Recuento
del estado de la
libertad de expresión en Paraguay
Sindicato
de Periodistas del Paraguay *
Para
el análisis del ejercicio de la libertad de
expresión en el país durante 1999 se abarcaron
dos sectores, por un lado los hechos que
afectaron al ámbito empresarial de los medios de
comunicación, y por el otro, la de los
periodistas, tanto durante el gobierno de Raúl
Cubas Grau y el del Jefe de Estado actual, Luis
González Macchi.
MIRADA A LOS PERIODISTAS
Los periodistas
soportaron luego de asumido el gobierno de
González Macchi los mayores pisoteos a sus
derechos humanos por el ejercicio de su labor
profesional, en su mayoría en respuesta a la
difusión de trabajos periodísticos. Durante el
gobierno de Cubas Grau, los trabajadores de
prensa sufrieron, sobre todo, agresiones
físicas.
En el denominado
Marzo Paraguayo, del 23 al 28 de dicho mes,
sobresalió el aporte de los comunicadores
sociales en pro de la democracia, cumpliendo
intensas jornadas de trabajo a fin de transmitir
paso a paso a la ciudadanía los hechos que iban
aconteciendo ante la delicada situación
política que se vivía en el país.
- Sentencia
judicial contra periodistas
La ex
corresponsal del diario Ultima en Ciudad del Este
Dolly Galeano, recibió el22 de diciembre
de 1998 una sentencia judicial de pagar una multa
de unos 10 millones de guaraníes, por un
comentario realizado en 1994 sobre las ganancias
de la empresa constructora Conempa y las
falencias del área salud en los grupos
habitacionales de Itaipú Binacional.
A la periodista
no se le dio la oportunidad de la presentación
de la prueba de la verdad, y la defensora de reos
pobres que tomó el caso, Mara Ladan Samcevich,
antes que defender a su representada se limitó a
tener por ciertas las acusaciones de la querella.
Esta es la
segunda sentencia desfavorable al ejercicio
profesional de los periodistas que se produce en
esta década. El anterior, de 1994, fue para Ricardo
Canese, querellado por el mismo grupo
empresarial, por comentarios hechos sobre la
participación del ex presidente Juan Carlos
Wasmosy como integrante de la empresa
Conempa- en la obra hidroeléctrica de Itaipú.
Ambos casos están en las instancias de
apelación.
. A nivel de
querellas presentadas contra periodistas, el
corresponsal del diario ABC Color en la ciudad
de Pedro Juan Caballero, Cándido
Figueredo fue querellado en lo criminal el 26
de agosto por Clarns Ufoch Odumodu,
supuesto narcotraficante africano. La
presentación se produjo luego de que el
periodista se acercó a fotografiar e investigar
el hipotético arribo de un cargamento de
cocaína en la casa del extranjero.
. También se
procesó en diciembre de 1998 por difamación y
calumnia al periodista Jorge Villalba Dígalo,
del diario Ultima Hora, debido a
una querella criminal promovida por los
sindicalistas Eduardo Pérez Avid y Jorge
Alvarenga a raíz de las denuncias hechas por
el periodista de que dichos sindicalistas
avalaron prestamos irregulares y que llegaron al
vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores
(BNT).
- Atentados
contra periodistas
. Dos hechos de
atentados a periodistas ocurrieron en 1999. Uno
de los casos fue en setiembre, cuando
desconocidos balearon en la madrugada del 9 de
setiembre la residencia de los periodistas
Marlene Franco y Esteban Areco,
integrantes del área Investigación del diario
Noticias. Se desconoce el tema que originó
este ataque con arma de fuego.
Atentados que
afecten a periodistas no se producían en el
país desde hace seis años.
. Otro hecho
ocurrió el 24 de agosto cuando miembros del
equipo de Investigación del diario La Nación,
Ana Bolaños, Carlos Juri y Aldo
Espínola fueron perseguidos y recibieron
tiroteos de parte de personal de Senad-organismo
antidrogas del país-. Fue cuando dicho
equipo estaban investigando frente a la casa de Claudio
Luis Elias Weil, ciudadano argentino,
supuesto nexo con narcotraficantes.
En 1999,
después de ocho años volvió a registrarse la
detención de periodistas a raíz del ejercicio
profesional. Todos ellos acontecieron en el
interior del país, donde surgen indicios de que
los magistrados excedieron en sus funciones
ante las críticas recibidas por la labor
desempeñada, pisoteando las garantías
constitucionales que amparan la libertad de
opinar.
. El primer caso
de arresto fue el 14 de mayo y afectó a Camilo
Cantero, periodista de Radio Libertad de
San Ignacio, Misiones, y corresponsal del
diario Ultima Hora en esa ciudad, donde el juez
Mario Ignacio Maidana ordena la detención
del periodista a raíz de un accidente de
tránsito ocurridos meses atrás donde ya había
un acuerdo de compensación de daños. Se
cuestionó que este juez atendiera el expediente
considerando su enemistad con el periodista por
las críticas que éste realiza al accionar del
magistrado.
. Luego el mismo
juez Maidana ordena el 28 de mayo la detención
de Gerardo Balbiani, director del semanario
La Jornada y de su administrador Gerónimo
Ruíz, bajo el argumento de emisión de
cheques sin fondo, que habían sido sustraídos y
anulados. Según los afectados la orden fue dada
porque el semanario mantiene una postura crítica
contra el juez.
. Otro caso en
perjuicio de la labor periodística se produjo en
Villarrica, el 22 de junio, ocasión en que la
jueza Norma Jara de Benítez dispone el arresto
disciplinario de los periodistas Norma Acuña y
Secundino "Nino" Silguero, de Radio
Panambí Verá, por haber cuestionado algunas
decisiones de la magistrada. Esta medida,
considerada un abuso de la jueza, se encuentra en
etapa de apelación.
- Intimidación
a periodistas
. La jueza
Norma Jara de Benítez, dispuso el 2 de julio
que se grabara por tres meses, de julio a
setiembre, el programa de la tarde del periodista
Secundino Silguero, de Radio Panambí
Verá como parte de un expediente judicial del
cual no forma parte el hombre de prensa. Aquí
hubo una autorización del fiscal Carlos
Alvarenga, quien como agente fiscal debió
defender los intereses de la sociedad, en este
caso el derecho a expresión. Esta decisión
judicial fue a pocas semanas de haberse ordenado
el arresto del mismo Silguero y de Norma Acuna,
de Radio Panambí Verá.
. Funcionarios
del Ministerio de Obras Públicas, en un
vehículo de dicha institución, interceptaron el
17 de diciembre a Catalino Ibarra, corresponsal
del diario ABC Color en Paraguarí. Fue frente al
domicilio del corresponsal y le acorralaron para
cuestionarle fuertemente por haber publicado que
con máquinas de dicha institución del Estado
realizan trabajos en casas particulares.
. El 29 de
diciembre, el periodista Alberto Ledesma al salir
de su lugar de trabajo en su vehículo particular
fue perseguido en un automóvil por Luis Panza,
uno de los integrantes del grupo de adherentes al
Partido Colorado que agredió a periodistas el 30
de noviembre, entre ellos Ledesma. Esta
persecución fue por varias cuadras y fue
protagonizada por una persona que estuvo en la
carcel y está con libertad condicional a raíz
de la agresión protagonizada en contra de
Ledesma y otros siete periodistas.
Las amenazas de
muerte afectaron a periodistas de la ciudad
capital y en especial del interior, y hasta a una
corresponsal en el exterior. Todos fueron durante
el gobierno de González Macchi. Los casos
fueron:
. El periodista
de Radio Libertad de San Ignacio,
Misiones, Camilo Cantero así como otros
funcionarios de la radio, recibieron el 31 de
marzo amenazas telefónica anónimas de muerte,
presumiblemente por la posición de la
radioemisora por promover las movilizaciones
ciudadanas en repudio al gobierno del ex
presidente Raúl Cubas Grau y de Lino Oviedo.
. El periodista
de Radio Uno de Asunción, Víctor
Oporto, fue otro de los que recibió el 10 de
agosto amenazas anónimas de muerte, que luego
extendieron a su esposa, en estado de gravidez.
Aconteció luego de difundir informaciones sobre
la investigación del asesinato del vice
presidente de la República.
. En Ciudad
del Este, César Palacios,
corresponsal, y Gustavo Nuñez, reportero
gráfico, ambos del diario Noticias fueron
amenazados por un desconocido en la vía
pública, el 10 de octubre, de que verán las
consecuencias en caso de que no cesen de publicar
casos de corrupción en la aduana de Ciudad del
Este, en especial de tabacos y
electrodomésticos.
. La
corresponsal del diario Noticias en Buenos
Aires, Argentina, Maricarmen Almada
recibió el 26 de julio en el vecino país,
amenazas de muerte por teléfono luego de
difundir de las actividades políticas que
desarrollaba el ex militar golpista Lino Oviedo
en su asilo en Buenos Aires.
Todas la
agresiones a periodistas durante el ejercicio de
su labor informativa se produjeron en la ciudad
capital, en su mayor parte. También hubo algunos
casos en el interior del país.
. Durante la
vigencia del gobierno de Cubas Grau, partidarios
del General Lino Oviedo que estaban
manifestándose a favor de Radio Montecarlo
agredieron el 8 de febrero a la periodista de Radio
Uno, Carolina Oddone y un reportero
gráfico que se acercaron al lugar a realizar la
cobertura.
Luego,
durante el gobierno de González Macchi se
registra el mayor número de agresiones a
trabajadores de prensa. Los afectados fueron:
. Fernando
Ruíz Díaz, de Radio Uno, y Beatriz
Maldonado, de Radio Cardinal,
fueron agredidos el 31 de agosto por
guardaespaldas del Ministro de Defensa Nacional, Nelson
Argaña, e impidieron que los mismos realicen
una cobertura en el local del movimiento de
Reconciliación Colorada del Partido Colorado. El
hecho fue frente al Ministro, quien no
reaccionó.
. Efectivos
policiales y guardaespaldas del Ministro del
Interior, Walter Bower que estaban en el
hospital Emergencias Médicas golpearon el 3 de
setiembre los rostros de reporteros y destruyeron
equipos de camarógrafos que estaban cubriendo un
accidente que sufrió un alto jefe policial. Los
golpeados fueron Miguel Angel Cazal,reportero
gráfico de El Popular, Oscar Villalba y Emilio
Méndez, camarógrafo y reportero respectivamente
de Canal 4, Roberto Britos y Juan Ruíz Díaz,
camarógrafo y cronista de Canal 13.
. Durante al
Cumbre de Presidentes del Mercosur, el 15 de
junio, los guardaespaldas del presidente
argentino Carlos Menem con empujones
impidieron el trabajo informativo de la reportera
de Canal 9 de Asunción, Elizabeth Palma.
. El 21 de
octubre, vecinos del barrio Costa Sosa de la ciudad
de Luque agredieron físicamente a Miguel
Espínola, corresponsal del diario Ultima Hora,
y con un puñal destrozaron la rueda de su
vehículo. Fue durante un acto de protesta de los
vecinos por el traslado al barrio de la cárcel
de menores y fue en reacción por un comentario
del periodista en el diario en el que cuestionaba
la postura intransigente de los vecinos.
. En la ciudad de
San Pedro de Ycuamandyyu, el 13 de noviembre
hubo otra agresión a periodista. En esta
ocasión el golpeado fue Cristino Peralta,
de la radio del lugar. Los golpes lo recibió de
parte del Gobernador César Alvarenga,
quien además le destruyó su cámara
fotográfica. Aconteció durante una cobertura de
una intervención judicial en el local de la
Gobernación, durante una manifestación de
pobladores en la que se pidió la renuncia del
Gobernador por malversación de fondos.
. El 30 de
noviembre se produjo la agresión de mayor
envergadura a trabajadores de la prensa. En la
madrugada de ese día, un grupo adherentes al Partido
Colorado, en estado alcohólico, agrede a
golpes a 8 trabajadores de prensa que estaban
esperando en la calle la finalización de una
negociación de autoridades del Gobierno con
dirigentes sindicales para tratar de postergar
una huelga de trabajadores del Estado. Los
agresores también destruyeron equipos de
trabajo, como cámaras fotográficas y cámaras
de filmación. Los golpeados fueron:
Carlos Sosa,
periodista y Gustavo Quintana, reportero
gráfico, del diario Ultima Hora, Alberto
Ledesma, periodista de Noticias, José Cardozo,
periodista de ABC Color, Julio Lezcano y Nivaldo
Villalba, del Canal 4 Telefuturo, Juan Ruíz
Díaz, de Canal 13, y Mario Bracho, de
Canal 9. Los afectados, bajo patrocinio del
SPP, iniciaron una querella contra los autores y
cómplices de los hechos punibles contra la
persona, la vida, la seguridad, integridad y
bienes de las personas.
Entre los
denunciados como integrantes del grupo de
agresores están dos funcionarios del Ministerio
del Interior, quienes luego convocaron a una
reunión de prensa frente al local del SPP para
desmentir que hubiesen participado de la
agresión. Esta situación fue considerada como
una provocación de estos funcionarios del Estado
a crear incidentes con integrantes del SPP.
. El 7 de
diciembre, a la noche, guardaespaldas del
Presidente de la República, Luis González
Macchi y del Ministro de Defensa Nacional, Nelson
Argaña, y grupos de
"Servidores" de la Iglesia Católica, a
empujones y golpes impidieron a trabajadores de
prensa- camarógrafos, fotógrafos y periodistas-
que cumplan con su tarea periodística durante la
misa central en la Basílica de Caacupé, y a la
vez evitaron que intentaran entrevistar a dichas
autoridades al final de la misa.
. Gabriel
Alfonso, corresponsal del diario Noticias
en Ayolas fue agredido el 11 de diciembre
por el Coronel Numan Arrechea en el
momento en que sacaba algunas tomas fotográficas
de una intervención policial y judicial a la
estancia de dicho militar, en búsqueda de una
pista ilegal de aviación.
. El cronista de
Radio Cardinal y Canal 13, Domingo Delvalle fue
agredido el 13 de diciembre por un directivo de
la Liga Villetana de Fútbol, Alfonso Silguera.
Fue durante la cobertura periodística de una
fuerte discusión entre el público y dirigentes
deportivos al término de un partido de fútbol
en la ciudad de Luque.
- Obstáculos
a la labor informativa
En los
últimos meses de 1999 se producen unos casos que
apuntan a dificultar la labor de acceso a la
información de parte de los periodistas. Casi
todos tuvieron lugar en dependencias de las
Fuerzas Armadas. Estas restricciones al trabajo
de los periodistas se producen luego de más de
un año, porque los últimos casos
registrados tuvieron lugar a poco de asumir el
gobierno de Raúl Cubas Grau, en agosto de 1998,
que luego fueron dejados de lado ante la presión
de los trabajadores de prensa. Las situaciones
planteadas fueron:
. A pedido del
Ministro de Defensa Nacional, Nelson Argaña,
el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y
Presidente de la República, Luis González
Macchi vuelve a poner en vigencia, el 28
de octubre, la disposición que prohibe a los
militares en servicio activo a realizar
declaraciones a la prensa sobre temas militares,
sin la expresa autorización de su Comandante.
Esta resolución volvió a ser aplicada luego de
que un alto miembro de la justicia militar
explicó a la prensa sobre la situación de
algunos oficiales que habían sido reincorporados
al Ejército por el Tribunal de Cuentas.
. Asimismo
efectivos militares de la Guardia Presidencial
desalojaron, el 24 de noviembre, a los
periodistas acreditados para la cobertura diaria
del Presidente de la República, de uno de los
acceso laterales de la Casa Presidencial. Es un
sitio donde los visitantes esperan su ingreso a
la residencia. No dieron explicación alguna,
dejando a los periodistas en un ambiente
incómodo de trabajo, bajo el intenso sol.
. En la ciudad
de Filadelfia, políticos del Partido
Encuentro Nacional del departamento de
Boquerón, expulsaron el 12 de noviembre a tres
periodistas de una reunión de miembros del grupo
político con el presidente de dicho partido y a
la vez Ministro de Industria y Comercio, Euclides
Acevedo. La reforma del Estado era uno de los
temas que debían tratar estos políticos. Los
periodistas afectados fueron Bernardo Coronel,
corresponsal de Ultima Hora, Pablo Almada, de
Radio Paí Pukú, y Marvin Duerksen, corresponsal
de ABC Color.
. El comandante
de la unidad de Artillería del Ejército
prohibió el 25 de noviembre el ingreso de los
periodistas al acto de egreso de alumnos de dicha
unidad militar, en la ciudad de Paraguarí,
si bien no hubo problemas para que ingresen los
familiares de los egresados. Las restricciones a
la prensa son frecuentes en las Fuerzas Armadas,
que se caracterizan por guardar
"secretos" a la sociedad civil.
. Guardaespaldas
y funcionarios de protocolo asignados al
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Enrique Iglesias obstaculizaron el 6 de
diciembre la labor de cobertura de trabajadores
de prensa de la reunión de Iglesias con lideres
políticos.
. Efectivos de
la Fuerza Aérea no permitieron el 13 de
diciembre el acceso de trabajadores de prensa a
las instalaciones de dicha unidad militar para la
cobertura de un campamento de boys scouts.
. El 16 de
diciembre, el Ministro de Relaciones Exteriores, José
Félix Fernández Estigarribia convoca a una
reunión de prensa a los periodistas acreditados
ante dicho ministerio, pero excluye de dicha
convocatoria al periodista del diario ABC
Color, Pablo Guerrero.
Funcionarios explican extraoficialmente que este
marginamiento es por la posición crítica de
dicho periódico a la labor del gobierno
nacional.
- Vigilantes
de la democracia
Cientos de
trabajadores de prensa trabajaron intensamente
del 23 al 28 de marzo, para llevar a la
opinión pública nacional e internacional
detalles de lo que ocurría en el país a partir
del asesinato del vice presidente de la
República y la masacre de jóvenes frente al
Congreso Nacional, en la mayoría de los casos
sin contar con las mínimas garantías para el
desarrollo de las tareas profesionales.
Después de los
jóvenes y campesinos, los periodistas fueron las
grandes protagonistas del Marzo Paraguayo. Pese a
la violencia que se vivía, periodistas,
reporteros gráficos, camarógrafos y demás trabajadores
de prensa, estuvieron transmitiendo desde la
plaza frente al Congreso Nacional todo lo que
acontecía y denunciando con pruebas el
deliberado ataque a una población indefensa que
pretendía vivir en democracia.
MIRADA A LOS MEDIOS
- Querellas
por difamación y calumnias
Los principales
medios de comunicación y empresarios del sector
resultaron con varias querellas y cuatro
atentados que se produjeron tanto en la época
del gobierno de Cubas Grau como durante el
gobierno de González Macchi.
. El proceso
judicial iniciado el 3 de febrero a Osvaldo
Dominguez Dibb, director del diario La
Nación, Alberto Vargas Peña, columnista
del diario La Nación, Juan Carlos Bernabé,
director de Radio Nanawa, y Raúl Melamed,
conductor de un programa por Radio Montecarlo
A.M. tuvo continuidad luego de la caída del
gobierno de Cubas Grau, llegándose a concretar
el arresto disciplinario aplicado a estos hombres
de prensa por injuriar y agraviar la investidura
del juez, menos Melamed que se encuentra
prófugo.
Este proceso
judicial fue promovido por parlamentarios como
consecuencia del posicionamiento de estas
personas en favor del rompimiento del Estado de
Derecho, acompañando el plan desestabilizador de
la democracia de personeros del gobierno de Cubas
Grau, liderados por el ex militar golpista Lino
Oviedo.
. La posición
del SPP en favor del Estado de Derecho y el
ejercicio de un periodismo responsable, llevó al
diario ABC Color a intentar socavar en marzo la
autoridad moral del sindicato y la imagen
personal y profesional del entonces secretario
general del SPP, Ignacio Martínez, quien
tuvo que renunciar el 7 de abril como periodista
de dicho diario, en protesta ante dicha campaña.
. Luego de la
caída del gobierno de Cubas Grau y asumido el
gobierno de González Macchi, siguieron otros
procesos judiciales (querellas por difamación,
calumnia e injuria) a dueños de medios
empresariales.
El director del
diario ABC Color, Aldo Zuccolillo es el
que mayor casos tiene acumulados, dos de ellos
provenientes de personas con altos cargos en el
actual gobierno, que son Juan Carlos Galaverna
-presidente del Congreso Nacional- y Juan
Ernesto Villamayor -Secretario General de la
Presidencia de la República-, por habérseles
imputado como responsables de los delitos
económicos perpetrados en el Banco Nacional de
Trabajadores (BNT).
. Otros casos de
querellas por difamación, calumnia e injuria
hacia el director de ABC, fueron de Jotvino
Urunaga, gobernador de Alto Paraná,
presentado a fines de agosto, a raíz de
publicaciones que afectaron presuntamente su
honor y reputación, y la de una madre, que
demandó por difamación e injuria por difundir
una foto de su hijo como un menor dedicado a
pedir limosna, presentado el 24 de junio.
. También al
director de ABC Color se le instruyó sumarios
judiciales por publicar nombres y fotos de
testigos que el juez quería mantener en reserva-
que no lo estableció en forma explícita, en el
caso del asesinato del vice presidente de la
República, Luis María Argaña, y otro
por haber publicado a fines de agosto
desgrabaciones de fonopinchazos, violando una
orden judicial que prohibía dicha publicación,
en el caso que involucró al político Hermes
Rafael Saguier en presiones ejercidas a un
presunto testigo del asesinato de Argaña.
. Otra querella
por difamación, calumnia e injuria contra el
director de ABC Color, y periodistas de la
redacción regional de Ciudad del Este, fue
presentada en esa ciudad, el 7 de octubre, por el
abogado Julio César Garay. Este había
sido involucrado en dos artículos periodísticos
de vender protección de autoridades a personas
que realizan actividades comerciales al margen de
la ley.
. En la misma
Ciudad del Este, un ciudadano chino,Wu Wen
Huan querella, en octubre, en el campo
criminal al director de ABC Color por supuesto
delito de injuria grave, a raíz de que dicha
persona fue presentada en una publicación de
contar con un título falso de doctor ad honorem
de la Universidad Nacional del Este.
. Otro director
de medio querellado por difamación y calumnia
fue del diario La Nación, Osvaldo Dominguez
Dibb con una acción presentada el 26 de
agosto por parte de Claudio Luis Elias Weil,
por ser presentado como implicado en el tráfico
de drogas en los Estados Unidos.
. Otro de los
querellados a nivel crminal fue el director del
diario Noticias, Eduardo Nicolás Bo. Fue
de parte de Reinaldo Dominguez Dib,
empresario, el 11 de octubre, por publicaciones
en dicho medio de comunicación que le afectaron
el honor y la reputación, según la denuncia.
Fueron artículos sobre la licitación de
lotería y quiniela nacional donde se atribuyó
que Dominguez Dibb se adjudicó dichos juegos en
forma fraudulenta.
. En medio de
este panorama, un juez sobreseyó el 18 de
setiembre, en forma provisional, a los
periodistas Humberto Rubín, Rodolfo Schaerer
Peralta y Víctor Benítez, en un juicio
abierto por comisión de delitos electorales al
divulgar resultados de encuestas de "boca de
urna" en 1996 antes del tiempo permitido.
Esta decisión se tomó porque el Ministerio
Público, que solicitó el procesamiento de los
periodistas, luego no dió ningún impulso al
expediente.
. A nivel de
sentencias judiciales producidas durante 1999, Osvaldo
Dominguez Dibb, director del diario La
Nación fue condenado el 20 de setiembre por la
Justicia a pagar una multa de 39 millones de
guaraníes al ser encontrado responsable del
delito de difamación cometido en 1997 en
perjuicio del ministro de la Corte Suprema de
Justicia, Carlos Fernández Gadea,
en un artículo titulado "Carta al pueblo
paraguayo" donde se imputó al máximo
organismo judicial de los delitos de corrupción
en el Poder Judicial.
. Asimismo el 16
de setiembre, se condenó al director de La
Nación a 20 meses de cárcel, pena
sustituida en la misma sentencia por una multa de
227 millones de guaraníes. Fue como parte del
juicio abierto el 20 de agosto de 1996 a raíz de
una querella promovida por Carlos Darío
Benegas Peralta, quien aseguró ser víctima
de estafa, extorsión y chantaje, al no cobrar un
premio de un sorteo organizado por el diario.
. Durante su
habitual programa de la mañana, el 19 de
noviembre, el director de Radio Ñandutí,
Humberto Rubín recibió amenazas que le
van a tirar de espalda no precisamente con un
pequeño elemento. Lo hizo un oyente identificado
como Coronel(retirado) Pedro Florentín.
Fue por los comentarios hechos por Rubín sobre
temas militares y sobre un capitán retirado que
falleció en fecha reciente.
. El director
del diario La Nación, Osvaldo Dominguez Dibb
recibió el 9 de diciembre una amenaza de muerte.
Sería a raíz de una serie de publicaciones
sobre una estafa de la empresa brasileña Furnas
en el suminisro de energía eléctrica a
Paraguay.
. En el presente
año también hubo daños materiales a medios de
comunicación, y durante el gobierno de Cubas los
más perjudicados fueron los medios que no
compartieron el rompimiento del Estado de Derecho
que se alentaba desde el Poder Ejecutivo. Así,
el 23 de febrero se tuvo un intento de sabotaje
que iba a ser perpetrado contra el transformador
de la planta transmisora de Radio Uno, en
Chaco-í.
. En la noche de
la masacre de jóvenes frente al Congreso
Nacional (el 26 de marzo), móviles de los
Canales 4 y 13 sufrieron destrozos, el de Radio
Cáritas - de la Iglesia Católica- fue
totalmente quemado, y se tiró una bomba molotov
frente al diario Ultima Hora.
. Luego de
asumido el gobierno de González Macchi,
desconocidos efectuaron el 31 de marzo varios
disparos de arma de fuego contra un móvil de Radio
Ñandutí, sin impactar en el vehículo ni
los ocupantes.
. Por su parte,
el frente de la residencia del director de ABC
Color sufre un atentado, hecho al que se
sumó que durante algunos días, personas de
civil rodearon del 8 al 12 de junio, en forma
constante la casa del empresario, que según de
la Policía fue como parte de la búsqueda del
diputado Conrado Pappalardo, acusado de ser autor
intelectual del asesinato de Argaña. Asimismo,
el 18 de setiembre, la redacción regional
del diario ABC en la ciudad de Pedro Juan
Caballero sufre un ataque con piedras de
parte de desconocidos, dañando el vidrio de un
vehículo estacionado y las paredes del edificio.
. Al diario
Noticias, el 25 de agosto se le roba una
camioneta. Otro hecho fue que el 27 de agosto se
lanza una granada al interior del estacionamiento
del local de la Radio Montecarlo - 970 AM,
sin causar daño a ninguna persona.
. En horas de la
madrugada del 25 de noviembre se produce un
atentado a balazos al edificio de Radio
Nacional del Paraguay. No hubo víctimas,
sólo daños en algunas partes del frente del
edificio. No se pudo identificar a los autores.
El hecho se produjo luego de haber finalizado una
huelga de funcionarios en reclamo de la
reposición de dirigentes sindicales despedidos y
solicitando la renuncia del director. El
sindicato de trabajadores negó toda
participación en el hecho y recordó que ellos
sólo buscan que sean escuchados en sus reclamos.
Cuando
aumentó la violencia de los seguidores del
gobierno de Cubas Grau y del ex militar Lino
Oviedo, medios radiales y televisivos con
posición crítica afrontaron dificultades
técnicas, en especial interferencias. Los
casos fueron:
. Momentos
después del asesinato del vice presidente de la
República, el 23 de marzo, dejó de funcionar
por cuatro horas el servicio de telefonía
celular de la empresa Telecel,
dificultando la transmisión periodística de los
hechos sucedidos con el magnicidio. También Radio
Cardinal no pudo transmitir por algunas horas
porque se interrumpió el servicio de energía
eléctrica de la planta transmisora.
En la noche del
26 de marzo, durante la masacre de siete jóvenes
frente al Congreso Nacional, sufrieron
interferencias en sus transmisiones las emisoras Radio
Cardinal, 1º de Marzo, Ñandutí y Radio Uno,
así como las señales de Canal 9.
Luego durante
el gobierno de González Macchi vuelven a
producirse otras interferencias, sin que se
tengan informes de investigaciones realizadas a
nivel oficial y de sus resultados. Esos casos
fueron:
. La
radioemisora católica Radio Paí Pukú,
ubicada en Teniente Irala, Chaco, soportó en
julio, ya durante el gobierno de González
Macchi, persistentes interferencias a sus
transmisiones por varios días, en especial
cuando emitían desde el Alto Paraguay las
manifestaciones que realizaba la población para
exigir la destitución del gobernador Oscar
Alvarenga y el diputado Tarcisio Sostoa,
por irregularidades administrativas y por
acompañar el proyecto político de Lino Oviedo.
. La
transmisión de la emisora Corazón del Norte,
radio comunitaria del distrito de Lima, departamento
de San Pedro, soportó interferencias en la
tarde del 26 de agosto donde se amenazó al
obispo Monsenor Fernando Lugo, a la
senadora Elba Recalde y miembros de la
comunidad que se estaban movilizando para frenar
los hechos de violencia. Las interferencias
habrían provenido de parte de personas
vinculadas a la mafia que operan en la zona.
Todos estos
hechos contra medios de comunicación acontecen
en medio de situaciones que apuntan a mostrar la
incursión de propietarios de medios en
actividades políticas, o de estrechos
acercamientos a las principales autoridades del
gobierno, que se dan en especial luego de la
caída del gobierno de Cubas Grau y asumido el
gobierno de González Macchi.
Así el director
de La Nación Osvaldo Dominguez Dibb
lanzó el 16 de julio una nueva corriente interna
del Partido Colorado, ingresando en forma directa
al campo político - partidario, y el ex
presidente de la República, Juan Carlos
Wasmosy, propietario del grupo Multimedia fue
acusado el 5 de setiembre, por el presidente del
PLRA, Julio César Franco de haber
influido, a través de una campaña realizada por
los medios de su propiedad, en la destitución
del ex canciller liberal Miguel Abdón Saguier.
Igualmente
surgieron hechos informativos que muestran al
director del diario Noticias, Eduardo Nicolás
Bó con una relación muy cercana con las
principales autoridades del Poder Ejecutivo, ya
que emplean el avión de su propiedad para viajes
oficiales, y se produjeron permanentes reuniones
de este empresario en Palacio de Gobierno.
Desde setiembre
1997, a partir de las elecciones internas del
Partido Colorado, el SPP ha venido manifestando
su preocupación porque casi todos los medios
masivos entraron a formar parte del proceso de
polarización que desbordó el ámbito político,
yendo ese protagonismo político del sector
empresarial de la comunicación de contramano con
los fines de bien social de los medios de
comunicación y puede perjudicar a la
consolidación de la democracia de nuestro país.
El cúmulo de
acciones contra empresarios y medios de
comunicación, abren interrogantes como: ¿son
una reacción hacia los medios masivos por
cumplir el papel crítico de contrapoder y se los
está tratando de inhibir en el ejercicio del
periodismo?, o ¿se puede considerar como
respuesta del enfrentamiento entre los grupos de
poderes fácticos?, o en el caso de las querellas
, ¿se recurre a ella cada vez más para
confrontar la falta de ecuanimidad de los medios
empresariales?
PERSECUCION A RADIOS
ALTERNATIVAS
Unos meses
después de asumido el gobierno de González
Macchi, hubo un desalojo de los adherentes al
movimiento político de Lino Oviedo de la Asociación
de Propietarios de Radios del Paraguay
(APRAP), que durante mucho tiempo fue
encabezada por Juan Carlos Bernabé, ahora con un
proceso judicial por haber alentado a hechos de
violencia durante el gobierno de Cubas Grau.
La nueva
estructura de la APRAP encaró una fuerte
campaña con el otro gremio de radialistas, la Asociación
Paraguaya de Propietarios de Radios del Interior
(APRI) para lograr la "moralización de
la radiofonía paraguaya", que incluye que
el organismo oficial de control, CONATEL (Comisión
Nacional de Telecomunicaciones),
clausure todas las radios ilegales. Sumaron a
dicho listado unas 70 radios comunitarias que
funcionan en el país y que desde 1995 buscan que
CONATEL les otorgue lugares en el espacio
electromagnético, y que se dé cumplimiento a la
equidad de distribución de frecuencias que está
garantizada en la Constitución, la ley de
telecomunicaciones y los pactos internacionales.
CONATEL requisó
equipos de varias radios comunitarias durante el
gobierno de Cubas Grau. Durante el gobierno de
González Macchi intentaron cerrar otras tantas,
y no existen perspectivas alentadoras de que
CONATEL reconozca el derecho de la sociedad civil
organizada de acceder a las frecuencias de radio,
porque el espacio electromagnético es un derecho
de todos.
Se observa que
la presión del sector privado para monopolizar
las frecuencias de radio, que antes de daba en
forma fragmentada, ahora se intensificó con la
unión de los dos gremios empresariales. Esto no
debe ser así, ya que el Estado debe distribuir
las frecuencias entre todos los sectores de la
sociedad que requieran de un medio de
comunicación.
VIOLACION DEL ESTADO A
DERECHOS LABORALES
. En el campo
laboral del sector periodístico, organismos del
Estados demostraron su violación a las leyes
laborales, en perjuicio directo de la fuente de
trabajo. El caso más grave fue de Radio
Encarnación, donde el propietario, la
compañía de teléfonos Antelco,
dejó 7 meses de enero a julio- sin salario a sus
trabajadores. La Antelco no demostró interés en
solucionar la prolongada huelga en reclamo de los
salarios, ni reactivar la emisora cuyos equipos
eran obsoletos, y así dar continuidad a la radio
que cumplía un importante rol de comunicación
en la zona de Itapúa. Optó por cerrar la radio,
sin pagar todo el salario adeudado a sus
empleados ni las indemnizaciones, derivando el
caso al Poder Judicial, donde llevará bastante
tiempo tener una sentencia final.
. Luego en Radio
Nacional del Paraguay despidieron el 1
de octubre a dirigentes de un recién formado
sindicato de trabajadores, pisoteando hasta la
ley laboral y convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT),
ratificados por el Estado Paraguayo, que
garantizan la organización sindical. Asimismo
impidieron a varios periodistas que sigan
hablando en los programas de radio, como
represalia por haber apoyado la creación del
sindicato. Todas estas anormalidades fueron
cometidas por el director de Radio Nacional, con
el aval de la Presidencia de la República,
administradora de la Radio, porque pese a los
reclamos hechos, incluso del SPP, las máximas
autoridades del gobierno no reaccionaron para
solucionar el conflicto laboral.
Después de dos
meses de movilizaciones de los trabajadores, la
Presidencia de la República ordena en diciembre
solucionar el conflicto, reincorporando a los
trabajadores despedidos y la vuelta a las
programaciones de la radio de los que fueron
trasladados de sección.
CONCLUSIONES
- El hecho de
que la cantidad mayor de hechos de
amenazas e intimidaciones contra el
ejercicio de los periodistas se haya
producido luego de la caida del gobierno
de Cubas Grau y asumido el gobierno de
González Macchi muestra la necesidad de
que en el país, como parte de todo
proceso democrático, asimile mejor la
función de los comunicadores sociales y
de la prensa, de modo a superar hechos
que buscan amedrentar y censurar la labor
periodística.
- La libertad
de expresión es la piedra angular de
todo sistema democrático y el periodista
debe tener garantías para informar a la
sociedad sin intimidaciones.
- Asimismo es
necesario que los organismos de los
Poderes del Estado muestren mayor
interés, que hagan todos los esfuerzos
por propia iniciativa, para esclarecer y
sancionar a las personas que con
detenciones, amenazas y atentados buscan
coartar el derecho de información,
opinión y de investigación del
periodista, que al final beneficia a toda
la sociedad civil.
- Urge la
implementación de la Defensoría del
Pueblo para contar con una unidad
independiente de los Poderes del Estado
para dar seguimiento y solicitar acciones
rápidas a las violaciones de los
derechos humanos referentes a la libertad
de expresión.
- Cada vez se
hace más necesario que las empresas
periodísticas implementen mecanismos de
protección a sus periodistas,
dotándoles de seguros de vida, chalecos
antibala y asumiendo las acciones legales
que se requieran frente a las acciones de
intimidación que se ejercen sobre los
trabajadores de prensa. Este interés por
la seguridad de los comunicadores
sociales no sólo debe provenir del SPP,
sino también de quienes explotan los
medios de comunicación.
Otros
desafíos para el campo de la libertad de
expresión son:
- Se necesita
que los medios de comunicación
reconozcan la necesidad de una
regulación ética en el tratamiento de
la información, y lo implementen, donde
prime los intereses de la ciudadanía y
no los intereses particulares. Los
periodistas, a través del SPP, tienen
asumido la importancia de un Código de
Etica para mejorar la calidad del
producto que se ofrece a la sociedad.
- A fin de
hacer frente a la desinformación y la
manipulación informativa, los sectores
ciudadanos organizados deben empezar a
plantearse mecanismos que permitan salir
de ese rol pasivo en la comunicación y
pasar a un rol activo donde no sólo
fiscalicen a los medios sino también
logren una mayor inserción en el
protagonismo informativo, y así llegar a
contar con medios masivos con contenidos
más pluralistas, responsables y
ecuánimes.
- Democratizar
el acceso a las frecuencias de radios y
televisión, donde el Estado debe
terminar con el monopolio otorgado
históricamente en favor de sectores
privados, violando normas jurídicas
nacionales e internacionales, y permitir
el acceso igualmente de los sectores
organizados de la sociedad civil.
Asunción
- Paraguay, diciembre de 1999.
* Recopilación: Magdalena Riveros, secretaria de Derechos Humanos del
SPP. Base de datos : Ezequiel Molinas.
Texto enviado a SdP, para su difusión, por SPP
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