Un recurso ante el TSJ sorprende a los venezolanos

El habeas data se pone a prueba

Con escasos meses de vigencia, desde la promulgación de la nueva carta magna nacional, el procedimiento judicial de protección de datos y del derecho de acceso a informaciones de carácter público se inaugura en Venezuela. La Red de Veedores echa mano del 'habeas data' para desentrañar el embrollo que pone en duda la transparencia de las elecciones del 30 de julio.

Jesús Urbina Serjant *

Tal como lo fue el amparo constitucional en sus días iniciales, el recurso de habeas data sueña extraño y confuso a la vez para los venezolanos. Muchos nacionales han amanecido el martes 8 de agosto preguntándose qué es eso que le ha solicitado la Red de Veedores de la Universidad Católica Andrés Bello al Tribunal Supremo de Justicia.

"Habeas data" resulta familiar sólo si se emparenta con "habeas corpus", un término más conocido y muy divulgado públicamente.

Aunque no significan lo mismo, sin embargo es adecuada la automática e intuitiva percepción de que ambos conceptos están relacionados entre sí. El habeas corpus –que no es propiamente una institución jurídica del derecho romano, como suele pensarse, sino de cierta legalidad medieval y, en modo más conspicuo, de la era moderna, plasmado por primera vez en el Habeas Corpus Act inglés de 1679– es una vía judicial para garantizar la integridad física de quien es detenido por alguna organización de policía.

En el derecho común británico se planteó originalmente con la frase "You should have your body" ("Tu cuerpo te pertenece" o "Tienes derecho a disponer de tu cuerpo", más o menos), en atención a la idea de que todo individuo detenta una potestad fundamental sobre sí mismo. Y para evitar los abusos que en épocas remotas se cometían impunemente contra la libertad física de las personas, junto con los derechos humanos de primera generación –a la vida, a la inviolabilidad del domicilio, al justo proceso y otros de los consagrados en las declaraciones revolucionarias de finales del siglo XVIII– se extendió por toda Europa y en los nacientes Estados Unidos de Norteamérica el procedimiento legal del habeas corpus.

Universalizado ya como garantía de trato al reo conforme a la ley, el habeas corpus está integrado, explícita o implícitamente, a la mayoría de las constituciones y cuerpos legales del mundo. Además, este postulado nutre las garantías del derecho a la vida y a la integridad física en las cartas internacionales de derechos humanos.

En Venezuela, el principio jurídico central que lo recoge se encuentra en el artículo 46 de la Constitución, aun cuando ni siquiera está referido como tal en su enunciado. El despliegue normativo del recurso, por otra parte, está disperso entre los códigos Civil y Penal, y técnicamente asimilado en el muy controvertido Código Orgánico Procesal Penal.

Precursores en la protección de datos

Pero volvamos al habeas data. Se infiere, entonces, que la defensa efectiva de la integridad corporal de la persona tiene su paralelo, para este otro término, en un aspecto esencial de la libertad de información.

La traducción extensiva de la frase anuncia la premisa de "Tus datos te pertenecen" o "Tienes derecho a disponer de la información que hay sobre ti". Es eso, básicamente.

En un mundo cuyo bloque internacional dominante –el de los países potentes económicamente– se reorganiza bajo la etiqueta de "sociedades informatizadas", la patente preocupación sobre los conflictos causados por el tráfico libre de información privada de gentes e instituciones, ha avanzado hacia el establecimiento de mecanismos de control del flujo de datos, y no sólo de aquellos lisamente personales, por cierto.

Dos enfoques muy distintos tomaron cuerpo desde mediados de la década de los 80: el sistema europeo de protección de datos, basado en regulaciones continentales que progresivamente han uniformado las previsiones legales sobre esta materia de cada país miembro de la Comunidad; y la fórmula estadounidense de la autorregulación, apoyada en la voluntad de control de los proveedores de servicios informáticos y telemáticos.

Ingleses, franceses, alemanes o españoles se han tornado celosos partidarios de los métodos protectivos –institucionalizados en una combinación de leyes, reglamentos y dispositivos tecnológicos para el efecto. Las bases generales de este modelo fueron consensualmente definidas en 1995 en la Directiva Europea sobre Protección de Datos, un documento de obligatoria observancia para los estados miembros de la CE. Con variantes que no perjudican los criterios comunes de esa norma, varios países del viejo continente ya se habían aprestado a desarrollar sus propias legislaciones para controlar el uso indiscriminado de los datos de sus ciudadanos, que reposan en sistemas de información públicos o privados, especialmente los computarizados pero también aquellos de acceso manual. Un ejemplo emblemático de estas reglamentaciones es la Ley Orgánica española de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD).

Los estadounidenses, por su lado, son refractarios a la idea de imponer normas al almacenamiento, tráfico y uso de la información sobre personas. No sólo a causa de su tradicional preferencia por el laissez faire informativo; también en vista de la espontánea filosofía liberal de la Internet, máxima experiencia planetaria en el flujo de datos personales, el gobierno federal no ha seguido el ejemplo europeo de regulación jurídica. La administración del presidente Bill Clinton, aunque se ha visto forzada a intentar algunos frenos a la anarquía característica de la red –con resultados fallidos como el de la Ley de Decencia Pública en Internet–, en cambio se muestra entusiasta por lograr acuerdos generales que garanticen la autorregulación de las empresas en las que se captan y archivan datos personales como cosa corriente.

El corolario de este sistema lo constituye la asunción, por parte de los operadores telemáticos, de su propia privacy policy (política de privacidad), que ofrece garantías de trato confidencial a la información que sobre sí mismos los usuarios deben ofrecerles. De su parte, las agencias federales del gobierno practican también medidas de privacidad para impedir posibles lesiones morales a las personas que ponen su confianza en la discreción del Estado. En fin, poco o nada de leyes y reglamentos para regular el flujo de datos que puede afectar la integridad 'informática' de los ciudadanos.

El habeas data, una creación latinoamericana

Latinoamérica ha preferido explorar una tercera vía. Para conseguir una provisión suficiente de garantías al derecho de privacidad sobre datos personales, en nuestro subcontinente no prosperó el criterio voluntarista de los vecinos del norte, pero tampoco se plantean normas del alcance que las europeas poseen.

Todo parece indicar que la respuesta regional al problema es la definición del habeas data. Como recurso procesal –similar, en principio, al procedimiento de amparo en Venezuela o a la tutela constitucional en Colombia–, esta prerrogativa no es exactamente un derecho. Más bien es una forma de protección de derechos.

Andrés Guadamuz, un investigador de la Universidad Queens, de Belfast (Irlanda del Norte), ha seguido la pista al origen y desarrollo del habeas data, y lo define así: "En general, está diseñado para proteger, tras la presentación de una demanda ciudadana ante una corte constitucional, la imagen, la privacidad, el honor, la autodeterminación informativa (decisión sobre cuáles datos personales pueden tener publicidad) y la libertad de información de un individuo".

No hay, empero, una cartilla doctrinal única acerca del carácter de este recurso judicial. En cada país latinoamericano que lo ha adoptado, la cobertura de derechos que se pretende reponer o salvaguardar con su auxilio varía notablemente.

Brasil, el primer país del área –y del mundo entero– que incorporó el habeas data al orden legal interno, ofrece una definición muy modesta de lo que hoy se espera de un procedimiento tan importante. Según la Constitución vigente desde 1988, el habeas data es una garantía para asegurar el conocimiento y la enmienda de la información que sobre cada ciudadano existe, contenida en archivos o bases de datos tanto de organismos gubernamentales como de instituciones de carácter público.

Pero la evolución del habeas data a lo largo de los últimos doce años ha logrado ganar algo más de terreno. La Constitución paraguaya de 1992 supuso una mejora del carácter protectivo del recurso. Además de lo dispuesto por la norma pionera brasileña, en la República del Paraguay se consagró la posibilidad de que el individuo demandante también sea notificado del uso que a sus datos personales se le da y con qué propósitos. Junto a la corrección de los datos equívocos encontrados por el interesado, se puede actualizar o destruir la información, en el caso de que ésta contenga elementos distorsionados o que su existencia afecte a otros de sus derechos.

Con variaciones evidentes en el enunciado y el sentido de la norma, se sumaron progresivamente al reconocimiento del habeas data países como Perú y Argentina, y en Costa Rica se libra una batalla legal para incluirlo en la Constitución.

Venezuela es el último de los estados latinoamericanos que lo han consagrado como mecanismo de protección de los datos personales. Sin nombrarlo como tal, el artículo 28 de la Constitución bolivariana recoge todo el legado jurídico de los demás países con experiencia en ello y va más adelante en la defensa de la privacidad de la información individual.

Con derecho a saber

Lo que la Red de Observadores Nacionales está solicitando al Tribunal de Justicia es precisamente uno de los aspectos novedosos del habeas data venezolano.

Se trata del beneficio que hace de él un recurso procesal no sólo para respaldar las iniciativas estrictamente individuales: el acceso a fuentes reservadas que contengan información de interés público.

Es ésto lo que exigen los veedores del proceso electoral recién concluido. Demandan que el TSJ repare su derecho a saber qué hay en los informes clasificados del Consejo Nacional Electoral sobre las fallas y las irregularidades de los comicios general del 30 de julio; un derecho afectado por la negativa del CNE a revelar esos documentos. Ante las múltiples sospechas de fraude que han surgido en algunas circunscripciones electorales, el consejo no ha sido lo suficientemente transparente con la información que le debe al público.

Los observadores quieren tener acceso a las actas y otros documentos de suma importancia para aclarar lo que ocurrió en el proceso electoral. ¿Realmente hubo defectos graves en la transmisión automatizada de los votos? ¿Por qué, luego de las auditorías "tibias", hay tantos casos de inconsistencia numérica?

Todos tenemos derecho a saber estas cosas. El habeas data puede ser un mecanismo útil para despejar tantas dudas razonables. Y aunque todavía no se ha dictado una ley que establezca cómo hacer que este recurso funcione eficazmente, el Tribunal Supremo podría crear el precedente de oro para la consagración de un derecho tan inherente a la libertad de información.

* Jesús Urbina Serjant es profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia y se especializa en Ética y Derecho de la Información. Actualmente cursa un programa doctoral relacionado con esas áreas en la Universidad Complutense de Madrid. Esta es su primera colaboración para Sala de Prensa.