Vista panorámica de las américas

Ataques a la prensa en 1999

Marylene Smeets / CPJ *

Los gobiernos de varios países latinoamericanos tomaron medidas para poner sus leyes de prensa a la altura de las normas internacionales. Pero mientras la prensa latinoamericana continuaba denunciando fechorías, su propia fuerza la expuso a una nueva modalidad de hostigamiento: las campañas de difamación.

Los reporteros latinoamericanos se han vuelto sumamente diestros para exponer los actos delictivos, pero por otro lado no cuentan con los juzgados y tribunales que investiguen, entablen acciones y castiguen a quienes denuncian. En la mayoría de los países, el sistema judicial es notoriamente débil; muchas veces no puede, o no está dispuesto a investigar los casos que se le presentan. El resultado es que los periodistas que denuncian la corrupción se vuelven blanco seguro. Dado que los reportajes negativos en la prensa constituyen una de las pocas sanciones efectivas contra el comportamiento criminal en Latinoamérica, desacreditar a la prensa es una táctica excelente para quienes deseen escabullirse sin tener que rendir cuentas.

A este hecho se atribuye el auge de una forma nueva de ataque contra los periodistas latinoamericanos, que se disfraza de periodismo para difamar, o hasta hacer peligrar, a los reporteros. El caso más dramático se dio en Perú, donde se lanzó un alud de tabloides auspiciados por el gobierno y llenos de artículos difamatorios sobre los principales periodistas del país, con la singular intención de socavar la confianza del público en los medios de comunicación. En Guatemala, los periodistas fueron blancos de una campaña de difamación transmitida a través de un programa radial misterioso (Ver reportaje especial en la página XX). Y un grupo de panameños poderosos desató una campaña de difamación contra el principal medio de comunicación del país, La Prensa, y su editor Gustavo Gorriti, luego que el periódico publicara reportajes que vinculaban al fiscal de la República al narcotráfico.

En estos tres países, los periodistas han ripostado utilizando su pericia investigativa para sacar a luz pública los orígenes de las campañas difamatorias. Los peruanos presentaron evidencias contundentes de que los tenebrosos servicios de inteligencia del país estaban detrás de la campaña de difamación. Los guatemaltecos documentaron el hecho de que el programa radial había sido capitalizado por un asesor presidencial. Y los panameños respondieron con la expansión y aceleración de sus investigaciones de los personajes turbios a cargo de la campaña contra Gorriti y La Prensa.

En todos estos países, las campañas de difamación anti-prensa florecieron porque los sistemas judiciales locales eran débiles, y porque no se ha elaborado un marco legal que rija las relaciones entre sociedad y medios de comunicación. No obstante, algunos países tomaron medidas para remediar estas deficiencias, con la asistencia y el apoyo particular de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (IAHCR).

Históricamente, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos y la Corte Interamericana para los Derechos Humanos han servido de foro independiente para los periodistas que no han podido obtener justicia en sus propios países. Este año la Comisión ayudó a resolver varios casos en Argentina, y presionó para que se borre del sistema legal argentino la difamación como ofensa criminal. También refirió un caso peruano y un caso chileno a la Corte Interamericana en Costa Rica. A finales de año, la Comisión seguía estudiando otros casos relacionados a los medios de comunicación, incluido un caso peruano de intervención telefónica. Y con la prohibición de El libro negro de la justicia chilena, supuestamente por amenazar a la seguridad del estado, un representante del gobierno chileno se presentó ante la comisión y reconoció la necesidad de reformar la anacrónica Ley de Seguridad del Estado de Chile.

Quizá la reforma legal más dramática de 1999 fue la derogación parcial de las infames «leyes mordaza» panameñas, que durante mucho tiempo habían obstaculizado las labores de la prensa en ese país. La presidente Mireya Moscoso se comprometió a derogar las leyes mordaza restantes para el verano del 2000.

Mas si por un lado algunos países liberalizaron sus leyes de prensa, otros tomaron medidas para cerrarle el cerco a los periodistas. En Jamaica, una propuesta de ley dificultaría a los periodistas reportar sobre la corrupción dentro del gobierno. En Brasil, se aprobó una ley que castiga a aquellas autoridades que dan información a la prensa. En Cuba, donde el gobierno ya tenía a disposición un arsenal de medidas legales para suprimir los reportajes independientes, cobró vigencia en marzo una ley nueva que prácticamente prohibe la libre expresión. La Ley para la Protección de la Independencia y la Economía Nacional de Cuba dispone condenas de hasta 20 años de cárcel por una gama de ofensas relacionadas a los medios de comunicación.

La violencia también sigue siendo motivo de preocupación, particularmente en Colombia, donde cinco periodistas fueron asesinados en el desempeño de sus labores en 1999. Sin embargo, reportar sobre el tráfico de drogas, y la protección oficial que le permite prosperar, es igual de arriesgado en otros países. Muchos periodistas publican este tipo de reportaje sin firma, y aquellos medios que reportan sobre el mercado de drogas han sido hostigados por asunto de impuestos, o amenazas o intimidación.

Para los periodistas latinoamericanos, el próximo desafío será ponerse a la altura de criterios profesionales más elevados. La creciente conciencia sobre la desesperada necesidad que tiene el público de recibir reportajes verídicos y equilibrados, ha llevado a los periodistas de muchos países a emitir un llamado para establecer un código de ética profesional.

Detrás de todo hay una maraña de asuntos complejos, como descubrieron algunos periodistas colombianos recientemente cuando trataron de des-sensacionalizar la violencia y decidieron colectivamente publicar toda imagen violenta en blanco y negro. El plan se abandonó rápidamente, debido, según informes, a las bajas en las cifras de circulación.

Las experiencias de los periodistas en Latinoamérica demuestran que los medios se guían cada día más por factores de mercado, después de décadas de subsidios estatales. El resultado es que los medios han llegado a valerse cada día más de los contenidos sensacionales. Al mismo tiempo, aquellos dueños de medios de comunicación que se tornaron holgazanes bajo auspicios gubernamentales, se han visto obligados a hacer más eficientes y profesionales sus publicaciones. Muchos han contratado a prominentes reporteros jóvenes, y se han distanciado de los gobiernos locales.

Desde el punto de vista de la libertad de prensa, la experiencia latinoamericana con la Internet ha sido tanto maldición como bendición. En Perú y Panamá, los enemigos del periodismo independiente han hecho uso extenso de la Internet para librar campañas de difamación contra medios de comunicación. De igual forma, la Internet también se ha utilizado para esquivar la censura. Los reportajes de periodistas cubanos independientes se distribuyen mayormente en la Internet, y el tomo prohibido El libro negro de la justicia chilena registró 20.000 visitas su primer día en la Red.

* Marylene Smeets es una abogada holandesa que ha trabajado para la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente es coordinadora del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, en Nueva York. Este reporte fue elaborado para el CPJ y se reproduce en SdP con autorización expresa de su autora.