema de
inteligencia en Guatemala". Documento
preliminar de trabajo. Guatemala, Fundación
Myrna Mack.
- García, Pedro Julio (1990): "Las
presiones gubernamentales ante la actitud
informativa de la prensa guatemalteca". En: La
libertad de prensa y la libre emisión del
pensamiento. CGP (ed.). Guatemala, América.
65-75.
- Godoy, Julio (1991): "Kritik ist
lebensgefährlich". En: ila, 150,
4-6.
- Klee, Héctor (1996): "Guatemala".
En: Medios de comunicación y poder político
en América Central.
Konrad-Adenauer-Stiftung (ed.). San José, KAS.
93-96.
- Koberstein, Hans (1990): La prensa
guatemalteca durante la apertura democrática
1986-1990. Stuttgart (mimeo).
- Motta, Gonzago (1989): "Las revistas de la
comunicación en América Latina. Creación de la
'teoría militante'". En: Telos,
19, 147-151.
- Nohlen, Dieter y Bernhard Thibaut (1994):
"Transitionsforschung zu
Lateinamerika". En: Systemwechsel 1.
Theorien, Ansätze und Konzeptionen.
Wolfgang Merkel (Hg.). Opladen, Leske und
Budrich. 195-228.
- Peleg, Ilan (1993): "Freedom of expression
in the third world. The human rights of writers
in developing countries". En: Patterns
of censorship around the world. Ibid. (ed.).
Boulder, Westview Pr. 110-140.
- Scarone, Marcello (1996): "Freedom and
restrictions. Perspectives". En: Media
and democracy in Latin America and the Caribbean.
Rosa M. González (ed.). Paris, UNESCO. 26-39.
- Schmitter, Phillipe C. y Terry Lynn Karl
(1993): "What democracy is ... and is
not". En: The global resurgence of
democracy. Larry Diamond and Marc F.
Plattner (eds.). Baltimore: John Hopkins
University Press. 39-52.
- Waisbord, Silvio R. (1995): "The mass
media and consolidation of democracy in South
America". En: Research in Political
Sociology, 7, 207-227.
Notas:
- Al igual que en los años
cincuenta, las políticas formales de
comunicación están situadas en la
cartera del ministerio de infraestructura
y en la comisión de infraestructura del
congreso. Los miembros de esta comisión
cambian cada año al igual que las demás
comisiones, por lo que no hay diputados
expertos en el campo de la comunicación.
- "Fuerzas de
seguridad" se refiere al ejército,
la Policía de Hacienda y la Policía
Nacional. En el período de
investigación de 1986 a 1998, la
Dirección de la Policía Nacional y
Policía de Hacienda siguió bajo el
mando del ejército y se empleó como
órgano de ejecución por éste.
(Fundación Myrna Mack 1997, 25).
- "Miembros del
gobierno" se refiere a todos los
miembros políticos del gabinete del
gobierno, exluyendo aquellos con rango
militar.
- Con la Ley de Inversión
Extranjera (Decreto 9-98) de 1998 se
abolieron estas restricciones para
extranjeros. Según el periodista
guatemalteco Julio Godoy (1991, 6),
"el 95% de los reporteros y
periodistas en Guatemala son
faferos." ‘Fafero’ es el
término guatemalteco para periodistas
corruptos.
- Los medios afectados
fueron el diario de más tiraje, Prensa
Libre; la revista Crónica;
el diario de mayor rigidez intelectual, El
Periódico; así como el
radionoticiero independiente Guatemala
Flash.
* Hans Koberstein, Berlin (Alemania). Reproducido de Revista Latina de
Comunicación Social,
número 13, de enero de 1999, con autorización
del editor.
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