Sala de Prensa


25
Noviembre 2000
Año III, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


Derechos ciudadanos en la era
de Internet: una propuesta tentativa

Susana Finquelievich *

¿Qué son los ciudadanos, hoy? ¿Cómo se definen los ciudadanos en el fin del milenio? Un hecho es cierto: ya no se definen por su derecho a habitar, producir, reproducir la polis, lo que implica también una actitud política activa, sino por su capacidad o incapacidad para consumir. Como plantea García Canclini, en una frase que ya es un clásico, ya no se trata de ciudadanos, sino de consumidores. ¿Qué rol pueden jugar las tecnologías de información y comunicación (TIC) en este proceso, para ayudar a que los ciudadanos recuperen sus derechos como tales? ¿Y cuáles son los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información? Este trabajo tratará de responder a estos interrogantes.

Hasta el presente, las aplicaciones de las TICs han tenido su mayor mercado en la industria, el comercio, los servicios financieros y sociales, la administración del sector público y fundamentalmente, en el ámbito militar. La tecnología se ha desarrollado sobre la base de estos mercados. El comercio y la industria han patrocinado el desarrollo de la tecnología hacia sus propias aplicaciones. Sin embargo, hasta el presente no se ha contado con un patrocinio semejante para desarrollar la tecnología hacia aplicaciones humanas y sociales. Al mismo tiempo, sólo recientemente la tecnología ha llegado a un punto de suficiente adelanto y bajo costo como para que sea económicamente factible su utilización a gran escala en el sector social. En consecuencia, la mayor parte de la población mundial ha tenido poco o ningún contacto con la tecnología informática, ni se ha beneficiado directamente de ella hasta la fecha.

Afortunadamente, esto está cambiando, y con mayor velocidad que la que se supone. Muchos programas sociales alrededor del mundo han mostrado cómo las tecnologías digitales pueden ser utilizadas no sólo en los medios urbanos carenciados, sino también en el ámbito rural, y por gente analfabeta totalmente carente de conocimientos acerca de la tecnología informática. Existen miles de ejemplos; los siguientes nos dan una breve idea de sus potencialidades:

Una serie de municipios argentinos comparte sus experiencias e intercambia información mediante una red electrónica. Los pacientes de un centro de salud mental se relacionan en un foro electrónico para "ensayar" las relaciones sociales antes de practicarlas en el "mundo real". Una asociación destinada a cambiar las formas tradicionales de mercado mediante el trueque de bienes y servicios entre sus socios se presenta en el ciberespacio por medio de una página web. Una red de profesionales europeos de salud mental aspira a la creación de la "Sociedad de la Inspiración", como versión humanizada de la Sociedad de la Información. La comunidad judía de Buenos Aires mantiene su cohesión, conforma su vida social y cultural, dispara debates políticos y se comunica con las de otros países mediante redes electrónicas. ¿Qué tienen en común estas experiencias? La respuesta más obvia parecería ser: el uso de comunicación mediatizada por computadoras. Pero la verdadera respuesta va más allá: todos estos grupos están incrementando sus potencialidades mediante la CMC. Pueden extraer la información que necesitan de las redes informáticas, darse a conocer, informar a la comunidad en general sobre sus objetivos y formas de trabajo, ganar respaldo y sobre todo, reposicionarse en las estructuras de poder locales. En cierta forma, lo que tienen en común es su actuación en redes horizontales, en una suerte de recuperación de las formas tradicionales de la democracia directa y de la vida comunitaria.

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la comunicación mediatizada por computadoras (CMC) ¿poseen un alto potencial de democratización y de refuerzo de la vida comunitaria, como argumentan sus defensores, o son una trampa más tendida por los sectores en el poder para distraer al sector más cuestionador (o al más ingenuo) de la población, como denuncian sus detractores? Lo que planteo en este trabajo, además de un breve análisis de las comunidades virtuales en su forma actual, particularmente en su relación con las ciudades, es que, como toda herramienta de comunicación desde el comienzo de la humanidad, las TIC y la CMC están investidas de ambos poderes: informar y desinformar, hacer circular esta información, deformarla o bloquearla, facilitar la organización comunitaria o desarmarla volviéndola inofensiva. Según Robert Markley (1996), autor de "Realidades virtuales y sus descontentos", el ciberespacio no puede separarse nunca de las políticas de representación, precisamente porque es la proyección de los conflictos de clase, género y raza a los que la tecnología a la vez engloba y busca borrar. La tecnología no escapa a la política, así como tampoco lo hacen las nuevas formas de comunicación derivadas de ella.

Por el momento, un número creciente de organizaciones comunitarias argentinas está utilizando la tecnología informática para reforzar y extender los alcances de sus acciones, erigirse en interlocutores válidos frente al gobierno local, asociarse con otras organizaciones en el ámbito regional, nacional y/o internacional, dar a conocer sus acciones, acceder a fuentes internacionales de financiación, y adquirir una fuerza que antes no tenían.

Los derechos ciudadanos en la Sociedad de la Información 1

¿Cómo pueden implementarse las aplicaciones sociales de las TIC en u país como el nuestro, en el que la penetración de Internet no supera el 1% de promedio en el continente, en el que siete de cada diez personas e nivel socioeconómico D y E (56% de la población) no tienen teléfono, en el que nueve de cada diez no tienen computadora personal? (Zlotogwiazda, 1999). Evidentemente, la difusión del acceso a las TIC dependerá en gran medida del estado, y de sus articulaciones con el sector privado y el sector asociativo para implementar políticas en esta dirección. Sin embargo, esto no está aún contemplado por los políticos que se disputan las elecciones presidenciales de octubre de 1999. La plataforma presentada por el radical Fernando de la Rúa sólo menciona dos veces la palabra Internet, pero su propuesta en este sentido se limita a "Promover el acceso a Internet a tarifas telefónicas planas con el fin de incrementar su uso, por considerarlo un instrumento fundamental para promover el acceso al conocimiento". El candidato Justicialista, Eduardo Duhalde, no ha dado a conocer plataforma alguna (Zlotogwiazda, 1999).

Sin embargo Internet está comenzando a ocupar un mínimo lugar en las discusiones políticas, como las que sostuvieron el Presidente Menem y el candidato a Vicepresidente por la Alianza, "Chacho" Álvarez, en la tercera semana de julio de este año, en la que el segundo le reprochaba al primero su falta de interés por facilitar la difusión de Internet, atribuyéndola a "miedo a la transparencia". Tímidamente, el uso y difusión de las TIC está apareciendo como tema en el juego político.

En este panorama, ¿Cuáles son los posibles derechos de los ciudadanos en la emergente Sociedad de la Información? Desde esta reunión pueden formularse algunas propuestas:

1. Derecho a ser respetado como un ser individual, participante de una colectividad denominada Sociedad de Informacion. El derecho a la vida misma está basado en el respeto del otro, en sus peculiaridades. El derecho a la vida no implica volver a todos iguales, sino respetarlos en sus caracteristicas particulares.

2. Derecho a participar de la Sociedad de la Información, por medio de la implementación de políticas dirigidas a la eliminación de la exclusión y del aprendizaje de nuevos saberes y técnicas que facilitarán su vida laboral, así como su vida de relación, y que evitarán su exclusión del mundo globalizado.

3. Derecho a disponer de medios de aprendizaje de las nuevas técnicas y saberes tecnológicos y organizacionales asociados a la informática, ya sea por medio de la educación formal, como por cursos de formación continua facilitados a los ciudadanos por el sector público, o por articulaciones entre éste, el sector privado y el asociativo. Esta formación continua en el uso de herramientas tecnológicas le facilitará la inclusión en el mundo laboral.

4. Derecho a que el Estado utilice las TIC como factores de creación de nuevos empleos y fuentes de trabajo. Entre otras estrategias posibles, el Estado deberá promocionar el Teletrabajo, como herramienta de aumento del empleo y de incorporación al mercado de trabajo de grupos de población con inconvenientes de movilidad, como disminuidos fisicos, madres con hijos pequeños, etc.

5. Derecho a participar comunitariamente en el uso de las herramientas tecnológicas. Esto implica dejar de lado el concepto de uso individual de las TIC (una computadora, teléfono y conexión a Internet en cada hogar) y alentar el acceso comunitario por medio de terminales instaladas en lugares publicos y semipublicos.

6. Derecho a conectarse a Internet y a los servicios informáticos y telemáticos fundamentales, por medio de políticas de abaratamiento de precios de conexión (o de exención de ese costo), para organizaciones comunitarias y para los sectores económicamente desfavorecidos, así como de políticas de tarifas telefónicas planas y otros elementos fundamentales, como centros públicos y/o semipúblicos de acceso a Internet, para los mismos sectores.

7. Derecho a establecer redes electrónicas comunitarias que complementen, extiendan las existentes redes comunitarias, o contribuyan a crear nuevas formas de asociación. Esto conlleva el derecho a asociarse con redes comunitarias locales, regionales, nacionales e internacionales, aprovechando las facilidades tecnológicas de la Sociedad de la Información.

8. Derecho al acceso a la información pública, y en particular, a ser informados por los gobiernos locales, provinciales y nacionales, de las decisiones y planes que conciernen a la ciudad y a la calidad de vida de sus habitantes, por medios electrónicos y tradicionales.

9. Derecho a ser consultados, por los gobiernos locales, provinciales y nacionales, sobre las decisiones y planes que conciernen a la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes, por medios electrónicos y tradicionales, lo que conlleva el derecho a participar en los procesos de toma de decisión por medios electrónicos.

10. Derecho a que se incluya la educación en las nuevas herramientas informáticas desde las etapas más tempranas de la educación, de modo que los niños puedan internalizar el uso de las TIC como instrumentos de información y participación ciudadana.

11. Derecho a la utilización de Internet como un espacio público, lo que conlleva el derecho a la creación de redes electrónicas públicas y gratuitas. Esto es posible a través de la implementación de computadoras conectadas a Internet que pueden ser utilizadas en CGPs, escuelas, bibliotecas, cabinas especiales, clubes barriales, ONGs, etc.

12. Derecho a exigir estrategias del Estado para ayudar a proveer equipamientos informáticos y conexiones a Internet a las organizaciones ciudadanas y a los sectores desfavorecidos, a través de créditos blandos de Bancos estatales, convenios entre el Estado, las empresas electrónicas, las empresas de comunicación, otras.

13. Derecho a la formación y a la asistencia de equipos técnicos para la investigación y la formación continua del uso comunitario de herramientas informáticas, para ayudar a las organizaciones ciudadanas, orientándolas en los diferentes usos de las TICs para satisfacer las necesidades específicas de cada sector social.

14. Derecho a la privacidad, es decir, a que sus intercambios electrónicos, ya sea que se efectúen desde computadoras personales, desde organizaciones o cabinas publicas o semipúblicas, no sean controlados, vigilados ni leídos por personas o instituciones ajenas. La privacidad en Internet tiene por lo menos tres vertientes: la confidencialidad, la proteción de los datos personales, y la seguridad de estas mismas bases de datos. Esto incluye el derecho de los ciudadanos a utilizar las técnicas de protección de esta privacidad que considere convenientes, como la criptografía.

15. Derecho a la libertad de expresión e información, no sólo frente a la censura gubernamental, sino también a la "censura privatizada" que viene de la mano de la puesta en práctica de sistemas de filtrado y bloqueo de determinado tipo de contenidos.

16. Derecho a la no-invasión en sus comunicaciones, a que sus correos electrónicos no sean invadidos por publicidad ni por tipos de comunicación no solicitada.

17. Derecho a la propiedad intelectual, que no sólo está reservada a artistas, científicos y demás profesionales, junto a empresas productoras de bienes y servicios cultiurales, sino a los ciudadanos en general. Esto plantea el derecho de todo individuo la protección de materiales de su autoría puestos en Internet o en cualquier tipo de redes electrónicas, así como a realizar copias privadas de todo contenido adquirido legalmente

Las TIC, por sí mismas, no generan un incremento de al participación ciudadana, ni alientan la superación de barreras sociales o económicas. Las TIC no son intrínsecamente democráticas. Son (¿sólo?) herramientas para comunicarse, establecer lazos y relaciones, y servir como soporte a las masas de información en las que se basa el actual sistema económico-político. Pero el acceso a las TIC es la condición sine qua non, un paso indispensable para cualquier proyectos social que busque promover esos valores.

La flexibilidad de las TICs

La revolución de la información está haciendo posible cosas que difícilmente hubiéramos podido imaginar hace apenas cinco años (basta considerar que Internet se implementó en Argentina sólo en 1995), y apenas hemos visto el comienzo, un trocito infinitesimal de la punta del iceberg de lo que la tecnología tiene para ofrecer. Sin embargo, la revolución que se está llevando a cabo ante nuestros ojos entraña más que sólo la tecnología y las maravillas físicas que ésta puede realizar. Este nuevo medio de comunicación permite la estructuración de un nuevo pensamiento y de nuevos enfoques para abordar toda la dimensión humana/social del desarrollo. Las TICs le dan un nuevo significado a los términos "desarrollo / capacitación de los recursos humanos" y "formación de capital humano".

Los gobiernos, las ONGs, los programas sociales auspiciados por la industria y otras fuentes de financiamiento pueden cubrir los costos de la tecnología mientras los usuarios reciben los beneficios derivados de ella. Las tecnologías interactivas, conectadas en red en el ámbito local, nacional y mundial, permitirán posibilidades a todos estos usuarios en formas hasta ahora imposibles. En contraste, gran parte de las nuevas inversiones en servicios burocráticos gubernamentales es absorbida por su mismo funcionamiento, generalmente rindiendo más a los servicios que a los supuestos beneficiarios.

Esto abre las puertas de lo que podría llegar a ser el mayor mercado para la tecnología: sus aplicaciones en todo el sector humano/social del desarrollo (a saber, el aprendizaje interactivo, la formación continua, la participación comunitaria, la comunicación, la planificación, la administración, la creación de empresas de cualquier tamaño, la generación de puestos de trabajo, el crédito y el ahorro y el desarrollo de las personas, grupos y comunidades para que alcancen su desarrollo sostenible. Y, sobre todo, para extender y defender los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información en al que ya vivimos. Conforme más personas vayan entendiendo y aceptando esto, se irá generando una nueva percepción acerca del papel y del potencial de la información y la comunicación en el proceso de desarrollo. Sólo entonces podrán convencerse de que lo que mata no es la velocidad, sino la incapacidad de apropiarse de tecnologías flexibles y posibilitadoras de lo que hoy, todavía, consideramos como imposible.

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Zlotvgwiazda, Marcelo: "El lado oscuro de Internet", en Tres Puntos, Julio 1999.

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1 Estos "Derechos..." han sido elaborados con la ayuda de los participantes del debate en el foro electrónico Enmedi@, quienes aportaron valiosas contribuciones y críticas.


* Susana Finquelievich es parte del CONICET / Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Este texto fue publicado en Infópolis, y se reproduce con autorización expresa de su autora.


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