El Congreso argentino legisla a instancias de la CIDH

Ausencia de malicia

Argentina será este año el primer país latinoamericano que despenalizará los delitos de calumnias e injurias cometidas por medio de la prensa. Los periodistas sólo serán pasibles de sanciones civiles, siempre y cuando se pruebe que la información falsa fue publicada con conocimiento de su falsedad o con un "temerario desinterés por la verdad"

Carlos A. Sortino *

Así como en 1993 la figura de desacato fue derogada por el Congreso a partir de una solución amistosa a la que arribaron el Estado argentino y el periodista Horacio Verbitsky, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, los mismos protagonistas llegaron a idéntico acuerdo para despenalizar los delitos de calumnias e injurias y acotar las demandas civiles a los casos en que el agraviado pruebe la falsedad de la información y el conocimiento de quien la difundió tenía de esa falsedad o su absoluto desprecio por su veracidad.

El proyecto de ley fue firmado por los senadores José Genoud (UCR) y Jorge Yoma (PJ) y comenzó a debatirse en la Comisión de Libertad de Expresión del Senado, presidida por José Antonio Romero Feris, el 28 de diciembre pasado, con la presencia de Verbitsky, Santiago Cantón – Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH-, Gregorio Badeni –constitucionalista y asesor de ADEPA-, el senador Pedro Del Piero (FREPASO) y el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra.

En los fundamentos que acompañan el proyecto, los senadores Genoud y Yoma sostienen que el punto de partida es "la premisa fundamental de que el honor de los funcionarios públicos y personalidades públicas, por un lado, y de las personas privadas, por el otro, merecen una tutela muy diferente. En lo que respecta a los primeros parece claro que la circunstancia, que resulta ser una característica definitoria de su actividad, de haberse puesto voluntariamente bajo la atención de la opinión pública, hace que sea razonable considerar que su derecho al honor merezca una tutela menor a la de las simples personas privadas. Por otra parte, el hecho de que los funcionarios públicos y personalidades públicas posean, por lo general, un fácil acceso a los medios de difusión que les permiten contestar los ataques a su honor y reputación personal, también es una razón para prever una menor protección legal a su honor. En este punto, el proyecto ha seguido una pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema que ha considerado que la tutela legal menor respecto del honor de los funcionarios y de las personalidades públicas es vital para la subsistencia de la república democrática".

En la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado, el representante de la CIDH, Santiago Cantón, destacó que "el actual proyecto de ley, en caso de ser aprobado, representa una avance significativo en la defensa de la libertad de expresión de la Argentina y en el hemisferio americano y ajusta la legislación actual a las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y adopta las doctrinas más avanzadas tanto en el hemisferio como dentro de la Comisión Europea", para adelantar luego que "en caso de que esta legislación sea aprobada, la idea es poder utilizarla como modelo para que, al igual que con la ley de desacato, pueda ser un ejemplo para otros países del hemisferio que piensen adoptar este tipo de legislación".

Cantón advirtió también que "si se da el caso contrario, probablemente sea elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como señalé en varias partes de mi presentación, ha expresado en muchas ocasiones su apoyo absoluto a la libertad de expresión. Por lo tanto, creo que sería una etapa innecesaria para el Estado argentino terminar discutiendo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

El periodista Horacio Verbitsky dijo que "en los últimos años la justicia argentina ha pronunciado muchos fallos contradictorios sobre el tema libertad de expresión. Ha habido fallos excelentes en los que se han incorporado las doctrinas más modernas que rigen en otros países, y ha habido otros en los cuales se ha fallado con miras muy estrechas, sin consideración al derecho constitucional involucrado y, en muchos casos, según quienes eran los querellantes y quienes eran los querellados", para luego exhortar "a los señores senadores que tengan legítimas reservas respecto de este proyecto que piensen en las veces en las cuales han leído publicaciones que han sentido ofensivas para ellos en medios de prensa y que piensen si eso ha surgido del invento de mala fe del periodista o si ha habido una fuente política que ha dado esa información. Si ha habido algún adversario o compañero que suministró esa información a la prensa y que, en consecuencia, si hay inexactitudes pueden corregirse con una aclaración oportuna, pero nunca con una sanción penal o un castigo que reprima el debate público necesario para consolidar las instituciones democráticas".

El constitucionalista Gregorio Badeni apoyó el proyecto y dijo en su favor que "un prestigioso científico de la política francesa ya fallecido, Raymond Aron, cuando realizó su clasificación de los sistemas políticos tomó solamente un elemento a tal fin: la libertad de prensa y la libertad de expresión. Nos enseñaba que cuando verificamos en un país determinado que rige la libertad de prensa, se incrementa sensiblemente la tipificación democrática del sistema. En cambio, cuando el desarrollo de la libertad de prensa está sujeto a restricciones de hecho o de derecho, nos encontramos directamente con un sistema autoritario o en la antesala de un sistema autocrático. En efecto, nuestra experiencia nos revela que cada vez que surge un régimen autocrático, indefectiblemente la primera libertad que se cercena siempre será la libertad de prensa, la libertad de expresión, porque acallando la libre transmisión del pensamiento humano de las opiniones de los hechos, se forja un manto de silencio, un manto de ignorancia, que le permite al gobernante de turno acometer impunemente contra los restantes derechos humanos".

Por su parte, Ricardo Gil Lavedra sostuvo que "la discusión pública de todas las cuestiones que interesan al público es la que puede permitir esta utopía de todo sistema democrático de un autogobierno colectivo. No puede haber autogobierno colectivo si no existe la más amplia información a los ciudadanos de lo que acontece y si no hay conformación de la opinión pública. Y ésta sólo se hace abriendo las puertas y ventanas a todas las opiniones e ideas. Por supuesto que en el debate de las ideas se van a deslizar improperios por la propia naturaleza y la pasión que está íncita en todo debate político. Pero estas lesiones a otros derechos tienen que ceder en la medida en que este es un interés superior prevalente en el ámbito de la democracia".

El ministro de Justicia advirtió que "en el plano internacional el tema ha tenido también algunas dificultades, sobre todo, en definir qué significan figuras públicas, cuestiones de interés público, cuándo un particular que se ve involuntariamente involucrado en la cuestión debe ser alcanzado o no por el stándard. Incluso, en los fallos ulteriores que siguieron a este precedente universal de New York Times vs. Sullivan, la Corte norteamericana ha seguido lineamientos no del todo homogéneos y en los últimos pronunciamientos ha ido restringiendo cuándo se puede considerar una figura pública. De todas maneras, esta será una tarea del Congreso".

A las dificultades señaladas por Gil Lavedra podría agregarse cuál será, en su momento, la interpretación que los jueces hagan sobre el "temerario desinterés por la verdad", supuesto que, de probarse, será condenatorio para el periodista (o para cualquier ciudadano, pues la ley proyectada regirá para todos). Respecto del concepto de verdad (o de información veraz) y de su búsqueda, la jurisprudencia de la Corte dice:

"Con relación a la información objetiva y verídica, corresponde destacar las dificultades que ofrece a la teoría del conocimiento la posibilidad de llegar a la realidad de las cosas. De ahí que si la información deseable sea la objetiva, la posible es la información que tiende a esa verdad objetiva. Esta limitación subyace como herencia de la condición humana que la formula y marca, con el signo del acierto o del error, la distancia que siempre existe entre el hecho y su relato. No se trata de la verdad absoluta, sino de buscar leal y honradamente lo verdadero, lo cierto, lo más imparcialmente posible y de buena fe (del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 19 de noviembre de 1991 por la causa "Vago, J. A. c/ Ediciones de la Urraca)."

¿Cómo es posible determinar que una persona no busca leal y honradamente lo verdadero? ¿No es probable que a la hora de sentenciar vuelva a ocurrir lo que dijo Verbitsky en la reunión del 28 de diciembre? Es cierto que con este proyecto se ampliará considerablemente la posibilidad de libertad de expresión. Pero también es cierto que una pequeña puerta quedará abierta y que difícilmente pueda ser cerrada, aun cuando el Congreso decida reglamentar la garantía constitucional de la reserva de la fuente periodística (proyecto en discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales).

Como referencia puede servir un fallo del Tribunal Constitucional de España del 31 de enero de este año. Dice así:

"Nos encontramos ante un supuesto en el que si bien es verdad que el periodista realizó una actividad de averiguación en relación con parte de los hechos sobre los que versó la noticia -que determinadas empresas poseían información respecto de un futuro contrato de suministros del que no había sido publicado todavía el pliego de condiciones-, respecto de otros de los hechos a los que se hacía referencia en la información publicada, en concreto, el que afirmaba que los empresarios del sector -identificándose entre éstos a los ahora recurrentes en amparo- habían pagado comisiones millonarias, no se desplegó más actividad probatoria que la de remitirse a la información que sobre este hecho le habían proporcionado fuentes indeterminadas.

"Al no haber desvelado el periodista la identidad de las personas que le confirmaron el hecho de que se habían pagado comisiones millonarias, el origen de la fuente de información es indeterminada y, respecto de este tipo de fuentes, este Tribunal ha señalado que el deber de diligencia en la comprobación razonable de la veracidad de la información no se satisface con la pura y genérica remisión a fuentes indeterminadas, que, en ningún caso, liberan al autor de la información del cumplimiento de dicho deber, pues la remisión a este tipo de fuentes, al no identificarse su origen, debe entenderse, en principio, insuficiente a efectos de dar por cumplida la diligencia propia del informador, lo cual, desde luego, no supone, en modo alguno, que el informador venga obligado a revelar sus fuentes de conocimiento, sino tan sólo a acreditar que ha hecho algo más que menospreciar la veracidad o falsedad de su información.

"Todas estas consideraciones nos conducen a entender que el informador no actuó con la diligencia constitucionalmente exigible y, en consecuencia, al no poder quedar amparada su actuación por su derecho a la información, vulneró el derecho al honor de los ahora recurrentes en amparo al haberles imputado un hecho constitutivo de delito."

"Asqueroso"

El 5 de mayo de 1992 la CIDH recibió una denuncia de Verbitsky contra la República Argentina, luego de haber sido condenado por el delito de desacato al supuestamente injuriar a Augusto César Belluscio, ministro de la Corte Suprema de Justicia, en un artículo en el que el periodista se refería a Belluscio como "asqueroso". El artículo, titulado "Cicatrices de dos guerras", fue publicado por Página/12 el 6 de marzo de 1988 y en él Verbitsky utilizó la expresión "asqueroso" haciendo referencia a una entrevista dada por Belluscio en la que el ministro manifestó, entre otras cosas, que un proyecto de reforma para ampliar la Corte Suprema con dos ministros adicionales le "dio asco". A raíz de este artículo, Belluscio inició una acción privada de injurias que recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4 de la Capital Federal. La expresión "asqueroso", según expuso Verbitsky en el proceso, se refería al sentido de "que tiene asco", como señalaba el mismo ministro en su entrevista. Pero la jueza federal consideró que la expresión utilizada por Verbitsky excedía los límites del honor del funcionario y constituía un agravio al ministro con motivo del ejercicio de su función. Por ello la jueza decidió convertir la primigenia acción privada en la acción pública de desacato y condenó al periodista, atribuyéndole la intención de difamar al ministro. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, el 13 de julio de 1991, confirmó la sentencia. Luego, Verbitsky recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del Recurso Extraordinario, con el argumento de que había sido afectada la garantía constitucional de la libertad de prensa, pero la Corte lo rechazó por "improcedente" el 25 de febrero de 1992. Comenzó entonces Verbitsky su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que culminó el 21 de septiembre de 1992, día en que las partes firmaron una propuesta conjunta de solución amistosa, por la que el Estado argentino se comprometió a derogar la figura de desacato y a que se revoque la sentencia en su contra. El 24 de febrero de 1994, la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió dejar sin efecto la pena de un mes de prisión en suspenso por el delito de desacato calificado que se le había aplicado a Verbitsky. En mayo de 1993, a través de la ley 24.198, el Congreso había eliminado del Código Penal la figura de desacato.

Real malicia

La doctrina de la "real malicia" fue adoptada plenamente en el fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina del 12 de noviembre de 1996 -por el que absolvió al periodista Joaquín Morales Solá del delito de injurias por el que lo había querellado Dante Ariel Giadone- y es definida con claridad en el voto del ministro Antonio Boggiano. Dice así:

"Esta Corte adoptó el standard jurisprudencial creado por la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso New York Times vs. Sullivan (376 U.S. 255; 1964), que se ha dado en llamar la doctrina de la real malicia y cuyo objetivo es procurar un equilibrio razonable entre la función de la prensa y los derechos individuales que hubieran sido afectados por comentarios lesivos a funcionarios públicos, figuras públicas y aun particulares que hubieran intervenido en cuestiones de interés público, objeto de la información o de la crónica. Esa doctrina se resume en la exculpación de los periodistas acusados criminalmente o procesados civilmente por daños y perjuicios causados por informaciones falsas, poniendo a cargo de los querellantes o demandantes la prueba de que las informaciones falsas lo fueron con conocimiento de que lo eran o con imprudente y notoria despreocupación sobre su veracidad. El derecho de prensa no ampara los agravios, la injuria, la calumnia, la difamación. No protege la falsedad ni la mentira, ni la inexactitud cuando es fruto de la total y absoluta despreocupación por verificar la realidad de la información. Ampara, sí, a la prensa, cuando la información se refiere a cuestiones públicas, a funcionarios, figuras públicas o particulares involucradas en ella, aun si la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, en cuyo caso los que se consideran afectados deben demostrar que el periodista conocía la falsedad de la noticia y obró con real malicia con el propósito de injuriar o calumniar."

De puño y letra

El proyecto firmado por los senadores José Genoud y Jorge Yoma contiene estas normas:

"Art. 1: Se incorporan como párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 1089 del Código Civil los siguientes:

"Estará exenta de responsabilidad civil la formulación o difusión de informaciones veraces sobre hechos de interés público referidas a funcionarios, figuras públicas o particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público.

"La difusión por cualquier medio de información inexacta sobre hechos de interés público que pueda afectar el honor de las personas estará exenta de responsabilidad si se refiere a funcionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público. La responsabilidad civil, en tales supuestos, se dará si el afectado por las informaciones prueba la falsedad de las mismas y el dolo o culpa grave del autor. Sólo se entenderán reunidos esos extremos cuando quien se sintiere agraviado demostrare la falsedad de los hechos, la real malicia con que fueron difundidos pese al conocimiento de esa falsedad por el autor o su temerario desinterés por la verdad.

"La formulación o difusión por cualquier medio, de juicios de valor referidos a funcionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público, estará exenta de responsabilidad civil. Se entiende por juicios de valor también las expresiones humorísticas.

"Quedará excluida la responsabilidad civil de quienes, en los casos de los párrafos segundo, tercero y cuarto se limiten a la reproducción fiel de información ya vertida por otros medios de difusión o por autoridades públicas o entidades intermedias de cualquier índole, y aún por particulares, si se consigna la fuente. Si esta se mantuviese en reserva, se aplicarán las disposiciones de los párrafos segundo, tercero y cuarto de este artículo.

"Art. 2: Se reemplaza el artículo 111 del Código Penal de la Nación por el siguiente:

"No será punible la difusión por cualquier medio, de informaciones o juicios de valor que versaren sobre hechos de interés público referidas a funcionarios, personalidades públicas o a particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público. Se entiende por juicio de valor también las expresiones humorísticas.

"Art. 3: Se reemplaza el artículo 113 del Código Penal de la Nación por el siguiente:

"El que a sabiendas de su carácter injurioso o calumnioso reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, salvo que se dieren las circunstancias del artículo 111.

"No serán punibles quienes reproduzcan fielmente informaciones o juicios de valor sobre hechos de interés público ya vertidas por otros medios de difusión o por autoridades públicas o entidades intermedias de cualquier índole, o por un particular.

"No serán punibles a título de los artículos 109 y 110 las manifestaciones críticas formuladas en público por cualquier persona, siempre que dichas manifestaciones tengan las demás características enunciadas en el artículo 111 del Código Penal."

*Carlos A. Sortino es redactor y editor de la revista En Marcha, de Argentina, docente de la cátedra Periodismo de Investigación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, y colaborador de SdP. Este artículo se publica en el número 13 de la revista citada, del mes de abril de 2000, y es entregado por su autor para su reproducción en Sala de Prensa.