Venezuela

Divergen editores
sobre seguimiento oficial

To2 / Reportajes Especiales *

Cancún.- Categórico, rechaza que haya espionaje a la prensa por parte del Estado. Andrés Mata, representante de Venezuela ante el Comité de Libertad de Prensa de la SIP, asegura que "decir que existe vigilancia gubernamental es un exabrupto y una mentira. Lo que sí existe, y ha sido comprobado por algunos casos jurídicos, son entidades privadas a las que le encanta grabar teléfonos y que pretenden vender las transcipciones a personas interesadas". Hasta ahora, reitera, "el Estado felizmente no ha utilizado esas tácticas".

Tan enfático como Mata, se muestra Rafael Poleo, editor del diario El Nuevo País, para afirmar lo contrario: "Los teléfonos están intervenidos, tenemos espionaje directo dentro de las redacciones, estamos bajo la vigilancia permanente de los organismos de seguridad del Estado por parte de por lo menos dos entidades: la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y la policía política DISIP".

La impresión generalizada de los periodistas venezolanos se aproxima mucho más a la de Poleo que a la de Mata, muestra de ello es que cuando se piensa abordar un tema políticamente sensible o información confidencial, los comunicadores acostumbran retirar la pila a los celulares para burlar la intercepción.

Para Mata, director del diario El Universal de Venezuela, tal paranoia se debe no al espionaje de fuerzas del Estado. "Francamente, la percepción antropológica que yo tengo es que la mayoria de las intervenciones telefónicas que efectivamente existe parten de entidades privadas. No voy a decir quién, pero se trata de gente que estuvo ligada a cuerpos de seguridad, que tienen el conocimiento, a veces grupos nuevos que están en la tecnología. Buscan captar algo que pueda interesar y se los venden a terceros, pero el Estado no está en eso".

Poleo, entrevistado por separado durante la reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Cancún, afirma que desde que el Presidente Hugo Chávez asumiera el gobierno en febrero de 1999 se ha intensificado la vigilancia, "el chequeo es minucioso. La inversión que ha hecho el Estado en equipos electrónicos en el último año es mayor que la que hizo en los 5 años anteriores".

Inversión que según Mata, quien la ubica en 19 millones de dólares, no sido ocultada. De acuerdo al editor, "el hecho de que sea público implica que el uso verdadero sería más bien contra el crimen organizado y otros problemas de Estado y no necesariamente para seguir a la prensa. Si hubiera sido para algo nefasto, se hubiera ocultado. Vemos que es más una adquisición para comunicaciones militares, específicamente aeronaúticas que un equipo para acosar a gente".

En cuanto a las grabaciones por parte de empresas privadas, señala que "recientemente le ofrecieron unas cintas de conversaciones a la redacción de El Universal que fueron grabadas por un tercero. No nos interesó porque no nos interesa crear un mercado para eso. Era evidentemente que las conversaciones no fueron grabadas por el Estado y que era simplemente un cañón suelto que no sabía que hacer con 200 horas de conversaciones".

Pero Poleo, quien denuncia que la redacción de su diario El Nuevo País fue saqueada en diciembre pasado y la investigación ha quedado en el limbo, comenta que basta ir a Caracas para darse cuenta de que "lo que hay es una atmósfera de intimidación".

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